Colusión del papel liquida subsidio que benefició por décadas al Grupo Matte

Herido de muerte está el subsidio forestal instaurado en 1974 por la dictadura militar, gracias al cual los grupos económicos Matte y Angelini ingresaron a sus negocios cerca de US$600 millones que el Estado les traspasó a sus empresas madereras durante 40 años para financiar plantaciones de bosques de pino y eucaliptos. Fue también el incentivo para la creación de un modelo de negocios exportador, con una altísima concentración de la propiedad en manos de ambos grupos, que abarca la producción de celulosa, papel y maderas elaboradas.

El escándalo por la colusión del papel higiénico -cuya materia prima sale de los bosques- que tiene como protagonista al Grupo Matte y a su holding CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones), tuvo entre sus efectos congelar -en el gobierno y en el Congreso- los intentos por prorrogar hasta 2018 el subsidio conocido como Decreto Ley 701.

Eliodoro Matte

Uno de los impulsores originales de ese subsidio -que no se renueva desde 2013- fue Julio Ponce Lerou, cuando era el principal ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y también yerno de Augusto Pinochet. Ponce Lerou es hoy el controlador de las empresas Soquimich, las que tienen tres frentes abiertos en la justicia: están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política, por las irregularidades del llamado “Caso Cascadas” y por los severos cuestionamientos que han surgido al contrato suscrito con el Estado para explotar el Salar de Atacama.

«Ahora que se ha conocido la colusión del Grupo Matte esperamos terminar definitivamente con este subsidio», dijo a CIPER el senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti (PS), quien formó la llamada «Coalición contra la prórroga del Decreto Ley 701» junto a los senadores Rabindranath Quinteros (PS), Eugenio Tuma (PPD), Alejandro Navarro (MAS), cinco ONG y las fundaciones Pumalín, Terram y WWF Chile (World Wildlife Found).

Esta agrupación logró paralizar el proyecto de ley enviado en mayo de 2015 por la Presidenta Bachelet, que extendía el subsidio desde 2016 al 2018, con un presupuesto de $35 mil millones (US$50 millones). La iniciativa legal había sido aprobada en julio pasado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, con los votos desde la UDI al PS, sin que se hiciera previamente una discusión de fondo.

Fueron las gestiones de esta coalición contra el DL 701 las que lograron frenarlo antes que continuara su tramitación en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. «Con la colusión ya no hay piso político para la prórroga», insistió De Urresti, situación que reconoció la semana pasada el ministro de Agricultura, Carlos Furche.

Forestal Mininco y Agrícola Monte Aguila -las empresas del Grupo Matte que concentran el patrimonio de bosques en Chile- recibieron dineros del DL 701 incluso recientemente, según informó la CMPC en su Memoria Anual de 2014. En total fueron $350 millones si se suman los aportes de los últimos años. Un monto pequeño comparado con los subsidios recibidos por las grandes empresas forestales entre 1974 y 1998.

Hasta 2013 el Estado subsidió la forestación de 1,2 millón de hectáreas por la vía del DL 701 (modificado en 1998 y 2011) entregando a grandes, medianos y pequeños propietarios un total de US$ 875 millones de dólares.

El mercado forestal chileno está dominado por dos actores principales: Arauco (Angelini) y Mininco (Matte), al que se suma bastante más lejos Masisa (de capitales suizos). Junto a ellos coexisten las empresas que califican de medianas si sus ventas no superan las 100 mil UF anuales y los pequeños productores que poseen máximo 12 hectáreas de riego. La llamada “Agricultura Campesina”, con 278 mil familias, ha tenido un menor acceso pues mayoritariamente produce leña y carbón.

Quienes se llevaron el gran pedazo del subsidio estatal han sido los dueños de los grandes predios, los mismos que actualmente son propietarios de las industrias que producen maderas, papel y celulosa. Así lo estableció en 2014 un estudio realizado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, por encargo de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (ver documento de evaluación).

En 1983, por ejemplo, los pequeños madereros recibieron $136,5 millones por los escasos 120 subsidios que les fueron otorgados. En cambio, los grandes y los medianos se llevaron $7.834 millones por los 2.327 subsidios que el Estado les entregó ese año (calculados a $ de 2010).

Aunque esta enorme desproporción se redujo parcialmente a partir de 1998, con el cambio normativo (Ley 19.561) que buscó beneficiar con el bono a un mayor número de pequeños propietarios, finalmente éstos sólo recibieron el 39,2% de los 186.384 bonos de forestación concedidos desde 1976 a 2012. Medido en dineros públicos, los pequeños sólo consiguieron el 33,8% de los subsidios pagados entre 1982 y 2012, un avance si se considera que hasta 1997 los grandes y medianos se llevaron el 94,2% de las platas del Fisco para plantar bosques.

“Impedir la prórroga del bono es un paso indispensable para decidir un nuevo modelo que se haga cargo de los efectos negativos del DL 701”, aseguraron a CIPER representantes de la ONG Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Reconocen que también hubo efectos positivos, como la recuperación de terrenos deforestados y la creación de un polo exportador que no existía y que en 2014 alcanzó los US$ 6.094 millones en ventas al exterior.

René Reyes, vicepresidente de la agrupación, acusa que el modelo que inspiró el bono está agotado: «Causó más concentración de la propiedad de la tierra en beneficio de unos pocos, está afectando los recursos hídricos y eliminó la biodiversidad en grandes extensiones del país».

EL YERNO DE PINOCHET Y EL BONO

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou había trabajado para la CMPC en Concepción. Para entonces ya estaba casado con Verónica Pinochet Hiriart y después del golpe su suegro lo catapultó a la jefatura máxima de la Conaf en 1974, desde donde impulsó el subsidio forestal al tiempo que aumentaba su patrimonio personal con negocios paralelos y ponía en práctica una contrarreforma agraria para devolver predios a los antiguos propietarios expropiados, según documenta el libro «A la sombra de los cuervos» (agosto 2015) de Javier Rebolledo. (Ver reseña del libro).

En esa misma época, el joven ingeniero Eliodoro Matte -hijo del dueño de la CMPC- volvía a Chile desde la Universidad de Chicago y fue fichado por el régimen militar en el Ministerio de Salud, donde preparó la privatización de Laboratorios Chile.

Julio Ponce Lerou

En rigor, fue el ex ministro de Economía de Pinochet, Fernando Léniz Cerda, el creador del subsidio forestal, lo que no era extraño pues Léniz había sido ejecutivo de la CMPC, presidente del gremio maderero (CORMA), y venía madurando esa idea desde el gobierno de Frei Montalva.

A Ponce Lerou le correspondió operativizar el bono y, al mismo tiempo, privatizar el gigantesco Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, propiedad de la estatal Corporación de Fomento (CORFO), que tenía 360 mil hectáreas de extensión. En 1984, en plena dictadura, las denuncias impulsadas principalmente por el empresario Ricardo Claro, sobre cómo Ponce Lerou había usado a terceras personas para explotar la madera del Complejo Panguipulli en beneficio personal, provocaron un gran escándalo y su salida de varios directorios de empresas públicas.

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –“El trabajo decente en la industria forestal de Chile» (2012)- apunta a que en los primeros años después del golpe militar, el nuevo gobierno se apoderó de predios asignados por la reforma agraria: «Tanto las tierras expropiadas a campesinos como a comunidades mapuches fueron rematadas y compradas por sectores empresariales, quienes a su vez adquirieron el patrimonio e infraestructura maderera y celulósica liquidada por el Estado».

Según el informe de la Cámara de Diputados sobre las privatizaciones de empresas estatales durante la dictadura, Ponce Lerou salió de la CONAF en 1980 como propietario de numerosos fundos. Durante su gestión -de 1976 a 1980- se entregaron 3.389 bonos por el DL 701, y solo 106 de ellos beneficiaron a pequeños propietarios.

De allí, el yerno de Pinochet saltó a la gerencia de empresas CORFO, desde donde encabezó el traspaso a privados de Celulosa Constitución y Celulosa Arauco, ambas hoy de propiedad del Grupo Angelini; y de Inforsa, ahora en manos del Grupo Matte.

MILLONARIA INYECCION

Inicialmente, el DL 701 financió el 75% de los costos netos de la plantación de bosques hechas por particulares. El subsidio se pagaba por una sola vez. A ello se sumó un bono por la administración del proyecto en los llamados «terrenos con aptitud forestal», que se cancelaba cada año. Y finalmente, se agregó una rebaja a las contribuciones del terreno forestado y otra rebaja al impuesto a la renta por los futuros ingresos del propietario, cuando el bosque estuviera produciendo (lo que se calculaba unos 20 años después de la plantación).

Como el pago demoraba unos dos años en materializarse -eran requisitos para obtenerlo presentar un plan de manejo y un estudio técnico- los pequeños propietarios no tuvieron espaldas financieras para hacer frente a los gastos iniciales. De esta manera, el subsidio del Estado fue capturado casi totalmente por las grandes empresas hasta 1997.

El informe de la Dirección de Presupuesto de 2005, que evaluó el DL 701, concluyó: «Durante los primeros años los beneficiarios de la bonificación y de los bonos de administración y poda fueron las empresas forestales y los empresarios agrícolas que tenían importantes extensiones de aptitud forestal». Sólo el 5,8% de la superficie beneficiada pertenecía a los pequeños madereros.

Según las estadísticas de la CONAF, entre 1976 y 1997 se bonificaron 944.176 hectáreas para forestación (ver tabla). Eso se tradujo en que hasta 1997 el Estado entregó a los privados US$ 369 millones, de los cuales escasos US$ 18,5 millones fueron para los propietarios de menor tamaño. (ver artículo de La Tercera).

En 1998 la nueva Ley 19.561 modificó el DL 701 para focalizar el bono en los pequeños productores, incrementándoles el subsidio hasta el 90% de los costos de plantación. A los grandes propietarios les rebajó el bono al 50%. Gracias a ello, desde esa fecha hasta 2010, las Pymes forestales obtuvieron el 49% de los US$ 476 millones que entregó el Fisco. Pero los grandes y medianos empresarios forestales continuaron llevándose la mayor parte, desbalance que se acentuó de 2011 a 2013, periodo en el que se repartieron US$ 30,9 millones, de los cuales el 61% fue para las empresas dominantes. Una discriminación que se mantuvo a pesar de que un nuevo cambio al DL 701 amplió los beneficios a las comunidades indígenas.

En total, durante los últimos 40 años el Estado transfirió a las grandes y medianas empresas del rubro US$ 612 millones, mientras las pequeñas y los campesinos de la “Agricultura Familiar” obtuvieron US$ 263 millones. Eso, sin contar la rebaja de contribuciones y el beneficio tributario a largo plazo.

Según el informe UC/Dirección de Presupuesto de 2014, los bonos de forestación por hectárea variaron en esas cuatro décadas desde $76 mil hasta $520 mil, medidos a valor del año 2010.

Todo este gigantesco financiamiento público permitió a los grupos Matte y Angelini incrementar su patrimonio a costa del Estado e incluso les posibilitó incrementar considerablemente sus tierras, pues hasta fines de los años 90 las hectáreas eran baratas en el sur, afirma René Reyes, de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.

 LAS HECTAREAS DEL GRUPO MATTE

En 1974 la CMPC inicia su «vasto programa de plantación de pino radiata», según consigna en la Memoria Anual de 2011. Al ejercicio de 2014, el holding reconoció que poseía 476 mil hectáreas en Chile a través de Forestal Mininco y Forestal Monte Águila, aparte de las 160 mil que tiene en Brasil y Argentina. Estas cifras la ubican como la segunda empresa con más bosques en Chile después del Grupo Angelini (Forestal Arauco), cuyas plantaciones suman 725 mil hectáreas. El total de hectáreas plantadas en Chile es de aproximadamente 3 millones, equivalentes a 30 mil kilómetros cuadrados, que es la superficie de la Región del Maule.

En la ExpoCorma de 2013 las grandes empresas y el gremio maderero manifestaron su interés por el futuro del Decreto Ley 701 y su preocupación por el retraso de la prórroga.

-En el sector forestal creemos que se puede plantar más, pero hoy todos los proyectos de ley se politizan, es tremendo, y nadie mira qué es lo que gana el país –afirmó Gonzalo García, secretario general de la CMPC y ejecutivo clave del Grupo Matte.

A su vez, el gerente de asuntos corporativos de Arauco, Charles Kimber, señalaba entonces que «es una lástima» que el DL 701 se haya demorado, «especialmente porque beneficia a los pequeños productores. Esto no beneficia a las grandes empresas forestales, porque ellas no hacen uso del DL 701».

«PATETICA» APROBACION DE DIPUTADOS

En mayo pasado, pese a las voces críticas, la Presidenta Bachelet envió el proyecto de ley para prorrogar el DL 701 hasta 2018. En el mensaje a la Cámara de Diputados argumentó que su programa de gobierno había contemplado extender el beneficio y así generar condiciones para discutir una nueva ley de fomento forestal. Cabe recordar que en la investigación judicial del financiamiento ilegal de la política, que lleva a cabo el Ministerio Público, se ha acreditado que varias personas que participaron en el programa de gobierno de Bachelet, fueron pagadas –a través de la sociedad Asesorías y Negocios de Giorgio Martelli- por el Grupo Angelini.

El proyecto lo tramitó la Comisión de Agricultura, cuyos diputados escucharon los argumentos a favor del bono del ministro de Agricultura, Carlos Furche, y del director de Conaf, Aarón Cavieres: plantar 39 mil hectáreas generará 5 mil nuevos puestos de trabajo. En julio, el proyecto fue aprobado por la unanimidad de los siete diputados presentes en esa oportunidad: José Pérez Arriagada (PR y presidente de la comisión), Loreto Carvajal  (PPD), Felipe Letelier (PPD), Christian Urízar (PS), Pedro Alvarez-Salamanca (UDI), Ramón Barros (UDI) e Ignacio Urrutia (UDI). Cuatro de los parlamentarios representan distritos de las regiones del Maule y Bío Bío, en ambas los dos grupos dominantes del rubro poseen extensas plantaciones forestales.

Alfonso De Urresti

Según un informe que presentó la diputada Carvajal, prácticamente no hubo discusión. Ella hizo «alusiones» a las críticas sobre la falta de claridad del beneficio para los pequeños y medianos productores. El diputado Diego Paulsen (RN), quien se inhabilitó de votar por tener intereses en el rubro maderero, pidió aclarar si el DL 701 estaba priorizando a las Pymes «y no, como ha ocurrido hasta ahora, a grandes empresarios forestales», dijo. A su vez los diputados Pérez, Barros y Urrutia, pidieron legislar a la brevedad el proyecto para apoyar a los pequeños productores, mientras Letelier reconocía que la prórroga al subsidio habría requerido un mayor análisis.

«Patética» fue el calificativo que le adjudicó el senador Alfonso de Urresti (PS) al episodio de la Cámara: «La prórroga se aprobó de una manera patética, sin discusión y unánimemente. Pero logramos congelarla porque en ese momento habíamos hecho una presentación al gobierno, haciendo ver que requería de la consulta indígena. El subsidio ha sido vendido como una panacea y la realidad es que el modelo que se construyó con él está en crisis y no se puede prorrogar sin hacer una evaluación seria de sus resultados», dijo a CIPER.

CRECE EL RECHAZO

El escándalo por la colusión del papel higiénico del Grupo Matte dio nuevos bríos a los críticos del DL 701, que esperan impedir que resucite. René Reyes, vicepresidente de los Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, opinó que «hay escaso piso político para aprobar la prórroga de un subsidio que beneficia a empresas que se coluden, como es CMPC».

Sus partidarios replican que la consecuencia de no prorrogarlo es que disminuirá la cantidad de nuevas hectáreas forestadas. Reyes lo reconoce, pero dice que la agrupación que representa lo ve «como una oportunidad para discutir un nuevo modelo forestal que considere el cambio climático, la diversificación productiva en torno a otras especies y la necesidad de disminuir la alta concentración de la propiedad forestal».

Por el rechazo definitivo también están la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf, la Confederación de Trabajadores Forestales y 27 destacados académicos de la Universidad Austral.

Los trabajadores ponen el acento en preparar la ley que creará el Servicio Forestal que reemplazará a la Conaf, y una nueva normativa de fomento que considere a la agricultura familiar campesina y a los trabajadores, con uno de sus focos puestos en superar las desigualdades de este sector de la economía.

El análisis de los académicos es lapidario: piden el fin del DL 701 y su mirada apuesta al medio ambiente a largo plazo. En su reemplazo piden una legislación que incentive el bosque nativo, ayude a recuperar la biodiversidad y la disponibilidad de agua, ya que los estudios en Chile y el mundo pronostican la disminución de las lluvias y la mayor recurrencia de las sequías en la zona central y sur del país. Como antecedente de los efectos negativos del bono creado por Pinochet, advierten que reemplazar un 10% de bosque nativo por plantaciones de pino y eucaliptos hace disminuir en 20% la disponibilidad de agua en verano, como ya ha ocurrido en la Región del Maule.