“Poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua es un error”

-¿Qué espera su gremio de la anunciada reforma al Código de Aguas?
La política en Chile desgraciadamente está muy influida por expresiones de grupos, algunos muy fundamentalistas –la ecología está muy de moda–, cuyas visiones no conversan con la realidad. “No es posible que los privados tengan tantas facultades en circunstancias que las aguas son bienes de uso público”, es lo que se reclama sin tener en cuenta las verdaderas razones de por qué es así. Eso es lo que está pasando aquí. Y es por eso que no hemos querido ir muy lejos en nuestro debate público porque creo que es discutir con personas que tienen poco conocimiento de la realidad.

-¿Cree probable que se produzcan transformaciones que afecten los intereses de su gremio?
Natural, pero cuando se ponga el debate en serio y se sepa qué se va a debatir, tenemos las convicciones más profundas y 200 años de experiencia que nos respaldan. En el agro, los privados hemos aprendido a respetarnos, a velar por los más chicos. La Sexta Región tiene 28 mil regantes y 190 mil hectáreas, eso le habla de la dispersión de la propiedad agrícola y de que el sistema que hoy existe funciona.

Lecho del Río Copiapó

-En zonas como Petorca, Copiapó y otros lugares de Chile el sistema que usted ilustra no está funcionado…
Funciona siempre y cuando todos acepten que cuando cae la oferta de agua, todos tienen que limitar la demanda de acuerdo a la oferta disponible. En Petorca el Estado incurrió en el error de entregar derechos provisionales cuando no debió hacerlo. El Código de Aguas chileno es una joya de la ingeniería hidráulica en el mundo por lo sofisticado. El Estado delegó todas las facultades en el mundo privado y éste no lo ha defraudado.

-Pero usted está consciente imagino que esa visión no la comparten muchas personas.
Bueno, porque los que opinan son justamente los que no operan. Son justamente aquellos que por ideología han construido imágenes que no se compadecen con la realidad. El Estado de Chile no gasta un peso en distribuir el agua y hemos pasado cuatro años de sequía sin conflicto.

-La escasez que se está viviendo en Petorca se ha convertido en un caso emblemático y ahí…
Pero es que Petorca es un caso especialísimo.

-Pero afecta a más de tres mil personas que reciban agua con camiones aljibe y a cientos de agricultores. Se han perdido cuatro mil hectáreas si no me equivoco…
Por favor, no extrapolemos el caso de Petorca al riego de Chile, porque ahí hay un caso de corrupción. Ahí lo que falló no fue el Código de Aguas, fue el Estado que no aplicó el código ni las facultades que le entrega la ley.

-Pero antes de 1981, el Estado tenía bastantes más facultades para intervenir y controlar…
¡Las mismas! ¡Las mismas!

-Antes podía caducar, ahora no puede caducar derechos de agua entregados a perpetuidad…
¡Pero los otorga! Los concede con ciertas restricciones. Los derechos mal concedidos, cuando la gente los utiliza para otros fines, se pueden revocar.

-Hay varios ejemplos concretos de personas que lucran con el recurso en forma cotidiana, y no hemos encontrado casos en que se caduquen derechos por mal uso. Al contrario, eso sigue sucediendo y es parte de lo que se quiere corregir.
Si usted pide derechos de agua a la Dirección General de Aguas (DGA) y después los vende, eso se puede atacar hoy. Yo mismo he ido a la DGA a acusar a personas que han utilizado su agua para otros propósitos y les han caducado derechos. Hay que hacer la pega.

-La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados ha aprobado indicaciones para establecer un orden de prelación en el uso, primero el uso sanitario…
Luego la agricultura.

-No, la pequeña agricultura.
Eso es inconstitucional.

-Déjeme seguir: en segundo lugar está el satisfacer requerimientos ecológicos y de biodiversidad, y al final requerimientos productivos.
El tema es que el Estado da la norma y luego desparece. ¿Me va a crecer que la DGA tiene a su cargo 15 inspectores? Cuando la sequía comenzó a afectarnos, comenzaron a escucharse voces que decían que el Estado se hiciera cargo del agua. Es la peor garantía que me pueden dar a mí. Pánico me da.

-¿Por qué?
Porque el Estado es absolutamente incapaz de hacerse cargo de nada en esta materia. No tiene experiencia, no tiene gente y estaría abandonando una cultura de siglos acumulada en pequeños, medianos y grandes empresarios agrícolas que han hecho de esta administración de aguas un lujo que es admirada en todo el mundo.

-¿Quién la admira?
La gente que viene a Chile y examina con ojo profesional, no con ojo político. Se admiran de que al Estado no le cuesta un peso regar anualmente 1 millón 400 mil hectáreas, con todo lo que ello implica: construcción, limpieza, mantención…

-Si uno ve la realidad de Chile hacia el norte se encuentra con un panorama completamente distinto al que usted describe en la zona centro sur. Con gente que, bajo la lógica del Código de Aguas, no tiene agua para satisfacer sus necesidades básicas, gente que ha debido migrar de sus actividades tradicionales hacia otras porque no tienen agua, etc. ¿Se puede alabar el Código de Aguas?
No es culpa del Código de Aguas. Si usted cambia el Código de Aguas, no va a haber más lluvias, nada de eso cambia. El Estado cuenta hoy con todas las facultades para intervenir en cauces que estén en problemas. En los hechos, le cuesta mucho tomar medidas de esa magnitud, porque los políticos no están para pasar rabia y echarse gente encima.

-Se está planteando modificar el régimen de propiedad del agua para poder establecer de modo efectivo un orden de prelación que asegure el consumo humano y otros consumos llamados prioritarios…
Lo que se está planteando es restringir el ejercicio del derecho, cortarle un poquito la cola. No extinguirlo, sino restringirlo. Pero esas facultades están. Acá hay algo de fondo. Esta discusión tiene una raíz ideológica. A algunos les parece impropio que el agua, que el derecho de agua, sea privado y eso choca con sus convicciones. El otro problema que hay es falta de información.

-Desde su punto de vista, ¿no hay que tocar el Código de Aguas?
En temas como el de Copiapó o en el Valle de Petorca, el Estado tiene que aplicar la ley. Y si se han entregado derechos en exceso, que se puedan caducar esos derechos. Por no gastar no se hace. No se midió la recarga de los acuíferos antes de entregar esos derechos y ahí están las consecuencias.

-¿Qué le preocupa de la discusión actual sobre la regulación del agua en el parlamento?
Que esas voces que andan vendiendo estas ilusiones se impongan en el proceso de deliberación legislativa. Por ejemplo, intentando convencernos dentro del país de que a causa de estos dos lunares (Copiapó y Petorca) corresponde modificar toda la estructura jurídica del derecho de aprovechamiento en Chile. Lo que hay que hacer es ejercer la ley, ponerse los pantalones y aplicar la ley.

-¿Qué le parece la idea de que los derechos de propiedad sean concesiones que entrega el Estado a los privados, en vez que sean entregados de modo perpetuo y sin condiciones?
Eso es lo que piensan algunos. Lo que me ha dicho el delegado presidencial es que no quieren ir tan lejos, que no quieren comprarse un conflicto más. Nosotros estamos esperando que cada quien ejerza su rol. La Presidenta creó esta figura del delegado, él conversó, con una paciencia infinita, escuchando a medio mundo, y entregó su informe.

-Se han demorado los anuncios…
Es que como es un conflicto más… Para los agricultores que les toquen el agua usted no sabe lo que es…, entonces el gobierno sabe que se puede generar un problema. Yo se lo hice ver con claridad al delegado y al ministro de Agricultura.

-¿Qué esperan entonces de los anuncios?
El gobierno tiene todas las facultades para proponer lo que estime conveniente. Nosotros vamos a ejercer nuestros derechos como ciudadanos. Ya estamos haciendo una campaña de información a nivel de las organizaciones de usuarios de agua: 330 mil usuarios de agua en Chile. Les informamos sobre las ideas que se están manejando, y estoy haciendo conciencia de la naturaleza del derecho que tienen, las franquicias que nos otorga la ley, la naturaleza del derecho que tenemos: un derecho privado tal como el derecho de propiedad. En fin, estamos informando sobre las ideas que se barajan de restringir el uso y las limitaciones que eso plantea. Lo que nosotros sostenemos es que el agua, tal como está concebida hoy en Chile, tiene todos los resguardos para garantizarle a la gente el acceso al agua de bebida.

-Si usted está llevando a cabo conversaciones en su gremio para que sus afiliados  tomen conciencia de sus derechos, eso quiere decir se están preparando para un escenario de transformaciones estructurales…
No sé lo que venga. La gente tiene que estar informada, así como con la Reforma Tributaria. Creo que la reforma va a ser bastante más moderada, la Presidenta tiene clara conciencia de que hay cosas que tienen sentido y hay cosas que no la tienen, y se formará su propio juicio. Mi rol no es especular, es prepararme para lo que venga, informar a mi gente, que ellos tomen acuerdos y me mandaten para hacer los planteamientos que haya que hacer en el Congreso. Nosotros no vamos a salir a la calle a gritar ni a tomarnos nada. Tenemos la fuerza de los argumentos y la legitimidad que nos da el haber alimentado a Chile por tantos años. Hay una cosa muy rica en el mundo del agua, un ordenamiento natural, somos todos iguales, todos nos cooperamos. Esto el país lo desconoce.

-Quizá eso funcione así en su zona, pero hacia el norte el problema del agua demuestra que no somos todos iguales y que el sistema no es nada de democrático. Hay gente que no tiene agua que tomar mientras al lado hay gente vendiendo agua que le ha sido entregada gratuitamente por el Estado.
Pero esa gente tiene derechos de papel, no tiene agua efectivamente.

-Sí la tiene. De hecho, en plena sequía, se han constatado transacciones millonarias de agua en las mismas zonas donde hay gente que no tiene acceso al recurso…
Nadie tiene reservas de agua guardadas. Son derechos, pero no los pueden vender porque no tienen agua.

-Sí, esas transacciones de agua de las que le hablo son recientes. Las mineras no están comprando papeles, están comprando agua subterránea y pagando millones de dólares a especuladores que han acaparado agua desde años.
A ver, vamos al caso concreto. Yo tengo por ejemplo 60 litros por segundo en Marchigüe, si los vendo, el que compra tiene que saber y medir cuánto existe. Yo le garantizo que hoy no tengo más de 30 litros, porque el pozo bajó. En la cuarta sección del Copiapó se entregaron derechos por 19 m3/seg., y la recarga son 4 m3/seg. Faltan 15.

-¿Cuándo espera escuchar los primeros anuncios del gobierno sobre la reforma al Código de Aguas?
No tengo idea. El gobierno creo que lo está dilatando porque no quiere abrirse a otro frente de discusión pública. Y no le quepa duda que nosotros vamos a entrar a ese debate y lo vamos a hacer con fuerza. Si por los problemas que hay en Petorca, Copiapó y otros lugares, vamos a poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua, eso es un error.