Las pruebas que involucran a subcomisario de la PDI en red de explotación sexual de menores

Una de las últimas apariciones públicas del ex subcomisario de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, Rodrigo Escobar, ocurrió el 9 de mayo de 2013. Ese día, Escobar logró poner a disposición del Juzgado de Garantía de esa ciudad a un padre que había abusado de su hija de 8 años. Según lo que contó en esa oportunidad el policía de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme), el padre de la niña estaba separado de la madre y la hija lo visitaba frecuentemente en su domicilio de la Población Anef de Puerto Montt. Allí el sujeto cometía los delitos.

No era la primera vez que Escobar aparecía públicamente liderando un procedimiento policial relacionado con abusos sexuales. En marzo del 2010, logró dar con el paradero de un hombre de 37 años que exhibía sus genitales en la vía pública a menores de edad en el sector La Paloma de la misma ciudad. Y meses más tarde, detuvo a un sujeto de 23 años que violentó sexualmente a una anciana de 83 en su domicilio de la localidad de Maullín (al sur de Puerto Montt). “Numerosas contusiones faciales y abdominales dan cuenta de la extrema violencia con la que actuó el imputado”, dijo a la prensa Escobar tras el exitoso operativo.

Pese a sus logros profesionales, la brillante y ascendente carrera del subcomisario Escobar en la PDI terminó de manera abrupta. Su salida se concretó a fines de junio y, tras obtener la baja, se trasladó de ciudad. Según la versión que entregó la PDI de Puerto Montt, Escobar renunció a la institución en busca de mejores expectativas económicas.

Fiscal Marcello Sambuceti

Pero la fiscalía regional maneja antecedentes que apuntan a que el cambio de rumbo del policía podría haberse producido por otros motivos, muy distintos a los señalados por la PDI. Hoy Rodrigo Escobar está siendo investigado junto a otras personas por la Fiscalía de la Región de los Lagos para esclarecer su presunta participación en una red de explotación sexual infantil en Puerto Montt. Una de las menores involucradas en esta red ilícita reveló haberle prestado servicios sexuales al ex policía en varias oportunidades. La confesión surgió en medio de una investigación que lideraba el mismo Escobar iniciada a partir de una denuncia por violación en la vía pública presentada por la madre de la misma menor que confesó haber tenido relaciones sexuales con el ex sub comisario.

Ésta es sólo una de la decena de denuncias por abuso sexual contra menores de edad que se han presentado desde enero de 2012 ante los tribunales de la Décima Región, muchas de las cuales estaban siendo investigadas precisamente por el equipo de la PDI que integraba Escobar. El miércoles 20 de agosto la situación cambió. Se designó a un fiscal con dedicación preferente para investigar todas las denuncias y la unidad en la que Escobar se desempeñó como subcomisario quedó al margen. Es la Sección de Investigaciones Policiales de Carabineros (SIP) la que asumió las diligencias para desbaratar la red de explotación sexual de menores que opera en completa impunidad desde hace varios años en una de las arterias más conocidas de esa ciudad (Antonio Varas).

Según lo señalado a CIPER por el fiscal a cargo de la investigación, Marcello Sambuceti, a la indagatoria se sumó también el Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar), parte de cuyos efectivos trabajan con dedicación exclusiva en el caso.

MÁS QUE RUMORES

El martes 19 de agosto, el jefe regional de la PDI de Puerto Montt, Cristián Moena, salió al paso de un artículo publicado por el diario El Llanquihue, que refería a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público para esclarecer la presunta participación de un “ex funcionario de la Brisexme en la explotación sexual de menores”. El prefecto argumentó que las versiones que apuntaban a un funcionario policial en el caso estaban “en el ámbito sólo del rumor”.

Lo que Moena no dijo fue que aquello que catalogó de “rumor” ya había tomado forma jurídica semanas atrás, poco después de que Escobar dejara la institución. CIPER tuvo acceso a una querella criminal presentada en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt el 7 de julio pasado por el organismo Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de la Región de Los Lagos (que trabaja con niños y adolescentes vulnerables) “en contra de quienes resultaren responsables de todos aquellos delitos que en el curso de la investigación se determine”. La querella se sustenta en una serie de acusaciones que vinculan directamente a Rodrigo Escobar con la red de explotación sexual.

Calle Antonio Varas, Puerto Montt.

Tal como se relata en el escrito, a principios de junio de este año la madre de una menor involucrada en la red fue citada a declarar  por efectivos de la Brisexme. Ello, producto de una denuncia que la mujer había presentado tiempo atrás por una violación de la que fue objeto su hija en la vía pública.

La madre acudió al cuartel de Investigaciones acompañada de la menor y allí prestaron declaración. El subcomisario de la unidad encargada de investigar delitos sexuales, Rodrigo Escobar, se sentó frente a ellas y escuchó. Según relató después la madre de la menor, a los pocos minutos de haberse iniciado el procedimiento, percibió un  inusual trato de confianza entre su hija y Escobar. Como si se conocieran de antes. Siempre según el relato de la madre, ella decidió encarar al subcomisario y pedirle explicaciones. Y fue entonces que el efectivo policial le habría confesado que efectivamente conocía desde hace un tiempo a su hija y que, en una sola oportunidad, habría intimado con la adolescente.

Según relató la mujer, la versión del policía fue refrendada por su hija. Con una diferencia respecto de la versión de Escobar: la menor insistió en que la relación sexual se concretó en más de una ocasión. Según consigna la querella criminal, la madre grabó con su celular la conversación que sostuvo con el entonces subcomisario y la entregó al Ministerio Público de Puerto Montt.

Esa grabación es ahora una de las pistas clave que analiza el fiscal con dedicación preferente  Marcello Sambuceti, quien lleva la investigación de todas las causas relacionadas a la red de explotación sexual de menores en la región, incluida la que involucra al ex subcomisario de la Brisexme de Puerto Montt.

-Sí, efectivamente (la grabación) es parte de diversas aristas de la investigación y el resultado de aquello no lo puedo informar aún precisamente para no entorpecer la investigación. Pero sí, forma parte de distintos elementos –dijo el fiscal Sambuceti a CIPER.

Dos nuevos antecedentes fueron entregados al fiscal Sambuceti. El primero de ellos ocurrió días después del episodio en que el ahora ex detective le habría confesado a la madre de la víctima su relación con la menor. Según el relato de la mujer, dos miembros de la PDI se presentaron en su domicilio y allanaron la morada. Los funcionarios no contaban con una orden y tampoco se identificaron, se señala en la querella.

GOLPIZA POR ENCARGO

El segundo hecho relacionado con la denuncia que involucra a un policía en la red de explotación sexual infantil, ocurrió el 20 de junio, día en que según la Policía de Investigaciones renunció el subcomisario Rodrigo Escobar. El comunicado oficial de la PDI, entregado el 19 de agosto, señala que Escobar presentó su renuncia a la institución, “a contar del 20 de junio de 2014”.

La mañana de ese mismo 20 de junio, la misma menor que había confesado haberle prestado servicios sexuales al policía, fue trasladada por el SAMU al servicio de urgencia del Hospital de Puerto Montt. Carabineros la había encontrado inconsciente y malherida en la calle.

Según informaron desde el Hospital de Puerto Montt  a CIPER, la adolescente ingresó al centro asistencial a las 10 de la mañana con contusiones faciales y fractura nasal. Era la segunda vez que la menor era llevada al hospital en el último mes. La anterior, según registros del mismo establecimiento, fue producto de la violación que sufrió en la vía pública y que dio origen a la investigación que inició la Brisexme a cargo del subcomisario Escobar.

En la querella criminal presentada ante el tribunal de garantía, se señala que la adolescente identificó a otras menores de la red de explotación sexual como responsables de la agresión. En particular, a una adolescente a quien se refirió como una persona muy cercana al policía (Escobar) y con la que éste habría mantenido relaciones sexuales en reiteradas oportunidades. La menor atribuyó la golpiza a una venganza por encargo del efectivo policial.

Ese mismo 20 de junio, el subcomisario Rodrigo Escobar entregó su armamento y dejó la institución. Poco después se sabría que también había abandonado la ciudad para radicarse en Chiloé. Según señaló el prefecto de la PDI, Cristián Moena, el ex subcomisario se fue de la institución “por mejores expectativas económicas en la vida privada y no por este tema, ya que es ingeniero civil industrial, es de los subcomisarios profesionales”.

LOS ALCANCES DE LA RED

Las primeras noticias sobre la red de explotación sexual de menores en Puerto Montt se hicieron públicas a fines de febrero de este año, cuando cuatro menores de entre 13 y 15 años fueron halladas junto a dos hombres en una casa abandonada en la intersección de las calles Antonio Varas y Copiapó. Las menores se habían fugado semanas antes de un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pamela Soto, directora regional del Sename.

En marzo de este año el Sename presentó las primeras querellas en tribunales de Puerto Montt y Castro para que se investigara una red que reclutaba menores para explotarlos sexualmente en distintos puntos de la región. Las denuncias del organismo público se sumaron a las que anteriormente ya había interpuesto en tribunales y por el mismo motivo el Serpaj.

Las modalidades que asume la explotación sexual de menores en la Región de Los Lagos están ampliamente documentadas. Al respecto, existe un informe publicado en diciembre de 2011 por el mismo Serpaj que no sólo resulta esclarecedor, también estremece.

En él se identifican distintas fórmulas bajo las cuales opera la explotación comercial de niños, niñas y adolescentes. Entre ellas se destaca la “trata interna”, modalidad en la que redes concertadas trasladan jóvenes a islas cercanas al puerto de Quellón (Chiloé) con el fin de ser explotadas sexualmente. Esta variante estaría asociada a la creciente demanda por servicios sexuales de parte de la población flotante de trabajadores que llegan a la región para realizar labores específicas en algunos periodos del año.

Otra de las fórmulas que se identifica en el informe son los “cabañazos”: fiestas privadas a las que se lleva a las adolescentes y que tienen “como escenario alguna cabaña arrendada para esos fines en las que habría un elevado consumo de alcohol y drogas, acompañado de encuentros sexuales entre todos los participantes”.

Sobre las formas de reclutamiento de las menores y las condiciones en las que se las iniciaba en esta red de prostitución, el informe señala: “Existen indicios de que habría jóvenes que concurrían a los establecimientos educacionales, con el fin de captar a otras potenciales víctimas.  Según se pudo precisar, las víctimas adquirían cierto nivel de estatus al participar de estas fiestas, convirtiéndose en foco de envidia de parte de sus pares al relacionarse con adultos que las conducen en vehículos ‘tuning’ (enchulados), generando la ilusión de participar de un mundo de permanente diversión”.

Por último, se describe otro de los métodos detectados para el comercio sexual de menores en la zona, el que se realiza en pequeñas embarcaciones de pescadores artesanales que al término de su jornada laboral recalan en el puerto de Quellón. Allí recogen a las menores y luego las llevan mar adentro para “proceder a tener algún tipo de intercambio sexual”.

El miércoles 20 de agosto el Sename volvió a presentar nuevas querellas (en total suman cinco las que han sido interpuestas por el organismo a la fecha) con el fin de identificar a los responsables de operar estas redes ilícitas de comercio sexual con menores de edad, las que se extienden a distintos puntos de la Región de Los Lagos.