Despidos en el INIA y la vulneración de las garantías constitucionales

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura y financiada mayoritariamente con recursos públicos y proyectos que sus investigadores se han adjudicado. Es también la principal institución dedicada a la investigación del ramo en Chile. Pero en 2010, cuando el recién asumido ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, nombró sin concurso de alta dirección pública a Guillermo Donoso Harris como director nacional del INIA, se inició un particular y nefasto proceso que implicó el despido arbitrario de unos 30 investigadores del instituto en todo el país. Un proceso que tras poco más de dos años y medio en tribunales, acabó con un fallo de la Corte de Suprema que condena al INIA por haber “vulnerado las garantías constitucionales” de cinco investigadores exonerados en Temuco.

El 1 de Julio de 2010, un grupo de investigadores le enviamos al entonces recién designado director nacional una carta donde lo poníamos al tanto de la necesidad de mejorar las políticas de investigación, de administración y de gestión en el INIA. Le manifestamos nuestra preocupación sobre cómo las administraciones anteriores habían disminuido el rol central de la investigación y habían prescindido de nuestras contribuciones como profesionales. Los responsables de esta situación eran un grupo de directivos, mayoritariamente investigadores que decidieron abandonar su función de investigación, quienes se desentendieron de su compromiso de conducir apropiadamente a la institución, tanto a nivel regional como nacional. También le planteamos a Donoso que, a nuestro juicio y producto de lo anterior, la labor directiva en cuanto a gestión y supervisión administrativa en el instituto era ineficaz, que el sistema de financiamiento era inapropiado y que la aplicación de normas y reglamentos era poco transparente. Se trataba de una especie de diagnóstico sobre el servicio que Donoso empezaba a dirigir. Por eso, al final de la carta, le solicitamos una reunión. Porque, sin un cambio, el INIA iba irremediablemente a un descalabro.

A las pocas semanas, Donoso no solamente desestimó nuestra opinión, sino que además dio a los directivos criticados  poderes amplios para desvincular personal en el INIA. Dos de esos directivos, Ernesto Labra y José Peralta, realizaron una evaluación secreta y completamente discriminatoria, ya que se aplicó sólo a algunos, sin derecho a réplica o apelación, y con criterios y parámetros desconocidos; algo sin precedentes en la institución. Así, se conformó una lista que incluía a más de 30 investigadores en todo el país para su desvinculación. Esa “lista negra”, que incluía a quienes habíamos hecho las críticas, fue entregada a todos los directores regionales del INIA, entre ellos al de la Región de La Araucanía, a quién igualmente habíamos criticado en reiteradas oportunidades por el abandono científico-técnico en que tenía sumido al Centro Regional Carillanca.

El 10 de septiembre a las 14:00, simultáneamente en todos los centros regionales del INIA, se ejecutó el proceso de desvinculaciones. Se utilizó la figura legal de “necesidades de la empresa” y se dio un plazo de pocas horas para entregar el inventario de nuestros laboratorios y oficinas, configurándose una brutal forma de despido y desalojo. No obstante aquello, Donoso nos agravió públicamente al publicitar falazmente que los despidos obedecieron a un desempeño deficiente.

Los investigadores desvinculados teníamos entre 12 y 33 años de productividad científica. Fuimos quienes construimos el INIA, implementamos sus laboratorios y con nuestras investigaciones le dimos categoría y reconocimiento. Todos con formación de postgrado, algunos tienen reconocimientos internacionales como premios FAO por sus contribuciones a la investigación agrícola. También están en el grupo los investigadores que acababan de registrar la primera patente de invención en los 50 años de existencia de INIA, con numerosas publicaciones y que ejecutaron complejos proyectos de investigación nacionales y extranjeros.

El impacto inmediato de este “desmembramiento” del INIA fue la pérdida de varios proyectos nacionales e internacionales que estaban siendo desarrollados por los investigadores despedidos. También la desarticulación de equipos de trabajo que generaban importantes y permanentes recursos para la institución. El patrimonio económico del INIA resultó considerablemente afectado, producto de las diversas indemnizaciones y demandas ante la justicia, costos que se cancelaron con dineros institucionales.

La gran mayoría de los desvinculados llegaron a acuerdos económicos extrajudiciales, salvo cinco de los desvinculados de Temuco, quienes rechazamos los acuerdos y llevamos adelante demandas por «tutela laboral y despido injustificado» que duraron dos años y medio. Estas fueron finalmente sancionadas a comienzos de 2013 por la Corte Suprema, la cual ratificó por unanimidad los fallos originales que señalaban que la desvinculación vulneró nuestras garantías constitucionales y las calificó como “una represalia por la crítica efectuada a las autoridades de INIA del momento”. Previo a esta sentencia, producto del igualmente lapidario informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Donoso abandonó el instituto, eludiendo así dar cuentas por su gestión.

Lo irregular de los procedimientos en el periodo de Donoso quedó además demostrado en el concurso público llamado para la designación del director regional de Carillanca, concurso al cual postuló precisamente uno de los desvinculados de Temuco. Por supuesto, no quedó. Tal como señala la sentencia del Tribunal de Letras del Trabajo de Temuco, “…no deja de llamar la atención que en definitiva se designe en dicho cargo a una persona que no tiene los grados académicos del oponente Sr. Andrade”. En dicho concurso participaron como evaluadores precisamente quienes llevaron adelante el proceso de desvinculación, los que incluso intentaron resistirse a entregar la información exigida por el Consejo para la Transparencia respecto de dicho concurso.

También hay otras pérdidas más cuantiosas para el INIA, como la inhabilidad para postular a fondos públicos por un número de años, debido a esta sentencia laboral. Además, ha debido contratar nuevo personal, en quienes deberá realizar nuevas inversiones para su formación. En definitiva, el proceso de desvinculación del INIA le ha costado cuantiosos recursos al erario nacional, de lo cual nadie ha asumido la responsabilidad.