Lo que deja pendiente el reglamento de la Ley de Fármacos

El año 2008, durante su primer gobierno, Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional un proyecto de ley cuyo propósito era regular la venta de medicamentos y la fijación de precios, que permitiera garantizar un mayor acceso a medicamentos, considerando la venta de fármacos bioequivalentes. Su tramitación demoró más de cinco años, siendo recién promulgada el pasado 16 de enero una nueva Ley de Fármacos.

El reglamento recientemente anunciado, que contó con una amplia consulta ciudadana y que regulará el funcionamiento de la ley, fue dado a conocer el 17 de diciembre recién pasado por la autoridad de salud, anunciando su envío a la Contraloría para su toma de razón y la entrada en vigencia para el segundo semestre de 2015.

En el país, el mercado farmacéutico ha crecido en razón de una tasa anual de 7,5% a 8,0% entre el 2008 y el 2012. El 55% del gasto en salud que hacen las familias proviene de la compra de medicamentos, siendo las personas de menores recursos las que más medicamentos consumen. Está comprobado, según la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010 que, a medida que se avanza en edad, las personas consumen más medicamentos. En esta misma encuesta se señala además que la estructura de consumo es que 22,7% de la población consume analgésicos, 13,3% antihipertensivos y 8,3% antiinflamatorios y antirreumáticos. Esto también se refleja en el último informe de la OCDE, que señala  que Chile es el país que cuenta con el mayor aumento del gasto en medicamentos de los países que forman parte de la OCDE.

El citado reglamento contiene cambios de importancia, que entre otras cosas obligarán a las farmacias a disponer públicamente la lista de precios de los medicamentos a los usuarios, a que estos cuenten con un rotulado en el envase, prohibir incentivos (“canela”) a los vendedores y a prohibir la publicidad de medicamentos con receta en medios de comunicación masiva.

Pero otros aspectos quedaron pendientes, como la obligación de vender medicamentos en góndolas para aquellos que no requieren de receta médica, lo que quedó como opcional, como asimismo, la venta fraccionada de medicamentos en función de la cantidad recetada por el médico. Se dará un plazo de cinco años para que los laboratorios produzcan medicamentos que contengan las dosis adecuadas para los tratamientos  prescritos, es decir, si a un paciente se le indican siete días de antibióticos una vez al día, que efectivamente pueda comprar una caja con siete unidades, y no una que tenga diez o doce y que cueste el doble, tal como ocurre en la actualidad.

Los usuarios deberían poder comprar el número exacto de pastillas recetadas por su médico. Ello permitiría reducir el riesgo de uso indebido de drogas y la automedicación podría ser menor. Las personas no podrían mantener medicamentos que no usaron en sus hogares. Ello reduciría además la posibilidad de consumir drogas que estuvieren vencidas.

Para algunos esta ley es una nueva derrota del Estado frente a los monopolios empresariales, en particular de las farmacias. Para las autoridades, es avanzar con prudencia en pos de conseguir objetivos superiores. Para ello proponen, según el subsecretario de salud pública, que “se hará una evaluación anual para decidir si podemos llegar a establecer la obligatoriedad para todas las farmacias”.

Como argumento para no avanzar más en esta ley, se ha esgrimido por parte de algunos actores de la industria farmacéutica, la incapacidad real que tendrían algunas farmacias, sobre todo las más pequeñas, de poder vender medicamentos fraccionados, ya que actualmente los laboratorios no producen cajas de medicamentos con distintas cantidades de tabletas acordes a la duración de los tratamientos prescritos por los médicos: tres, cinco o siete días de tratamiento. Lo que se debería hacer es adecuar el tamaño de los envases y la cantidad de medicamentos desde las propias farmacias o incluso desde las compañías farmacéuticas, siguiendo la tendencia a nivel mundial que es “producir” terapias más personalizadas. El fraccionamiento de medicamentos es una práctica que se realiza actualmente en muchos países desarrollados, como en EE.UU. y Europa.

En Chile, las cadenas de farmacias tienen más del 95% de las ventas en sus manos. Son un gran retail que tiene grandes ganancias. Están en condiciones de cumplir. No se puede usar como excusa a un 5% de farmacias independientes. El reglamento puede diferenciar, entregando a las farmacias pequeñas la posibilidad de no fraccionar y no tener góndolas, pero a las otras se les debe exigir, pues se trata de la salud de la población.

También es preocupante la postergación de la certificación de la bioequivalencia de los medicamentos, la que debía estar lista en diciembre de 2015, pero ahora se aplazó para el mismo mes, pero de 2016. Se aleja nuevamente la posibilidad de acceso a medicamentos a menor precio para la mayoría de la población, que cada vez debe hacer mayores esfuerzos para comprar remedios que son cada vez más caros. Otro elemento de inequidad presente.

Acceso a precio justo y calidad garantizada. Ese es el compromiso de la nueva Ley de Fármacos que entró en vigencia en febrero de 2014. Esperamos se haga realidad. Es un tema que debe discutirse no con una visión sólo económica, ya que los medicamentos no son bienes que las personas adquieren por gusto, sino por necesidad.