Carta de la Superintendenta de Pensiones Tamara Agnic y la respuesta de CIPER

Santiago, 10 de septiembre de 2015

Señora
Mónica González Mujica
Directora de CIPER
Presente
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 y siguientes de la Ley N° 19.733, solicito a usted publicar la siguiente carta, a fin de ejercer mi derecho de aclaración y rectificación respecto de referencias que dañan mi reputación en el artículo publicado por CIPER, el pasado 3 de septiembre, bajo el título “La relación con el dueño de Círculo Verde que complica a la superintendenta de Pensiones”.

Junto con manifestarle mi molestia por las interpretaciones erróneas que contiene la nota, cuyo título carece de veracidad, quiero dejar de manifiesto que no en uno, sino en cuatro correos consecutivos con una de las autoras de la crónica, ofrecí entregar mis respuestas por escrito e, incluso, contestar contrapreguntas, si quedaban dudas. Es más, en esos correos le pedí que me explicitara el tema, lo que nunca ocurrió. Me parece lamentable que su medio prefiriese publicar una versión incompleta, pese a que les manifesté reiteradamente mi disposición a colaborar.

Respecto de los supuestos vínculos con terceros que pretende establecer el contenido de la publicación, y que según su medio me complicarían, parto por aclararle tajantemente que no soy socia de Omar Reyes en Agnic Consultores ni en Círculo Verde y nunca lo he sido en estos ni en ningún otro negocio de su propiedad. Asimismo, desconozco quién es el resto de clientes de Círculo Verde y, por lo demás, no hay razones para que lo sepa; y tampoco tengo información, ni tendría por qué tenerla, sobre otras empresas que haya formado Omar Reyes o en las que participe, ni sé quiénes son o podrían ser sus eventuales socios. Se lo señalo enfáticamente porque me ha provocado la mayor de las sorpresas y disgusto enterarme del intento de su medio por vincularme con personas y casos relacionados con investigaciones judiciales, de alto impacto público, y con las que no tengo nada que ver.

Aclarado lo anterior, preciso que la empresa Círculo Verde le ha prestado a Agnic Consultores servicios estrictamente propios de su giro, esto es contabilidad y pago de impuestos. Agnic Consultores es la empresa que formé mientras me dediqué a la actividad privada y cuya representación legal alterna asumió Omar Reyes, una vez que abandoné mis funciones de consultora, tras ser elegida por el Sistema de Alta Dirección Pública para asumir como superintendenta de Pensiones. Cuando fui seleccionada, terminé mis labores de consultoría en Agnic Consultores y nombré a una representante legal, quien se hizo cargo tanto de gestionar que se cumplieran los contratos de consultoría en marcha, esto es los compromisos en desarrollo al momento de yo ser seleccionada para asumir en la SP; como de la relación con la empresa que prestaba a Agnic Consultores los servicios de contabilidad y de cumplimiento de obligaciones tributarias, como corresponde a cualquier firma.

Hago hincapié en “compromisos en desarrollo”, ya que uno de los errores que contiene la publicación –y que el artículo del medio que usted dirige habría evitado, de haber aceptado mis respuestas por escrito- es sostener que fui contratada como persona natural para hacer una consultoría a Empresas Banmédica. Es totalmente falso que yo haya prestado una asesoría de carácter personal, por cuanto fue Agnic Consultores, empresa con personalidad jurídica, la contratada y la que debía responder, por tanto, con la entrega final del servicio, tarea que una vez que asumí en la SP fue continuada por otra profesional consultora.

A mayor abundamiento, toda mi participación en Agnic Consultores está detallada en la Declaración de Intereses que completé al integrarme a la superintendencia, la que está disponible en http://www.spensiones.cl/transparencia/patrimonioeintereses.html. Y también informé estos antecedentes al Servicio Civil, en el marco del concurso público de la superintendencia.

Tampoco es correcto interpretar que la asesoría que realicé a Empresas Banmédica haya tenido que ver con una normativa legal en cuya tramitación supuestamente habría participado mientras fui directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda. Al parecer, las autoras se confunden entre dos leyes. La Ley N° 19.913, de 2003, que rige a la UAF y a sus regulados, combate el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) y se aplica a más de 30 actividades económicas, entre las que no se cuentan las que desarrolla Empresas Banmédica. Es decir, esta empresa no es sujeto obligado de dicha ley ni reporta a la UAF. Por otro lado, la Ley N° 20.393, de 2009, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en materia de LA/FT y cohecho, fue tramitada por el Ministerio de Justicia, y ni su aplicación ni las sanciones que involucra son competencia de la UAF. La asesoría que Agnic Consultores prestó a Banmédica S.A. consistió en levantar un modelo de prevención de delitos asociados a la Ley N° 20.393, el que en ningún caso puede certificar la misma consultora, sino solo un tercero que debe estar registrado en la SVS. Hago la aclaración, a fin de evitar futuras interpretaciones erróneas y falta de rigurosidad legal.

Reitero mi molestia por el modo en que su medio ha dañado mi reputación y por la manera poco ética y profesional con que fui abordada y tratada, al ser arbitrariamente excluida mi versión de este reportaje, por el mero hecho de que la línea editorial no acepta respuestas por escrito. Todavía no logro comprender cómo omitir una declaración, solo porque no es en directo, puede aportar más al periodismo y a la información veraz, que el incluirla. Creo firmemente en la libertad de expresión y en el rol fiscalizador de los medios de comunicación ante las actuaciones de los funcionarios públicos. Pero también creo que cuando no se cumplen los elementos mínimos para un ejercicio correcto, no sólo se daña gratuitamente, sino que también se resta credibilidad y legitimidad a la labor periodística.

Cumplo con comentarle que con esta aclaración no me resto de analizar eventuales acciones legales contra el medio que dirige, las que de ser decididas le serán comunicadas en su oportunidad por mis abogados.

Sin otro particular, le saluda
Tamara Agnic Martínez

Vea aquí la carta original de Tamara Agnic

RESPUESTA DE CIPER

Debido a las inexactitudes en que incurre la superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, en su extensa carta dirigida a CIPER, debemos puntualizar y aclarar los siguientes puntos.

1-.  A la superintendenta Tamara Agnic se le pidió oportunamente una entrevista corta y personal. Con ello se buscó como único objetivo obtener su versión sobre una situación compleja y que la afectaba directamente por el delicado cargo que ella ocupa y que está sometido al escrutinio público y a exigencias más altas luego de los problemas de probidad y conflictos de interés que son de publico conocimiento, y que han afectado a importantes empresas del mercado local y a dirigentes políticos.

La solicitud se realizó a través de su encargada de prensa, a quien se le explicó con bastante detalle que el tema que se quería tratar eran las asesorías a Banmédica que la consultora de la señora Agnic había continuado haciendo luego de que ella asumiera en la Superintendencia de Pensiones. La comunicación siguió luego directamente con la señora Agnic -a través de un intercambio de correos electrónicos- en el que se le explicó reiteradamente que no se le enviarían las preguntas por escrito debido a que la complejidad del tema ameritaba un diálogo en que pudiéramos conversar y contrapreguntar. Se trató de una decisión editorial basada en que nuestra experiencia muestra que, contrariamente a lo que cree la superintendenta, el intercambio por escrito se presta para confusiones cuando se trata de temas delicados. Pese a que insistimos, ella no accedió a conversar con CIPER y, finalmente, en nuestro último correo ella ya no respondió.

2-. Respecto a sus vínculos con el señor Omar Reyes, el reportaje señala exactamente lo que dice la señora Agnic en su carta: que lo designó como el representante legal de sus empresas. En ningún momento se afirma que es su socio. Ahora, para toda persona que entiende la importancia que tiene el representante legal de una empresa, y en este caso con mayor razón aún ya que Tamara Agnic es la única propietaria de Agnic Consultores, está claro que esa elección debió ser muy cuidadosa. Y ello, tomando en cuenta las importantes funciones que ella asumía (Superintendenta de Pensiones) y considerando que su empresa seguiría activa . No fue así, porque el vínculo de la empresa de Omar Reyes con los graves ilícitos por los que se investiga judicialmente a los ejecutivos de La Polar, a los cuales Omar Reyes prestaba asesoría contable además de otros servicios que también están bajo investigación judicial, es de público conocimiento desde 2012 (fue publicado en diversos reportajes en la prensa, incluyendo una investigación de CIPER). Es decir, dos años antes que ella lo escogiera como representante legal de su consultora. De haber hecho la señora Agnic una simple búsqueda en Google, esa situación le habría surgido de inmediato. Por ello, no es justificable la explicación que da Tamara Agnic sobre el particular: “Desconozco quién es el resto de clientes de Círculo Verde y, por lo demás, no hay razones para que lo sepa; y tampoco tengo información ni tendría por qué tenerla sobre otras empresas que haya formado Omar Reyes o en las que participe, ni sé quiénes podrían ser sus eventuales socios”.

A la relación de Omar Reyes con los ilícitos de La Polar, se sumó en los días que terminábamos la investigación sobre los vínculos de Tamara Agnic con Banmédica y Omar Reyes, una nueva información: se investiga el rol que jugó Reyes y su empresa Círculo Verde (que funciona en la misma dirección que entrega la consultora de la señora Agnic), en el financiamiento ilegal de la política. Con ese antecedente adicional, la indagación sobre la relación comercial del representante legal de las empresas de la señora Agnic con el ex contralor de Banmédica y creador de un sistema para evadir impuestos utilizados por el Grupo Penta, resultaba de particular interés.

3-. En cuanto la asesoría realizada por Tamara Agnic a Banmédica, la información que aparece en nuestro reportaje fue obtenida de las memorias de la empresa. En la que corresponde a 2013, se señala que Agnic fue “contratada por acuerdo del directorio como asesora externa”, mientras que en la del año 2014 se informa: “Durante el mes de agosto se comunica al Comité de Directores la renuncia presentada por la señora Tamara Agnic al cargo de Consultora en Prevención de Delitos”. Y a reglón seguido se agrega que el mismo comité decidió “aprobar preliminarmente la cotización presentada por la empresa Agnic Consultores” para una asesoría de nueve meses. A diferencia de lo que expresa en su carta, sus declaraciones de patrimonio y de intereses sólo consignan su propiedad en las empresas, pero no mencionan las actividades de estas y menos sus clientes. De hecho, la casilla correspondiente a “actividades profesionales o económicas que haya desarrollado en los dos años anteriores a la asunción del cargo” no contiene información, por haber considerado la señora Agnic que ese es un “dato personal no público”.

4-. En su carta, la señora Tamara Agnic atribuye a un error de CIPER el haberle asignado algún rol en la tramitación de la Ley Nº 20.393. Lo cierto es que la información fue obtenida de su propio perfil en la red profesional Linkedin, donde se lee: “En el ámbito legislativo ha sido impulsora y gestora de la tramitación de los proyectos que modificaron las facultades de la UAF (Ley 19.913), de la normativa que estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley 20.393) y de otros cuerpos legales que perfeccionan materias sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”.

Por último, el reportaje de CIPER no menciona que Agnic Consultores fuera a certificar el modelo de prevención del delito en Banmédica, sino que realizaba una asesoría para ello.

5-. En el último párrafo de la carta que envió a CIPER la señora Tamara Agnic, anuncia que no se “resta de analizar eventuales acciones legales contra el medio que dirige, las que de ser decididas le serán comunicadas en su oportunidad por mis abogados”. Al respecto, quisiéramos puntualizar que, dado que las aclaraciones que entrega la superintendenta de Pensiones son insatisfactorias y mantienen –a nuestro juicio- todas las dudas que el reportaje planteó sobre sus relaciones comerciales con Banmédica y el señor Omar Reyes, una acción judicial sería una excelente vía para dilucidar problemas que hoy son una exigencia ciudadana dados los vacíos que presentan las leyes vigentes para sancionar conflictos de intereses y otras irregularidades.

Mónica González
Directora de CIPER