INE: Las sospechas de triangulación de dinero que complican al asesor más cercano a Labbé

La relación contractual del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) con uno de los asesores del ex director Francisco Labbé comenzó el día de los inocentes, el 28 de diciembre de 2012. Fue en esa fecha de la tradición judeo cristiana en que Juan Pablo Raide firmó el contrato por el que comenzó a recibir un sueldo que -de acuerdo a la primera investigación de CIPER sobre el Censo 2012- en realidad habría sido para su hermano Maximiliano Raide, el joven líder que impresionó a Labbé cuando era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Andrés Bello.

Como presidente ejecutivo de la agrupación Jóvenes Líderes, Maximiliano Raide demostró alto poder de convocatoria de personalidades, desde el entonces ministro Laurence Golborne al tenista Fernando González, a quienes logró llevar a actos con cientos de alumnos de la Andrés Bello. Esto causó una buena impresión en Labbé.  Según relató en la investigación que sigue la fiscalía de alta complejidad Centro Norte, estas redes fueron decisivas para que Raide aterrizara en el instituto de estadísticas, ocupando un importante lugar y desplazando a profesionales del círculo más estrecho de Labbé.

Maximiliano Raide se convertiría en uno de los más cercanos asesores que tuvo el ex director del INE, especialmente en la última etapa de su administración, y fue ganando terreno a medida que la crisis institucional se expandía en el organismo y que los directores, de perfil técnico, iban siendo marginados de la toma de decisiones clave en temas del Censo 2012, como el cambio de metodología. Ese poder era coherente con el acceso a ciertos privilegios que, en la administración pública, resultan indiscutibles a la hora de ostentar, como por ejemplo un estacionamiento exclusivo de automóvil. “Max” Raide tenía el suyo y eso marcaba poderío entre los funcionarios.

La pregunta que hasta ahora no es posible aclarar es por qué contaba con esa regalía en dependencias del INE, si ni siquiera había firmado contrato con el instituto. Y por qué no recibía remuneraciones formales por los servicios entregados a Francisco Labbé. Esta arista ha sido poco explorada en la investigación que dirige el fiscal José Morales, pero ha despertado gran interés en la comisión investigadora que abrió la Cámara de Diputados sobre las irregularidades cometidas en el INE, y que se hicieron públicas tras el primer reportaje de CIPER, que daban cuenta de la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Además, al interior del INE existen dos sumarios administrativos que involucran al grupo de asesores cercanos a Labbé y que se mantienen abiertos. Una para determinar la eventual responsabilidad administrativa en la filtración de datos censales a medios de comunicación, antes de su publicación oficial. Esta se inició como una investigación sumaria con el  número 1805 y es sobre la filtración de las cifras del Censo a El Mercurio el día antes de la entrega oficial en el cerro Santa Lucía, evento que fue presidido por Sebastián Piñera y el entonces ministro de Economía, Pablo Longueira. Funcionarios del INE han apuntado hacia el ex asesor y encargado de las comunicaciones estratégicas del INE, Sebastián Mathews, como uno de los responsables.
Dicha filtración fue denunciada por la entonces directora de Comunicaciones del INE, Marcela Martínez, a Labbé, en un correo del 1 de abril de 2013, en el que afirmó que ese diario publicaría las cifras del Censo al día siguiente. “Acaban de llamarme para confirmar varios datos. Yo no confirmé nada y nunca he entregado información. Dentro de los datos me llamó la atención que estaba la cifra de cobertura. Esa cifra la sacamos de sus palabras en la presentación debido a que usted mismo me pidió eliminarlas”, dijo la periodista, quien días después fue despedida.

La segunda investigación sumaria es la Nº1906, por eventuales irregularidades en el proyecto Censo 2012 y por contrataciones de personal, donde los nombres de Maximiliano Raide, su hermano Juan Pablo, y Antonio Hartmann vuelven a ser centro de la indagación.

A través del departamento de comunicaciones del INE se informó que “mediante Resolución Exenta n° 2738/2013, se pone término a las referidas investigaciones y se elevan a sumario administrativo los hechos investigados, por cuanto se constata que revisten mayor gravedad de la estimada al inicio de las investigaciones”.

Además, se designó a Cristian Romero Cocuy, funcionario de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, para que siga con el sumario administrativo para esclarecer los hechos relativos al Proyecto de Censo de Población y Vivienda 2012.

LAS TRIANGULACIONES

Aunque Labbé lo niega, es la ex gerenta del INE, Mariana Alcérreca, quien lo acusa de dar las instrucciones de que el sueldo de Maximiliano Raide debía triangularse a través de terceros. Así lo relató al fiscal José Morales: “Maximiliano Raide era un asesor permanente del director, pero no pagado directamente por el INE. El sueldo de Maximiliano se pagaba a través de Juan Pablo Raide y Antonio Hartmann en el año 2013. El 2012 a través de Antonio Hartmann y Constance Pooley. Para contratar a estas personas me dio las instrucciones el director Labbé”.

Pese a que “Max” Raide registra estudios de Derecho en la Universidad de Los Andes, no tiene título profesional, por lo que no habría podido recibir los casi $4 millones por conceptos de honorarios si se le hubiese contratado de acuerdo a sus pergaminos académicos. Los ingenieros comerciales que sirvieron de intermediarios habrían sido, entonces, la solución para que Labbé conservara los servicios de Raide.

Sin embargo, en la comisión investigadora el diputado Felipe Harboe denunció que si bien Juan Pablo Raide firmó una declaración jurada diciendo que es ingeniero comercial, había un documento de la Universidad del Desarrollo donde se lo certifica como alumno regular y por lo tanto aún no titulado. El parlamentario cuestionó también que Labbé certificara su idoneidad como relacionador público pese a que no tenía experiencia en ese ámbito. Además, reveló que las referencias para certificar su idoneidad eran dadas por su amigo Antonio Hartmann y por una tía.

De confirmarse la triangulación, hasta abril de este año el “joven líder” Maximiliano Raide habría recibido un “sueldo” de $3.900.000, a través de su hermano Juan Pablo, quien tenía honorarios por $1.674.001 por desempeñarse como relacionador público; y a través de Antonio Hartmann Ramírez, quien ganaba  $2.225.522 como asesor económico, realizando “asesorías para la estratificación de empresas para la clasificación en las próximas etapas del IPC”.

En 2012, las triangulaciones habrían sido prácticamente por la misma cantidad de dinero ($3.896.000), pero a través de Constance Pooley Toplai, relacionadora pública, con $1.670.111; y a través de Hartmann, con honorarios que ascendían a $2.225.522.

Raide fue consultado por CIPER y solo respondió que los dineros nunca fueron triangulados hacia él y aseguró que trabajó en el INE pero en funciones que no fueron remuneradas, pues su intención era “hacer un aporte al país”.

LA “AMISTAD” ENTRE RAIDE Y LABBÉ

En sus declaraciones al fiscal José Morales, Labbé insistió en que Maximiliano Raide no recibía remuneraciones, pero al hacerlo destapó un flanco mayor. El hecho de que Maximiliano Raide no trabajara oficialmente en el INE implica que no existía un contrato que lo obligara a mantener la confidencialidad de los datos que pudo conocer gracias a su cercanía con el ex director.

En su declaración ante el fiscal, Labbé explicó que contrató a Raide cuando trabajaba en la Universidad Andrés Bello. Durante cuatro años, Raide llevó invitados que hablaban a los alumnos acerca de su experiencia profesional. “En ese contexto hicimos algún grado de amistad. Es una persona muy joven y muy capaz, con relaciones políticas muy transversales”, dijo el ex director del INE a Morales.

Maximiliano Raide y Antonio Hartmann formaban parte de Jóvenes Líderes, organización integrada por estudiantes de nivel socioeconómico alto que desde mediados del 2000 mantuvo cierto protagonismo en los medios, donde publicitaban sus encuentros con destacados políticos como Sebastián Piñera y empresarios de la talla de Ricardo Claro para intercambiar opiniones sobre la contingencia nacional e internacional.

Al momento de explicar su rol en el instituto, el relato es más ambiguo. Primero Labbé afirmó que fichó a la organización de Raide para incentivar a los jóvenes a participar como voluntarios en el Censo 2012, cuando aún se pensaba que éste sería “de hecho”, es decir se haría durante un día festivo con encuestadores no remunerados. En el documento que el ex director del INE envió a la Cámara de Diputados tras declinar la invitación para asistir a la comisión investigadora, Labbé dedica uno de los cuatro “capítulos” a explicar estas contrataciones. Ahí fecha en agosto de 2011 el momento en que Raide y Hartman empiezan a colaborar “con el objetivo de contribuyeran a reclutar a más de 600.000 jóvenes universitarios para desarrollar el Censo y realizar actividades en terreno de difusión”. Sin embargo, fue justamente en esa fecha que Labbé decidió que el censo fuera “de derecho” y por lo tanto no se necesitaba reclutar voluntarios.

Fue en septiembre, dice Labbé en su declaración escrita, que Raide pasó a integrar el nuevo Comité de Comunicaciones y Extensión creado cuando se decidió que el censo fuera “de derecho”. Ante el fiscal definió el rol de Raide de una manera más amplia: “Después de unas reuniones acordamos que Antonio Hartmann se integrara pero Raide dijo que no podía porque era una organización transversal. Le solicité me ayudara con sus redes políticas pero él no podía aparecer. Por eso Max Raide se integró y asistía a las reuniones de comunicaciones. Él asistía una media hora y después iba a reunirse conmigo”.

En el escrito ante la Cámara, Labbé deja ver que es consciente de las contradicciones entre las razones de la contratación y el trabajo realizado por el grupo de Raide, así como de los cuestionamientos: “Ninguna de las personas mencionadas, tuvieron acceso a información reservada en relación al Censo ni al INE. Su participación fue siempre en el aspecto comunicacional y de extensión, sin perjuicio de lo dicho respecto del origen de la contratación”. Labbé hace ver además que Raide no sólo trabajó ad-honorem en el INE, sino que antes ya lo había hecho para el ex subsecretario del Trabajo Marcelo Soto.

Consultado por el rol que Raide desempeñaba en la institución, el jefe del Proyecto Censo, Eduardo Carrasco, dijo al fiscal Morales que se trataba “de una persona amiga del director, pero enfocada a la parte de difusión”.

Ante el fiscal Morales, el ex director del INE relató otra función más de Raide y dijo que lo presentaba como su asesor en la relación con el gobierno. “Él me buscaba relaciones o contactos con el gobierno para ciertas cosas. La colaboración de Raide con el INE fue hasta el último día de mi trabajo como director”, agregó Labbé, quien insistió que el joven no recibió ninguna remuneración.

El fiscal Morales también le preguntó a Labbé en calidad de qué aparece Raide sentado a su lado en una foto publicada por CIPER. Labbé dijo no recordarlo, pero posteriormente le asignó un rol muy importante en la modernización del INE y en que se abriera hacia las universidades. Labbé volvió sobre este punto cuando el fiscal Morales le preguntó por Juan Pablo Raide, el hermano de su asesor. Según Labbé, Juan Pablo era quien contactaba a las universidades para los convenios. Sin embargo, este último no tenía oficina, ni horario, ni correo institucional del INE.

El jefe de gabinete de Labbé, Raúl Sepúlveda, confirmó que Maximiliano Raide no recibía sueldo porque no quería ser contratado por el INE y que quienes sí lo hacían –Antonio Hartmann, Juan Pablo Raide y antes Constance Pooley– sí asistían al comité de comunicaciones que se realizaba los miércoles. En todo caso, Sepúlveda enfatizó que era la ingeniera comercial y asesora del director del INE, Mariana Alcérreca, quien veía todos los temas de presupuestarios relativos a contrataciones.

En la red social profesional Linkedin, Maximiliano Raide registró ser “asesor Director en INE”, pero una vez que se destapó el conflicto en el organismo eliminó esa función.  El hermano de Raide, Juan Pablo, y Hartmann presentaron sus cartas de renuncia el 29 de abril, un día hábil después de la salida de Labbé del INE. Y un dato curioso es que ambos textos son idénticos (ver cartas de Raide y Hartmann).

EL TESTIMONIO CLAVE DE ALCÉRRECA

De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión Investigadora del Investigadora del INE, diputado Juan Carlos Latorre, el testimonio de Mariana Alcérreca este miércoles 28 de agosto será de gran aporte para la indagación que hasta ahora han levantado los parlamentarios. En la sesión del martes 27 de agosto decidieron invitar a  Maximiliano Raide y Sebastián Mathews, informó Latorre.

“Maximiliano Raide tuvo acceso a la información del Censo. Tuvo acceso a la síntesis de la información”, le dijo Alcérreca al fiscal, en uno de los temas más delicados de la ambigua relación de Maximiliano Raide con el INE. Esta versión debería ser ratificada por la profesional en la comisión investigadora y, de acuerdo a los parlamentarios que la integran, esperan que también clarifique la manipulación de las cifras del Censo 2012.

Mariana Alcérreca es un personaje clave en esta investigación, pues en su entrevista a CIPER aseguró que Labbé fue quien materializó la manipulación de los datos del Censo 2012 y reveló que incluso la instruyó a publicar que habían sido censados realmente 16 millones 600 mil personas en vez de los 15 millones 800 mil. Ella no aceptó la orden y le representó que había “engaño” al incluir a los moradores ausentes y viviendas desocupadas a la cifra de los realmente censados.

La arista de la manipulación de los datos del Censo fue abordada en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del lunes 26 de agosto. En esa ocasión, el jefe de departamento de estudios sociales del INE, el sociólogo Andrés Bustamante, aseguró en forma insistente que se le advirtió a Labbé que por recomendación de Naciones Unidas no se podía incorporar en la información definitiva del censo de población una estimación de crecimiento, de acuerdo a las nuevas casas construidas luego del pre censo.

“Quiero ser explícito en mencionar que el señor Labbé tomó la decisión de no transparentar la diferencia entre población censada y población imputada, pese a haber sido advertido en innumerables ocasiones respecto de que esto se tenía que hacer. Incluso, pese a recibir una minuta, una cita textual de la recomendación de Naciones Unidas, donde se decía que esto tenía que ser trasparentado. Por lo tanto, aquí no se puede decir que esto no se sabía”, sostuvo Bustamante.

Al día siguiente la comisión recibió la carta de Francisco Labbé, en que refuta todas las irregularidades de las que lo han acusado (ver carta).

COMITÉ DIRECTIVO PARALELO

Cuando la crisis del INE ya había sido destapada por los directivos que se quejaron públicamente de las decisiones que se estaban adoptando por no responder a criterios técnicos, el círculo de asesores de Labbé se estrechó aún más, quedando confinado al jefe del Proyecto Censo Eduardo Carrasco; al jefe comunicacional del INE, Sebastián Mathews; y a Maximiliano Raide. En palabras de Andrés Bustamante ante la comisión de la Cármara, “en un momento en el INE la forma de conducir las decisiones por los canales formales se fue perdiendo y se instaló una suerte de comité directivo paralelo donde estaban el señor Labbé a la cabeza, el señor Raide, el señor Mathews y el señor Eduardo Carrasco”.  Aseguró que incluso dentro del mismo comité directivo, personas que cumplían una función de asesoría directa –como el caso de Mariana Alcérreca o como Raúl Sepúlveda, que era su jefe de gabinete–, tendían a ser aislados de las decisiones más importantes”.

En lo que hasta ahora pocos han puesto el acento es en el secreto de confidencialidad que los profesionales del INE están obligados a cumplir y en la alta gravitación que puede generar en el mercado financiero la filtración de datos como los de la tasa de IPC. En la última sesión de la Comisión investigadora del INE se le consultó a Gerzo Gallardo, ingeniero comercial y jefe de Departamento de Estudios Económicos, si efectivamente Sebastián Mathews, a cargo de las comunicaciones estratégicas, pidió en una ocasión, anticipadamente los resultados de la medición del IPC. La respuesta fue categórica del profesional: “Sí, lo hizo, pero se le fue negado, por la relevancia que podría tener para especulaciones financieras”.

El tema de las filtraciones es particularmente sensible para los funcionarios del INE. Incluso el que dos diarios hayan publicado datos del censo el día del informe oficial, es considerado gravísimo. “El tema del censo es tremendo, pero que se filtraran las cifras es peor, porque el INE vive de la confianza. Si a usted le dicen el IPC es tanto, usted tiene que creerlo para que el país funcione”, explicó el 14 de agosto pasado a los diputados Juan Radrigán, jefe de Infraestructura Estadística del INE.