Crisis se agrava por la detección de sobresueldos pagados a algunos directivos
Fallas de infraestructura en el Hospital de Maipú obligan a suspender operaciones de riesgo
17.09.2014
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Crisis se agrava por la detección de sobresueldos pagados a algunos directivos
17.09.2014
Fallas graves en el sistema de ventilación del Hospital El Carmen de Maipú y que podrían provocar que el aire contaminado con infecciones reingrese al establecimiento, obligaron a suspender todas las intervenciones quirúrgicas de riesgo. La decisión fue adoptada este lunes 15 de septiembre por el director del hospital, doctor Ricardo Saavedra, debido a la alta probabilidad de que pacientes y funcionarios se vean afectados por infecciones intrahospitalarias. La alerta sanitaria vuelve a poner en el debate público la controversia respecto de si el primer hospital concesionado del país estaba en condiciones de abrir sus puertas cuando fue inaugurado hace sólo nueve meses.
Los problemas en el mecanismo de extracción y reposición del aire, además de otras falencias técnicas graves, quedaron al descubierto en una investigación encargada por el doctor Saavedra. La inspección en terreno arrojó un lapidario diagnóstico sobre la calidad de las obras realizadas por la empresa española que obtuvo la concesión de la construcción y operación del hospital: el “Consorcio San José-Tecnocontrol S.A.”, al cual el Fisco debe pagar más de US$30 millones cada año. Además, la investigación pone en jaque el desempeño de los inspectores fiscales del Ministerio de Obras Públicas, encargados de fiscalizar el trabajo de la concesionaria, los que habían dado luz verde al funcionamiento definitivo del hospital recién en junio de este año.
Los nueve informes de la investigación técnica solicitada por la dirección del hospital, a los que CIPER tuvo acceso, detuvieron los esfuerzos de la concesionaria y de los inspectores fiscales por conseguir la llamada “Puesta en Marcha Definitiva” del establecimiento, el que hasta ahora funciona de manera provisoria.
Además de la suspensión de las operaciones calificadas de riesgo, en el estamento médico del hospital existe la voluntad de suspender los pagos a la concesionaria hasta que repare las fallas. Pero la empresa hasta ahora se niega a reconocer las deficiencias, que abarcan desde el mal funcionamiento de ascensores a incumplimientos en los sistemas que mantienen las temperaturas en pabellones y recintos críticos.
La prolongada crisis del hospital también ha fracturado la relación entre los funcionarios, pues una parte está firmemente dispuesta a exigir las mejoras, mientras otros se inclinan por evitar conflictos.
En este crítico ambiente ha salido a colación la existencia de un grupo de directivos de El Carmen que reciben sobresueldos adicionales a su contrato por la vía de otra remuneración que paga el Centro Referencial de Salud de Maipú.
El 20 de junio pasado se constituyó la Comisión de Puesta en Servicio Definitiva (CPSD) de las obras del Hospital de Maipú, instancia formada para dar luz verde a la operación del centro hospitalario concesionado que abrió sus puertas el 7 de diciembre de 2013. Allí, el inspector fiscal del contrato de concesión del hospital y asesor del CPSD, Jorge Muñoz, señaló a los asistentes del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio de Salud Metropolitano Central que se había logrado verificar el levantamiento de todas las observaciones que la comisión anterior –la de Puesta en Servicio Provisorio (PSP)– había realizado al hospital pocos días antes de su apertura. A la luz de esos antecedentes correspondía proceder con la autorización definitiva para su funcionamiento.
Según el acta de esa sesión (ver aquí), a la que CIPER tuvo acceso, el inspector fiscal hizo entrega formal a la comisión de los antecedentes que daban por superadas las observaciones, señalando que los puntos “están resueltos y respaldados a través de fichas de recepción que se encuentran en su poder”.
La absoluta conformidad del inspector fiscal respecto del estado de las obras e infraestructura del Hospital El Carmen de Maipú (HEC), contrastaba radicalmente con la visión de uno de los asistentes a esa misma reunión del 20 de junio: Cristián Alarcón. El ingeniero Alarcón, dependiente del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC), había desarrollado en paralelo a la labor de la CPSD, una investigación en terreno solicitada por el director del hospital. Para ello encabezó un equipo de especialistas técnicos que levantaron observaciones respecto del estado del establecimiento, a objeto de apoyar su proceso de puesta en servicio definitiva.
En calidad de representante del SSMC, Cristián Alarcón expuso las conclusiones preliminares de su investigación ante la CPSD en esa reunión del 20 de junio, advirtiendo que existía una serie de observaciones técnicas complementarias que debían ser subsanadas antes de entregarle el permiso definitivo al hospital. Al tratarse de observaciones preliminares, lo que allí dijo el ingeniero no pareció tan grave. Así y todo, la comisión decidió revisar esas observaciones y considerarlas en el análisis. Al mismo tiempo, se autorizó a Alarcón y su equipo a revisar la totalidad de las observaciones aprobadas por el inspector fiscal y, para ello, el éste pidió las fichas de recepción de las obras que justificaban el “Informe de estado de situación hospital de Maipú al 20 de junio de 2014”, documento según el cual el hospital podía operar ya no de manera provisoria, sino definitiva.
Las conclusiones preliminares presentadas por Cristián Alarcón al CPSD fueron incluidas en nueve informes entregados hace sólo unos días a los miembros de esa misma comisión y también a las planas directivas del Hospital El Carmen y del SSMC. La información contenida en los documentos es lapidaria y sus conclusiones sugieren que algunos recintos críticos del HEC (pabellones, UCI y UTI) no debieran estar funcionando.
Fue por esa razón que este lunes 15 de septiembre el director del Hospital, Ricardo Saavedra, convocó a los principales directivos del establecimiento a un Comité Estratégico de Riesgo Clínico, en el que se tomó la decisión de suspender todas las operaciones de riesgo ante la probabilidad de infecciones intrahospitalarias. De hecho, para ese día estaba programada una operación de prótesis de caderas, la que debió ser aplazada por orden del director del hospital.
De los nueve informes, en los que se pueden apreciar 410 objeciones y situaciones de no cumplimiento respecto de la arquitectura y construcción; seguridad contra incendios, terremotos y señalética; instalaciones de agua potable y alcantarillado; mobiliario y gases clínicos, entre otras, hay una que resulta especialmente grave. Se trata del informe en el que se analizan las instalaciones de climatización en el recinto de acuerdo a parámetros reconocidos y validados internacionalmente (normas UNE y ASHRAE, entre otras). Son los mismos parámetros cuyo cumplimiento estaba comprometido en el origen del proyecto.
Señala el informe que en los pabellones del hospital existen “fugas importantes tanto en las unidades manejadoras de aire, como en los ductos”. Además, que no se controla la humedad del ambiente y que las presiones medidas en pabellones son “extremadamente bajas, representando el 10% del valor recomendado”. También que existen espacios donde se corre el peligro de que “las descargas de aires viciados puedan retornar aire contaminado a salas limpias”, producto de fallas en el diseño de los espacios.
La situación más grave afecta a los pabellones 2 y 3 del recinto, los cuales no cuentan con extracción para los residuos provenientes de los “gases anestésicos”. Respecto de este punto, el informe señala que la literatura médica describe que este tipo de contaminación puede producir consecuencias graves:
“En exposiciones prolongadas en el tiempo, se ha detectado en el personal médico de pabellones problemas de salud considerables, como abortos espontáneos, anemias, aumento de malformaciones congénitas en hijos de madres expuestas, aparición de problemas hepáticos, renales y neurológicos e, incluso, ciertos tipos de cáncer”.
Situaciones similares afectan a los recintos de la UCI-UTI de adultos y también infantil. En ambos, la presión ambiente se encuentra en niveles negativos: “Situación anormal, fuera de norma y fuera de lo indicado en el estándar de especificaciones técnicas del proyecto”, señala el informe. Asimismo, en las salas UCI-UTI se detectó que el retorno del aire se mezcla con la toma de aire exterior para ser nuevamente inyectado a los recintos. Tampoco cuentan con “control sobre la presión diferencial”, lo que impide mantener aislados a pacientes contagiosos o inmunodeprimidos (con defensas bajas).
“No se ha filtrado el aire de expulsión al exterior proveniente de recintos infecciosos y de salas de pacientes aislados. Existe gran probabilidad de que los aires contaminados expulsados puedan reingresar al hospital. Parte del aire que proviene de recintos aislados se está reinyectando a los recintos de UCI-UTI. La falta de climatización implica que los niveles de temperatura en verano pondrán en riesgo las muestras médicas y mezclas químicas. La falta de control de humedad podría aumentar los problemas en el aparato respiratorio de los pacientes y favorecer la proliferación de bacterias, gérmenes y virus”, son parte de las conclusiones del documento (vea aquí conclusiones del informe).
Otras irregularidades detectadas se refieren al estado de los ascensores. Según el informe, en dos de los pisos se verificó la existencia de grietas a la entrada de los elevadores y que éstos no cuentan con certificación del fabricante, ni menos con la de un revisor independiente, tal cual exige la norma.
Pero la situación es más grave en otros dos módulos del hospital donde sencillamente los ascensores se encuentran “constantemente fuera de servicio”, según señala el informe (vea el informe sobre transporte vertical).
El Hospital El Carmen -junto al de La Florida- fue adjudicado como un solo paquete en noviembre de 2009 al Consorcio San José-Tecnocontrol, que postuló a la concesión con la oferta más barata por la construcción de ambos: 9.757.184 UF, equivalentes hoy a $235.506 millones -pagaderos en ocho años- más un subsidio a la operación (SFO) de 240 mil UF ($5.793 millones) por 15 años.
El decreto adjudicatorio entró en vigencia en noviembre de 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y está firmado por la misma mandataria, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, y el de Hacienda, Andrés Velasco. El proyecto de esta primera concesión hospitalaria en Chile se venía incubando desde el gobierno de Ricardo Lagos.
Ambos establecimientos -considerados de mediana complejidad- son similares en metros construidos, pabellones y camas. Del total antes mencionado, a El Carmen le toca desembolsar 532.836 UF ($12.861 millones) cada año para cancelar la construcción. La emisión de los cheques se hace cada cuatro meses y el primero que recibió la concesionaria por este concepto fue de $4.300 millones, aproximadamente.
Pero cada mes, el hospital debe hacer otro cheque a la empresa, que bordea el millón de dólares ($590 millones). Es para pagar el SFO, vale decir los servicios que proporciona la concesionaria: aseo, ropería, alimentación, mantenimiento de infraestructura, cafetería, vigilancia, estacionamientos y jardín infantil, cuenta que no incluye servicios básicos como la luz ni el agua, por ejemplo, que los paga el Fisco.
Los pagos a la concesionaria deben ser visados por el director del hospital. Miembros del estamento médico del establecimiento dijeron a CIPER que el director Saavedra está evaluando suspender las millonarias cuotas por la construcción, mientras no sean subsanadas las graves fallas y riesgos de salud detectados en las inspecciones propias. Las mismas fuentes aseguran que en igual postura estaría la jefatura de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que desautorizó al inspector fiscal del MOP, Jorge Muñoz, quien había dado luz verde a la puesta en marcha definitiva del hospital, paso indispensable para que se pague a la empresa española.
La operadora del Hospital El Carmen partió en Galicia como Constructora San José, pero en 50 años se convirtió en Grupo San José, cuyos dueños están ahora entre los 200 más ricos de España. La compañía la preside Jacinto Rey González, quien expandió los negocios a lo inmobiliario, la energía y las concesiones, con una facturación el año pasado de 567 millones de euros ($435 mil millones) y presencia en Europa, América, África y Asia. Rey y sus socios también son dueños de enormes extensiones en Paraguay, donde el grupo ha sido apuntado por denuncias ambientales relacionadas con la tala no autorizada de bosques, confirmadas por las autoridades.
Jacinto Rey ya en 2009 había clavado sus ojos en Latinoamérica, y particularmente en Chile. «Aquel subcontinente es muy importante para nosotros; no sé cómo la gente no se da cuenta de eso», subrayó a la revista española Bolsas y Mercados. Y reveló otro de sus intereses: el proyecto de Corredor Bioceánico Chile-Argentina, con la construcción de un túnel de baja altura entre ambos países.
En su presentación on line, el grupo destaca como experiencia en el sector de la salud su gestión en los «hospitales de Maipú y La Florida en Santiago de Chile; hospitales del Servicio de Salud de Cataluña, Andalucía y Madrid». En Santiago, su centro de operaciones está en Las Condes, donde tiene asiento la concesionaria, que se constituyó el 9 de diciembre de 2009 con la concurrencia del economista español José Vicente de Haro Andreu en representación de la Constructora San José S.A. y Tecnocontrol S.A., con un capital de $11 mil millones.
En diciembre de 2013, con un atraso de medio año y a las puertas de la segunda vuelta de la elección presidencial, el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros de Salud, Jaime Mañalich, y del MOP, Loreto Silva, inauguraron el Hospital El Carmen. El establecimiento había entrado en «marcha blanca» tres días antes, con atención a pacientes, según reveló el mismo Mañalich. Eso le valió un inmediato conflicto con el alcalde de Maipú, Christian Vittori, porque el establecimiento carecía de permiso municipal para su funcionamiento. El asunto llegó hasta la Contraloría General de la República que meses después dictaminó que efectivamente El Carmen no tenía recepción de obras al abrir sus puertas.
Apenas un mes abierto, en enero de 2104, estalló un paro de los funcionarios, que reclamaron por la falta de vigilancia, de medicamentos y las largas esperas de los pacientes -hasta de 11 horas-, un cóctel desastroso que atribuyeron a que el hospital nunca estuvo en condiciones de ser inaugurado.
En noviembre de 2013, Julio Sarmiento, entonces médico del Centro de Referencia de Salud de Maipú, hoy asesor del Ministerio de Salud y pareja de la diputada PC Camila Vallejo, ya advertía que «no están las condiciones técnicas y materiales para su puesta en funcionamiento, ya que no se han realizado con el tiempo suficiente las pruebas técnicas de las instalaciones (equipamiento médico e industrial), no se han realizado las capacitaciones a los funcionarios que operarán dichos equipamientos y, finalmente, no se cuenta con la dotación completa y necesaria para la operación de dicho establecimiento».
La Municipalidad de Maipú no le quitó los ojos al hospital y en marzo pasado volvió a levantar la voz denunciando que acumulaba 600 reclamos y que en los hechos funcionaba al 30% de su capacidad. En julio, el director Saavedra aseveraba que, a pesar de las dificultades, El Carmen había logrado operar al 60% de su capacidad. Ahora, en septiembre, hay informes que arrojan que llegó al 90%, faltando aún la puesta en marcha del servicio de Salud Mental.
Las observaciones realizadas por Cristián Alarcón y su equipo no agotan el cúmulo de irregularidades enquistadas al interior de Hospital El Carmen de Maipú.
CIPER revisó la nómina de remuneraciones de directivos y jefaturas del recinto hospitalario y detectó que varios de ellos reciben desde hace meses doble sueldo: uno en calidad de funcionarios a contrata, que proviene del mismo HEC, y otro bajo la modalidad de honorarios y que es pagado por el Centro de Referencia de Salud Maipú (CRS). Los sobresueldos en algunos casos superan el millón y medio de pesos.
El total de sobresueldos pagados, entre junio y septiembre, a distintos funcionarios del HEC suma $12 millones.
Uno de los casos más llamativos es el de la subdirectora de Administración y Finanzas de Hospital El Carmen, Verónica Navarrete Aravena, quien desde abril de 2014 recibe mensualmente $2,5 millones de pesos por sus servicios en el HEC. Al mismo tiempo, desde mayo pasado, la funcionaria recibe mes a mes cerca de $1,8 millón extra desde el CRS Maipú. Así lo confirma el historial de remuneraciones de ambos establecimientos, actualizado al 12 de septiembre de este año.
La jefa de Especialidades Médicas del HEC, Cynthia Chacón Figueroa, está en una situación similar. Desde junio de este año recibe una remuneración mensual desde el HEC de $2 millones. A partir del mismo mes y hasta la última actualización de remuneraciones, la funcionaria percibía además $1,4 millón desde el CRS.
La situación también involucra a la jefa del Departamento de Desarrollo y Gestión de Personas, Carolina Barrios Arredondo; al jefe de Satisfacción Usuaria del HEC, Mario Celedón Mimica; al jefe del Departamento de Abastecimiento, Delfín Gutiérrez Cancino; y al enfermero Mauricio Bizama Fuentealba, todos ellos con sobresueldos entre $500.000 y $850.000, y que provienen del Centro de Referencia de Salud Maipú (vea la tabla con los sobresueldos).