Los dueños de Chile
09.12.2015
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09.12.2015
«Los dueños de Chile somos nosotros,
los dueños del capital y del suelo.
Lo demás es masa influenciable y vendible;
ella no pesa ni como opinión ni como prestigio.»Eduardo Matte Pérez,
parlamentario, ministro e hijo del
fundador del Banco Matte (1892)
«Ustedes se están pasando por el forro los artículos de la Constitución, el Código Civil y el Código Penal. Se los están pasando por el forro.»
El apasionado discurso contrasta con la apariencia aséptica del escenario: un salón del Palacio de Congresos de Valencia, en España. El tono apurado y nervioso del orador, con la solemnidad de la testera. Ahí, los máximos directivos de Bankia esperan que el breve exabrupto acabe.
Es el 25 de junio de 2013, y la junta de accionistas de la empresa bancaria española es el epicentro de un escándalo de proporciones. Se trata de la «estafa de los preferentes» en que miles de personas, muchos de ellos jubilados, han perdido los ahorros de su vida. Todo en medio de un complejo esquema de contratos confusos, cláusulas abusivas y desvío de ahorros supuestamente seguros a arriesgados esquemas de especulación.
Uno de esos afectados es quien habla ahora. Antonio Orts, pensionado valenciano, no tiene mucho que perder. Ya perdió todos sus ahorros: 45 mil euros que, a sus espaldas, fueron convertidos en acciones de Bankia. Y esa maniobra oscura es precisamente la que le da la opción de tomarse su pequeña venganza: es uno de los muchos estafados que, como involuntario accionista, tiene derecho a participar en la junta anual de la entidad.
Son 1.315 de esos damnificados los que copan cada espacio del salón principal, los pasillos y las entradas del Palacio de Congresos. Están ahí para protestar, para hacer sentir su voz. Ciento treinta piden la palabra. Solo tres minutos por intervención, advierte el secretario. Uno a uno, los estafados se turnan para contar sus historias. Ayudado por un bastón, Orts sube al estrado y hace lo propio:
«No quiero que cuando me muera dentro del nicho me pongan una corona pagada por Bankia, que diga “Bankia no te olvida”».
Al centro de la testera, el presidente del directorio, José Ignacio Goirigolzarri, revisa con indiferencia unos papeles. No mira al frente. «Le queda un minuto, señor Orts», advierte con fastidio el secretario. Y esa es la señal para pasar a la acción.
«¡Mire! ¡Mire cómo me ha dejado Bankia!» Orts se saca una polera negra, se baja los pantalones y, en calzoncillos, sigue gritando: «¡Mire cómo me ha dejado Bankia! ¡Mire cómo me ha dejado! ¡Que lo vea todo Europa, y todo el mundo!»
Y todos lo ven. Goirigolzarri levanta la vista, incrédulo, obligado a mirar por primera vez de frente a una de las víctimas de la estafa. Lo ve España, lo ve Europa y lo ve el mundo, con los noticieros replicando una y otra vez la protesta desnuda de Orts.
Lo ven todos. Solo Orts no puede verlo. Él es ciego.
Las juntas de accionistas suelen ser el momento más colorido de la gris rutina pública de las empresas: balances, FECUs, hechos esenciales… Nada de eso da demasiado material para la televisión. En las juntas de accionistas, en cambio, puede ocurrir lo inesperado. Aunque las normas varían en cada caso, en general la posesión de un pequeño número de acciones basta para tener derecho a asistir y tomar la palabra ante las máximas autoridades de la empresa.
Por lo mismo, la instancia suele aprovecharse para protestar contra las políticas de una compañía. En 2008, activistas de Greenpeace desplegaron una gran pancarta en la junta de accionistas de Endesa España, contra los proyectos de represas en Chile. Al año siguiente, en Atlanta, el grupo International Rivers irrumpió en la junta de Home Depot, exigiendo a la empresa que boicoteara los productos de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), debido a la participación del Grupo Matte en el proyecto HidroAysén.
La junta de Enel, matriz de Endesa, fue interrumpida por un representante de los pueblos indígenas chilenos afectados por proyectos de represas. Un grupo ambientalista había comprado acciones y lo había designado como su representante.
Las juntas de Blanco y Negro, concesionaria de Colo-Colo, suelen ser escenario de reclamos de socios del club, poseedores a la vez de un puñado de acciones de la sociedad anónima. «¡Ustedes vienen a lucrar y ganar plata. Váyanse de Colo-Colo!», fue el grito de uno de los indignados en la tensa reunión del 9 de abril de 2012.
Esas protestas son llamativas, sí. Sirven como catarsis, claro. Pero finalmente son irrelevantes. Porque, a la hora de tomar las decisiones (compensar a estafados o construir represas, comprar a un proveedor cuestionado o contratar a un futbolista), los que mandan son los controladores. Los minoritarios podrán protestar y luego votar, y su opinión valdrá lo que valen sus acciones: si tienen una, su voto valdrá uno. Y si otro accionista tiene un millón, pues un millón valdrá su preferencia.
Son las reglas del juego que todos conocen. Tanto tienes, tanto vales. Y nadie espera otra cosa. Sabemos que las sociedades anónimas están formadas por accionistas, no por ciudadanos, y el mecanismo que las hace funcionar es el del dinero, no el de la democracia.
Una república es cosa muy distinta. En vez del ritual periódico de las juntas de accionistas, existe el de las elecciones, donde cada ciudadano vale exactamente lo mismo: una persona, un voto. Las preferencias se cuentan, y permiten a las personas poner a sus representantes en los cargos de responsabilidad.
Y si los directores de una sociedad anónima deben responder a los accionistas, las autoridades de una democracia no tienen otra fidelidad que aquella hacia quienes los eligieron.
Así es, en teoría.
Pero, ¿es así en la práctica? ¿Una república como la chilena funciona como una democracia? ¿O tiene más que ver con la lógica de una sociedad anónima, en que los accionistas comunes pueden pronunciarse simbólicamente un día pero luego las decisiones reales quedan en manos de los grandes propietarios? ¿Es esta la República de Chile, como proclama nuestro nombre oficial? ¿O es más bien Chile S.A.?
En 1863, en su célebre discurso de Gettysburg, Abraham Lincoln definió la democracia como «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo». Un siglo y medio después, esa definición es perfecta para hacer el contraste entre el estado ideal definido por Lincoln y la realidad.
«Por plutocracia entendemos no solo dominación de los ricos, sino por y para los ricos —dice el cientista político Francis Fukuyama—. En otras palabras, un estado de las cosas en el cual los ricos influencian al gobierno para proteger y expandir su riqueza e influencia.» Fukuyama, quien en 1989 se convirtió en el ídolo de la derecha neoconservadora estadounidense con su teoría del fin de la historia, últimamente está más preocupado por las fisuras de esa democracia que en su momento dio por definitiva ganadora, las que lo llevan a alertar sobre la «evidencia de una plutocracia en Estados Unidos, de un tipo restringido y reducido, pero en ningún caso inofensivo». (1)
¿Plutocracia en una de las democracias más estables, vibrantes y participativas del planeta? Sí. También el analista internacional Adam Garfinkle considera que hoy Estados Unidos es «una democracia de participación masiva y al mismo tiempo una plutocracia cada vez más profunda». (2) La creciente desigualdad, el financiamiento de la gran empresa a la política y la capacidad de los lobistas para moldear los procesos legislativos son algunos de los fenómenos que investigadores como Fukuyama y Garfinkle usan para denunciar la conversión de la república estadounidense en una plutocracia. ¿Y qué pasa en Chile?
Para el abogado y experto en lobby Renato Garín, el Chile actual es un caso de «corporativismo, o sea un acuerdo entre el Estado y un grupo de privilegiados en que el Estado trabaja para ellos». Según el diputado Gabriel Boric, en la política existe una «colonización del empresariado». El cientista político Claudio Fuentes advierte sobre «la captura» del sistema político por el poder económico. Los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones describen el país como una «democracia controlada, en las sombras, por el dinero». El también cientista político Carlos Huneeus habla de una «democracia semisoberana» en la que «predominan los intereses del capital, acentuando las desigualdades económicas y la concentración de la riqueza». (3)
Las posiciones ideológicas de los citados son diversas: Garín es liberal; Boric, de izquierda; Fuentes, socialista; Bosselin y Briones, conservadores, y Huneeus, socialcristiano. Pero todos coinciden en el diagnóstico: en Chile el gran capital ejerce un poder extrainstitucional enorme en las decisiones políticas.
Es que el país reúne las condiciones perfectas para esa influencia. Primero, una profunda concentración del poder económico, que otorga a esas pocas manos grandes herramientas e incentivos para manejar el proceso político. Y segundo, una total ausencia de barreras, tanto legales como paralegales, que permitan frenar ese proceso.
Concentración sin barreras: una tormenta perfecta que atrapa, como una frágil barcaza, a la democracia chilena.
No es una sorpresa para nadie que Chile es un país tremendamente desigual. Pero el índice de Gini o los que comparan al 10 o 20% más rico con el 10 o 20% más pobre de la población suelen quedarse muy cortos. Porque la característica principal de esta sociedad es una extrema concentración del capital en un ínfimo número de familias, que contrasta no solo con la población más pobre, sino también con el trozo de la torta que reciben los sectores medios, e incluso algunos que podríamos considerar como «altos» en ingresos.
Chile tiene las peores cifras de desigualdad de la OCDE, medidas por el índice de Gini. En nuestro país, los ingresos del 10% más rico son 26 veces superiores a los del 10% más pobre, cifra que en el promedio de la OCDE llega a 9,6 veces. Además, el 70% de los asalariados gana menos de $400.000 líquidos al mes. La mediana de ingresos formales es de $260.000 líquidos. Eso significa que la mitad de los asalariados gana menos que eso cada mes. (4)
Para aplicar políticas sociales, se suele dividir a la población en cinco tramos o «quintiles» y no considerar entre los beneficiarios al 20% más «rico» de esa escala. Sin embargo, ese «quinto quintil» es por lejos el más diverso de todos. Basta un ingreso per cápita por hogar de $352.744 para estar en este grupo «privilegiado». Y con $611.729 por persona, a ojos del Estado ya se está en la «clase alta» del décimo decil. (5)
O sea, un hogar de dos adultos y dos niños, en que ambos padres trabajan y cada uno tiene un sueldo de $750.000, ya se cuenta dentro de la quinta parte más acomodada del país, excluida de los beneficios sociales del Estado. Esta concentración puede graficarse así:
Por eso, el estudio de la concentración de la riqueza en Chile debe ser mucho más fino y centrarse en capas específicas de la población: el 1%, el 0,1% e incluso el 0,01%. Los «súper ricos».
En general, los análisis del punto en Chile se han basado en encuestas de declaración de ingresos. Estas, sin embargo, subestiman seriamente la riqueza de esa pequeña elite que recibe sus ingresos sobre todo de rentas (no de sueldos) y confunde su patrimonio personal con las empresas que usa para tributar. El problema ha sido subsanado en investigaciones recientes, como la de López, Figueroa y Gutiérrez, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, (6) que usaron como fuente las declaraciones tributarias corregidas por ganancias de capital y por evasión al impuesto a la renta.
Sus datos muestran un Gini real de 0,62 para el período 2005-2010, en lugar del 0,55 que se obtiene tomando los datos de la encuesta Casen. Esa cifra no solo nos convierte en el país más desigual de la OCDE sino que nos deja como campeones mundiales de la desigualdad, entre los 21 países de los cuales existen estudios que incluyen estimaciones con ganancias de capital, superando a Estados Unidos y Sudáfrica. (7)
Además, el estudio de los académicos de la Universidad de Chile revela que la participación del 1% más rico del país es de 30,5% del ingreso total. El 0,1% (la milésima parte) se lleva el 17,6%, y el 0,01% (la diezmilésima fracción de los chilenos) acapara el 10,1% del total.
La progresión de las cifras marea. El 1% más rico se lleva 43 veces más por persona que el 99% restante. Pero dentro de ese 1% la mayor tajada se la lleva solo el 0,1%, que gana 12 veces más que el restante 0,9%. Y a su vez, dentro de ese ya privilegiado 0,1%, los que en verdad dominan son los que pertenecen al 0,01%, que se llevan 8 veces más que los del restante 0,09%.
Dicho de otra manera, y a riesgo de producir vértigo a medida que subimos: el 0,1% más rico de la población tiene ingresos per cápita 214 veces superiores al 99,9% restante. Y el 0,01% más adinerado concentra ingresos por persona 1.122 veces superiores al 99,99% que le sigue, y que incluye a gran parte de lo que convencionalmente llamaríamos «clase alta». (8)
Si consideramos que el tamaño medio del hogar chileno es de 3,28 personas, y que la población total (a falta de un censo actualizado, claro) se estima en 17.819.054, podemos calcular que ese 0,01% de la punta de la pirámide son poco más de 500 hogares (543, para ser exactos).
Son esos 543 hogares entonces, los que concentran cerca de la décima parte del total de los ingresos del país.
Estas estimaciones resultan incluso conservadoras, si las comparamos con un estudio reciente del Banco Mundial. Este calcula los ingresos devengados, cruzando cifras de la encuesta Casen y de Impuestos Internos, y obtiene un Gini de 0,684. Con este sistema, se revela que el 5% más rico del país se lleva más de la mitad de los ingresos (51,5%). El 1% se queda con un tercio de total (33,0%). Y el 0,1% captura la quinta parte (19,5%) del ingreso. (9)
Y podemos seguir aguzando la mirada. El Informe de Riqueza Global 2015, elaborado por The Boston Consulting Group, presenta un panorama aun más impresionante. Según él, en nuestro país solo 45 hogares gozan de una riqueza financiera que supera los US$100 millones. Estos poseen activos totales por US$36 mil millones. O sea, esta fracción de familias, que corresponde a poco menos del 0,001% de la población total (menos de la cienmilésima parte, o uno de cada 100 mil hogares), tiene a su haber el 10% de todos los activos financieros chilenos.
Sigamos subiendo. Enfoquemos a solo cinco personas, menos de la tresmillonésima parte de la población. Pues bien, «los cinco hombres más ricos de Chile acumulan ingresos de US$6.300 millones anuales promedio en el período 2002-2010». La cifra equivale a cinco millones de chilenos, o, dicho de otra forma, «cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos», como afirmó en 2012 el académico Ramón López. (10)
Esos «cinco grandes» —que en realidad son más de cinco, si se cuenta a hijos y hermanos— son los herederos de Andrónico Luksic Abaroa (fallecido en 2005); Horst Paulmann; los hermanos Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte Larraín; Roberto Angelini y Sebastián Piñera.
Más que a una escala social o una pirámide, la distribución de los ingresos en Chile se asemeja a una catedral gótica: abajo, en la nave, de base muy amplia, se mezclan sin diferencias tan marcadas obreros, técnicos, pequeños empresarios y profesionales. Pero de ahí sale una aguja chapitel que se va estrechando cada vez más hasta terminar en una punta muy, pero muy aguzada, compuesta por una minúscula elite, que se va angostando hasta volverse casi imperceptible a medida que sigue subiendo hasta el cielo, allí donde los arquitectos medievales querían juntarse con Dios.
Y es precisamente ahí, muy arriba en el cielo, donde hay que fijar la mirada para aquilatar la dimensión del fenómeno, que resulta único si se lo compara con los países de los que tenemos datos similares. Porque no es solo que Chile sea infinitamente más desigual que las democracias escandinavas o los países de Europa Occidental. Es que sus cifras de inequidad superan también ampliamente a Estados Unidos, centro del debate mundial sobre la concentración de la riqueza en el «1%».
Veamos. Si en Chile el 1% se lleva casi un tercio de la torta (30,5%), en Estados Unidos obtiene un quinto: 21,0%. En Canadá es 14,7%. En Alemania, 12,1%. En Japón, 10,9%. Y en Suecia, 9,1%.
Las diferencias se ahondan cuando hablamos del milésimo más rico (el 0,1%). Este concentra el 17,6% del ingreso en Chile, contra el 10,5% en Estados Unidos, el 5,8% en Canadá, el 3,5% en Japón y el 3,4% en Suecia.
Finalmente, en la cúspide de la pirámide, el 0,01% superior se lleva el 10,1% del total, duplicando la concentración de Estados Unidos (5,1%), y dejando mucho más atrás a Alemania (2,3%), Canadá (2,0%), Suecia (1,4%) y Japón (1,3%). (11)
En Estados Unidos, algunos califican las cifras de ese país como «una burla al sueño americano». (12) Otros dan un consejo simple: «Si quieres vivir el sueño americano, ándate a Dinamarca». (13) O muestran las estadísticas de concentración de la riqueza como una prueba irrefutable de que el país se desliza hacia una «democracia plutocrática». (14) ¿Qué nos dicen cifras infinitamente peores a nosotros, los chilenos? Antes de responder, pasemos a otro punto: cómo se controla el poder económico desde la cúspide de la aguja de la catedral.
Una gran línea aérea. Tres cadenas de farmacias. Cuatro bancos dominantes. Tres empresas de telefonía móvil. Tres generadores de energía. Dos grandes productores de pollo. Dos de licores. Monopolio del tabaco. Casi monopolio de la cerveza.
Podemos pasar revista a prácticamente cualquier mercado relevante en Chile y la conclusión es la misma. Los monopolios y oligopolios son la regla de la economía.
Veamos algunos datos. En las farmacias, tres cadenas (Cruz Verde, Fasa y Salcobrand) concentran el 95% de las ventas. En los bancos, cuatro compañías (Chile, Santander, Estado y BCI) suman el 65% de las colocaciones. El transporte aéreo nacional está en un 74% en manos de una sola compañía (Lan). Tres proveedores de telefonía móvil (Movistar, Entel y Claro) se reparten el 97% del mercado. Dos productores de pollos (Súper Pollo y Ariztía) acumulan el 71% de las ventas. CCU y Capel acaparan el 69% de las ventas de licores. British American Tobacco Chile (BAT Chile) tiene el 95% del mercado de los cigarrillos. CCU, el 87% en las cervezas. (15) Y la generación eléctrica se concentra en 74% entre Endesa, Colbún y Gener.
Más aun: estos monopolios y oligopolios están estrechamente entrelazados, con los grandes grupos económicos repitiéndose en las posiciones dominantes en diferentes mercados. El Grupo Luksic tiene una fuerte posición en bancos (Banco de Chile), bebidas (CCU), transporte marítimo (Compañía Sudamericana de Vapores), combustibles (ENEX), manufacturas (Madeco), televisión (Canal 13) y minería (Antofagasta Minerals). El Grupo Matte participa en generación eléctrica (Colbún), industria forestal (CMPC), telecomunicaciones (Entel) y banca (Bice). El Grupo Angelini está en combustibles (Copec), gas (Metrogas), forestal (Arauco) y pesca (Corpesca).
Así, un puñado de grupos económicos toma posiciones relevantes simultáneamente en distintas áreas.
Para una economía relativamente pequeña como la chilena, el tamaño de estos grupos es formidable. En 2013, los ingresos de los 20 mayores grupos económicos sumaron US$145 mil millones, el equivalente al 52,61% del Producto Geográfico Bruto (PGB) total de Chile. (16)
Las consecuencias para la economía son de manual: baja competencia, altas barreras de entrada, facilidad para incurrir en prácticas como la colusión, perjuicios en el precio y en la calidad del servicio para los consumidores.
Un estudio del think tank Horizontal estima que en Chile «cerca de un 40% del presupuesto familiar se destina a mercados en los cuales existen indicios o presunciones de falta de competencia», cifra que supera el 50% en los dos quintiles más pobres de la población. (17) Es decir, la falta de competencia afecta más a los sectores más vulnerables, porque son los que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a adquirir bienes y servicios de mercados altamente concentrados.
Pero este panorama también golpea directamente a la política. Cuando tamaña proporción de la economía nacional está en pocas manos, la capacidad de esos grupos para influir sobre las autoridades es enorme. Su riqueza es la herramienta de poder, y mantener la posición dominante sobre los mercados, el incentivo para utilizar ese músculo.
Tienen el músculo, tienen razones para usarlo… y no tienen restricciones para no hacerlo. El elemento que cierra el círculo es la inexistencia de barreras efectivas para prevenir que el gran dinero influya directamente sobre las políticas públicas.
¿Cómo lo hacen y con qué objetivos? Volvamos a Fukuyama, quien describe algunas maneras básicas de ejercer influencia: obtener contratos lucrativos con el Estado; hacer lobby para afectar el sistema tributario, de modo que los ricos paguen menos impuestos; hacer lobby para permitir el flujo indiscriminado de dinero de las empresas en campañas electorales, y hacer lobby para eliminar restricciones al lobby.
En las páginas siguientes se describirá estos puntos en extenso, pero antes vale la pena distinguir medios de fines. Las dos últimas actividades son medios. Al evitar las restricciones al lobby y al financiamiento de campañas, el gran capital se asegura de que ninguna barrera se interponga entre sus intereses y la posibilidad de hacerlos primar en la esfera pública. En ambos puntos los grandes conglomerados han sido extremadamente exitosos en nuestro país. Al momento de escribir estas líneas, Chile no solo permite que las empresas financien campañas, sino que además asegura que lo puedan hacer en secreto y recibiendo beneficios tributarios por ello. En cuanto al lobby, el Congreso se demoró once años en aprobar, en 2014, una muy débil normativa que apenas introduce algunos estándares de transparencia.
Y es en ese punto donde podemos asegurar que la desigualdad no es solo un problema social o económico. Es un asunto político.
Idealmente, la democracia supone que todos los ciudadanos tengan igual capacidad para influenciar las decisiones de la autoridad. Pero cuando la riqueza se concentra en tan pocas manos estas adquieren una capacidad desproporcionada para actuar en defensa de sus intereses. Si además se les permite usar esos recursos libremente para influenciar al poder político, el problema es evidente.
Y esa es precisamente la situación de Chile. Somos una de las democracias más desiguales del mundo, con una gran concentración de la riqueza en un puñado de grupos empresariales, y además con leyes de financiamiento electoral permisivas, opacas y cuyo cumplimiento no se fiscaliza ni se sanciona. La receta perfecta para el desastre.
Las consecuencias las advertía ya en los años 30 el político británico Josiah Wedgwood, quien hablaba de las «plutodemocracias», mezcla entre el principio democrático en que todos valemos lo mismo (una persona, un voto) y el plutocrático, en que cada uno pesa de acuerdo a su billetera. (18)
Mucho antes, en 1889, el legendario periodista estadounidense William Allen White definía al Senado de su país como un club en que sus miembros representaban, antes que a una comunidad de votantes o un partido político, a «poderes de los negocios». «Un senador representa al Union Pacific Railway System, otro a los intereses de las compañías de seguros de Nueva York… el algodón tiene media docena de senadores», describía. (19)
¿Suena familiar? En 2015 las revelaciones de los casos Penta, SQM y Corpesca, o sobre los «raspados de la olla», los subsecretarios y senadores a sueldo de grupos económicos, y los mails sobre legislación entre financistas y diputados, son síntomas de la misma enfermedad.
Pocos han sido tan efectivos en hacer sonar la campana de alerta sobre la desigualdad económica como Thomas Piketty, quien logró que su mamotreto de 663 páginas, El capital en el siglo XXI, se convirtiera en un superventas mundial en 2014. Su tesis sobre el creciente abismo económico que causa el superior rendimiento del capital por sobre el trabajo tiene profundas implicancias políticas, y cuando le pregunté por ellas, durante una visita suya a Chile en enero de 2015, no dudó en destacarlas.
«Es una de las más grandes amenazas a la democracia —fue la tajante respuesta del economista francés—. Puede influenciar la forma en que los políticos actúan, cómo reaccionan a incentivos. Lleva a que las instituciones políticas tengan intereses diferentes a los de estos grupos.»
Los escandalosos correos entre políticos y jerarcas del Grupo Penta acababan de salir a la luz, y el francés estaba perfectamente informado del caso. «Es importante que Chile tome estas oportunidades para reformar sus leyes de financiamiento político», dijo. «Si queremos un proceso político justo, no podemos dejárselo al mercado o a la negociación de votos e influencias.»
Dejar el proceso político al mercado: exactamente la receta que Chile ha aplicado.
La democracia no es la única víctima de esta ley de la selva en la relación entre la política y el dinero. También lo es, paradójicamente, el propio libre mercado.
«La situación de los mercados en Chile no permite sostener que estemos frente a una economía llamada propiamente de mercado», concluye un estudio de 2015 de los economistas Sebastián Faúndez, Gerardo Puelles y Rodrigo Bravo. «Nuestra economía es una economía de mercado oligopolizada con una mediana regulación del Estado sobre los monopolios naturales», dicen. (20)
Puede sorprender que se discuta el carácter de economía de mercado del modelo neoliberal chileno. Pero la verdad es que no hay mercado sin competencia real, y la concentración de propiedad en tan pocos actores afecta gravemente esa competencia. Como se ha visto, en Chile la concentración es extrema y deja muy poco espacio para las empresas que no pertenecen a los conglomerados dominantes. «Al 11 de marzo de 2015 la capitalización bursátil del país alcanzaba a US$226 mil millones, una cifra equivalente a aproximadamente un 82% del PIB. La capitalización bursátil de las empresas de los mayores 13 grupos económicos equivalía a dos tercios del total», escribió Manuel Cruzat Valdés en una columna en El Mostrador. (21)
«Chile no es una economía de mercado —dice el doctor en Economía de la Universidad de Oxford José Gabriel Palma—. Es una economía de grupos de mercado, en que grandes conglomerados extraen renta por medio de la concentración oligopólica.» Los grupos intentan evitar la competencia en las áreas que dominan. Lo hacen presionando para entorpecer medidas antimonopolios, para que se aprueben leyes ad-hoc que los beneficien y para evitar la penalización de conductas que violen las reglas del libre mercado.
La principal voz crítica sobre la falta de mercado en Chile no viene desde la izquierda ni de miradas anticapitalistas. Manuel Cruzat Valdés es hijo del controvertido empresario Manuel Cruzat Infante, para algunos el mentor de la actual generación de ejecutivos de empresas, y quien antes de la crisis del 82 lideraba el mayor grupo empresarial del país. Cruzat hijo siguió la ruta lógica de un «Chicago boy»: Universidad Católica y luego Universidad de Chicago. Y desde esa mirada neoliberal defiende la pureza del sistema económico, no solo en lo que se refiere a las privatizaciones, el rol subsidiario del Estado o la apertura al exterior, sino también en un componente esencial de ese sistema, que en nuestro país suele olvidarse convenientemente: la competencia.
Desde su blog, titulado «Outsider», Cruzat lleva años denunciando las perversiones que atentan contra el modelo chileno: las colusiones que quedan impunes, las fusiones que borran la competencia y que son alegremente permitidas por la autoridad, la promiscuidad de los directorios, en que empresas teóricamente competidoras comparten directores, etcétera. Según Cruzat, en Chile asistimos a «la destrucción gradual del sistema económico que nos rige, por prácticas anticompetitivas». (22)
Prácticas, todas, permitidas o alentadas por la autoridad política. ¿Qué papel tienen en ello los integrantes de ese selecto cienmilésimo de la población que vimos? ¿Ese 0,001%? ¿Esas 45 familias? ¿Esos «cinco apellidos», cada uno de los cuales concentra la misma riqueza que un millón de chilenos? ¿O, en jerga de sociedad anónima, deberíamos hablar de esos accionistas mayoritarios que parecen tan capaces de influenciar las reglas del juego en su favor?
Espero contestar esas preguntas en las siguientes páginas, en las que describiré los métodos con que los grandes grupos asientan su influencia: el financiamiento directo (legal e ilegal) de la política, las redes de lobby, la puerta giratoria entre el sector público y el sector privado, la influencia en partidos políticos y centros de estudios y, en general, el aprovechamiento de las múltiples rendijas del sistema para escribir las reglas que los favorezcan.
Luego veremos las consecuencias de esta relación incestuosa entre capital y poder político: un sistema de impuestos favorable al gran dinero, manga ancha con las violaciones contra la libre competencia, e impunidad de los delitos de cuello y corbata.
Finalmente, pondremos la lupa sobre ciertas áreas económicas emblemáticas por su poder para modelar las políticas públicas en beneficio de intereses privados: los bancos y los empresarios pesqueros.
Lo que pretendo es dibujar un mapa del verdadero poder del dinero en Chile. Uno que no aparece en las reglas formales. Esas que, en nuestra Constitución, proclaman que «Chile es una república democrática», «la soberanía reside esencialmente en la Nación», «en Chile no hay persona ni grupos privilegiados» y «hombres y mujeres son iguales ante la ley».
Esos son precisamente los principios que guían esta investigación. Los principios de una república, en los que no caben los accionistas mayoritarios ni los socios controladores. Para su defensa debemos estar atentos. Atentos para reaccionar antes de que veamos a nuestra democracia convertida en una sociedad anónima: Chile S.A.
Y antes de que, como le pasó a Antonio Orts, nos encontremos impotentes y en calzoncillos, sin más opción que gritar desnudos mientras los verdaderos dueños toman las decisiones.
El periodista Daniel Matamala realizó su investigación entre agosto de 2014 y noviembre de 2015, periodo cruzado por los casos Penta, Caval, SQM y Corpesca. “Poderoso caballero toca esos casos, que son investigados por el Ministerio Público y han sido cubiertos en extenso por la prensa, pero no trata sobre ellos. Creo que son los síntomas de una enfermedad, y este trabajo no pretende quedarse en las manifestaciones del mal sino indagar en los agentes patógenos que lo causan, y en los remedios disponibles para atacarlo”, explica el periodista en su libro.
Gracias a la realización de más de un centenar de entrevistas, la consulta a expertos, la revisión de una extensa bibliografía sobre el tema y de archivos de prensa sobre la materia, Poderoso Caballero pone el acento en mostrar cuánto y cómo influye el poder económico en la política chilena.
Historias como la «caja chica» manejada por el Presidente Piñera desde La Moneda, la intervención del Presidente Lagos ante las autoridades antimonopolios en beneficio de empresas españolas, o la red transversal de aportes reservados de grupos como Matte, Luksic y Angelini, se develan en este libro. Fenómenos como la impunidad de los carteles, las ganancias de los bancos o la aprobación de la ley de pesca aparecen bajo una luz nueva al exponer la tupida red de relaciones entre los intereses económicos y las decisiones políticas que los favorecen.
“Los que invierten dinero en financiar la política, los que cultivan relaciones con el poder político, lo hacen para influir en él. Eso no significa necesariamente cohecho ni compra de voluntades. Los mecanismos, como se muestra en estas páginas, suelen ser más sutiles y complejos. Pero la única forma de fiscalizarlos es que exista más transparencia y mejor regulación. Y en eso, salvo excepciones, los actores que participan del proceso han fallado. El libro pone el acento en esas debilidades, y por eso tal vez su tono pueda parecer injustamente duro en algunos momentos”, advierte Matamala.
En el libro, el autor señala que el último cuarto de siglo la democracia chilena se concentró en desatar los amarres más violentos de la transición, y privilegiando la disminución de la pobreza a través del crecimiento económico. “Ese esfuerzo construyó un país mucho mejor que el que teníamos en 1990. No hay duda de ello. Pero en esa urgencia se descuidó la legislación para tener una mejor democracia y mercados más competitivos, se impulsaron políticas públicas que favorecen a quienes concentran riqueza por sobre los ciudadanos comunes, y se obvió la importancia de la transparencia y las reglas claras en la relación con el poder económico (…) Develar esos circuitos de poder, que operan ocultos a la ciudadanía, es una contribución necesaria para, a partir de lo ya avanzado, construir un Chile más democrático.”.
NOTAS
1. «The Weakness of Liberal Populism», en Plutocracy & Democracy: How Money Corrupts Our Politics and Culture, Washington DC, The American Interest, 2012, edición kindle.
2. «Terms of Contention», en Plutocracy & Democracy: How Money Corrupts Our Politics and Culture.
3. Carlos Huneeus, La democracia semisoberana, Santiago, Taurus, 2004, 60.
4. Gonzalo Durán, «Una marcha de enanos (y unos pocos gigantes): La curva de Pen, evidencia para Chile», Fundación Sol, Ideas para el Buen Vivir N° 7, Diciembre 2015, fundaciosol.cl.
5. Portal de Becas y Créditos del Ministerio de Educación (portal.becasycreditos.cl), «Tabla de deciles según Encuesta Casen 2011, actualizada por IPC a agosto 2014».
6. Eugenio Figueroa, Pablo Gutiérrez y Ramón López, «La parte del león: nuevas estimaciones de la participación de los súper ricos en el ingreso de Chile». Serie de documentos de trabajo del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, 2013. En econ.uchile.cl.
7. Íd, 15.
8. Elaboración propia con datos de Figueroa, Gutiérrez y López.
9. Banco Mundial, «Chile: Efectos distributivos de la reforma tributaria de 2014», 22. En hacienda.cl.
10. Marcela Ramos, y Juan Andrés Guzmán, «“Luksic, Angelini, Matte, Paulmann y Piñera: Cada uno de ellos gana lo mismo que un millón de chilenos”», CIPER, 23 de enero de 2012. Ver Ramón López, «Fiscal policy in Chile: Promoting Faustian Growth», College Park, The University of Maryland, Department of Agricultural and Resource Economics, 2011. En ageconsearch.umn.edu.
11. Datos de Chile: Figueroa, Gutiérrez y López. Datos del resto del mundo: Facundo Alvaredo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty y Emmanuel Saez, The World Top Income Database, Paris School of Economics, París.
12. Mortimer Zuckerman, «Making a Mockery of the American Dream», U.S.News & World Report, 27 de marzo de 2015.
13. Richard Wilkinson, How Economic Inequality Harms Societies, TED Talks, julio de 2011, video, ted.com, min 8:12. Ver, además, Kate Pickett y Richard Wilkinson, The Spirit Level: Why More Equal Socities Almost Always Do Better, Nueva York, Bloomsbury, 2009.
14. Robert Wade, «The Costs of Inequality: Capitalism and Democracy at Cross-Purposes», 2013, audio, disponible en havenscenter.org.
15. Todos los datos son de Rodrigo Bravo, Sebastián Faúndez y Gerardo Puelles, «Concentración económica en los mercados de Chile», Centro Democracia y Comunidad, 2015, 73 y ss. En cdc.cl.
16. Fernando Leiva, «Chile’s Grupo Luksic, the Center-Left and the “New Spirit” of Capital in Latin America», LASA 2015. En ucsc.academia.edu/FernandoLeiva.
17. Fernando Medina y Pablo Paredes, «Competencia en el mercado chileno. Institucionalidad de la libre competencia», Centro de Estudios Horizontal, 2013, 7.
18. Josiah Wedgwood, The Economics of Inheritance, Harmondsworth, Penguin, 1929. En archive.org.
19. Robert Justin Goldstein, Political Repression in Modern America: From 1870 to 1976, Champaign, University of Illinois Press, 2001, 7.
20. «Concentración económica en los mercados de Chile», 10-11.
21. «De la Comisión Asesora Política y Dinero y las redes empresariales», El Mostrador, 13 de marzo de 2015. Los trece grupos son Falabella, Enersis, Angelini, Luksic (sin Antofagasta Holdings, que no se transa en Chile), Matte, Santander, Cencosud, Lan, BCI, Gener, Corpbanca, Aguas Andinas y Soquimich.
22. Manuel Cruzat Valdés, «Lo importante es la colusión», El Mercurio, 7 de abril de 2009.