Seguridad ciudadana: debate retórico para un problema que requiere soluciones de largo aliento

La seguridad ciudadana ha sido en las semanas recientes el foco de un arduo debate entre las autoridades de gobierno y algunos personeros de la administración pasada. En lo medular, ambos se han endosado mutuamente la mayor responsabilidad en el aumento en los índices de victimización, arrojados en la reciente encuesta Paz Ciudadana-Adimark. Un debate que está plagado de imágenes y retórica muy efectista que poco contribuye a resolver los problemas reales de seguridad ciudadana del país.

Así, por ejemplo, frases como “los delincuentes le han tomado la mano al gobierno”, emitidas por personeros de oposición, intentan mostrar que la causa de este aumento estaría en la “blandura” con que el actual gobierno enfrenta a la delincuencia. Mientras que las que emanan de las actuales autoridades, como “el gobierno anterior le puso un motor a la puerta giratoria”, pretenden señalar que las cifras en debate surgen como consecuencia de políticas erradas emprendidas en el gobierno anterior, como por ejemplo, la concesión de indultos el año 2012 a personas que habrían reincidido una vez en libertad.

Este tipo de debates no son para nada nuevos en nuestro país y tienden a repetirse con cierta periodicidad. Las frases y explicaciones que se utilizan constituyen eslóganes atractivos, pero al final del día generan una enorme preocupación ciudadana e instalan en la opinión pública una visión demasiado simplista sobre el problema de la delincuencia en nuestro país. Lo problemático de ello es que luego afectan la capacidad de sustentar políticas públicas más racionales y efectivas. Y ello, porque instalan imágenes algo distorsionadas acerca de la realidad que dificultan precisamente la ejecución de propuestas mejor focalizadas a la solución de problemas.

Por ejemplo, es probable que en medio de toda la vorágine de información, el lector desconozca que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), el instrumento de medición más validado y ocupado por todos los gobiernos para medir delincuencia en Chile, se puede apreciar que desde el año 2005 hasta el 2013 se produjo una baja consistente en los índices de victimización de un 38,3% a un 24,8% de hogares victimizados. Si no consideramos este dato, es difícil pensar que acertemos en qué tipo de problemas específicos son los que podrían estar cambiando esta tendencia positiva.

Otro ejemplo se produce cuando se argumenta que el problema principal de la delincuencia en Chile es una cuestión de “mal comportamiento de los jueces” o de “pocas facultades de las policías”. En ambos casos se trata de propuestas que suelen no tener ningún sustento en la evidencia disponible en nuestro país y en el conocimiento acumulado a nivel internacional.

Por ello, lejos de resolver los problemas de fondo, ideas de este tipo generan la falsa ilusión de que si tuviéramos algunos jueces más duros u otros abandonaran el sistema, estaríamos bien; o que si dictáramos unas leyes que otorguen mayores facultades a la policía todos nuestros problemas desaparecerían de manera rápida. Por el contrario, discursos de este tipo producen efectos graves de largo plazo en la deslegitimación y pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, lo que finalmente debilita el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Mi intención no es afirmar que todo está bien o que no existen  problemas importantes en  materia de seguridad ciudadana en nuestro país, sino más bien centrarnos en que la importancia del tema nos impone la necesidad de alimentar un debate un poco más informado y con menos retórica, con más sustancia y evidencia.

El conocimiento y experiencia acumulados en materia de seguridad ciudadana a nivel local e internacional dan cuenta que se trata de un problema muy delicado y complejo, cuya solución requiere políticas de Estado de largo plazo en áreas tan distintas como la prevención (incluyendo acciones tan diversas como intervenciones tempranas en familias y niños de alto riesgo o en lugares en donde los delitos se cometen); la persecución (que incluye tanto el trabajo investigativo de policías como el rol de actores del sistema de justicia tales como los fiscales); y el trabajo de reinserción (penitenciaria y extra penitenciaria).

Este mismo conocimiento y experiencia muestran que no existe una solución mágica que por sí sola sea capaz de resolver el problema de la delincuencia. Esto nos habla de la necesidad de evitar la tentación de sustentar políticas en materia de seguridad ciudadana basadas exclusivamente en reformas de “agenda corta”, como periódicamente se prometen, o en soluciones simplistas, como las de los ejemplos mencionados previamente.

La buena noticia es que esta misma experiencia y conocimientos acumulados dan a esta altura varias pistas de cómo acercarse más efectivamente al problema. En esta dirección, por ejemplo, el reciente informe “Por una América Latina más segura: una nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito”, elaborado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y presentado en un foro organizado por Espacio Público hace un par de semanas, arroja interesantes luces. El documento destaca la necesidad de tener una aproximación compleja al fenómeno de la delincuencia que incluye variables como las señaladas en el párrafo anterior. El texto entrega también mucha información sobre el “estado del arte” en materia de políticas e implementación de programas efectivos que pueden contribuir a la disminución de la delincuencia. No es posible resumir en pocas líneas la enorme cantidad de información que allí se plantea, por lo que recomiendo al lector su revisión con más calma (http://publicaciones.caf.com/publicacion?id=1652).

Lo que sí me interesa destacar es que en el panel de discusión (moderado por la economista y directora de Espacio Público, Andrea Repetto, y en el que fuimos panelistas la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Mertz; María Lucila Berniell, economista principal de CAF; Lucía Dammert, experta en el área y asesora de gobierno y yo) existió bastante acuerdo en que una base central para implementar políticas públicas más efectivas en el área pasa por mejorar la calidad de información que se dispone. En esa dirección, la puesta en marcha de una base unificada de datos -comprometida por el gobierno para fines de este mes- es una política que apunta en la línea correcta.

Es de esperar que las fiestas que se avecinan entreguen a los diversos actores una nueva perspectiva para debatir con altura de miras estos temas, y retomar los esfuerzos para el desarrollo e implementación de políticas que constituyan respuestas reales a los problemas que tanta preocupación generan en la ciudadanía. Esperemos que al año 2015 no nos desgastemos en debates de corto alcance y pongamos nuestra energía al servicio de un objetivo urgente: encarar soluciones reales para un problema que exige una mirada de largo aliento.