Señora
Mónica González Mújica, Directora CIPER CHILE
Presente
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted con motivo de la publicación de un artículo referido al Grupo Educacional Cepech, y quisiéramos puntualizar lo siguiente:
1. El Instituto Profesional de Chile ha aprobado tres procesos de acreditación institucional, en los años 2006, 2009 y 2010. En el mismo proceso del año 2010, además, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), resolviendo una reposición interpuesta por este instituto, amplió el plazo de acreditación. Estos cuatro acuerdos resolutivos de la CNA fueron tomados bajo distintos presidentes del organismo; a saber, los señores Iván Lavados, Emilio Rodríguez, Eugenio Díaz e Iñigo Díaz, respectivamente.
Las decisiones de los comisionados en esta materia son colegiadas, y responden a procesos reglados que han implicado un importante esfuerzo por parte de toda la organización del Instituto Profesional con el fin de satisfacer los estándares de cumplimiento institucional.
2. Es habitual, y ajustado al marco legal y tributario, que un grupo educacional que tiene distintos formatos educativos realice apoyos financieros internos entre las entidades que lo componen, cumpliendo con la normativa que regula esas transacciones. Exponer esto como una situación anómala induce a pensar que existe alguna incorrección en ese proceder.
3. La decisión de contribuir legalmente al financiamiento de la campaña electoral tanto por parte del Instituto Profesional como del preuniversitario se ha adoptado a nivel de directorio, como lo exige la ley, y se ha sometido a los procedimientos establecidos por la legislación para esos efectos.
4. Los aportes se realizan con los excedentes de la gestión de ambas instituciones, que son de libre disposición, luego de prestar los servicios educacionales, pagar los costos operacionales y cumplir con las respectivas responsabilidades laborales y tributarias.
Cabe hacer presente que el preuniversitario no recibe aportes directos ni indirectos del Estado, y en el caso del Instituto Profesional, menos del 50 por ciento de sus alumnos son beneficiarios del Crédito con Aval del Estado o becas.
Finalmente, lamentamos la descoordinación que se produjo en el contacto establecido entre la periodista redactora del reportaje y uno de los socios de Cepech —se anunció el envío de las preguntas para el día viernes 7, pero éstas llegaron el lunes 10 en la madrugada— y que eso haya impedido dar las respuestas a tiempo para ser incluidas en dicho reportaje, como habría sido nuestro deseo.
Sin embargo, creemos que lo indicado anteriormenteen esta carta contribuye a complementar el artículo publicado por CIPER.
Saluda atentamente,
José Pedro Canales Manns
Gerente Corporativo
GEC S.A.
RESPUESTA DE CIPER A GEC S.A.
En su carta, el gerente general del Grupo Educacional GEC S.A., José Pedro Canales, aporta nuevos elementos que en nada contradicen el contenido del artículo publicado por CIPER. Como él mismo indica, sus dichos complementan la información entregada por nuestro medio.
José Pedro Canales señala que el Instituto Profesional de Chile obtuvo sucesivas acreditaciones en 2006, 2009 y 2010, bajo distintas administraciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). El artículo de CIPER solo menciona la última acreditación y la extensión del plazo acordada en 2011, dado que, precisamente en ese periodo, como consta en la investigación judicial en curso, se constató la venta de acreditaciones y otras graves irregularidades en los procesos de certificación de la educación superior, cuando Eugenio Díaz presidía la CNA. Uno de los hechos irregulares establecidos es que, de forma excepcional y no justificada, en 2010 fueron acreditados por la CNA todos los institutos profesionales y universidades que se presentaron al proceso.
El gerente general de GEC. S.A., afirma en su carta que es “habitual y ajustado al marco legal” el flujo de “apoyos financieros” entre las empresas y sociedades del grupo educacional GEC, incluidos los colegios Terraustral y el IP de Chile que reciben aportes directos del Estado. CIPER no ha cuestionado en su investigación la legalidad de estos procesos. Lo que sí hemos hecho tanto en esta investigación como en todas las que hemos hecho sobre los establecimientos de educación privados que reciben recursos del Estado, es señalar las debilidades de las leyes que los regulan y también de las normas de fiscalización. Una de ellas es que esa estructura societaria y modelo de negocios impide conocer con exactitud el destino que se le da a esos recursos que les entrega el Estado. En virtud de ese vacío legal también es imposible determinar si parte de esos recursos fueron donados a campañas políticas.
Por último, debemos puntualizar que CIPER ofreció las debidas oportunidades a los controladores del conglomerado GEC para que entregaran su versión o una respuesta a los hechos informados. Lamentablemente no obtuvimos respuesta.
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Ciertamente, el lucro prohibido por la legislación nacional ha sido realizado dentro de marcos legales. Qué paradoja, ¿no? El grupo Cepech es un cáncer... engañan a jóvenes pobres con una educación de mierda y un cartón de baquelita.Â
Gonzalo Troncoso | 15.11.2014
Como lo dice el gerente corporativo es legal el aporte a campañas políticas, la pregunta es si ese aporte es legal para efectos tributarios, toda vez que pueden ser considerados un gasto no necesario para producir la renta y por lo tanto ser un gasto rechazado, esto implica una vulneracion a la norma tributaria y no una vulneracion a la norma de financiamiento politico
