Extender el periodo presidencial

A raíz de los hechos políticos ocurridos últimamente en Chile, caracterizados principalmente por la urgencia de los gobiernos salientes que inauguran obras inconclusas y por la alta complejidad de los temas que abordan los  gobiernos que comienzan, sin relación con los tiempos que tienen para realizarlas, he tratado de explicarme las decisiones exageradamente inconsultas que se han adoptado.

Ha contribuido a crear mi dilema otro hecho también notable: cuando aún no comienza o recién empieza el nuevo periodo presidencial, aparecen candidatos para el próximo, los que no sólo son mencionados como tales, sino que ellos mismos perfilan la extensión y carácter de las políticas que aplicarán. Esto es, por lo menos, lo que venimos viendo en estos tiempos, aunque si bien es verdad que uno de ellos es candidato permanente en cualquier circunstancia política -pues no solo ya ha competido, sino que también lo ha hecho en perjuicio del propio sector al que dice pertenecer- es cierto también que un segundo candidato ha aparecido, prácticamente, como imposición de los grupos ciudadanos que buscan un presidente de aptitudes técnicas, humanas y profesionales, que se ha destacado por tales circunstancias en las oportunidades en que debió servir al país. No debemos olvidar, por último, que el propio Presidente Sebastián Piñera ha sido considerado como probable candidato a su nueva elección.

El análisis de estos asuntos me ha llevado a la conclusión de que este comportamiento de los gobiernos, a lo menos en parte, responde al breve periodo en que pueden desarrollar sus políticas, lo que los urge en un comienzo y los induce al término de los mandatos a hacer demostraciones de capacidad y efectividad realizadora, lo que en ocasiones no responde a la realidad.

Todo lo dicho nos lleva analizar la injerencia que tienen la extensión del periodo en el cual los presidentes ejercen su mandato para impulsarlos tanto a tomar decisiones apresuradas, cuanto a exhibir obras inconclusas, de todo lo cual hay abundantes ejemplos.

De este modo, cualquier espíritu que con objetividad estudie el problema tendría que llegar a la conclusión que la brevedad del mandato presidencial en Chile constituye un serio problema político, que nos obliga a plantear su modificación urgente para que pueda regir en el próximo gobierno que se elija. Por lo mismo, es necesario referirse a los periodos presidenciales que han regido en la vida constitucional chilena y extraer de ellos las conclusiones que correspondan en equidad y en derecho.

La historia política de Chile nos permite apreciar los efectos y características que asumen, como factor de importancia y a veces decisivo en su acción, las diversas extensiones de los periodos presidenciales.

Ya vigente la estructura que debía caracterizar al país, a partir del nombramiento por José Tomás Ovalle de don Diego Portales y la elección consiguiente de don José Joaquín Prieto, existieron cuatro periodos que se extendieron por diez años (los decenios). Estos regímenes se caracterizaron: primero, por la organización de la república, concebida y realizada por el ministro Diego Portales, la persona de mayor influencia  en la institucionalidad chilena.

Así, el periodo de Prieto se distinguió por el adecuado manejo de la hacienda pública “Rengifo” y por la realización de obras concretas en la estructura nacional.  El gobierno de Bulnes lo recordamos, entre otras cosas, por la entereza con que se llevó adelante la guerra preventiva en contra del mariscal Santa Cruz, que pretendía reconstruir el Imperio Incaico, absorbiendo extensas zonas de Chile, sin que se pueda omitir la mención relativa a la fundación de la Universidad de Chile. Por su parte, el gobierno de don Manuel Montt y de don Antonio Varas fue pródigo en la elaboración de obras materiales de gran importancia, pero, fundamentalmente, lo recordamos por la redacción el Código Civil chileno, encargada a don Andrés Bello, siendo ministro don Javier Ovalle, el que no sólo ha regido con eficacia en el país, sino que también ha servido de factor orientador en toda la legislación privada de América Latina. Y, por último, el gobierno de J.J. Pérez fue más tranquilo en lo social y menos profundo en la realización de obras públicas, pero fue en todo caso un gobierno exitoso.

Hemos reseñado las bondades de estos regímenes en obras materiales, pero debemos destacar para ser justos, la ausencia de libertades y derechos en el ejercicio de la misma vida ciudadana, lo que generó confrontaciones de todo carácter y más de alguna persecución política, especialmente en el norte. Si a lo anterior agregamos que la cultura se había desarrollado y el interés público extendido, a consecuencia principalmente de la acción impulsada por la Universidad de Chile y el Instituto Nacional, nació y creció un movimiento ciudadano que impuso reformas a la Constitución y cambios en el ejercicio del poder político, dando como resultado la limitación del periodo presidencial, descartándose la reelección, lo que originó a los llamados “quinquenios”.

Después del gobierno de Augusto Pinochet, como consecuencia de la aplicación de la Constitución de 1980, el periodo presidencial se extendió a seis años, hecha la excepción del breve periodo de Patricio Aylwin. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, en parte para hacer coincidir la elección presidencial con las parlamentarias, el periodo quedó reducido a cuatro años.

Es a este último plazo que se refieren mis observaciones iniciales, lo que nos lleva a concluir que su brevedad es inconveniente para el debido gobierno, razón por la que debe ser extendido a un periodo que sea más racional y que evite los inconvenientes que hemos señalado.

La duda se plantea entre cinco o seis años. Personalmente, me parece más apropiado el periodo de cinco años que tanto significó en la historia de Chile, y sin reelección por cierto.

Está muy claro que en tal caso no van a coincidir las elecciones presidenciales con las parlamentarias, pero, contrariamente a lo que cree el público en general y al gasto que significan, estimo que los procesos electorales y la participación ciudadana son útiles en los correspondientes regímenes, con el objeto de mantener  el interés en la fiscalización y la elección de autoridades y determinar, con la mayor asiduidad posible, las inclinaciones y posiciones ciudadanas.

Por último, la ocurrencia de elecciones con mayor asiduidad implican un paliativo a uno de los defectos que se le señalan al régimen presidencial, que no es otra cosa que la desvinculación entre las aspiraciones del pueblo y las decisiones que adoptan los políticos que los rigen.