“Mamo” Contreras y la TV: Escribir derecho con líneas torcidas

La ex presidenta y candidata presidencial Michelle Bachelet dijo el 7 de octubre a CNN Chile que sintió una “indignación profunda” al escuchar la entrevista que ese mismo canal le hizo al ex director de la DINA, Manuel Contreras, en la víspera de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. “No pude seguir viendo la entrevista”, confidenció. Una reacción que seguramente tuvieron muchos televidentes, en especial los que a través de las declaraciones de Contreras revivieron el horror de la represión dictatorial.

Llama la atención que este episodio televisivo siga siendo objeto de atención a casi un mes del 11. Y es positivo que sea así, porque más allá de los impactos inmediatos de la entrevista –que dejaron sin duda saldos positivos–, hay reflexiones y lecciones pendientes tanto para la sociedad chilena en general como para los medios de comunicación en particular.

Más de algún creyente podría aplicar la máxima “a veces Dios escribe derecho con líneas torcidas” a los acontecimientos ocurridos entre las 18:00 horas del 10 de septiembre –cuando CNN Chile emitió sin editar la entrevista a Contreras en una febril competencia por el rating con TVN y Canal 13–  y la madrugada del domingo 29, cuando se concretó el traslado de los presos del Penal Cordillera a Punta Peuco.

Penal Cordillera

Otro refrán que calza en este asunto: “Por la boca muere el pez”. Porque fue gracias a las arrogantes e insultantes declaraciones televisivas de Contreras –sobre todo por sus despreciativas palabras sobre Gendarmería–, que el Presidente Sebastián Piñera determinó que el Penal Cordillera debía cerrarse y que sus 10 reclusos fueran trasladados a Punta Peuco (aunque finalmente hayan sido nueve, tras el suicidio de Odlanier Mena). Se avanzó así, aunque todavía en forma parcial, en una correcta dirección de igualdad ante la ley, no obstante el escandalizado coro de imprecaciones de varios exponentes de las rémoras pinochetistas desde los partidos políticos de derecha y la autodenominada “familia militar”.

Pero al margen de la coyuntura, está la necesaria reflexión que deben hacer los medios de comunicación  –especialmente la TV, los periodistas e incluso los juristas– a propósito del rocambolesco episodio de las entrevistas a Contreras. Un caso que podría ser objeto de estudio en cursos de ética y libertad de expresión tanto en las escuelas de Leyes como de Periodismo y que ameritaría pronunciamientos del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas, del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y del Consejo Nacional de Televisión.

Más allá de la anécdota sobre la actuación de la removida jefa de Comunicaciones de Gendarmería, Noelia Miranda (ex agregada de prensa de la dictadura en la embajada ante Naciones Unidas y ex directora de la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo), lo que resta es un debate profundo acerca de los alcances de la libertad de expresión en casos de violadores de derechos humanos y criminales de lesa humanidad.

La tribuna concedida a Contreras por tres canales de la televisión chilena remite a un caso más o menos similar ocurrido en Argentina. El almirante Emilio Eduardo Massera, condenado en 1985 a presidio perpetuo por innumerables crímenes y actos de corrupción cometidos mientras integró la junta militar entre 1976 y 1978, fue indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, hasta que ocho años después volvió a la cárcel por delitos imprescriptibles de secuestro de menores. El periodista Mariano Grondona, conocido por su incondicional apoyo a las sucesivas dictaduras argentinas desde 1955 y por algún escrito antisemita, el 7 de agosto de 1996 tuvo como invitado estelar a Massera en su programa televisivo Hora Clave. En vista del revuelo provocado por sus dichos, Grondona le otorgó nuevamente la tribuna televisiva tres días después, para que leyera en directo una larga proclama de 18 minutos. “En el ámbito contradictorio y rico de la libertad todos tienen derecho a expresarse”, fue la justificación del periodista para concederle “derecho a réplica” al ex dictador.

El escritor y periodista Tomás Eloy Martínez comentó este episodio en un artículo llamado precisamente “Derecho a réplica”, que es reproducido en el libro de 2003 “Réquiem por un país perdido”.  En el texto, Martínez recordó que los seis jueces que condenaron a prisión perpetua a Massera en 1985 “lo encontraron culpable de 69 secuestros, tres homicidios alevosos, 12 actos de tortura y siete robos lisos y llanos”, datos que daban lugar a una conclusión lógica: “Massera es, por lo tanto, un delincuente peligroso”. ¿No correspondería una conclusión similar acerca de Manuel Contreras, cuyos delitos lo hacen acreedor a una acumulación de condenas que suman 300 años de presidio?

“¿Los delincuentes peligrosos tienen derecho a réplica en las democracias? ¿Es justo conceder a un criminal probado la misma libertad para predicar sus ideas que se le concede a una persona decente?”, se preguntaba entonces Martínez.

Tomás Eloy Martínez, reconocida autoridad en materias de ética periodística hasta su muerte en enero de 2010, citó en su artículo expresiones de Massera que guardan estrecha similitud con las aseveraciones de Contreras en su entrevista del 10 de septiembre. “Aunque ahora alude a una guerra, Massera no actuó como un guerrero: en vez de matar a sus adversarios en combate, lo hizo cuando estaban encapuchados y engrillados”. Así como el ex jefe de la represión pinochetista sostuvo que la DINA “pacificó Chile”, el marino argentino proclamaba en 1996 que los militares de su país ganaron “la guerra contra la disolución nacional”.

Las miles de víctimas que dejó el terrorismo de Estado en Chile y Argentina siguen pesando en la conciencia colectiva y en la memoria social de ambos países. Y es en este terreno donde se plantean los dilemas éticos para los medios de comunicación que ofrecen tribuna a convictos de violaciones masivas de los derechos humanos.

“Ningún canal abierto de los Estados Unidos, Francia o Inglaterra (ni tampoco los de cable, que yo sepa) acepta el riesgo de convertirse en portavoz de un delincuente cuyo discurso es de dudosa utilidad pública, porque los contenidos de ese discurso podrían afectar el bien común. Las raras veces en que eso ha sucedido (sobre todo en los casos de espionaje), las entrevistas jamás se pasan en directo. Ahí reside la clave del problema: cuando un delincuente ya condenado quiere difundir su opinión o publicar un libro, los contenidos de su discurso son editados, para evitar que se incurra en apología del delito o que se atente contra el bien común”, comentó Martínez en su artículo.

“Lo grave de los programas que tuvieron a Massera como protagonista es que se emitieron en directo, como si se tratara de un ciudadano cuyo pasado está limpio y no de lo que en verdad es: un delincuente condenado por la justicia a prisión perpetua”, añadió. Cámbiese Massera por Contreras y la cita es aplicable a la desesperada competencia de tres canales de la televisión chilena para conseguir el “golpe periodístico” de la entrevista al principal delincuente represivo de los primeros años de la dictadura.

Con la exhibición en directo de sus declaraciones, el “Mamo” Contreras tuvo una tribuna privilegiada para multiplicar un discurso plagado de falsedades que no se han tragado los tribunales que han dictado sucesivas sentencias en su contra. Descalificador, prepotente y amenazador, incurrió en la peor apología de los actos criminales de la DINA, basada en la mentira sistemática.

CNN Chile lanzó la entrevista in extenso sin editar para preservar su “golpe periodístico” y ganarle en la competencia contra reloj a TVN y al Canal 13. Así, el canal actuó como una ingenua caja de resonancia de los dichos de un criminal convicto, pese a los esfuerzos de los entrevistadores Mónica Rincón y Daniel Matamala por confrontarlo a las verdades establecidas por los tribunales y los informes Rettig y Valech.

Manuel Contreras

¿Por qué dar a los violadores de derechos humanos la libertad de expresión que negaron a sus víctimas? ¿Por qué permitirles que desde el privilegiado eco de una pantalla televisiva continúen haciendo escarnio de los asesinados y desaparecidos y agraviando a sus familiares, como en las indignantes declaraciones del “Mamo” Contreras acerca de las mujeres embarazadas que la DINA mató o hizo desaparecer?

Jesús Martín Barbero planteó hace ya algunas décadas que el periodista puede adoptar dos funciones distintas en la relación con el público: un intermediario o un mediador. El intermediario suele adoptar una cómoda postura neutral y, en nombre de la objetividad y del “derecho de todos a expresarse”, se despreocupa del bien común y es fácilmente manipulable por los poderes de cualquier tipo. El mediador, en cambio, valora la función social del periodismo y en las palabras de Barbero “busca la participación de la gente en la historia común (…) y activa la capacidad de la gente para analizar, criticar y proponer”.

¿La información es una mercancía o un bien social? Más allá de los discursos editoriales de los medios, es un hecho que las carreras febriles por “golpear” con noticias o declaraciones exclusivas y la subordinación de noticieros de TV al rating y al people meter mercantilizan el periodismo en desmedro de su función social, del bien común y de la ética.

Una ética que no debe confundirse con cánones morales individualistas que a menudo caen en un moralismo ramplón. Como lo señala certeramente Humberto Maturana, la verdadera dimensión ética está en la preocupación por el otro y los otros. Por lo tanto, en el terreno periodístico no basta con ser un intermediario pasivo amparado en la libertad de expresión.