El agua en el discurso presidencial, pero no en el pragmatismo

En medio de un discurso tibio y cargado a la “aspirina”, no deja de sorprender las propuestas en materia hídrica presentada por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta del 21 de mayo, considerando que en muchas regiones del país se vive una verdadera crisis del agua.

El diagnóstico es bastante acertado, porque es precisa la Presidenta cuando advierte que “no se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua”. Efectivamente, la sobreexplotación de cuencas y el acaparamiento del agua por parte de corporaciones del agro, minería y forestales, todas ellas con orientación exportadora, tienen a nuestro país en un desequilibrio hídrico. Plantear este diagnóstico y no acompañarlo con medidas concretas, que permitan revertir los procesos de degradación de suelos y acaparamiento de aguas es, por decir lo menos, irresponsable.

Las medidas planteadas por la Presidenta no apuntan a resolver nada en términos estructurales.Para aventurar este juicio es necesario dar argumentos, por lo que vamos por parte. Proponer “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados” es un eufemismo que saca aplausos pero solo es retórica, porque el agua ya es un bien de uso público (Art. 5 Código de Aguas).

Lo que no se habla ni se toca es que “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”, que en la práctica significa que el agua es considerada un bien de mercado, transable al mejor postor. Entonces se equivoca el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, cuando declara en un diario nacional que “es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje de cómo se administra el agua en nuestro país”. No cambia nada.

Para cambiar algo en relación al agua hay que intervenir los cimientos del Código de Aguas y de la propia Constitución, que permite tratar el agua bajo las reglas de la propiedad privada (art. 19 de la Constitución). Esto se está abordando en la Comisión de Constitución delaCámara, pero salvo la reforma que da reconocimiento constitucional al agua como bien de uso público que se envió en la primera administración de Bachelet, el resto no fue iniciativa de este Gobierno. Otra medida aceptable y necesaria sería una priorización de usos, donde el consumo humano esté por sobre los usos productivos, cuestión que actualmente se discute en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, pero que tampoco fue iniciativa de este Gobierno. Además se necesita una reestructuración institucional seria, que permita a la Dirección General de Aguas (DGA) hacer fiscalización y le otorgue atribuciones para revocar derechos de aprovechamiento en casos de agotamiento,especulación o acaparamiento con fines de lucro.

Entonces, en lo estructural este Gobierno no ofrece ningún cambio. Por cierto que una medida radical implicaría derogar el Código de Aguas y sentarse a conversar, en una mesa bien larga, sobre cómo aseguramos el acceso al agua a los habitantes chilenos y generamos políticas para realizar una gestión del territorio desde lo local. Pero seamos claros, esto es mucho pedir para un reciclado de la “Concerta”.

Respecto de las medidas concretas para enfrentar la escasez hídrica, se mencionan básicamente tres en el discurso: construir pequeños embalses en las zonas con mayores problemas, establecer programas de riego para reducir la vulnerabilidad de los pequeños productores agrícolas y aumentar los recursos de la Ley 18.450 para inversión en riego, “porque sin agua abundante la agricultura no puede prosperar”, dice la presidenta. Esto francamente no tiene sentido. Hablamos de la escasez que estamos viviendo, es decir no hay agua disponible, y se propone hacer embalses (pero pequeños). Entonces cabe preguntarse: ¿Con qué agua los van a llenar? Parece que no han leído los reportes de la DGA que año a año dan cuenta del desecamiento de embalses.

Respecto a los programas de riego, lo mismo: ¿Con qué “abundante” agua se va a regar? Porque si la idea es seguir saqueando las aguas subterráneas hay que decir que esta medida solo contribuye a tapar el problema por algunos años, para que la escasez se manifieste con más fuerza, pero en otro gobierno.

Finalmente, la Presidenta plantea “ampliar los Convenios de Programación con los Gobiernos Regionales y los Convenios Sectoriales, lo que permitirá comprometer inversiones por más de 70 mil millones de pesos en 2014 para las zonas afectadas por la sequía”. Estos convenios poco y nada tienen que ver con enfrentar la sequía, basta mirar los informes disponibles en internet, ya que en su mayoría tratan de mejoramientos viales, restauración de iglesias y promoción de la competitividad.

Y si en alguna región contemplan iniciativas relacionadas con el agua, éstas se encuentran atrasadas o derechamente fueron desechadas. Por ejemplo, el plan de Desarrollo de Agua Potable Rural (APR) en la Región de Antofagasta contempla 19 proyectos, de los cuales 12 no han sido ejecutados o fueron desechados, cuando debieron haber estado listos el 2012.En la Región de Coquimbo, una de las más azotadas por el avance de la desertificación y la escasez de agua,los convenios plantean enfocarse en la infraestructura para la competitividad productiva regional.

En la Región de Valparaíso, donde se vive una crisis hídrica que ha sido gritada a los cuatro vientos, se plantean inversiones millonarias para sistemas de regadío en los valles de Petorca y La Ligua, mientras la gente de esos mismos valles no tiene agua para beber, ni siquiera para su higiene personal.En la Región Metropolitana hay 20 proyectos de Agua Potable Rural desechados. En el Biobío el Plan de Gestión de Recursos Hídricos está atrasado y se han desechado los proyectos para instalar un sistema de monitoreo de variables hidrometeorológicas y para el saneamiento de calidad de aguas en cauces naturales.Es decir, seguimos actuando a ciegas, sin saber qué tenemos, en qué estado está y dejando de lado las medidas que podrían entender y enfrentar la crisis del agua.

Por su parte, los representantes del mundo corporativo debaten para ver quién se queda con el pedazo más grande de la torta. Por un lado el gerente general de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile, René Muga, se desmarca rápidamente del problema advirtiendo en La Tercera que “se debe diferenciar el uso no consuntivo del agua que hacen las plantas hidroeléctricas respecto del resto de los sectores”y remata con una amenaza al afirmar que “bajo la lógica con la cual está estructurado el Código de Aguas, que es entregar derechos para el aprovechamiento, se podría ver afectada la inversión si es que de alguna forma esos derechos pierden vigencia”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo,manifiesta su “inquietud” por las modificaciones anunciadas al marco institucional de los recursos hídricos, agregando que“esperamos conocer pronto los cambios que ella propone al Código de Aguas, y que se tenga en cuenta el importante y valioso rol que juegan a diario las organizaciones de usuarios en la gestión del recurso, que ha sido fundamental en estos años de escasez y son pieza clave en el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva«. Libertad y Desarrollo, paladines de este sistema de mercado, se escandaliza con la sola idea de poner en entredicho las garantías de la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de agua.

Entonces, cuando la Presidenta y el ministro Undurraga hablan de asegurar la disponibilidad de recursos hídricos cabe preguntarse: ¿Asegurar para quién? Tal parece que no se aprendió la lección de los gobiernos anteriores y vamos directo a una nueva ola de manifestaciones sociales. Pero esta vez no pueden reclamar que no se lo esperaban o que no entienden a las masas enardecidas, porque ha habido bastante paciencia y tolerancia, pero las señales del Gobierno han sido aspirinas y desprecios para quienes los eligieron.

Hoy se vive un problema de escasez de agua que es real. Tan real como que en la Región de Coquimbo ya no hay derechos de agua disponibles, las cuencas han sido declaradas agotadas y las aguas subterráneas están declaradas zonas de restricción. Tan real como que en la Región de La Araucanía hay cerca de 17 mil familias que dependen de camiones aljibe para poder tener agua en sus casas. Tan real como que en la zona norte de Chiloé hay más de 40 localidades que durante el verano reciben agua en camiones municipales.

Estos problemas del mundo real, no de los discursos, requieren acciones decididas del Estado, encargado de velar por el bienestar de la población y comprometido con múltiples convenios internacionales que hoy está incumpliendo. Medidas concretas son: recuperar derechos de aprovechamiento para abastecer de agua a comunidades rurales, dotar de recursos y capacitación a los Comités de Agua Potable Rural, nacionalizar las empresas sanitarias y, por sobre todo, avanzar en un proceso de ordenamiento del territorio, que nos permita entender y recuperar los delicados equilibrios entre uso de la tierra y disponibilidad de agua de calidad.

Para esto se requiere la participación de todos los actores: gobierno, academia, comunidades rurales, organizaciones sociales, además de detener el accionar mezquino de corporaciones privadas que sólo buscan el beneficio económico. Del Gobierno se espera que articule estos espacios, no que entregue aspirinas. Se espera pragmatismo, no discursos vacíos de realidad y llenos de promesas, como este 21de mayo.