Radiografía crítica a la reforma educacional de Bachelet

La “reforma estructural a la educación” implica un proceso de creación de instituciones, de transformación de varias existentes, pero sobre todo implica adoptar definiciones, responder como sociedad preguntas fundamentales como para qué educamos, qué se enseña o cuál es el carácter de la educación pública. El sentido de la reforma será relevante porque tendrá efectos concretos sobre la realidad. De ahí que, más allá de las lógicas gradualidades, estas deben sí o sí apuntar hacia un horizonte claro, que no es otro que aquel que el movimiento estudiantil y la ciudadanía en general ha asumido como propio: una educación como derecho social y no como objeto de negocio.

La oposición entre una educación entendida como derecho o como negocio no es antojadiza ni opera solamente en el plano de las ideas. Su sentido se expresará y tensionará en todas las dimensiones de la política educacional que se pondrá en discusión y en las reformas que se lleven a cabo. Será a partir de cómo se resuelva esta oposición que se dará forma al sistema mismo, se autorizarán acciones concretas y se estimarán los términos en que los cambios ocurran. Así lo reconoció Alfredo Prieto, el ministro de Pinochet que condujo las “modernizaciones” educativas en 1981 que rigen hasta hoy: “Las modernizaciones no constituyen sólo un conjunto de medidas pragmáticas para resolver problemas concretos. Es la expresión, en el campo educacional, de una determinada concepción del hombre y la sociedad”.

El cuestionamiento del 2011 demuestra que este modelo específico no sólo incumple en la tarea de dar educación de “calidad” a todos, sino que además genera un daño suficiente como para sacar a cientos de miles de personas a la calle. El nuevo campo de la educación está fundamentado en una demanda democrática, cualquier cambio que se quiera hacer en nombre del derecho a la educación debe hacerse cargo de restarle influencia a los principios del actual modelo: el negocio educativo debe retroceder. Así, que la educación sea un derecho social implica que no pueda ser comerciable, pero además, que sea esencialmente democrática, pues la educación debe ser un espacio público por excelencia.

Si la campaña electoral de la actual presidenta estuvo marcada por la promesa de una reforma educacional de la que sólo se conocían los titulares mientras el resto permanecía ambiguo, ya asumido el nuevo gobierno han comenzado poco a poco a develarse detalles más concretos. En las intervenciones recientes del ministro Eyzaguirre ya pueden identificarse diferencias con las líneas del movimiento estudiantil y elementos que no quedan del todo claros, pero que es necesario develar, pues la política de los 100 primeros días de gobierno podría llegar a ser la política de los próximos diez años en la materia.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Desde el punto de vista del financiamiento a las instituciones de educación superior, la definición de lo público ha sido conflictiva. El programa de la Presidenta Bachelet señala que las exigencias para la gratuidad en el trato del Estado con las instituciones son: estar acreditada; acatar estrictamente las normas que no permiten la existencia de lucro; estar incorporada a las nuevas normas sobre acceso de equidad; desarrollar programas de reforzamiento y acompañamiento para los alumnos vulnerables, y que se rija por el sistema de aranceles que determine el Mineduc.

El ministro sostiene que “la educación pública es lo que esencialmente define los contornos de un país”, mientras que la educación privada “es subsidiaria”. Lo anterior, más allá de la fraseología de buena crianza, continúa en un plano excesivamente ambiguo para definir el carácter público de una institución. Entender la educación como un derecho social y a la enseñanza pública como su tronco central, implica construir un modelo en que las instituciones estén basadas en la demanda democrática que las funda. Desde esta lógica, difícilmente podría considerarse plausible que pueda financiarse una institución que, en primer lugar, no rinda cuentas frente a su propia comunidad, escogiendo democráticamente a sus autoridades y generando espacios de participación y control por parte de los actores de su comunidad. Y, en segundo término, tampoco puede concebirse como tal a una institución que no responda frente al país, sometiéndose al control financiero de la Contraloría General de la República, y orientando su investigación, docencia y extensión, hacia las necesidades del país y no simplemente hacia la acumulación inconexa de papers para fortalecer posiciones en el ranking internacional que esté de moda. Aquellas resultan cuestiones de sentido elemental para recién comenzar a abrir este debate.

LÓGICA DE FINANCIAMIENTO

En su intervención en el programa “El Informante” de Televisión Nacional, el ministro explicó cómo sería el financiamiento de la educación superior y escolar en su reforma (sobre la educación técnica y parvularia no ha hecho referencias sustantivas).

En cuanto a la Educación Superior sostuvo que “hay un financiamiento a la oferta, a la universidad, que tiene que ver con la investigación que hace, que viene del Estado, que es financiamiento basal. Y hay otro financiamiento, que viene por parte de los estudiantes que eligen a esa institución”. Es decir, se puede anticipar que se mantendrá un sistema de vouchers, complementándose con los convenios de desempeño para la investigación que incentiva la competencia entre las instituciones para obtener la venia del ministerio. De ahí que es urgente que el ministro aclare si el sistema mantendrá el financiamiento basado en becas y créditos, que es completamente opuesto a lo que el movimiento estudiantil ha planteado, en la medida que continúa sometiendo a las instituciones a competir entre sí, e incentivándolas a reducir costos y gastar más en publicidad para captar estudiantes que en insumos para mejorar la educación que imparte.

Sobre la educación escolar, mantiene la lógica de subvención, refiriéndose al incremento que se efectuará para poner fin al copago. Sin duda, para desmercantilizar la educación hay que invertir dichas lógicas, proyectándose a una de financiamiento a la oferta (como traducción de la educación como derecho social). Si las medidas no apuntan a atacar y revertir los objetivos que desplegaron y materializaron sus ideólogos, entonces no estamos hablando de una reforma transformadora.

FIN AL LUCRO

Actualmente la prohibición de lucro sólo existe en la educación superior (no en los CFT e IP), declarándose que en el ámbito escolar el 78% de los colegios particulares subvencionados tiene fines de lucro, como lo sostienen las últimas investigaciones.  Al respecto, el programa de la Presidenta señala que “no se podrá lucrar con recursos públicos”, y así lo ha confirmado en sus intervenciones el ministro de la cartera, señalando que el proyecto buscará que ningún colegio que lucre reciba recursos públicos.

Pero una prohibición tan particular se contradice con la idea de la educación como derecho social, en cuanto ésta desempeña una función social que no debe ser reducible al origen de su financiamiento, pues en su calidad de derecho fundamental no puede ser comerciable. Claramente esta propuesta deja más de un ámbito abierto en que los privados puedan seguir desarrollando negocios al alero de la educación.

CIERRE DE INSTITUCIONES

La creación de dos nuevas universidades regionales durante los primeros 100 días de gobierno ha sido uno de los compromisos de la presidenta (Aysén y O ́Higgins), sin embargo, la reforma no sólo implicará la creación de instituciones, sino que también el cierre de varias.

El caso de la Universidad del Mar en el ámbito universitario y el cierre de colegios en Cerro Navia, da cuenta de la inexistencia de mecanismos para que el Estado se haga cargo. Si bien en el ámbito escolar existe la figura del interventor, ésta solamente responde a la lógica de “lo malo se bota” y no es extensible a la mayoría de casos por los que los colegios se cierran (proceso de renuncia voluntaria por parte del sostenedor al reconocimiento oficial), mientras que en la educación superior no existen figuras ni procedimientos asociados a su cierre, así como tampoco para dar respuesta a los estudiantes de las instituciones que no resulten acreditadas, requisito para recibir ayudas del Estado. Una reforma sustantiva no puede omitirse ni tener medias tintas frente a este tema, que está en el sentir cotidiano de muchas familias que, aún compartiendo las demandas del movimiento estudiantil, temen razonablemente que sus hijos terminen viviendo los mismos dilemas e incertidumbres padecidos por los estudiantes de la Universidad del Mar.

UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD ESCOLAR

La cartera de Educación ha confirmado que, como se describe en el programa de la Presidenta, la desmunicipalización se realizará a través del reemplazo de la administración municipal por  “una nueva institucionalidad pública, cuya estructura contempla la creación de un Servicio Nacional de Educación Pública descentralizado y Servicios Locales de Educación Pública”, ambas entidades relacionadas al Mineduc.

Existen diversas perspectivas, la propia Presidenta Bachelet envió un proyecto durante su anterior gobierno, lo mismo hizo el ex presidente Piñera el año 2011, sin prosperar ninguna de ellas. Por su lado, desde el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Municipalidades y la ACES, han construido sus respectivas propuestas. Un punto en común es la necesidad de una nueva institucionalidad, sin embargo, de quién dependa, el tamaño de la institucionalidad, sus atribuciones y la forma de financiamiento (por vulnerabilidad de la localidad, vía presupuesto, por  el tamaño de la matrícula, etc), su vínculo con la comunidad, entre otras, son cuestiones que hoy están en el debate y frente a las cuales no ha existido hasta la fecha un posicionamiento claro del nuevo gobierno.

Es necesario que el ministro profundice estos temas, pues el fin al copago se encuentra conectado con el fortalecimiento de la oferta pública que se traduce, por ejemplo, en la creación de establecimientos y su distribución racional. Además, de poco sirve una institución sin una idea acerca de cómo educar y qué enseñar. En tal sentido, la definición de los currículos, el rol del profesor, la regulación de su quehacer, son cuestiones que responden a la pregunta por el “para qué” educamos, discusión adeudada en estos anuncios.

LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA AUSENCIA DE CLARIDAD

El programa de la Presidenta respecto a educación técnica solamente se refiere a la creación de Centros de Formación Técnica públicos con presencia en todas las regionales, agregando que estos deben vincularse a una universidad pública. Llamativamente, agrega que “en los primeros 100 días de Gobierno se firmarán los cinco primeros convenios con universidades para la creación de CFTs públicos en regiones”, cuestión que no ha sido profundizada hasta ahora, pero que sin dudas es un ámbito escasamente discutido a nivel nacional.

Poco se ha dicho e investigado sobre la educación técnica en Chile, pero desde ya podemos resaltar algunos aspectos preocupantes: por ley el lucro está permitido, el Estado actualmente tiene prohibido abrir Institutos profesionales, a la fecha sólo cerca de un tercio de IPs y CFTs se encuentran acreditados y, además, concentran el 42,2% de la matrícula de la educación superior compuesta mayoritariamente por estudiantes de escasos recursos.

No basta, y puede incluso resultar contraproducente, crear CFTs del Estado para que ingresen a competir como un actor más en el mercado de la educación superior técnico profesional. Es preciso, en primer lugar, vincular la cuestión de la educación técnica con la planificación nacional y el desarrollo regional, aspectos que permiten responder preguntas como qué técnicos formar, dónde y para hacer qué.

Asimismo, debe también trabajarse la coherencia de todos los niveles de educación técnica: por un lado, aquella que se imparte en la enseñanza media, hoy escasamente vinculada a su continuidad en el ciclo superior; por otra parte, dentro del nivel superior, también deben considerarse las universidades (UTFSM y USACH por ejemplo) que hoy cuentan con numerosas carreras técnicas, de modo de hacerse cargo del sector de manera integrada, coherente y no simplemente desparramando instituciones para competir entre sí, duplicar esfuerzos y en esa dinámica contribuir escasamente al desarrollo del país. Todos estos son aspectos frente a los cuales la posición del gobierno no ha pasado de escuetos y ambiguos titulares.

UNA BRÚJULA PARA NAVEGAR EN LA REFORMA

Tal como hemos repasado en esta columna, podemos decir que hay una enorme cantidad de temas pendientes por discutir. Por mientras, el ministerio entrega señales: el retiro de los proyectos de ley presentados por la administración de Piñera deja claro que es preciso diferenciar regulación con prohibición. Sin embargo la experiencia indica que las señales no siempre se presentarán con total nitidez y muchas veces vendrán escondidas las letras chicas detrás de los grandes titulares de prensa.

Y no será solamente el gobierno: no son pocos los actores interesados en utilizar el lenguaje para toda clase de giros copernicanos que parezcan convocar las consignas del movimiento estudiantil y aún así mantener todo como estaba antes de la reforma. Así como Carlos Peña quiere convertir las universidades privadas en bienes públicos por obra y gracia de su retórica, la derecha apuesta a repetir la consigna de la calidad y abusar del embrujo lingüístico para seguir solapando el lucro.

De ahí que resulta fundamental para los tiempos que vendrán tener un horizonte claro, que sea como una brújula que permita navegar a través de la reforma, permitiendo diferenciar qué aspectos constituyen efectivamente avances y cuáles, en cambio, responden a meros gatopardismos orientados a dejar todo como está. Así pues, una reforma cuyo centro sea el desplazamiento del sentido mismo de la educación desde un bien de mercado hasta un derecho social, debe saber que todos los metros que retroceda el mercado serán avances para ensanchar la democracia.