Reforma fue impulsada por el ex asesor José Ramón Ugarte
Vivienda deroga decreto del gobierno anterior que facilitaba megaproyectos inmobiliarios
08.04.2014
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Reforma fue impulsada por el ex asesor José Ramón Ugarte
08.04.2014
El Ministerio de Vivienda (Minvu) derogó finalmente el controversial Decreto Nº 1 de 2013, promulgado por esa misma cartera en diciembre pasado, que modificaba diversas normas de desarrollo urbano para favorecer la concreción de millonarios negocios inmobiliarios. El decreto contenía reformas prácticamente hechas a la medida para permitir la aprobación de los polémicos malls de Castro y Muelle Barón (Valparaíso) y la instalación de un megaproyecto hotelero en los campos del Club de Golf Los Leones. La derogación quedó plasmada en un nuevo decreto (vea el documento), el que fue publicado en el Diario Oficial de este martes 8 de abril (vea esa edición del Diario Oficial, páginas 3 y 4).
La aprobación del ahora derogado Decreto Nº 1 fue impulsada por el asesor del Minvu durante el gobierno pasado, José Ramón Ugarte, ex presidente del Colegio de Arquitectos. Ugarte promovió una serie de cambios normativos adoptados por la cartera, todos tendientes a flexibilizar las normativas que regulan el desarrollo urbano y, de esa forma, posibilitar la concreción de proyectos inmobiliarios. Los alcances de las reformas impulsadas por Ugarte fueron expuestos en la investigación de CIPER “El asesor del Minvu que instaló ‘leyes de amarre’ que favorecen los negocios inmobiliarios” (vea ese reportaje), difundida el 24 de febrero pasado.
La promulgación del Decreto Nº 1 alcanzó ribetes de escándalo al interior del Minvu, pues los funcionarios de la cartera que redactan los decretos que modifican las normas de desarrollo urbano firmaron una carta para oponerse a esta reforma y la enviaron a sus superiores. Seis profesionales del Departamento de Planificación y Normas Urbanas suscribieron el texto, en el que manifestaron que el Minvu estaba aprobando normas contrarias al bien público y que afectaban la calidad de vida de las personas:
“Se nos sindica como partícipes de favorecer, con estos cambios normativos, proyectos específicos que corresponderían a intereses de grandes empresas (…). Al respecto, queremos manifestarles que nos preocupa que se nos vincule profesionalmente con dichos propósitos, y se nos involucre en querer propiciarlos, toda vez que, a nuestro juicio, no están en la línea conceptual del desarrollo urbano y del bien público. De hecho, y como ustedes así lo han decidido, no hemos tenido participación alguna en el proceso final de elaboración de determinadas normas”, señalaba la carta.
Funcionarios del Minvu señalaron a CIPER que el principal impulsor de estas reformas fue Ugarte, quien tenía línea directa con las principales autoridades del ministerio. Ugarte fue contratado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para desempeñarse como asesor de las políticas del Minvu desde 2010 hasta 2013. Pero antes de 2010, Ugarte ya era un asesor del ministerio durante la anterior administración. Cuando asumió en ese cargo la primera ministra de Vivienda del gobierno de Piñera, Magdalena Matte, José Ramón Ugarte esperaba mantener su rol preponderante, pero sin mucha visibilidad. Al final, no hubo acuerdo y Matte no lo conservó ni entre los miembros de su gabinete ni entre sus asesores. Algunas fuentes dijeron a CIPER: «lo despidió». Pero apenas la ministra Matte fue reemplazada por el ministro Rodrigo Pérez, Ugarte regresó a la primera línea del Ministerio de Vivienda.
El importante rol que jugó bajo la administración del ex ministro Rodrigo Pérez, queda en evidencia al comprobar que en diversas ocasiones representó al ministerio ante el Congreso Nacional cuando se discutían leyes del sector. Además, fue nominado secretario ejecutivo de la comisión que desarrolló la Política Nacional de Desarrollo Urbano PNDU, que se promulgó en octubre de 2013 y que pretende ser una guía del desarrollo que tendrán las ciudades chilenas a futuro.
El derogado Decreto Nº 1 ponía fin a la restricción que se imponía a los proyectos inmobiliarios de alta carga ocupacional destinados a equipamiento (como centros comerciales y torres de oficinas), respecto de que estaban obligados a enfrentar vías expresas y troncales. Así, los malls podrían ubicarse hasta a 300 metros de una vía importante. Esta modificación se interpretó como una “solución express” para los malls de Muelle Barón y Castro. El nuevo decreto que derogó esta reforma explica que este cambio afecta gravemente los derechos de los habitantes de los barrios donde se podrían emplazar los centros comerciales:
“El cambio permite instalar equipamientos al interior de barrios consolidados, alterando significativamente su estilo de vida y sin que previamente sus habitantes y la comunidad en general pudieran participar en la adopción de esta decisión, cuestión especialmente grave por cuanto la normativa antes vigente les garantizaba que ello no ocurriría”, dice el decreto recién publicado en el Diario Oficial.
De igual forma, el Decreto Nº 1 establecía que los proyectos destinados a alojamiento (como hoteles y apart hoteles) en adelante podrían instalarse en zonas de equipamiento y no solo en zonas residenciales. La Fundación Defendamos la Ciudad denunció que este era un “traje a la medida” para la aprobación de un megaproyecto de la cadena hotelera Four Seasons que se construiría en el Club de Golf Los Leones: once torres de cinco pisos y ocho subterráneos cada una, ubicadas en los faldeos del Cerro San Luis. La iniciativa, que ya cuenta con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, tiene una superficie a edificar de 25.691 metros cuadrados y fue anunciada en la cuenta anual 2011 que dio el presidente del club de golf, Sergio Urrejola Monckeberg. En esa ocasión, Urrejola dijo que la construcción del proyecto hotelero sería posible gracias a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas.
El nuevo decreto también aborda esta materia: “Del mismo modo, el decreto (que se deroga) contempla beneficios no justificados para las edificaciones destinadas a hospedaje y cambios respecto de los sistemas de cómputo de constructibilidad para construcciones en las áreas verdes que, al igual que en el caso anterior, modifican normas previamente establecidas y en base a las cuales se aprobaron diversos planes reguladores, poniendo en riesgo la existencia de importantes superficies actualmente destinadas a áreas verdes”.
Además del Decreto Nº 1, Ugarte participó en la redacción de otras normas y reformas controversiales. Una de ellas fue el Decreto Nº 25 de 2012, que también facilita la concreción de grandes proyectos inmobiliarios. Esta norma permite rebajar a la mitad los estacionamientos exigidos a los proyectos destinados a vivienda que estén ubicado a menos de 300 metros de una estación de Metro. La misma facilidad corre para los proyectos de equipamiento emplazados hasta a 600 metros de una estación del tren subterráneo.
El mismo Decreto Nº 25 contiene una reforma que favorece la concreción de un negocio en el que Ugarte tiene interés. La norma permite la construcción de túneles bajo la vía pública para unir distintos inmuebles. La compañía Cencosud tiene planificado construir una conexión subterránea de este tipo, entre el mall Alto Las Condes y un centro comercial que proyecta edificar en la esquina nororiente de Kennedy con Padre Hurtado. Ahí, desde 2000 ya está aprobado un permiso de construcción de 270 mil metros cuadrados. Horst Paulmann, dueño de Cencosud, adquirió el terreno al empresario Carlos Celle con el permiso de edificación ya aprobado y, en junio de 2010, El Mercurio informó: “Ahora Paulmann deberá trabajar con el arquitecto que diseñó la iniciativa sobre la que se otorgaron los permisos a Carlos Celle, José Ramón Ugarte, para tener la misma constructibilidad en el terreno que compró”.
Otra reforma contenida en el Decreto Nº 25, y que también facilitaría la instalación de grandes proyectos inmobiliarios, es la que permite reducir a la mitad los estacionamientos que deben habilitarse si la construcción se ubica a no más de 300 metros de una estación de metro, en el caso de proyectos de vivienda, y hasta 600 metros si es un proyecto de equipamiento de servicios.