Recientemente asumió una nueva dirección del Servicio Nacional de Menores (Sename) ante la expectativa de las organizaciones que trabajamos por la promoción, protección y reparación de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Con este nombramiento, se da inicio a un nuevo periodo en la administración de una institución profundamente cuestionada por la opinión pública y por los diferentes poderes del Estado.
Parte de estos cuestionamientos se relacionan con que durante el año pasado se develó la crítica situación del sistema de protección residencial que atiende anualmente cerca de 15.000 niños. Dicha situación no sólo derivó en la visibilización de graves vulneraciones de derechos ejercidas por las mismas instituciones que debían garantizar la protección de los niños, sino que también en la conformación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados cuyo informe fue presentado el pasado 5 de marzo y en el cual se exponen los principales problemas del sistema y un amplio marco de propuestas para su mejoramiento.
El escenario de críticas no dista mucho de los históricos cuestionamientos que recibe el Sename cada año. Sin embargo, comienza a ser altamente preocupante que una institución del Estado, cuya misión es contribuir activamente al respeto y cuidado de los derechos de los niños, esté siendo frecuentemente enjuiciada o haciendo noticia por su insuficiente desempeño en el ámbito de la atención residencial.
Si bien más del 90% de las cerca de 330 residencias no son de administración directa del servicio, ya que son gestionadas por organismos colaboradores privados, es responsabilidad del Sename supervisar la calidad de las prestaciones que los hogares entregan y hacer cumplir las orientaciones técnicas que son, en último término, el marco común de la intervención elaborado a partir de la Convención Internacional de los Derecho del Niño (CIDN). Desde esta perspectiva, ¿cuál es el diagnóstico internacional de la situación residencial en nuestro país?
Chile no sólo sigue siendo uno de los países de América Latina con mayores tasas de internación de niños al año. La realidad de la atención de los hogares también está muy lejos de los estándares y normativas internacionales que se han diseñado para intervenir, desde el respeto y la dignidad, con los niños que se ven enfrentados a la privación del cuidado parental de forma transitoria o permanente. Así lo señala el informe de la UNICEF La situación de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección y cuidado en América Latina y el Caribe (2013). En este documento se reiteran varios compromisos pendientes de nuestro sistema: la urgencia por reformular los sistemas residenciales poniendo fin al uso masivo de la internación como una forma de proteger a los niños que han sido vulnerados en sus derechos; la importancia de diseñar e implementar nuevos sistema de supervisión de las residencias, considerando que la gran mayoría son privadas y utilizan fondos del Estado para realizar su intervención. Por sobre todo, se pone énfasis en la necesidad de diseñar una política pública nacional de desinternación centrada en la implementación de programas expresamente dirigidos a la revinculación y al egreso de los niños que se encuentran en los hogares, promoviendo el respeto por el derecho a la identidad y al restablecimiento de los vínculos familiares.
Ahora bien, no se puede desconocer que desde hace algunos años se ha consensuado que parte del problema radica, sin duda alguna, en un significativo déficit -por sobre el 60%- del financiamiento de las residencias de protección. Actualmente las residencias reciben cerca de $130.000 por niño al mes, cifra claramente insuficiente, ya que se estima que el costo real de la atención debiese ser cercano a los $350.000. No obstante, estos recursos no serán suficientes si no somos capaces de reformular los cimientos sobre los que tradicionalmente ha descansado el sistema de protección residencial: formas de atención basadas en la caridad y el asistencialismo que sustituyen a la familia de origen, sin posibilitar condiciones mínimas para que ésta pueda asumir progresivamente el cuidado y protección del niño.
Es importante insistir, según las directrices internacionales y los propios lineamientos técnicos del Sename, que la internación de niños en residencias es una situación excepcional y transitoria frente a graves vulneraciones de derechos. Es aquello lo que justifica su acción, no sólo en la atención de las necesidades básicas y la protección del niño privado de su familia, sino que tiene sentido cuando se asume como tarea fundamental la ejecución de un trabajo, desde el ingreso del niño, claramente dirigido hacia el egreso en el marco de restituir el derecho a vivir en familia consignado en la CIDN.
La tarea es entonces compleja. Por una parte, se requiere establecer nuevas formas de intervención, previas a las situaciones de internación, en donde sea posible abrir espacios de acompañamiento a la familia y puedan ser trabajadas aquellas dificultades relacionadas a la crianza y al cuidado de los niños desde una lógica distinta a la del control social y la desconfianza que generan este tipo de intervenciones. A su vez, es fundamental promover modelos de intervención que trabajen por la restitución del vínculo en aquellos casos de niños internados poniendo especial énfasis en que el trabajo con la familia es posible de sostener sólo cuando se establece un contexto de intervención que no estigmatice o devalúe a los padres, señalándolos a priori como incapaces o inhábiles.
En definitiva, el actual sistema de protección residencial está atravesado por un conjunto de nudos críticos, por lo que una verdadera reforma de este sistema requiere, por una parte, de mayores recursos y de nuevas formas de gestión desde el Sename, que permitan realizar un acompañamiento permanente sobre la labor que realizan cotidianamente los organismos colaboradores a través, por ejemplo, de una mayor supervisión y capacitación de los profesionales que intervienen con los niños y sus familias. Pero por sobre todo, se requiere de la transformación, desde lo administrativo y desde los modelos de intervención, del paradigma de atención tutelar y asistencial que persiste aun sobre la niñez vulnerada y vulnerable. Esta forma de entender la infancia, que históricamente ha privilegiado formas de intervención centradas en la segregación, la normalización y el control, ha sido en definitiva el mayor obstáculo en la promoción, el ejercicio y la restitución de los derechos vulnerados en los contextos residenciales. No hay restitución de derechos si no somos capaces de garantizar desde lo más cotidiano el bienestar y la justicia de los niños y niñas más vulnerados.
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Comparto lo que señala Eduardo. Me parece relevante agregar que parte de la modernización que requiere el sistema de protección de niños en Chile no se resuelve en términos de definir simplemente una política que opte entre un trabajo con la familia de origen o uno que apunte a la familia adoptiva. Ambas alternativas de intervención en su radicalización pueden ser tomadas como formas de idealización de la familia, tanto de origen como adoptiva. Sin duda, la reflexión que se requiere pasa por ampliar la forma en que entendemos el cuidado y como nuestra sociedad está dispuesta a asumirlo cuando nos enfrentamos a las experiencias de niños y niñas vulnerados. En ese sentido, el desafío es plantearnos la posibilidad de entender la politica de protección a la infancia vulnerable desde coordenadas menos conservadoras y más inclusivas. (camilomorales1@gmail.com)
Edoardo Tosti-Croce A. | 15.04.2014
En líneas generales estoy de acuerdo con lo que plantea Camilo Morales, en especial con eso de la necesidad de cambiar la visión respecto de lo que debieran ser las "intervenciones aguas arriba", es decir en las familias de origen, pero ... siempre que las haya ...
En efecto, nadie discute que si uno o los dos padres o bien abuelos están dispuestos a asumir la crianza del niño/a, se debe dar todo el apoyo posible, pero lamentablemente existen casos en los que no hay familiares adultos disponibles o capaces de asumir tan importante compromiso.
En efecto, también puede ocurrir que quien manifiesta intención de asumir el rol de "adulto significativo" tiene problemas psicosociales de tal gravedad que no se puede pretender que ese niño/a espere por años una supuesta o improbable "normalización" de dichos adulto, ya que en esa espera se le va la infancia o parte importante de ella, viviendo como niño/a institucionalizado, lo que, como todos sabemos, es algo que la UNICEF desaconseja absoluta y expresamente en sus directrices.
Es decir, si hay un hilo de posibilidad que el niño/a pueda seguir con sus familiares biológicos, debe explorarse y apoyarse, pero si esa posibilidad es sólo teórica, entonces se debe buscar lo más rápido posible una alternativa más humana, con una familia sustituta.
Lamentablemente, cuando estamos frente a este tipo de casos, la única alternativa que históricamente se ha planteado el SENAME es la de la adopción total, descartando otras que han funcionado muy bien en otras latitudes, que nos llevan algunas décadas de ventaja en estos temas: me refiero al sistema de tuiciones, pero permanentes, NO como las de colocación familiar, que por definición son transitorias.
Luego de haber conocido que en otras partes el sistema de tuiciones es algo bastante normal y frecuente, cuando en el 2000 se nos presentó la posibilidad de acoger en nuestra familia a una chica que estuvo institucionalizada desde los 3 a los 15 años, no lo dudamos y puedo responsablemente decir que fue una experiencia trasformadora y de gran satisfacción para todos, ya que, con su esfuerzo, Â ella llegó a ser una exitosa profesional de la educación, está felizmente casada y tiene dos hermosos hijos.
Es decir, si la idea es apoyar a niños/a o adolescentes con figuras de adultos significativos ("tutores de resiliencia", según Boris Cyrulnik), no necesariamente ellos/as deben ser adoptados y de pasada renunciar a su identidad de origen.
Para que nos entendamos, la experiencia que nosotros vivimos es algo así como esos casos (anónimos, pero comunes en Chile) en que unos padrinos crían a un ahijado/a, pero sin pretender cambiarle su identidad y SIN recibir dinero o mensualidad por este acogimiento.
En nuestro caso, en realidad, no fue una crianza, toda vez que nuestra "hija afectiva" llegó de 15 años a vivir con nosotros, pero esa es la idea.
En esta modalidad, el niño/a sabe que esos adultos no son sus padres biológicos, pero también sabe que son adultos comprometidos con él/ella, simplemente por un cariño desinteresado y eso obviamente lo valoran ... y uno los llega a querer como verdaderos hijos.
Cabe destacar que con esta modalidad, tampoco es necesario que ese niño/a tenga que cortar todo vínculo con su madre y/o su padre biológico, lo que también le permite tener claro cuáles son sus orígenes y las dificultades que tienen sus progenitores.
El único punto que puede entorpecer a que estas opciones de solidaridad humana sean más frecuentes es el tema de los costos que en algún momento puedan llegar a enfrentar por educación superior.
En este punto, la propuesta que elaboramos en el 2002 e hicimos llegar al SENAME, preveía la creación de una cuenta de ahorro a nombre del/la menor, exclusivamente para esos fines, visto que el Estado ya no tendría que pagar una subvención mensual. Allí se planteaba y se demostraba que incluso con sólo una parte de lo que era la subvención se le pudiera depositar en dicha cuenta, al cabo de pocos años el niño/a podía tener un monto interesante que, dependiendo del tiempo de aporte, podría permitirle incluso pagar TODO el costo de una carrera.
Pero claro, esta visión de las cosas está muy lejos de la que tradicionalmente ha tenido el SENAME y todo el "sistema de protección" de menores vulnerados en sus derechos, donde ha prevalecido una una concepción más ideológica. Â
En efecto, NUNCA se ha hecho una verdadera campaña integral e inteligente para promover la desinstitucionalización de esos menores que llevan tiempos inaudita y cruelmente largos en "residencias". Sencillamente, el "sistema SENAME" asume que esos casos de "menores grandes" son "casos perdidos" (así se me explicó en un momento) y lo único que resta hace por ellos es esperar a que cumplan los 18 años para "egresarlos del sistema": sin el más mínimo remordimiento por haberles privado de una infancia y/o adolescencia en un contexto familiar.
Sencillamente se considera como parte del paisaje "normal" que esos niños/as tengan ese destino, algo así como cuando se consideraba "normal" la compra-venta de seres humanos, en aquellos lugares y épocas donde se aceptaba la esclavitud.
Cuando me ha tocado explicar esta posibilidad de la tuición (concreta, repito, en otros países hace muchos años y NO un invento de nuestra familia), se me ha dicho lo típico: que en Chile no es posible; que no habría personas dispuestas a hacerlo; que es muy riesgoso entregar menores a desconocidos (como si en las residencias hubiera menos riesgos) y un largo etc.
En síntesis, habiendo corrido mucha agua bajo el puente, en especial luego del Informe de la llamada Comisión Jeldres y el Informe de la Comisión de Familia de la C. de Diputados, en los que se describen situaciones francamente inaceptables para un país que se precia de haber avanzado en muchos aspectos e incluso estar en la OCDE, creo que es hora de ampliar la mirada sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes a los que se le han vulnerado sus derechos.
Atentamente
Edoardo Tosti-Croce A. (etosti@gmail.com)
