NUEVAS FORMALIZACIONES DEL CASO PENTA PONEN EN JAQUE EL SILENCIO DEL SII
La millonaria evasión tributaria de Banmédica llega a tribunales
31.03.2016
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NUEVAS FORMALIZACIONES DEL CASO PENTA PONEN EN JAQUE EL SILENCIO DEL SII
31.03.2016
La formalización del empresario Roberto Carrasco en el caso Penta, efectuada este miércoles 30, traía una sorpresa. Entre los ilícitos que le imputó el Ministerio Público se incluyó uno que desafía la estrategia de silencio que ha mantenido el Servicio de Impuestos Internos (SII) en gran parte de las investigaciones que involucran financiamiento político ilegal. La arista menos conocida por la que se acusa a Carrasco es la triangulación que hizo, a través de sus empresas, para pagar bonos a ejecutivos del holding Banmédica sin pagar impuestos. Aunque la Fiscalía ha acreditado que este es el fraude tributario más importante detectado en la investigación al Grupo Penta, el SII no se ha querellado contra los responsables. La ausencia de acciones legales del SII ha paralizado buena parte de las investigaciones relacionadas con aportes ilegales a la política. Pero en este caso, el Ministerio Público operó a pesar del silencio del SII.
Los antecedentes que acusan a Carrasco y al ex gerente general del holding Banmédica, Carlos Kubick, se hicieron públicos hace un año, cuando este último renunció a su cargo reconociendo su participación y responsabilidad en el fraude al Fisco.
Las cifras son contundentes, $2.500 millones pagados a través de esta fórmula ilegal a Kubick y a otros dos ejecutivos de Banmédica: Pedro Navarrete (gerente general de la Clínica Santa María) y Fernando Mathews (gerente general de isapre Vida Tres), entre 2008 y 2013. Para ello, utilizaban una de las empresas de Roberto Carrasco, Asesorías VSA, como puente para triangular los recursos y evitar el pago de impuestos.
Según los antecedentes presentados por la Fiscalía durante la formalización de Carrasco, se utilizaron 27 facturas falsas para cancelar los bonos. El mecanismo era el siguiente: Asesorías VSA emitía una factura a alguna de las dos sociedades del grupo Banmédica involucradas, Saden y Centro de Servicios Compartidos Banmédica. Estas pagaban las facturas a VSA, la que finalmente transfería los fondos a los ejecutivos comprometidos, registrándolo en su contabilidad como “cuentas por cobrar”.
Con este ardid las empresas involucradas rebajaron su carga tributaria y los ejecutivos beneficiados se ahorraron el pago al impuesto de segunda categoría. El perjuicio fiscal por esta práctica llegó a $817 millones, un monto muy superior al daño causado por las otras aristas por las que fue formalizado Carrasco: contratos forwards irregulares con el Grupo Penta, boletas falsas para reducir su propia carga tributaria y facturas falsas emitidas a diez grandes empresas para allegar recursos a las campañas políticas del ex ministro Laurence Golborne.
A pesar que la investigación logró acreditar el millonario fraude realizado por Banmédica, el Servicio de Impuestos Internos (SII) no ha presentado denuncia o querella en contra de Carrasco por su participación en esta triangulación de dineros. En el SII manejan estos antecedentes, al menos, hace siete meses. El 24 de agosto de 2015 el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán, remitió a Impuestos Internos el oficio 629, donde adjuntó la declaración de Roberto Carrasco del 6 de agosto pasado (donde reconoce su participación) y el oficio que la propia Banmédica hizo llegar al Ministerio Público, en el que admite los mismos hechos. Hasta ahora, el SII ha guardado silencio respecto de estos antecedentes.
El cuánto sea capaz de avanzar la Fiscalía en esta arista de la investigación, sin denuncia o querella del SII, será un verdadero globo sonda respecto de la capacidad del Ministerio Público para formalizar otras indagatorias que están pendientes sin contar con el respaldo de Impuestos Internos.
En su declaración ante los fiscales del 6 de agosto de 2015, Carrasco fue explícito al reconocer la triangulación para evadir el pago de impuestos:
“A partir del año 2007 o 2008 mi jefe Carlos Kubick Castro, que era el gerente general de Banmédica S.A., me pidió que investigara la posibilidad de disminuir la carga tributaria del pago de los bonos y yo hice algunas averiguaciones, consulté la opinión de algunos asesores, pero ninguna prosperó. Luego surgió hacer la facturación a través de un tercero y que el tercero depositara a los ejecutivos. Finalmente yo accedo a que utilicemos una compañía que yo administraba, de nombre VSA”.
Hasta 2009 Roberto Carrasco se desempeñó como contralor de Banmédica, cargo que ostentaba desde mediados de los ‘90. Esa carrera dentro del holding le permitió tejer una estrecha cercanía con Carlos Kubick, entonces gerente general. De hecho, un reportaje de la revista Qué Pasa de marzo de 2015 reveló que los hijos de Kubick habían sido socios de Carrasco en su empresa Siglo Outsourcing, a través de la sociedad Inversiones Palo Santo.
La cercanía de Carrasco y Kubick se refleja también en el directorio de Transacciones Electrónicas S.A., empresa reformulada en 2008 y que cuenta con un capital de $1.500 millones. Allí, Kubick aparece como uno de los cuatro directores titulares, mientras que Carrasco figura como su director suplente.
La declaración de Carrasco frente a la Fiscalía en agosto pasado fue clave. Entonces el ingeniero detalló la intrincada fórmula que involucró a sus sociedades personales en la evasión del pago de impuestos:
“Carlos Kubick me daba el monto de los bonos que se iban a pagar. Yo le sumaba el impuesto a la renta que VSA iba a tener que pagar, que varió en esos períodos entre el 15% y el 20% de impuesto de primera categoría. Luego yo hacía una factura por ese valor a favor de Centro de Servicios Compartidos Banmédica (CSC Banmédica) con quienes teníamos otros servicios reales. Se recibía ese pago en la cuenta corriente de VSA mediante un cheque y luego yo pasaba ese dinero a una cuenta de otra sociedad mía llamada Inca de Oro I, en el Banco BCI. Y luego depositaba en las cuentas corrientes personales de los ejecutivos (…) en la contabilidad de Inca de Oro se registraba esta salida de dinero como un préstamo a favor de estas personas, lo que no era real”.
Las primeras facturas falsas utilizadas por Banmédica para el pago de bonos a sus ejecutivos se emitieron el 31 de marzo de 2008, cuando Asesorías VSA le entregó tres documentos a Saden, una de las sociedades del holding Banmédica. El primero era por $230 millones, el segundo por $20 millones y el tercero por $67 millones. En septiembre de ese año VSA emitió dos facturas más a Saden por otros $10 millones. En total, $327 millones en el estreno de la fórmula de defraudación.
Una cifra similar se registró en 2009, cuando VSA emitió una sola factura a Saden por $199 millones y otras cuatro a CSC Banmédica por $118 millones. En 2013 el ritmo de pagos llegó a su peak. Ese año se cancelaron desde el holding de salud $485 millones a la empresa de Carrasco para que esta los desviara a las cuentas corrientes de los tres ejecutivos. Durante los seis años que se mantuvo esa forma de operar, se cancelaron $2.499 millones. (Revise aquí el detalle de las facturas falsas utilizadas).
El perjuicio fiscal reconocido por la misma Banmédica ascendió a $817 millones. Esa cifra fue pagada en abril de 2015 por la empresa al SII, además del pago de reajustes, multas e intereses. En total, la empresa desembolsó $1.283 millones para reparar el daño.
Esos pagos al SII registrados en abril formaron parte de una serie de movimientos de Banmédica que en menos de dos meses buscaron sanear su situación tributaria y judicial. El 12 de marzo la revista Qué Pasa publicó un reportaje donde ex empleados de Siglo, la empresa de outsourcing de Roberto Carrasco, denunciaron irregularidades en la relación de esa compañía con Banmédica.
Alertado, el comité de directores del holding se reunió el 16 de marzo de 2015 para tratar el asunto. A la cita llegaron Antonio Tuset, Alfredo Moreno, Cristián Arnolds y Carlos Kubick. El acta de esa reunión consigna que “los miembros del comité manifestaron que no se les había informado acerca del rol y actividades que desempeñan” las dos sociedades del holding involucradas: Saden y CSC Banmédica. Ese asunto iba a ser resuelto con una auditoría externa que acordaron solicitar. Ya avanzada la junta, Carlos Kubick entregó los antecedentes respecto de los pagos irregulares a él y a otros dos ejecutivos:
“El Sr. Kubick pidió la palabra para informar al comité de directores que –en el marco de la auditoría acordada y para efectos de contar con todos los antecedentes del caso- debía informar en esta oportunidad de una situación inédita que él había mantenido en reserva y en total ignorancia del directorio y de sus miembros”, señala el acta de esa reunión. Luego se detalla el mecanismo irregular para el pago de bonos, el que Kubick reconoció haber ideado.
Dos semanas después, el 31 de marzo, se convocó a una sesión extraordinaria del directorio. Allí, Kubick aseguró que los otros dos ejecutivos beneficiados (Fernando Mathews y Pedro Navarrete) no estaban enterados del ilícito. Un día después, el 1 de abril, Kubick presentó su renuncia. Durante esa semana la empresa envió dos hechos esenciales a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dando a conocer la salida de su gerente general y alertando que se había encargado una auditoría externa para conocer el alcance de la irregularidad. El 7 de abril Banmédica decidió rectificar los pagos de sus empresas Saden y CSC Banmédica.
Contrario a lo que la mayor parte de la gente cree, Banmédica no es solo una isapre. Se trata de un poderoso holding de negocios de la salud. Se constituyó en 1988 y actualmente es controlado por un pacto en el que participan el Grupo Penta (con un 28,74% de las acciones) y el Grupo Fernández León, a través de Inversiones Santa Valeria (también con el 28,74%).
El holding es dueño de las isapres Banmédica, Vida Tres y Vida Tres Internacional. Posee además varias clínicas: Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar y Bio Bio. También son suyos los centros de salud Vidaintegra y el servicio de traslado de pacientes y atención domiciliaria Help. En el exterior posee inversiones en Perú y Colombia: Colmédica Medicina Prepagada, Aliansalud, Clínica del Country, Empremédica, Laboratorios ROE y Clínica San Felipe. Su firma aparece también en inmobiliarias y en la Fundación Banmédica.
Empresas Banmédica registraba un patrimonio, al 2014, de $195 mil millones, mientras que sus utilidades entre los años 2008 y 2014 llegaron a $295 mil millones. A diciembre de 2014, las isapres del holding concentraron la mayor cantidad de cotizantes del sistema (24% de participación de mercado), mientras que según su memoria 2014 las clínicas del grupo poseían el 35% de las camas disponibles en el sector privado.
Dentro del extenso entramado societario del holding Banmédica, la investigación del Ministerio Público ha puesto su lupa sobre las dos sociedades que participaron del mecanismo ideado por Carlos Kubick para eludir el pago de impuestos: Saden y CSC Banmédica. Ambas tienen orígenes diferentes.
Saden fue creada por el dentista Jorge Oliva Te-Kloot y el contador Jorge Domingo Oliva Armijo el 8 de septiembre de 1992, con $30 millones de capital, para prestar servicios odontológicos y médicos en Santiago. En el año 2000 agregaron a su campo de acción la inversión inmobiliaria y financiera. Sus socios iniciales desaparecieron cuando Saden se incorporó al holding de Empresas Banmédica.
En octubre de 2006 ya eran Kubick y Jaime Ochagavía Ruiz-Tagle quienes representaban a Saden cuando constituyeron otras tres sociedades: Servicios Médicos Vespucio (en sociedad con la Clínica Vespucio) y Servicios Médicos Ciudad del Mar (en sociedad con Clínica Ciudad del Mar, de Viña del Mar). La última creación de Saden, en octubre de 2006, fue Servicios Médicos del Bío Bío, con sede en Talcahuano.
A diferencia de lo ocurrido con Saden, CSC Banmédica fue parte desde un inicio del holding. La sociedad Centro de Estudios Compartidos Banmédica fue creada el 21 de enero de 2009 por Carlos Kubick Castro, en representación de Banmédica (999 acciones) y el ingeniero comercial Javier Eguiguren Tagle, representando a otra filial del holding: Inmobiliaria Magapoq (1 acción). Su objetivo fue prestar servicios gerenciales en finanzas, administración y otros rubros relacionados en forma exclusiva a las empresas del grupo.
El empresario Roberto Carrasco no solo es protagonista en la investigación por los bonos irregulares a ejecutivos de Banmédica. Su nombre aterrizó en la carpeta de los fiscales porque firmó contratos forwards irregulares con empresas Penta para eludir los impuestos por los bonos que se pagaban a los ejecutivos del holding.
El primero que mencionó ante el Ministerio Público que los millonarios bonos de altos ejecutivos del Grupo Penta se pagaban de manera irregular fue Hugo Bravo López, el ex hombre de confianza de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Pero sólo cuando Délano y Lavín renunciaron a su derecho a guardar silencio y declararon el 5 y 6 de enero de 2015, la Fiscalía obtuvo las primeras evidencias sólidas de la existencia de contratos forward fraudulentos firmados por Carrasco.
En esos primeros días de 2015, Délano y Lavín admitieron apenas una mínima parte del fraude con los forwards: sólo cuatro contratos de ese tipo firmados con la empresa VSA, filial de Grupo Siglo, controlado por Roberto Carrasco. Pero esa calculada confesión de los dueños de Penta terminó tirando de una hebra que demostró que el monto y extensión del fraude tributario del holding era muchísimo más importante que su rol en el financiamiento político ilegal y que se extendía hasta Banmédica.
Dos semanas después, el 22 de enero de 2015, el ex gerente de Contabilidad de Penta, Marcos Castro Sanguinetti, admitió que el holding había utilizado forwards para pagar bonos a sus ejecutivos sin cancelar los impuestos. Días más tarde, el 30 de enero, Hugo Bravo no sólo confirmó que se habían usado los forward para burlar el pago de impuestos, sino que situó el origen del ilícito en el área de salud del holding: el primero que se benefició con esta fórmula, declaró, fue el jefe de las empresas de salud de Penta, Héctor Concha, quien evitó el pago de impuestos por las utilidades que le rindieron sus acciones de Banmédica. Esa operación, dijo Bravo, la diseñó Roberto Carrasco, ex contralor de Banmédica y dueño del Grupo Siglo, dedicado a las asesorías tributarias.
En la misma declaración del 30 de enero de 2015, Bravo dijo que también se firmaron forwards con CB Consultorías y Proyectos, una empresa de Manuel Cruzat.
A la semana siguiente, el 6 de febrero, la Fiscalía recibió los primeros documentos sobre el fraude con los forwards. Los aportó el abogado Jorge Bofill, representante de los ejecutivos de Penta Manuel Antonio Tocornal y Marcos Comparini. Eran 14 copias de contratos forward suscritos por sus clientes con empresas del Grupo Cruzat entre 2008 y 2012.
El 12 de febrero, el ex ejecutivo de CB Consultorías, Iván Rojas, entregó documentación que probaba que fueron 102 los forwards que su empresa hizo con el Grupo Penta. La mayoría para beneficiar a los ejecutivos de ese holding, pero uno de ellos también favoreció a Bancorp, la sociedad del ex Presidente Piñera.
Poco antes, el 11 de febrero, ya había declarado por primera vez Roberto Carrasco, quien aseguró que había hecho contratos forward fraudulentos sólo con empresas y ejecutivos de Penta.
Ocho meses después, en agosto de 2015, Carrasco se quebró y contó todo. Hasta ese minuto, su rol en el fraude se remitía a solo cinco contratos forward. Pero la Fiscalía había accedido a la contabilidad de su empresa VSA y ante la posibilidad cierta de enfrentar la prisión preventiva, prefirió colaborar: primero admitió que se prestó para triangular los pagos a los ejecutivos de Banmédica y luego reconoció que canalizó aportes ilegales a campañas de Laurence Golborne provenientes de múltiples empresas (vea los reportajes “La lista de Roberto Carrasco, el otro “garganta profunda” de las platas negras de la política” y “Los secretos de la ‘lista de Carrasco’: nuevos pagos a campaña de Bachelet y candidatos UDI”). Ahí se inició la cuenta regresiva para la formalización que ahora llevará al ex ministro y a los ex ejecutivos de Banmédica a los tribunales.
Durante la formalización que se desarrolló este miércoles 30 de marzo, la Fiscalía le imputó a Roberto Carrasco la utilización de otras boletas y facturas falsas.
Por una parte detalló como en abril y mayo de 2013 su empresa Siglo Outsourcing emitió dos facturas falsas a Empresas Penta y a Inversiones Penta III por un total de $177 millones. Siglo no prestó ningún servicio a Penta, sino que ese dinero lo utilizó para pagar bonos a tres altos ejecutivos del grupo: Marcos Castro Sanguinetti, Oscar Buzeta Undurraga y Héctor Concha Marambio. Una vez que Penta pagó las facturas, cercanos a los tres ejecutivos emitieron boletas falsas para Siglo Outsourcing.
El segundo caso mencionado por el Ministerio Público indica que, entre 2010 y 2015, Siglo Outsourcing incluyó en su contabilidad 105 boletas de honorarios falsas con el fin de rebajar indebidamente su propia base imponible. Esas boletas fueron emitidas por tres personas: Romina Salinas Ríos (53 boletas), Angela Lapierre Ávalos y Denisse Lapierre Ávalos. En total, esas 105 boletas suman más de $100 millones.