Designación de dos nuevos ministros del TC: la cocina constitucional

Sin razones. Sin debate. En unos pocos minutos se oficializó el acuerdo del Senado que nombró a dos nuevos ministros para el Tribunal Constitucional, el órgano responsable de velar por la constitucionalidad de las leyes.

Todo ocurrió de manera rápida. La votación no estaba en la tabla de asuntos del Senado, lo que impidió que la sociedad civil pudiesen evaluar a los candidatos. Éstos tampoco fueron citados a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado–como sí se hace en otros nombramientos– y no expresaron palabra alguna de sus antecedentes. Los senadores no inquirieron sobre sus biografías, trayectorias o méritos.

Y así llegamos a los nuevos ministros. La Constitución establece, que para ser nombrado ministro del Tribunal Constitucional, la persona debe haberse destacado en su actividad profesional, universitaria o pública. Cristián Letelier es un ex diputado de la UDI y Nelson Pozo es un militante del PS. Se trata de dos penalistas pero ninguno de reconocida expertiz constitucional. A los dos se le reprochan distintas faltas que no pudieron ser debatidas con anterioridad al nombramiento, puesto que desconocíamos los candidatos.

Diversas asociaciones han criticado a Cristián Letelier por su opinión sobre los homosexuales, a quienes el nuevo ministro llamó «desviados«. El reclamo es justificado: Letelier quizás deba juzgar la constitucionalidad del pacto de unión civil (ex acuerdo de vida en pareja) y, eventualmente, sobre matrimonio igualitario. Sus visiones, ciertamente, influirán su voto en estas materias.

Pero lo más grave es que los mismos senadores han demostrado la falta de un debate profundo respecto de los futuros custodios de la Constitución. Interpelado públicamente sobre las opiniones de Letelier, el senador Patricio Walker respondió «no sabía que dijo eso». Y agregó: «que grave sus declaraciones y que lástima no haber sabido antes». El senador Carlos Montes, a su vez, señaló que «fue una decisión partidaria», que sólo lo conocía como ex diputado pero que, para la votación, sólo tuvo a la vista su “CV y un poco más”. Es decir, se votó a favor de una persona cuyos antecedentes no fueron evaluados integralmente. La envergadura del cargo así lo exigía.

En el caso de Nelson Pozo, el reproche es otro. Se le acusa de haber plagiado la obra académica de un jurista argentino. Páginas y párrafos idénticos. El nuevo ministro negó que hubiese plagio, pero sus explicaciones son insólitas:

«Este es un tema de hace 30 años y a mí nadie me ha mandado una carta, nadie me ha demandado, este libro yo nunca lo he publicado fuera del país».

Las palabras del nuevo ministro no explican la similitud entre las obras ni desmienten el plagio. Uno esperaría explicaciones más acabadas de una grave acusación como ésta, más que simplemente esgrimir que, ya que nadie lo ha demandado o denunciado, no habría problema alguno.

La decisión del Senado ya está tomada, sin genuino escrutinio público. Todo fraguado en una cocina constitucional. Estas situaciones contribuyen al desprestigio de la política y la erosión de nuestra democracia. Sólo cabe esperar que, a futuro, los procedimientos de nombramientos sean transparentes, abiertos y participativos.