Luego de tres meses de trabajo y de un exhaustivo análisis de las bases de datos y de la metodología utilizada para el Censo 2012, los cinco expertos de la comisión revisora externa recomendaron por unanimidad repetirlo “abreviadamente” en 2015 y advirtieron que sus resultados no deben ser usados en la elaboración de políticas públicas. El grupo de expertos concluyó que el último Censo adolece de serios problemas en aspectos que son esenciales, como el porcentaje de omisión, que en 70 comunas alcanzó un 20%.
La evaluación fue entregada este miércoles 7 de agosto por una comisión de expertos que fue mandatada por el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego de que estallara el escándalo por los cuestionamientos a los resultados del Censo 2012 (ver resumen ejecutivo e informe final). La comisión estuvo integrada por David Bravo, director Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Osvaldo Larrañaga, oficial del Programa de Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad del PNUD; Isabel Millán, jefa de la división Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social; Magda Ruiz, coordinadora Área Demografía e Información sobre Población, Celade y Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El informe unánime de los expertos ratificó la investigación de CIPER (publicada en abril de 2013), que reveló que en el proceso del Censo hubo una manipulación de cifras, puntualmente referida al número total de chilenos efectivamente censados. (Ver Reportaje: El director del INE habría manipulado las cifras del Censo 2012)
Uno de los aspectos que más preocupó a la comisión fue la tasa de omisión de la población, que a nivel nacional asciende, “conservadoramente”, a un 9,3%. Este porcentaje triplica lo obtenido en Censos recientes en otros países de Latinoamérica. Para la comisión, el Censo 2012 “no logró la cobertura suficiente para contabilizar y caracterizar la población”.
El porcentaje de omisión es significativamente más elevado en los hombres entre 40 y 59 años, así como entre hombres y mujeres de 25 a 29 años. Esto afecta la caracterización demográfica y socioeconómica que se puede realizar a partir de los datos censales, puesto que se sesgan los resultados de escolaridad, ocupación, religión y demás variables relacionadas con el sexo y edad de las personas.
Fue el propio Presidente Sebastián Piñera quien junto al entonces ministro de Economía, Pablo Longueira, entregó las cifras en una ceremonia en el Cerro Santa Lucía en abril pasado. La difusión pública de resultados del Censo entregó información sobre totales de población y de vivienda a nivel nacional y subnacional, sin informar que estos totales incluían tanto población efectivamente censada como población estimada.
Uno de los procedimientos utilizados fue imputar un número de moradores a las viviendas deshabitadas o erróneamente calificadas como desocupadas. Según la comisión, este mecanismo no fue consensuado dentro del INE y si bien se ha aplicado en otros países, se ha hecho con cerca del 1% de moradores ausentes, mientras que en Chile se hizo con el 3,5%.
Lo más cuestionado fue, sin embargo, la forma en que se estimaron las viviendas no censadas, es decir, aquellas que simplemente no fueron contabilizadas por los encuestadores. Primero se hizo una proyección del número de viviendas y luego se las “pobló” al imputárseles información de viviendas efectivamente censadas. La conclusión de la comisión es lapidaria:
“Este procedimiento fue de iniciativa del entonces director del INE (Francisco Labbé) y no corresponde a ninguna práctica establecida en los procesos censales; entre otras razones porque los censistas tienen la instrucción de incluir cualquier nueva construcción que aparezca en los recorridos censales y porque en el pre-censo se identifican las obras en construcción. La comisión considera que la imputación de estas viviendas no es admisible”.
La comisión determinó que la entrega oficial de datos del INE omite información esencial y “no cumple con los estándares de transparencia que requiere la función pública”. Pero además, la comisión estableció que la dirección del INE desatendió las opiniones de profesionales de la institución, como lo reveló Mariana Alcérreca a CIPER. De hecho, el informe de la comisión deja constancia que en la primera entrega de resultados hay una referencia que pasa inadvertida respecto a que la información entregada es sólo una estimación de la población, calificación que los expertos atribuyen explícitamente a Alcérreca.
Una vez conocido el informe de los expertos, el actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans, lo calificó como “un tsunami”. Y afirmó que someterá sus recomendaciones a la evaluación de una comisión internacional, antes de decidir si se realiza o no un nuevo Censo. Lo mismo hizo horas más -y luego de una sesión extraordinaria del Comité Político en La Moneda-, el ministro de Economía, Felix de Vicente. Sin aceptar preguntas, leyó un comunicado de prensa en el que informó que esperaran los informes ya solicitados a la Comisión Estadística de la Unión Europea y el Banco Mundial.
NUEVO CENSO
David Bravo, economista y director de Microdatos de la Universidad de Chile e integrante de la comisión, fue enfático cuando se le consultó si el Censo 2012, que tuvo un costo total de $30 mil millones, sirve de algo: “El Censo debe repetirse, pues los problemas descritos comprometen seriamente el logro de sus principales objetivos, que son contar y caracterizar a la población y viviendas a nivel de país, regiones, provincias, comunas y zonas urbana y rural”. (Ver entrevista en recuadro ).
La recomendación de la comisión revisora es realizar un Censo abreviado de población y vivienda en 2015, donde se recolecte información mínima. Esto implica que el instrumento deberá tener una un menor número de preguntas que las incluidas en el cuestionario de 2012.
La sugerencia es que el Censo abreviado sea “de hecho” (se encuesta a las personas donde pasaron la noche anterior) y en un día declarado feriado, metodología que se había usado hasta el Censo 2002 y que fue modificada para el Censo 2012.
Entre los problemas detectados por la comisión destaca el muy escaso tiempo de preparación -ocho meses-, que se contó después del cambio de metodología desde un censo “de hecho” a un censo “de derecho”. Esta decisión, determinó la comisión, fue adoptada por el director del INE, Francisco Labbé, y su entorno más cercano. Dicha falta de tiempo derivó en la no realización de una prueba piloto general del Censo, que habría evitado los problemas que se constataron y habría permitido una oportuna resolución.
Según el informe, los funcionarios del INE relataron que una de las razones para cambiar la forma en que se realizaba el Censo fueron las protestas estudiantiles: “La razón subyacente de parte del director del INE para cambiar la metodología censal fue la inconveniencia de depositar la realización del censo en la voluntad de los estudiantes, habida cuenta de las masivas paralizaciones y marchas que ocurrían durante el año 2011. Realizar un censo de hecho tenía el riesgo de entregar a los estudiantes una eventual capacidad de veto del proceso”.
Además, los expertos advirtieron que el INE contó con insuficiente financiamiento, lo que habría incidido en falta de recursos materiales y humanos para la normal operación del Censo.
La razón principal de la falta de recursos fue la subestimación de los mayores gastos asociados a un Censo prolongado “de derecho” y que se extendió a cuatro meses y la reticencia de la dirección del INE a solicitar recursos adicionales. Esto, pese a que desde un comienzo la Dirección de Presupuesto (Ministerio de Hacienda) asignó un monto menor al que el propio INE creía necesario para llevar a cabo la nueva modalidad del Censo, recortando desde $6.800 millones a $6.000 millones el suplemento solicitado.
El mal clima organizacional en el INE fue otro de los factores detectados por la comisión de expertos como una de las causas de los problemas del Censo 2012. Fuertes divisiones internas y un estilo de conducción vertical habrían impactado negativamente en la planificación y realización del proceso.
El informe reconstruye los conflictos al interior de la institución. Si bien estos se arrastraban desde la administración anterior, el mayor quiebre entre el ex director Francisco Labbé y los equipos del INE se produjo en junio de 2012, cuando éstos cuestionaron el proceso de levantamiento de datos y la alta tasa de moradores ausentes que estaban registrando. El resultado fue la marginación de los funcionarios de la siguiente etapa, el que Labbé realizó con su núcleo más cercano. El reporte no se refiere a este grupo, el que según detectó CIPER en su primera investigación, incluía a Maximiliano Raide, como el principal asesor de Labbé, quien no se tituló de abogado y recibía su sueldo a través de terceros.
Los relatos recopilados por la comisión de expertos agregan que en el círculo íntimo de Labbé se produjeron fuertes discusiones respecto a si había que distinguir a la población efectivamente censada de la población estimada. Hubo varias explicaciones para haber optado por lo primero, entre ellas la crisis provocada sobre la confiabilidad de los datos de la encuesta Casen que se vivía en esos días. El resultado fue extender la crisis de confiabilidad a uno de los organismos más respetados de Chile, el INE.
La labor de los funcionarios del INE es destacada por el informe de los expertos como un factor clave que evitó un “desastre”: “La confluencia de los factores citados resultaron en un proceso censal plagado de problemas y dificultades, que a juicio de distintos entrevistados pudieron haber originado un “desastre” en el Censo. Que en este contexto se haya llegado a una cobertura poblacional cercana al 90% se puede explicar por el trabajo y dedicación de muchos funcionarios del INE, sin cuyo aporte los resultados habrían sido definitivamente inferiores”.
POLÍTICAS PÚBLICAS EN PELIGRO
Los expertos recomendaron que para fines del uso de datos oficiales y de política pública, no se utilicen los datos del proceso 2012 y se espere a tener los resultados del Censo abreviado propuesto. En el intertanto, propusieron seguir utilizando las proyecciones de población disponibles y se recomienda su actualización para el total de la población nacional en el curso del presente año con apoyo técnico del Centro Latinoamericano de Demografía de la Cepal (Celade).
Por razones de transparencia y fe pública, los expertos recomendaron disponer el acceso de investigadores y público interesado a las bases de datos de la población efectivamente censada en 2012. Para ello, el INE debe asegurar la consistencia de estos datos y proveer la documentación requerida.
Además, los expertos sugieren no volver a publicar en la página web del INE las estadísticas de totales poblacionales que incluyan las estimaciones por población en viviendas no censadas y con moradores ausentes resultantes del proceso censal 2012.
Paras evitar problema como los detectados, los expertos recomendaron que se inicien pronto los preparativos del Censo 2022.
David Bravo: “El Censo 2012 fue un proceso fallido”
-¿Cómo puede influir para el diseño de políticas públicas el uso de los datos que arroja el Censo 2012? Estamos recomendando que para las preguntas relacionadas con pueblos originarios, población discapacitada o migración, no se utilice el Censo 2012, puesto que no son confiables los datos para extraer conclusiones, porque las tasas de omisión son muy altas y heterogéneas en algunas comunas. Por lo tanto, ciertos fenómenos que se pueden estar estudiando para el diseño de políticas públicas, como religión, discapacidad, parejas del mismo sexo, que pueden estar más manifiestamente visibles en algunas comunas, si en ellas hubo muy baja cobertura, obviamente los datos no son confiables.
Por la urgencia de ese tipo de preguntas es que recomendamos hacer un censo lo más abreviado posible y lo antes posible, siempre que se haga bien.
-Los $30 mil millones utilizados en este proceso censal, ¿se fueron al tarro de la basura? Fue un proceso fallido. Y será el gobierno o la administración próxima la que tomará la determinación que mejor le parezca. Nosotros llegamos hasta acá. Trabajamos intensamente tres meses durante tres días a la semana, invertimos mucho tiempo y tuvimos mucha información. Y es por eso que presentaremos un conjunto de anexos para que la opinión pública pueda por sí misma hacer su propia evaluación.
–¿En esta comisión participó el actual director del INE o ustedes sesionaron solos? Los cinco miembros de la comisión aceptamos integrarla en la medida que fuera autónoma del INE y del gobierno. Para la etapa de audiencias, el director del INE manifestó el interés de estar en algunas. Por ejemplo, cuando acudió Francisco Labbé o las personas que acusaron al director. Y establecimos un procedimiento en el que a los invitados le preguntábamos si para ellos era molesto que estuviera el director y algunos invitados dijeron que todo lo contario, que les encantaría que estuviera.
-¿Cuál fue la recepción que tuvo Juan Eduardo Coeymans del trabajo que ustedes desarrollaron en estos tres meses y de las conclusiones a las que iban llegando en ese periodo? Nosotros no hicimos discusión delante del director del INE o de Osvaldo Ferreiro, el nuevo jefe del Censo y quien nos facilitó mucho el trabajo. Y todas las deliberaciones la comisión las hizo por su cuenta. Ese fue e el procedimiento usado para mantener la autonomía de la comisión.
-Juan Eduardo Coeymans se reunió el martes 6 de agosto con los funcionarios del INE en la Universidad Central y adelantó sus aprensiones por el trabajo de la comisión. Esperamos que lea el informe y nos gustaría escuchar su opinión en un ámbito más formal.
-¿Cuál es el número de preguntas mínimas que debiera contemplar el nuevo Censo? Probablemente se deberán acortar las preguntas, pero no entramos en ese tipo de detalles de número. Eso tiene que quedar a la discusión de los funcionarios del INE y a la institucionalidad que existe al interior de ese organismo para desarrollar este Censo, una vez que definan que esta es la manera de proceder, si es que eso resuelven.
-Hasta ahora no sabemos cuántos somos los chilenos. Entonces, ¿qué se hace en la planificación de políticas públicas hasta llegar a un nuevo Censo? Para políticas públicas se deberían usar –si se requieren datos censales- los datos del Censo 2002 proyectados, por eso es fundamental que Celade pueda actualizar sus estimaciones ojalá dentro de este año.
-¿Hasta cuándo están actualizadas las estimaciones de Celade? Hay proyecciones de población para 2012 y 2013, pero necesitamos que Celade con el INE trabajen para incorporar todos los datos sobre migraciones y estadísticas vitales disponibles a la fecha, de manera tal que las proyecciones se hagan sobre la base más certera posible hoy día y no se espera hasta cinco años más. En lo que se refiere a otros aspectos, que requieran caracterizar a la población, tendremos que trabajar con las encuestas que estén disponibles, pero los datos 2012 no son confiables para el diseño de políticas públicas.
-El Censo es la base para todas las estadísticas que se realizan en el país. ¿Qué ocurrirá con las demás estudios que deben basarse en este último Censo 2012? Pienso que como marco muestral de información se pueden rescatar los datos. Hay algunas fórmulas de solución planteadas en el informe, pero es vital tener un censo bien realizado y eso explica nuestra recomendación.
-¿Cómo afectará para el cálculo del IPC el fallido Censo 2012? El IPC se calcula a partir de una encuesta de presupuesto familiar. La encuesta de presupuesto familiar se diseña a partir de una muestra representativa, cuyos marcos muestrales son los datos censales. Por lo tanto, la próxima medición, la próxima canasta, se debía basar en los datos censales correctos. De manera que, el nuevo censo debe ser realizado de manera urgente y no esperar hasta el año 2022, fecha en que correspondía realizar el siguiente censo. Realizar un censo va a significar actualizar el marco muestral del cual se hacen las principales encuestas en Chile.
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solo cabe señalar  que este País gesto sus organizaciones publicas durante años , las prestigio y hoy es ilegitimo cada acto de ellas . Puede un gobierno ser mas ineficiente , los mejores del País donde están ?. Merecida crisis de miedo la del líder con acceso al teléfono satelital  de alcance celestial.
Felipe | 12.08.2013
Después de tanto error cuando podremos volver a confiar en los datos "oficiales", Casen, IPC, Censo, reconstrucción, etc.
Creo que ese es el mayor daño. Ya nadie cree nada y de esa forma no se soluciona nada. Ese es le legado de la derecha en estos años.
Rodrigo | 10.08.2013
Es muy difícil ir al registro civil y hacer una suma de los nacidos desde el censo anterior y al resultado restarle la cantidad de personas fallecidas y así no gastar o, mejor dicho, robar al país esa cantidad de millones que "cuesta" el censo?
José Lira | 09.08.2013
Antes de tratar de ignorantes a los miembros de la Comisión, deberían ustedes mismos tomar unas clasesitas. Lo que trata la Comisión con sus recomendaciones es encontrar una solución a las estúpidas decisiones del director del INE que llevaron a que este CENSO sea un total fracaso. Obviamente que el 2022 se hará un nuevo censo, pero se necesita información confiable para política pública HOY. No entender eso es ser weón.
Alberto Pantoja | 09.08.2013
El amigo Jeldres tiene razón.
Las normas internacionales ( ONU) insisten en levantamientos cada década para casos de población.
hmolinad | 08.08.2013
. ¿Fue deliberado dejar sin censar a mas del 20% de los habitantes de las poblaciones mas vulnerables del país, para ocultar como en la encuesta CASEN la cruda realidad social.?
Jorge Jeldres | 08.08.2013
Los censos de población deberían efectruarse cada década.
Como última alternativa en años pares, en ningún caso en años impares.
 Si la tan cacareada comisión no sabe ésto, quiere decir que nadie entiende nada
Alberto | 08.08.2013
¿ Será este el virus de depresión galopante que atacó a Longueira ?
nicol moncada | 08.08.2013
Estimados: el motivo de mi comentario es que efectivamente el censo que se hizo este año es erronea ya que yo no fui encuestada en Temuco. Yo arriendo y dijeron que ivan a volver pero nunca vinieron.
Juan Pardo | 07.08.2013
Gracias CIPER por destapar la cañería del INE; tremendo trabajo para recuperar la credibilidad y confianza en las instituciones republicanas del Estado chilenoÂ
La evaluación fue entregada este miércoles 7 de agosto por una comisión de expertos que fue mandatada por el propio Instituto Nacional de Estadísticas (INE) luego de que estallara el escándalo por los cuestionamientos a los resultados del Censo 2012 (ver resumen ejecutivo e informe final). La comisión estuvo integrada por David Bravo, director Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Osvaldo Larrañaga, oficial del Programa de Reducción de la Pobreza y de la Desigualdad del PNUD; Isabel Millán, jefa de la división Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social; Magda Ruiz, coordinadora Área Demografía e Información sobre Población, Celade y Felipe Zamorano, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
“Este procedimiento fue de iniciativa del entonces director del INE (Francisco Labbé) y no corresponde a ninguna práctica establecida en los procesos censales; entre otras razones porque los censistas tienen la instrucción de incluir cualquier nueva construcción que aparezca en los recorridos censales y porque en el pre-censo se identifican las obras en construcción. La comisión considera que la imputación de estas viviendas no es admisible”.
Entre los problemas detectados por la comisión destaca el muy escaso tiempo de preparación -ocho meses-, que se contó después del cambio de metodología desde un censo “de hecho” a un censo “de derecho”. Esta decisión, determinó la comisión, fue adoptada por el director del INE, Francisco Labbé, y su entorno más cercano. Dicha falta de tiempo derivó en la no realización de una prueba piloto general del Censo, que habría evitado los problemas que se constataron y habría permitido una oportuna resolución.
Los relatos recopilados por la comisión de expertos agregan que en el círculo íntimo de Labbé se produjeron fuertes discusiones respecto a si había que distinguir a la población efectivamente censada de la población estimada. Hubo varias explicaciones para haber optado por lo primero, entre ellas la crisis provocada sobre la confiabilidad de los datos de la encuesta Casen que se vivía en esos días. El resultado fue extender la crisis de confiabilidad a uno de los organismos más respetados de Chile, el INE.
-¿Cómo puede influir para el diseño de políticas públicas el uso de los datos que arroja el Censo 2012?
