La CPC, INACAP y la nueva propuesta para fomentar las buenas prácticas empresariales
24.10.2013
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24.10.2013
Júbilo despierta la iniciativa impulsada por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la Fundación Generación Empresarial y el diario El Mercurio y que se dio a conocer el miércoles 23 de octubre en la SOFOFA. Un proyecto que, bajo el título “Bien común, dilemas éticos y compromisos empresariales”, pretende subrayar los principios rectores, los axiomas y, por supuesto, mejorar las prácticas empresariales para generar y fortalecer confianzas entre los distintos actores sociales. Esta iniciativa debería allegar optimismo y alegrar a todos los chilenos: la confianza es un elemento central en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más libre, más solidaria y, en suma, más desarrollada.
A propósito de lo anterior, resulta oportuno tener presente que hace 47 años, el 21 de octubre de 1966, mediante Decreto Supremo Nº 2.541, INACAP fue creado como una corporación privada filial de CORFO, sin fines de lucro. Su misión: promover el aumento de la productividad del país y el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores mediante la formación técnica, la capacitación y la promoción profesional. En la dirección superior de INACAP participaban, a nivel de Consejo Directivo, la CORFO y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), como miembros co-fundadores activos y con idéntico aporte patrimonial. Además, en calidad de miembros colaboradores participaban el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), la CPC y el sector laboral.
Es reconocido el aporte que en calidad y cobertura llevó a cabo INACAP en beneficio del país. Ya a comienzos de los ‘70 superaba la atención de más de 120.000 trabajadores y jóvenes al año. Cientos de grandes, medianas y pequeñas empresas eran asistidas en el desarrollo y capacitación de su personal. El merecido prestigio alcanzado a los pocos años de su creación, trascendía fronteras: INACAP era reconocido como un modelo muy efectivo, eficaz y eficiente para llevar adelante la formación profesional y educación técnica de los trabajadores y los jóvenes chilenos.
Los servicios que INACAP prestaba a los trabajadores no tenían costo para ellos y, en el caso de las grandes empresas, éstas sólo debían retribuir los costos directos de los servicios prestados. Producto del aporte de todos los chilenos y de países e instituciones amigas, INACAP se convirtió en una institución altamente eficiente y muy importante para el desarrollo del país y el sector productivo.
En los últimos meses de 1989 se produjo un cambio radical y profundo en la misión, concepción, operación, administración, financiamiento y control de INACAP. La dictadura dispuso que CORFO renunciara a su participación, dando inicio sin licitación ni pago alguno a un oscuro proceso para transferir la gestión y participación del Estado y los trabajadores en la dirección de dicho instituto a instituciones privadas. Así, el control de INACAP quedó en manos de la CPC y su Corporación Nacional Privada de Desarrollo Social. La participación del Estado se redujo a la sola presencia de SERCOTEC en el Consejo Directivo del instituto.
Más allá de los cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, la ética y la transparencia son aspectos que no se advierten en la privatización de INACAP, la que implicó un inmenso daño al país, considerando además el importante patrimonio involucrado –estimado en unos US$ 500 millones–, propiedad de todos los chilenos. Más allá de los visos de legalidad, la operación acusa ribetes que la asemejan a un proceso de receptación. No se trata aquí de discernir si lo que hace hoy la institución corresponde a lo que necesita el país o cómo hace esa tarea, o si fue o no fue legal su traspaso; el asunto es si es legítima la cesión de un patrimonio que es de todos los chilenos, incluidos tanto los empresarios como los trabajadores.
INACAP debería volver a ser una institución estatal de administración tripartita, articuladora de un sistema de educación técnica y formación profesional para los trabajadores y los jóvenes, sin fines de lucro, como el país tanto necesita.
Por eso, al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de INACAP, más que lamentar su plagio, sería esperable que la dirigencia actual de la CPC, que planteó su propuesta de buenas prácticas empresariales en la SOFOFA, honrara como corresponde a aquellos empresarios que pusieron por delante el interés nacional a los propios. Enmendando esta situación, el empresariado hará una efectiva y potente contribución a la generación y fortalecimiento de confianzas que el país requiere.
* Mario Cerda Allende es ingeniero Civil. Fue director ejecutivo de INACAP (1971-1973), director Nacional del SENCE (1990-1994) y experto y consejero técnico en formación profesional OIT. Actualmente es consultor de empresas.