La mayor empresa de abogados defensores entra en crisis y abandona contratos con la Defensoría Penal

La oficina de abogados defensores más grande del país, Defensa Jurídico Penal S.A. (DJP), entró en crisis financiera y debió renunciar anticipadamente –a contar de este 1 de octubre– a los contratos que mantenía con la Defensoría Penal Pública (DPP) para representar ante los tribunales a imputados y condenados que no cuenten con abogados privados. En julio pasado DJP dejó de pagar los sueldos y cotizaciones previsionales al medio centenar de abogados que tenía contratados. La Defensoría no informó públicamente la crisis mientras sostenía durante agosto y septiembre conversaciones con DJP y con los abogados afectados. Uno de ellos dijo a CIPER que la Defensoría de la Región Metropolitana Sur les pidió no demandar laboralmente a DJP si deseaban continuar trabajando bajo el alero de la Defensoría, lo que fue negado por la institución.

DJP es la misma empresa que a mediados de la década pasada protagonizó una de las primeras polémicas de la entonces naciente Reforma Penal. La sociedad fue constituida en 2004 por la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) y los abogados Kleber Monlezun Cunliffe y Gonzalo Torre Griggs. Al año siguiente compitió en la licitación de 127 mil causas a defender en la Región Metropolitana, adjudicándose el 48% (ver artículo de El Mostrador). De inmediato surgieron críticas por supuestas influencias políticas en la licitación, ya que la UMC está ligada desde su origen a personalidades de la Democracia Cristiana. En esa época su rector era Francisco Cumplido, ex ministro de Justicia, y entre sus directivos estaba su actual rector, Gutenberg Martínez, ex diputado y líder del sector “Guatón” de la DC. Además, la reforma procesal penal se había preparado mientras era ministra de Justicia, Soledad Alvear, esposa de Martínez.

Gutenberg Martínez

Las acusaciones fueron rechazadas por la Defensoría y al poco andar, según informó a CIPER el rector Martínez, la universidad prefirió salir de la sociedad DJP para no verse involucrada en polémicas. El 25 de julio de 2007 la UMC firmó los documentos que la desligaron de DJP, señaló el mismo Martínez. En todo caso, DJP mantuvo sus oficinas en el mismo edificio que ocupa la universidad, en Mac Iver 370, y el representante legal de la sociedad, Gonzalo Torre, sigue siendo un miembro de la Junta Directiva de esa casa de estudios. Además, en 2010 el mismo Torre creó otra sociedad que presta servicios a la Defensoría, en la que participa la actual secretaria general de la universidad, Mercedes Aubá.

Chile es el único país donde el Estado mantiene un sistema mixto para defender a imputados y condenados, donde se mezclan abogados que son funcionarios públicos que integran la Defensoría Penal y defensores que pertenecen a oficinas privadas, todos financiados por el Estado. En el resto del mundo esta función la realizan únicamente abogados de entidades fiscales. En el sistema chileno, el 70% de los defensores pertenecen a empresas privadas y solamente 30% son de la Defensoría, dijo a CIPER el presidente de la Asociación de Defensores Públicos (ADP), Pablo Sanzana, quien considera que hay un desbalance que debiera ser corregido.

La crisis de la empresa DJP es la primera de una empresa licitada en los 13 años de existencia de la Defensoría, aseguró el asesor jurídico de la Defensoría Regional Metropolitana Norte, Juan Pablo Montes, zona en la que DJP tenía trabajando a la mayoría de sus abogados.

Tanto Montes como Sanzana desestimaron que el remezón de DJP constituya una señal de agotamiento del sistema mixto de asistencia legal a imputados y condenados, pero el dirigente gremial reconoció que una debilidad del sistema es la alta rotación de abogados privados. Las licitaciones duran tres años, al cabo de los cuales si la empresa no se adjudica una nueva propuesta, dejan de representar a imputados y condenados. Esto, dice Sanzana, provoca la pérdida de la experiencia y la capacitación realizada con fondos fiscales.

Para el año 2016, la Defensoría –que depende del Ministerio de Justicia– tenía presupuestado licitar defensas penales por un valor de $6.372 millones.

AUGE CAÍDA DE DJP

Como salida a la crisis de la empresa DJP, su representante legal, Gonzalo Torre, llegó a un acuerdo con la Defensoría para resciliar el contrato de defensas penales a contar del 1 de octubre de 2016. Así lo informó por escrito a CIPER el abogado Torre.

En cuanto a los abogados afectados, en su mayoría pasarán a ser contratados directamente por la Defensoría desde esa misma fecha –como privados, no como empleados públicos– hasta que se realice una nueva licitación por la defensas que tenía DJP. De este modo, aseguró el asesor jurídico Juan Pablo Montes, no se producirá un vacío en la atención a imputados y condenados, la que se mantuvo durante agosto y septiembre pese a que los abogados no recibían sueldos. “Hay que sacarse el sombrero ante ellos”, dijo.

La sociedad Defensa Jurídico Penal nació en 2004 para presentarse a las licitaciones que realiza la DPP. En su página web se la describe como “la oficina de abogados privados penales más grande de Chile” con sobre 45 profesionales y especialistas en criminología. Según Gonzalo Torre, la empresa ha defendido desde su nacimiento a más de 300 mil personas.

Un informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda indica que, entre 2003 y marzo de 2008, la Defensoría pagó a las empresas un promedio de $67 mil por cada causa licitada.

En sus mejores tiempos, DJP participó en la constitución de otras sociedades similares. En octubre de 2007, DJP –representada por Gonzalo Torre– constituyó, junto a otros seis socios, Abogados Defensa Jurídico Privada S.A., con $5 millones de capital. Esta sociedad no registra licitaciones de la Defensoría.

Gonzalo Torre, Gerente de DJP (Fuente: torreycia.cl)

En febrero de 2009, nuevamente representada por Gonzalo Torre, DJP constituyó la empresa Mediación Integral SpA, que luego modificó su nombre a Asesorías Jurídicas Integrales SpA, la que tampoco aparece con licitaciones en la Defensoría Penal Pública. Uno de los abogados de DJP a los que CIPER consultó, dijo que sus remuneraciones eran pagadas por una transferencia de la empresa Mediación Integral, aunque su contrato era con DJP.

Defensa Jurídico Penal registra 12 licitaciones adjudicadas por la DPP de 2012 a 2015 y además 14 contrataciones directas (sin licitación) en el mismo periodo.

Sin embargo, a contar de 2015 comienzan a sucederse señales de la crisis de DJP, como son las demandas ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago que interpusieron AFP, isapres y el Fondo de Cesantía por no pago de cotizaciones. En total, nueve demandas en 2015, que aumentaron a 28 en lo que va corrido de 2016, pese a que la Defensoría Penal aseguró a CIPER que había pagado a DJP los servicios hasta julio de 2016, inclusive.

Sobre las causas de la crisis, Gonzalo Torre describió escuetamente a CIPER que se originó porque “los ingresos son menores que los gastos”.

La versión que circula entre abogados de DJP, que pidieron reserva de su nombre y que reconocen no tener información oficial, es que la empresa habría tenido malos resultados con la sociedad Mediaciones Integrales SpA, asumiendo esos costos.

Gonzalo Torre aseguró a CIPER que DJP no se disolverá: “Seguirá prestando servicios de defensa jurídica y seguiremos participando en procesos de licitación”. Torre indicó que su empresa no tiene vínculo “ni siquiera académico con la Universidad Miguel de Cervantes” y refirió que sí tuvo convenios con la Universidad Diego Portales para pasantías de los alumnos de Derecho y actualmente tiene uno vigente con la Universidad de Talca.

Torre forma parte de otra empresa que tiene contratos con la Defensoría Penal Pública, llamada Defensa Judicial de Personas S.A., en la que, entre otros socios, figura la secretaria general de a U. Miguel de Cervantes, Mercedes Aubá, en representación de Inversiones TLA Limitada y de Iván Lavados Montes y Cía. Ltda. El objeto de la  sociedad creada en 2010 es el mismo que tiene DJP: “La prestación de asesoría jurídica profesional en general y en especial en materia de derecho penal y procesal penal, ya sea como querellante o defensor” y postular en los procesos de licitación de la Defensoría Penal Pública.

Defensa Judicial de Personas se ha adjudicado 12 licitaciones  entre 2010 y 2015. Y entre 2011 y 2012 figura con 210 órdenes de compra y contrataciones directas de la Defensoría.

¿FALLA DE CONTROLES?

A pesar de las señales de no pago de cotizaciones previsionales que venían desde 2015 y aumentaron en 2016, la Defensoría Penal solo intervino en agosto ante las quejas de los abogados a los que no se le pagaban sus sueldos.

Los contratos de licitación estipulan que una de las condiciones para que las empresas licitadas reciban los pagos mensuales de la Defensoría es estar al día en remuneraciones y cotizaciones, lo que dichas sociedades comprueban con el envío de copias de las liquidaciones de sueldos firmadas y de los comprobantes de pagos previsionales.

Pablo Sanzana

CIPER consultó al asesor jurídico Montes si habían fallado los controles y éste respondió que la Defensoría utiliza la información de Chilecompra, que saca del listado de proveedores a las empresas que caen en cesación de pagos.

Al parecer, ninguno de los controles operó eficientemente y esa es la duda que el presidente de la Asociación de Defensores, Pablo Sanzana, expresó a CIPER: “Entiendo que la Defensoría no libera los recursos mientras no presenten las liquidaciones firmadas por los abogados o acrediten el pago y también las cotizaciones previsionales”.

En todo caso, los seguros que DJP tomó para garantizar el cumplimiento de su trabajo permanecerán en manos de la Defensoría Penal Pública para la eventualidad de que un tribunal laboral resuelva que de ahí se paguen los sueldos y la previsión adeudados por la empresa, ya que existen demandas laborales entabladas, dijo el asesor Montes a CIPER.

LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Juan Pablo Montes describió que en agosto comenzaron a recibir información de los problemas de DJP y tomaron la decisión de conversar con la empresa para que transparentara su situación. A comienzos de septiembre hubo una reunión de abogados afectados con la Defensoría Regional Sur, a la que asistieron la directora regional, Viviana Castel, y el director administrativo de la repartición, Roberto Insunza.

Uno de los abogados presentes refirió a CIPER que los directivos de la Defensoría les anunciaron que para asegurar la continuidad de las defensas de imputados y condenados, y al mismo tiempo evitar que los profesionales quedaran cesantes al momento de caducar el contrato con DJP, les harían contratos directos a cada uno. Pero había condiciones: que no demandaran subsidiariamente a la Defensoría Penal Pública (por la ley de subcontrataciones) y tampoco a la empresa DJP. Si la demandaban, no serían contratados.

“Me sorprendió que defendieran a DJP y me pregunto qué razones tendría la Defensoría para eso. Tal vez no querían ver que este escándalo se ventilara en tribunales o puede ser por amistades políticas, ya que hay vínculos con la DC”, dijo el mismo abogado a CIPER.

Consultada por esta versión, la Defensoría Regional Sur argumentó que Viviana Castel, su directora, se encontraba en un seminario y no podía responder los requerimientos de CIPER. Oficialmente, desde la Defensoría Sur se dijo a CIPER que los abogados habían entendido mal lo que se les dijo en la reunión de comienzos de septiembre; que se les pidió que no demandaran a la Defensoría, porque ello implicaba legalmente que no podían ser contratados si estaban en litigio con el Fisco. Y que, respecto de DJP, solamente se les indicó que debían desvincularse laboralmente de esa empresa para poder firmar con la Defensoría.

Al menos cuatro abogados no aceptaron las condiciones y algunos ya demandaron laboralmente a DJP por lo adeudado.