Día Internacional del Derecho a la Verdad: ¿Cómo andamos por casa?

El 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Este día fue proclamado en 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas en homenaje a la labor de monseñor Óscar Arnulfo Romero en la promoción y protección de los derechos humanos en El Salvador, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por el “escuadrón de la muerte», durante el conflicto armado de ese país, con la finalidad de silenciar sus denuncias públicas tendientes a visibilizar graves violaciones que se estaban cometiendo dentro de El Salvador.

Este es un día que nos convoca no sólo a rendir tributo a quienes se han dedicado a la lucha por la promoción y protección de los derechos humanos, sino también nos obliga a recordar que dentro de toda sociedad pos conflicto se le debe dar importancia al derecho de saber la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos, con el fin de consolidar la naciente democracia y recomponer los lazos sociales. En este sentido, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos indicó que el derecho a la verdad abarca el derecho a identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones, las circunstancias y hechos de las mismas, y el destino final de las víctimas, cuando se refieren a desapariciones forzadas. Esta idea es reforzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que afirmó, a propósito del caso Bámaca Velásquez versus Guatemala, que conocer la verdad de lo sucedido producto de las graves violaciones a los derechos humanos permite, además, prevenir estos crímenes en el futuro.

Las Comisiones de Verdad constituyen un paso importante dentro de la “justicia transicional” y buscan dar cumplimiento al derecho que toda sociedad tiene de conocer lo sucedido, pero no son suficientes si en ellas se expresa sólo una parte de esa verdad histórica. En Chile, recién retornada la democracia, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación con la finalidad de abordar la verdad acerca de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, individualizando sólo a las víctimas de ejecución y desaparición forzada, dejando de lado a las víctimas de prisión política y de tortura que no habían sido asesinadas, así como también la tarea de identificar a los responsables de dichos crímenes. La Comisión estuvo en funcionamiento sólo nueve meses y en ese periodo se acreditaron 2.298 víctimas de violación sistemática e institucionalizada por parte del Estado. La sucedió la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1996) que calificó a 897 nuevas víctimas. La última instancia para recabar información de nuevos casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos funcionó entre 2010 y 2011. Hasta la fecha, se ha registrado un total de 3.216 personas que perdieron la vida o desaparecieron debido a la dictadura cívico-militar.

Sin embargo, no fue sino hasta 2003, cuando se creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura o “Comisión Valech”, donde el mayor grupo de víctimas de la dictadura chilena pudo entregar información y testimonio respecto de la realidad que vivió. Esta iniciativa, en su primera instancia, permitió conocer de primera mano cuales habían sido las prácticas estatales perpetradas en contra de 28.459 personas. En 2010 se reabrió la instancia calificadora, conocida como Valech II, donde un total de 38.254 personas fueron reconocidas por el Estado como víctimas de prisión política y tortura. A pesar de los avances en materia de verdad, existen falencias claves en la política estatal que restringen y limitan el cumplimiento del derecho a la verdad, tal como sucede con el secreto por 50 años de los archivos recopilados por la Comisión Valech instaurado a través de la ley 19.992, lo que implica que recién en el año 2.053 se podría tener acceso a la información entregada por sobrevivientes respecto de donde fueron recluidos, los tipos de torturas a las que fueron sometidos y lo más importante, quienes perpetraron dichos delitos.

Estas dificultades en el acceso a la información derivaron en la lucha de organizaciones de derechos humanos, de sitios de memoria, de agrupaciones de familiares de víctimas y de ex presos políticos destinada a conocer la verdad de las violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de ello, es la campaña de Londres 38, “No Más Archivos Secretos”, la cual tiene como primer objetivo la apertura de la información de la Comisión Valech, la cual puede ser clave para esclarecer la verdad judicial respecto de las violaciones a los derechos humanos.

Otra de las demandas por verdad, se relaciona con la información incautada desde Colonia Dignidad o Villa Baviera por la Policía de Investigaciones en 2005 y que se refiere a más de 30.000 fichas que contienen datos relevantes acerca de las víctimas de la dictadura, personas que fueron perseguidas por la DINA y otras personalidades que cooperaron con la dictadura militar chilena. Dicha incautación se produjo a propósito de la investigación judicial destinada a indagar los nexos de colaboración entre Colonia Dignidad y la DINA, y su participación en la desaparición de los detenidos que estuvieron recluidos en Villa Baviera. Hasta la fecha, se desconoce el contenido íntegro de dicha información, toda vez que se encuentra resguardada bajo secreto, gracias al amparo de la Ley de Inteligencia Nacional.

Y por último, se requiere además, que las Fuerzas Armadas, Policiales y de Inteligencia entreguen toda la información que tienen en su poder respecto de aquellos antecedentes que permitirían esclarecer responsabilidades en la comisión de estos crímenes en Chile, así como el destino final de las víctimas desaparecidas.

El derecho a la verdad, contempla el derecho a saber y a ser informado, forma parte de la libertad de expresión reconocida por nuestra Constitución Política. De este modo, la verdad respecto de los graves crímenes cometidos durante la dictadura debe difundirse lo más ampliamente posible. Porque, tal como lo ha reconocido la comunidad internacional, el derecho a la verdad es esencial para combatir la impunidad, y se encuentra ligado a la realización de la justicia y a la garantía de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos. Sólo entonces, podremos entender el contenido del “nunca más”.