Clínica Alemana: Formalizan a dos médicos del servicio de urgencia por muerte de joven

Carmen Valenzuela Beltrán tenía 23 años cuando falleció en el servicio de urgencia de la Clínica Alemana. Hija de un médico de Puerto Varas, su familia siempre ha insistido en que su muerte se debió a una negligencia médica. Dos años y medio después de su deceso, la Fiscalía dio un primer paso que sintoniza con la denuncia de los Valenzuela Beltrán: dos doctores de la Clínica Alemana fueron formalizados por su eventual responsabilidad en la muerte de la joven universitaria. El pasado 12 de julio, el urgenciólogo Álvaro Mardones Rodríguez y el neurólogo Pablo Lavados Germain se presentaron ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, donde la fiscal Karin Naranjo los formalizó por cuasi delito de homicidio.

Mardones y Lavados estuvieron a cargo de tratar a Carmen Valenzuela cuando en la noche del viernes 6 de diciembre de 2013 la joven –quien tenía antecedentes de hidrocefalia– llegó al servicio de urgencia de la Clínica Alemana. En la tarde del día siguiente, Carmen falleció. Su familia se querelló contra los médicos en mayo de 2014 por lo que consideran una grave negligencia médica. Además, su abogado, Sebastián Sánchez, acusa a la clínica de obstruir la investigación, pues asegura que la institución no ha entregado todos los antecedentes solicitados por el querellante y la Fiscalía. El profesional también sostiene que la clínica ha utilizado testimonios y evidencias de manera parcial en sus informes de auditoría interna para eludir sus eventuales responsabilidades en la muerte de Carmen.

El caso de la estudiante de Historia de la Universidad Finis Terrae conmovió a la opinión pública después de que su padre, el ginecólogo Juan Pablo Valenzuela, lo diera a conocer en febrero de 2014 a través de una carta publicada por CIPER en su sección “Opinión del Lector” (vea la carta). El doctor Valenzuela relataba en detalle la secuencia de hechos que, según él y sus abogados, demostrarían la negligencia con que actuaron Mardones y Lavados al atender a su hija.

Carmen Valenzuela

Carmen llegó al servicio de urgencia a las 22:05 del viernes 6 de diciembre de 2013. Tenía un fuerte dolor de cabeza, náuseas y dificultad para hablar. Sus hermanos, Josefina e Ignacio, la habían encontrado esa noche convulsionando en su cama, gritando de dolor. Carmen nació con hidrocefalia, una enfermedad que causa una anormal acumulación de líquido cefalorraquídeo en la cabeza, presionando el cerebro contra el cráneo y dañando el tejido cerebral. A una semana de nacida, le pusieron una válvula que ayudaba a drenar el exceso de líquido. Cualquier falla de esa válvula, según indica la querella de la familia (ver querella), provocaba precisamente los mismos síntomas que Carmen tuvo esa noche.

El doctor Valenzuela recuerda que, desde Puerto Varas, instruyó a sus hijos para que trasladaran a Carmen hasta la Clínica Alemana, debido a que es un centro de referencia neurológico y neuroquirúrgico, al que se derivan pacientes de otras clínicas y hospitales que no cuentan con los recursos humanos y materiales para atender casos complejos que requieren de esta especialidad. De inmediato llamó a la clínica –antes de las 22:00– para avisar de la inminente llegada de su hija, informar sus síntomas y alertar sobre la posible causa de éstos: una falla en la válvula.

El padre de Carmen habló con la doctora Valeria Medina, quien estaba de turno en la clínica, y ella lo puso al teléfono con el neurólogo Pablo Lavados, para que le explicara en detalle la situación de la joven. Juan Pablo Valenzuela recuerda que a ambos colegas les comunicó los antecedentes médicos de Carmen y, encarecidamente, les pidió que se aseguraran de que un neurólogo la atendiera lo antes posible. El doctor Lavados, señala Valenzuela, se comprometió a esto último.

A las 22:25, el urgenciólogo Álvaro Mardones, a quien la doctora Medina había puesto al tanto respecto de la llamada del padre de Carmen, escribió en la ficha médica de la joven que ingresó sin fiebre, con dolor de cabeza y compromiso del estado general. Anotó también la sigla “HI”, que, según un informe de la Brigada de Homicidios de la PDI que analizó la ficha, significa “ataque de histeria”. Mardones indicó, además, una posible meningoencefalitis, una inflamación de las meninges y el cerebro. En concordancia con su sospecha de que se trataba de un “ataque de histeria”, Mardones le recetó un tranquilizante oral, y para el dolor de cabeza, un analgésico. También encargó un examen de sangre y una radiografía de tórax, para descartar una infección.

Según la versión que proporciona el abogado de la familia Valenzuela, el doctor Mardones ignoró completamente no solo la información que el padre de Carmen había entregado por teléfono, sino también la que proporcionaron su hermana –estudiante de medicina– y su abuela –enfermera–, que la acompañaron a la urgencia. En esta primera revisión el urgenciólogo no pidió nada relacionado con una posible falla de la válvula ni solicitó una interconsulta con un neurólogo.

Cerca de la medianoche Carmen entró en un coma del que no salió más. Le hicieron una punción lumbar (en busca de una posible infección), dos doppler transcraneales (un examen que evalúa la resistencia del flujo sanguíneo cerebral), un escáner cerebral y una neurocirugía. Nada de eso sirvió. Carmen murió a las 17:40 del sábado 7 de diciembre.

La familia volvió a encontrarse con ambos médicos al mediodía del pasado 12 de julio en la audiencia de formalización. En ella la fiscal Naranjo y el abogado querellante pidieron las medidas cautelares de firma bimensual y prohibición de acercarse a la víctima, pero la jueza Carolina Araya Hernández rechazó ambas, por considerarlas innecesarias debido a la colaboración de ambos imputados en el proceso.

FISCALÍA EXPONE ERRORES Y OMISIONES

“El fallecimiento podría haber sido evitado si se hubiese realizado oportunamente el diagnóstico de hipertensión endocraneana por disfunción del sistema derivativo (que fue la causa de muerte de Carmen, según su certificado de defunción) y el tratamiento consistente en intervención quirúrgica inmediata para evaluar el retiro del catéter antiguo (la válvula) y la instalación de uno nuevo”, expuso la fiscal Karin Naranjo durante la formalización.

En los casi cuarenta minutos que duró la audiencia, Naranjo presentó las evidencias que tanto la Fiscalía como la parte querellante consideran que prueban la omisión de ambos médicos al momento de diagnosticar y tratar a Carmen la noche del 6 de diciembre. En lo que no hay coincidencia entre la fiscal y el abogado querellante es en el delito que se imputa a Lavados y Mardones. El Ministerio Público pidió formalizarlos por cuasi delito de homicidio, lo que implica que no hubo dolo y la pena máxima sería de tres años. Por su parte, el abogado Sebastián Sánchez insiste en que la figura correcta era homicidio por omisión, con lo cual la pena oscilaría entre 5 y 10 años de prisión.

En su exposición, la fiscal dijo que el doctor Álvaro Mardones no consideró adecuadamente los síntomas neurológicos que presentaba Carmen, ni los antecedentes que sus familiares entregaron –por teléfono y personalmente– y que le habrían permitido inferir, como médico especializado en urgencias, que la válvula de la joven estaba fallando. Además, Naranjo explicó que Mardones no pidió los exámenes necesarios para confirmar o descartar la hipótesis diagnóstica del padre de Carmen, lo que retardó la evaluación por el neurólogo de turno, Pablo Lavados.

La fiscal Naranjo explicó que mientras el doctor Mardones pedía exámenes no relacionados con la falla de la válvula, transcurrió un tiempo crítico en el que Carmen tuvo un mayor compromiso de conciencia y un paro cardiorrespiratorio que hizo que tuvieran que reanimarla. Finalmente, la fiscal concluyó que un “error en el diagnóstico y tratamiento de la víctima provocó un retardo en el diagnóstico y tratamiento definitivo correcto, que hubiese salvado la vida de Carmen Valenzuela”.

Pablo Lavados (Fuente: Canal 13)

Sobre Lavados, la representante del Ministerio Público expuso que no dio una atención neurológica oportuna, como se lo pidió Juan Pablo Valenzuela por teléfono antes de que Carmen llegara a la urgencia, cuando, según recordó la fiscal, le indicó el grave estado en que se encontraba su hija y le entregó “antecedentes claros en relación a la dolencia que la aquejaba”. “Luego de evaluarla”, continuó Naranjo, el doctor Lavados “no consideró debidamente los síntomas que presentaba la víctima, los antecedentes aportados por sus familiares y los exámenes imagenológicos que tuvo a su disposición, errando en el diagnóstico”.

Además, el Ministerio Público expuso que Lavados hizo una interpretación errónea de los exámenes imagenológicos, descartando una hidrocefalia, pero no un edema cerebral (una acumulación de líquido en el cerebro). Finalmente, la fiscal señaló que el neurólogo se equivocó en el diagnóstico y prescribió un tratamiento para una meningoencefalitis, una enfermedad infecciosa, lo que “retardó el diagnóstico y tratamiento definitivo que podrían haber salvado la vida de la víctima debido a que el tratamiento correcto hubiera indicado intervención quirúrgica a su ingreso a la clínica”.

La fiscal terminó su presentación exponiendo que “las acciones y omisiones señaladas corresponden a la infracción de la práctica médica habitual respecto de ambos imputados, existiendo una relación directa entre éstas y la muerte de la víctima”.

En la audiencia, la defensa de Pablo Lavados estuvo a cargo de José Rojas y Gonzalo Torre. En tanto, el representante de Álvaro Mardones fue el abogado Juan Carlos Bello, de la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico (FALMED). Ambas defensas explicaron ante el tribunal que los imputados actuaron de acuerdo a la práctica médica, haciendo todo lo que estaba en sus manos para salvar la vida de Carmen, pero no ahondaron en ese tema, debido a que se enfocaron en evitar las medidas cautelares pedidas por la Fiscalía y el abogado de la familia Valenzuela.

En entrevista con CIPER, el defensor del doctor Lavados, José Rojas, aseguró que la querella “tiene bastante poco fundamento. El doctor Lavados siempre se adhirió a todos los protocolos y a un actuar conforme a la praxis médica”. Rojas dijo además que la información recibida esa noche por los médicos de parte de la familia de la joven fue incompleta, y que la falta de seguimiento del estado de la válvula de Carmen también fue un punto determinante:

–Cuando murió Carmen, la válvula estaba calcificada. Era una válvula neonatal, que tenía una persona de 20 años, entonces claramente ya no estaba funcionando bien y se debería haber cambiado hace un tiempo. Nunca hubo un neurocirujano, que es quien tiene que revisar esos exámenes, que haya revisado eso y haya dado un diagnóstico del tema. Eso lo sabemos ahora, después de esto que pasó. En la investigación hay antecedentes de controles de Carmen hasta el año 2008, pero no encontramos antecedentes posteriores a eso además de un escáner hecho en noviembre de 2013.

El abogado Sebastián Sánchez desestima la argumentación del defensor de Lavados y dice que se basa en una declaración del doctor Patricio Loayza, el médico que trató a Carmen desde su nacimiento, contenida en la investigación interna que hizo la contraloría de la Clínica Alemana. “(Loayza) nos dijo que no había dicho que había que cambiarle la válvula”, refuta Sánchez. CIPER contactó al doctor Loayza, quien confirmó que la válvula sólo debía cambiarse en caso de que presentara problemas y que de hecho es lo primero que debió hacerse cuando Carmen ingresó a la clínica.

Al abogado de la familia le llama la atención que la defensa de los imputados no le dé la misma importancia a la versión del neurólogo Ignacio González, el médico que pidió el escáner que Carmen se hizo en noviembre de 2013 –un mes antes de su fallecimiento– y que también revisó la válvula, determinando que no era necesario cambiarla.

CIPER intentó hablar con la defensa del doctor Álvaro Mardones, pero en FALMED se excusaron: “Somos una fundación del Colegio Médico, por lo que preferimos no comentar un conflicto entre médicos que es materia de investigación”.

SOLICITUDES A LA CLÍNICA

Para la parte querellante un factor importante en el desarrollo de la investigación ha sido la participación de la Clínica Alemana. El centro asistencial desarrolló una investigación interna, realizada por su contralor, el doctor Eduardo Villalón, que concluyó que no había responsabilidad del personal de la clínica. A juicio de la familia Valenzuela, esa investigación no ayuda a dilucidar qué sucedió la noche en que Carmen fue atendida por Mardones y Lavados. El abogado Sánchez sostiene que ese informe interno solo tuvo por objetivo defender a los médicos, pero, además, acusa que la clínica ha entorpecido la investigación del Ministerio Público al demorar o negar la entrega de antecedentes solicitados por la fiscal y el querellante.

El 21 de abril de 2015 el abogado de la familia solicitó a la Fiscalía que oficiara a la Clínica Alemana para pedir dos cosas: copia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del servicio de urgencia (para saber en qué ocupaban su tiempos los doctores cuando no estaban en el box de Carmen) y el nivel de prioridad asignado, según el protocolo interno, a los otros pacientes que el doctor Pablo Lavados atendió esa noche (para determinar la gravedad y el tiempo que debía ocupar en ellos). En otro escrito, la defensa de los Valenzuela también pidió copia de la ficha clínica completa, tanto en su versión digital como en papel (para determinar si las decisiones de los médicos se adoptaron de manera oportuna y en concordancia con la versión de los hechos que ellos han entregado).

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, a través de una orden emitida por la Fiscalía el 22 de abril de 2015, pidió a la clínica las grabaciones de las cámaras y el nivel de prioridad asignado a los pacientes atendidos esa noche. El centro médico no respondió, según quedó consignado en un informe de la BH fechado el 18 de febrero de 2016 (vea ese informe). El 29 de abril el abogado Sánchez insistió ante la Fiscalía para que solicitara esos antecedentes, incluyendo ahora la petición de la ficha médica íntegra de Carmen y las declaraciones originales que dieron lugar al informe de auditoría de la Clínica Alemana. El profesional asegura que esa segunda solicitud tampoco tuvo respuesta.

José Rojas (Fuente: Torre y Cia.)

Un mes más tarde, el 20 de mayo, la fiscal Karin Naranjo pidió nuevamente la información mediante el oficio N° 266/KNH. El 9 de junio el doctor Eduardo Villalón, médico auditor de la Clínica Alemana, respondió a la fiscal. Sobre las cámaras de seguridad, Villalón dijo que “no existen copias de los videos indicados”. Esto contradice la versión de la defensa de Lavados. El abogado del neurólogo, José Rojas, asegura tener copia de los videos y de una tabla que indica qué pasa en cada momento de las imágenes, los que según él fueron entregados por la clínica a la Fiscalía a principios de 2015.

La familia de Carmen, por su parte, dice que si la defensa de Lavados tiene en su poder las copias de esos videos, entonces la respuesta que dio la Clínica Alemana al oficio de la Fiscalía no se ajusta a la verdad y podría constituir una obstrucción a la justicia. Además, sostiene que a diferencia del abogado de Lavados, ellos han tenido acceso al video de una sola cámara, que es la que muestra el pasillo y la puerta del box de Carmen, por lo que únicamente pueden ver las entradas y salidas de los médicos y de la joven, pero no determinar qué hacían los doctores cuando no la estaban atendiendo.

En cuanto a la petición del nivel de prioridad asignada a los pacientes que atendió Lavados esa noche, la respuesta de la Clínica Alemana fue que “no existe un protocolo interno aplicable a los pacientes que refiere, por lo que el nivel de prioridad corresponde determinarla a los médicos que atendieron a los pacientes”. Pero el abogado Sebastián Sánchez asegura que sí existe ese protocolo, por lo que a su juicio, esta respuesta del centro asistencial también entorpecería la indagatoria de la Fiscalía. De hecho, ese protocolo fue analizado por la BH de la PDI (ver protocolo).

Sobre la ficha médica de Carmen, la Fiscalía solicitó las versiones electrónica y manuscrita de la hospitalización que desembocó en el deceso de la joven, así como fichas de antiguas atenciones que recibió en la misma clínica entre 1990 y 1997. A esto, Villalón respondió que la Fiscalía debía pedirlo con la autorización de un juez, porque así lo estipula la Ley N° 20.584, de Derechos y Deberes de los Pacientes.

El abogado querellante indicó a CIPER que el informe interno elaborado por el doctor Villalón y entregado por la Clínica Alemana a la Fiscalía contiene declaraciones que “aparecen sacadas de contexto, omiten información sumamente relevante y tergiversan dichos”. Como ejemplo, cita lo ocurrido con el doctor Patricio Loayza, quien en el informe aparece señalando que la válvula de Carmen debió ser cambiada y que, consultado por los querellantes, negó haber dicho eso. Por lo mismo, el abogado Sánchez pidió las declaraciones originales, sin edición, contenidas en el informe de la clínica.

CIPER se contactó con la Clínica Alemana para solicitar una entrevista, pero su oficina de relaciones públicas respondió que no harán declaraciones porque hay una investigación de la Fiscalía en curso.