Las ocho empresas investigadas por el financiamiento ilegal del senador Jaime Orpis

La Fiscalía ha acumulado evidencia tan contundente contra el senador Jaime Orpis (UDI) que el 14 de enero pasado, cuando apenas se cumplían siete meses desde que su nombre se vinculó al financiamiento ilegal de la política, la Corte de Apelaciones de Santiago aceptó desaforarlo de manera unánime para que se le investigue por fraude al Fisco y fraude tributario. Además, por votación de mayoría, el mismo tribunal también dio luz verde para que se le indague por otros dos delitos: lavado de activos y cohecho. Ahora es el turno de que la Corte Suprema ratifique o desestime el desafuero de Orpis, luego de que este lunes 15 la defensa del senador decidió apelar ante el máximo tribunal por los dos últimos delitos que se le imputan.

Los antecedentes que exhibió la Fiscalía ante la Corte de Apelaciones para pedir el desafuero se remitieron únicamente a los pagos que Orpis recibió de Corpesca, la pesquera del Grupo Angelini. Y probablemente serán los mismos que se reiterarán ante la Suprema. Pero hay múltiples evidencias en la carpeta de la Fiscalía que indican que al menos otras siete empresas son investigadas porque podrían haber proporcionado fondos “negros” al parlamentario: SQM, Entel, GTD Teleductos, Quiborax, Costanera SACI (que comercializa marcas como Hush Puppies, Columbia y Brooks), Agrícola Tarapacá (del holding Empresas Ariztía) e Inversiones Santa Macarena.

De hecho, la Fiscalía comenzó a investigar a Orpis porque en abril del año pasado una de las más cercanas colaboradoras del senador, Carolina Gazitúa, apareció en la nómina de contribuyentes detectados por el Servicio de Impuestos Internos (SII) que hicieron boletas falsas para Soquimich (SQM). Un mes después, en mayo, la asesora se sentó frente a los fiscales y admitió que no sólo había emitido esas boletas para SQM a petición de Orpis, sino que también lo había hecho para Corpesca.

Fiscal Ximena Chong

El senador Orpis recibió el financiamiento ilegal de la pesquera cuando en el Congreso Nacional se discutía la Ley de Pesca. Por esa razón, el nexo entre el senador y Corpesca resulta clave para la Fiscalía, que intenta demostrar que el parlamentario incurrió en el delito de cohecho, es decir, que recibió pagos a cambio de favorecer a la empresa. La fiscalía expuso ante la Corte de Apelaciones que el senador recibió pagos de Corpesca que se extendieron desde marzo de 2009 a abril de 2013, por un total de $264 millones (cerca de $5,2 millones mensuales en promedio).

El alegato del Ministerio Público ante la Corte, centrado únicamente en Corpesca, asentó la percepción de que la investigación que dirige la fiscal Ximena Chong solo afectaría a la pesquera. Parecía que el resto de las empresas sindicadas como fuente de financiamiento ilegal para Orpis, librarían de la persecución penal. Pero no es así.

Ninguna de las siete sociedades que pagaron boletas a colaboradores de Jaime Orpis ha salido del radar de la Fiscalía. De hecho, en los mismos días en que se desarrollaban las audiencias del desafuero ante el tribunal de alzada, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec) ultimaba un informe encomendado por la fiscal Chong que corroboró la existencia de boletas pagadas a asesores del senador en los registros contables de Entel, GTD Teleductos, Agrícola Tarapacá y Costanera.

Ese informe de la Bridec, inicialmente citado por The Clinic y La Segunda, llegó al escritorio de Ximena Chong el 19 de enero, sólo cinco días después de que la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero.

GTD TELEDUCTOS

Lo que orientó la investigación hacia nuevas empresas, más allá de SQM y Corpesca, fue el testimonio que Carolina Gazitúa Larenas prestó el 23 de julio de 2015. La ex asesora del senador Orpis ya había reconocido a fines de mayo que hizo boletas falsas para SQM y Corpesca a petición del parlamentario. Incluso, involucró en la emisión de las boletas a su marido, el entonces mayor de Carabineros Alexis Ramírez -quien se vio obligado al retiro-, y a su cuñado Marcelo Ramírez.

Ese testimonio de Carolina Gazitúa fue demoledor para Orpis, pues se trataba de una de sus colaboradoras de mayor confianza, al punto que, tal como ella lo reconoció, con el dinero de algunas de estas boletas efectuó pagos de cuentas personales del senador: contribuciones de bienes raíces, cuotas de préstamos, lavandería e, incluso, le transfirió dinero a un hijo de Orpis, al igual que a otro asesor del senador, el abogado Mario Zumelzu.

Cuando volvió a declarar a fines de julio, Carolina Gazitúa puso sobre el escritorio de la Fiscalía un dato que no estaba en el disco duro de los investigadores: también boleteó a petición de Orpis para el grupo GTD Teleductos. Por primera vez se asomaba a la carpeta investigativa una empresa distinta a Corpesca o SQM.

“Adicionalmente, señalo que extendí la boleta Nº 71 con fecha 19 de enero de 2010 a la empresa GTD Teleductos S.A. por la suma de $5 millones, señalo que corresponde también a una solicitud de Jaime Orpis. Ignoro de qué se trata GTD. No recuerdo más detalles. No presté ningún servicio a GTD y señalo que supongo que se trató también de aporte de campaña para Orpis”, declaró Carolina Gazitúa.

GTD Teleductos es la empresa de telecomunicaciones controlada por la familia de Juan Manuel Casanueva y, según datos publicados por revista Capital, factura anualmente unos US$300 millones.

Carolina Gazitúa volvió a testificar el 10 de agosto de 2015. Entonces afirmó que los $5 millones que cobró a GTD se los depositó, por instrucciones del mismo Orpis, a la empresa Presvisión Limitada.

Presvisión se constituyó en 2006 y según los registros del SII continúa activa, aunque su último timbraje de documentos tributarios se hizo en 2013. Según el archivo del Diario Oficial, sus actuales socios son Paula Phillips Maturana, Eugenio Searle  Vargas, Alejandro José Leay Cabrera y María Inés Cabrera Squella. Los dos últimos son un hijo y la ex cónyuge de Cristián Leay (se divorciaron en 2013), quien es miembro del directorio de TVN y uno de los más cercanos colaboradores de Pablo Longueira.

La esposa de Alejandro José Leay Cabrera es Trinidad Subercaseaux Alessandri, quien figura como emisora de boletas para SQM por $5 millones. Ella declaró que nunca prestó servicios para la minera y que el dinero se lo entregó a su suegro, Cristián Leay.

Uno de los socios de Presvisión, Eugenio Searle, señaló a CIPER que la empresa comercializaba anteojos y que entre sus clientes se contaban parlamentarios: “Nos fue tan mal que cerramos. Con las mismas lucas que entraban hacíamos malabarismo para hacer nuevas importaciones de anteojos. Incluso nos quedamos con stock que al final regalamos. Lo que recuerdo es que se vendieron anteojos a diputados. Él (Jaime Orpis) u otros, porque les vendimos a varios, nos compraron anteojos y nosotros recibimos la plata como en cualquier negocio”.

Searle dijo que la empresa no tenía relación con el ex diputado Leay, a pesar de que el Diario Oficial indica que su hijo y su ex cónyuge tienen el 50% de la sociedad. A través de Searle, CIPER intentó contactar a Alejandro Leay Cabrera pero no obtuvo respuesta.

ORDEN A LA BRIDEC

Después de que fue mencionada por Carolina Gazitúa, la compañía GTD Teleductos volvió a aparecer en la carpeta de Ximena Chong el 17 de noviembre. Ese día la fiscal despachó la orden a la Bridec para que concurriera a las oficinas de esa empresa y de otras tres (Entel, Agrícola Tarapacá y Costanera) con la misión de corroborar si en sus contabilidades se registraban boletas de personas vinculadas a Jaime Orpis, establecer quiénes habían autorizado esas contrataciones, si había constancia de la ejecución de los trabajos o si las empresas habían rectificado esas boletas ante el SII.

El abogado que representa a GTD, Jaime Larraechea, dijo a CIPER que sus clientes entregaron la información solicitada por la Bridec, pero que la diligencia fue acotada a establecer la existencia de la boleta Nº 71 emitida por Carolina Gazitúa. Respecto de si GTD acreditó la ejecución del trabajo pagado a la asesora del senador Orpis, Larraechea dijo que la Bridec no les solicitó respuesta sobre aquello. Aunque la instrucción de la fiscal Chong a la PDI incluía consultar por las personas que autorizaron la contratación de Gazitúa y determinar si había constancia de la ejecución de su trabajo, el abogado sostuvo que nada de eso fue requerido:

-Ninguna de esas precisiones se nos solicitaron. Yo leí, porque tengo acceso a la carpeta, el requerimiento de la fiscal, pero la diligencia práctica, el llamado y el contacto con la gente de la Bridec, fue bastante más acotado que eso, en el sentido de que pidieron menos.

La diligencia realizada en GTD no es la única en que la Bridec no cumplió totalmente con la orden de la fiscal. Respecto de Entel, Agrícola Tarapacá y Costanera, la PDI tampoco consignó en su informe si estas empresas tienen respaldo de los supuestos trabajos que pagaron ni si rectificaron ante el SII. Solo en Entel la policía consiguió establecer quién figura como responsable del pago de las boletas cuestionadas: Richard Büchi Buc y Felipe Ureta Prieto.

ENTEL Y QUIBORAX

Solo un par de semanas después de la declaración en que Carolina Gazitúa mencionó a GTD, otras dos empresas aterrizaron en la carpeta de la Fiscalía: Entel y Quiborax. El 4 de agosto de 2015 la arquitecta Lorena Lara Saldías declaró que tres de sus boletas electrónicas, una destinada a Quiborax (por $3,3 millones) y dos emitidas a Entel (cada una por $5,5 millones), eran falsas, pues ella nunca había prestado esos servicios. Según señaló, su clave del SII la compartía con su esposo -de quien se estaba separando cuando concurrió a declarar- y también con su suegra, Viviana Quiroz, quien es asesora de Jaime Orpis. Su esposo y su suegra, dijo Lorena Lara, manejaron la emisión de sus boletas.

La señal de que la fiscal Chong no le soltaría la mano a esta pista fue precisamente la instrucción que impartió a la Bridec el 17 de noviembre. Apenas 24 horas después de que despachó ese instructivo, Entel informó a la Fiscalía que el conocido penalista Hugo Rivera asumiría su representación.

Contactado por CIPER, Rivera dijo que no se referiría a un proceso en curso. La escueta respuesta formal de Entel a las consultas de CIPER fue proporcionada por la agencia de comunicaciones Extend: “Los antecedentes que teníamos como empresa fueron aportados a la investigación correspondiente”.

En el informe que entregó la Bridec a la Fiscalía se consigna que el pago de las boletas emitidas por Lorena Lara a Entel contaron con el visto bueno del entonces gerente de Finanzas, Felipe Ureta Prieto, y del ex gerente general, Richar Büchi Buc, quien hoy forma parte del directorio de la empresa. Esto indicaría que el pago se hizo desde el centro de costos de la gerencia general, es decir, con fondos asignados a la máxima instancia ejecutiva de la compañía.

Richard Büchi (Fuente: Memoria ENTEL 2014)

Los funcionarios de la PDI tomaron declaración al asesor jurídico de Entel, Carlos Maturana Miquel, quien señaló que efectivamente se encontraron en los registros contables las dos boletas pagadas en 2009 a Lorena Lara y que no hay respaldo de esos trabajos, por lo que se rectificaron ante el SII. En su informe, la Bridec sugiere a la Fiscalía que se cite a declarar a Richard Büchi y a Felipe Ureta.

El que ya declaró ante la Fiscalía es Allan Fosk Kaplun, gerente de Administración y Finanzas de la empresa de su familia: Quiborax. La minera pagó dos boletas vinculadas a Jaime Orpis. La primera, emitida por Carolina Gazitúa en mayo de 2009, por $5,5 millones. La segunda, de Lorena Lara, emitida en agosto del mismo año por $3,3 millones.

Carolina Gazitúa declaró que Allan Fosk puso como condición, para pagar su boleta por $5,5 millones, que le entregaran un informe que pudiera servir como comprobante de que realmente se había hecho un trabajo. Por esa razón, dijo Gazitúa, Fosk le pasó un informe que había hecho la consultora Econsult para Quiborax y ella redactó un texto con observaciones a esa asesoría. Para justificar la segunda boleta de $3,3 millones, emitida por la arquitecta Lorena Lara, Fosk solicitó que la profesional hiciera comentarios a los planos de un casino para el personal de la empresa que estaba en construcción.

En su declaración, fechada el 21 de agosto de 2015, Fosk admitió que Orpis le pidió ayuda financiera para su campaña y que acordaron la cifra de $8 millones, que es el monto que suman las pagos líquidos de las boletas de Lorena Lara y Carolina Gazitúa. También informó que no había sido citado al SII y anunció que la empresa rectificaría su declaración de impuestos por estas boletas.

ARIZTÍA Y COSTANERA

Fue la ex asesora de Jaime Orpis, Bárbara Molina Ellies, quien informó a la Fiscalía que había emitido boletas, a petición del senador, a las empresas Agrícola Tarapacá y Costanera:

“En 2009 Jaime (Orpis) me señala que necesitaba un par de boletas para financiamiento de la campaña y yo accedí sin preguntarle nada. Blenda (la secretaria del senador) me envió los datos en el correo (…). Yo confiaba en Jaime, para mí era una de las personas más honesta y proba que yo conocía. Cuando fui citada a la Fiscalía acompañé boletas emitidas a la Sociedad Agrícola Tarapacá y a Costanera”, sostuvo Bárbara Molina cuando declaró el 16 de noviembre pasado.

La abogada Bárbara Molina emitió su boleta Nº 32 a Agrícola Tarapacá por $2,2 millones y la Nº 30 a Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial por otros $2 millones.

Agrícola Tarapacá es parte de Empresas Ariztía, un holding que opera en los rubros agrícola y avícola, fundado por la familia de Manuel Ariztía Ruiz. El grupo ya estaba en la mira del Ministerio Público porque otra de sus sociedades –Desarrollos y Servicios Melipilla- pagó boletas a colaboradores del senador Iván Moreira (UDI).

El gerente de Marketing de Empresas Ariztía, Luis Eduardo Nieto, señaló a CIPER que la compañía no va a entregar información. En su informe, la Bridec consignó que los antecedentes sobre la boleta de Bárbara Molina fueron aportados, vía correo electrónico, por el jefe de Finanzas de Empresas Ariztía, Jaime Pérez Arriagada, el 5 de enero de 2016.

Los datos registrados en la contabilidad de la sociedad Costanera sobre la boleta Nº 30 de Bárbara Molina fueron aportados a la Bridec por el gerente general de la empresa, Alfonso Swett Opazo, el 29 de diciembre de 2015. Los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) indican que la compañía es controlada por la familia de Alfonso Swett Saavedra, quien preside el directorio de Costanera e integra el consejo general de la Sofofa.

Alfonso Swett Saavedra (Fuente: Memoria Costanera SACI 2014)

Costanera mantiene inversiones en la industria del retail (comercializa 32 marcas de ropa y accesorios), en el sector agrícola (producción de aceite de oliva y berries), en el negocio inmobiliario (Marbella Chile) y participa en Elecmetal (empresa del Grupo Claro).

CIPER preguntó al gerente Alfonso Swett Opazo por qué se contrató a Bárbara Molina, si existen comprobantes de que ese trabajo se hizo o si la boleta fue rectificada en el SII. La respuesta la entregó el gerente de Finanzas y Asuntos Legales de Costanera, Felipe Sepúlveda, quien no aclaró las dudas: “En relación a la investigación de la materia consultada, a la fecha hemos hecho llegar toda la documentación requerida a quienes nos la han solicitado. Siendo necesario precisar que Costanera S.A.C.I., ni ninguno de sus empleados o ex empleados, jamás han tenido o han tomado contacto con el senador Jaime Orpis”.

El informe de la Bridec sugiere que la Fiscalía cite a declarar al gerente Alfonso Swett Opazo.

INVERSIONES SANTA MACARENA

El esposo de Carolina Gazitúa es Alexis Ramírez Quiroz, quien ostentaba el grado de mayor de Carabineros cuando extendió boletas falsas para financiar las actividades del senador Orpis. Además de aparecer como emisor de boletas destinadas a Corpesca y SQM,  también figura con una para Inversiones Santa Macarena Limitada.

“Hay una boleta más, la última boleta, Nº 23 del 10 de mayo de 2013, a Inversiones Santa Macarena Limitada, por un valor neto según recuerdo de $1,8 millón (…). No conozco a esta empresa. No presté servicio alguno para esta empresa (…). No conozco a Jorge Cox ni a Macarena Gil”, declaró Alexis Ramírez en la Fiscalía el 30 de julio de 2015.

El matrimonio conformado por Jorge Tomás Cox Raby y Macarena Gil Weinstein constituyó la sociedad Inversiones Santa Macarena el 25 de julio de 2000.En 2008, Inversiones Santa Macarena se asoció con el mismo Jorge Cox Raby y formó TradingDow Advisors. En la web de TDA Advisors, una empresa de asesorías financieras e inmobiliarias, Jorge Cox figura como socio fundador.

Cox dijo a CIPER que no estaba al tanto de este tema, que no han sido citados a declarar y que ni la Fiscalía ni el SII les han pedido información. Respecto de si su sociedad ha hecho alguna rectificación a su declaración de impuestos, dijo que no sabía y que debía consultar con su contador.