“Tenemos discrepancias… pero el informe de la Comisión Jeldres sí es un aporte”

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-¿Qué evaluación hacen del informe de la Comisión Jeldres?
Alejandra Riveros: Hay dos grandes precisiones que tenemos que hacerle. La primera, el informe, en términos generales, refleja el estado actual del sistema residencial en Chile. El déficit estructural que se menciona para los cerca de 14.000 niños que forman parte de él, son precisamente los que hay e incluso podría haber más. En términos de valoración, nos parece que el informe sí es un aporte. Sin embargo, en reuniones que sostuvimos con el Poder Judicial, Unicef, el SENAME y las consultoras manifestamos nuestras dudas en cuanto a la metodología del informe, no para cuestionarlo, sino que para pedir que se ampliara la información respecto a cómo los datos se habían obtenido. Y en algunos casos, a qué correspondía la información. Ellos mismos reconocieron que había errores metodológicos.

-¿Quiénes lo reconocieron?
AR: Carolina Bascuñán, de Unicef. Ella nos dijo que una pregunta específica se pudo haber construido de mejor forma para que no diera pie a una respuesta tan abierta. A eso me refiero con errores metodológicos. No quiero decir con esto que por este motivo se deba invalidar estructuralmente el informe de la Comisión, sino que me refiero a preguntas específicas.

-El diagnóstico, entonces, lo comparten.
AR: En cuanto al sistema, sí, pero en lo que a nosotros nos corresponde como Aldeas Infantiles SOS, parcialmente. Y hay algo importante que agregar: cuando nos sentamos todos los actores involucrados en el sistema residencial, acordamos realizar un seminario para presentar los resultados del informe. Nosotros consideramos que las deficiencias estructurales identificadas en el informe son problemas que se han venido arrastrando desde hace mucho tiempo y que a las autoridades en la agenda pública no les hace mucho sentido. Los 14.000 niños que forman parte del sistema residencial son una parte mínima del universo de cinco millones de niños que hay en el país. Entonces, todas las instituciones que contamos con este tipo de programas optamos por hacer de este informe una oportunidad para sentarnos con los involucrados y los actores que pueden tomar decisiones, inyectarle más recursos al sistema y generar nuevas políticas.

-Entonces ustedes estaban de acuerdo con hacer públicos los resultados del informe en ese seminario. ¿Por qué no se llevó a cabo?
AR: Hay  varias razones. Por motivos que sólo el Poder Judicial conoce, cambió la comisión. Carolina Bascuñán salió de Unicef y quedamos nosotros, los que habíamos sido sujeto de estudio. Frente a eso, la nueva comisión, que no estaba de acuerdo con la metodología empleada en el levantamiento de la información, no avaló el informe. Por lo tanto, suspendieron el seminario porque la persona que lo podía presentar era alguien que ya no estaba a cargo.

-Un dato alarmante que incluye el informe es que de los 1.112 niños visitados en Aldeas Infantiles, “un 10% participó de algún tipo de abuso sexual intraresidencial, como víctima o agresor”. ¿Ustedes niegan que esto ocurra?
AR: Ocurre, pero hay que hacer una precisión importante: el informe se refiere a abusos sexuales mientras que nosotros lo reconocemos como abusos intraresidenciales. Lo que es distinto. En ese universo que atendemos, hablamos de menores de 5, 6, 8 ó 9 años y que se abusan entre ellos. Cuando hablamos de ello nos referimos a abusos y juegos erotizados, porque en rigor no hay una relación abusiva de poder entre niños ni tampoco una violación.

-Si no es abuso sexual, ¿entonces qué es?
AR: Grafiquemos lo que pasa para que se entienda. Estamos hablando de niños pequeños que vienen con una historia de vulneración y, por ejemplo, en las noches se meten a la cama de otro para explorarlos sexualmente ¿Es una conducta indebida? Por supuesto. No procede, pero ellos no lo tienen así internalizado. Cuando la gente no sabe, es fácil que digan que en Aldeas Infantiles hay alrededor de 100 niños que se abusan y se violan entre sí y que nosotros prácticamente lo permitimos y sólo somos observadores. Pero no es así. Otro ejemplo: un niño de 9 años que abusó de otro de 7. Le bajó los pantalones y obligó a un tercer niño a que le hiciera sexo oral. ¿Corresponde? Claro que no. ¿Es una situación abusiva? Por supuesto que lo es, pero no es una situación de abuso sexual en términos delictuales. Hay que agregar, además, que en muchos casos, donde la mayoría de los niños son menores de 14 años, hay “consentimiento”. Y eso ocurre porque así vivían antes de llegar a la residencia, en esa lógica crecieron en sus familias y por eso salieron de ese entorno. Lamentablemente los procesos de reparación no son de un mes o dos ni tres, sino que de años. Entonces, cuando se recoge ese dato, a nosotros no nos sorprende.

El problema que tenemos es de intervención. Porque con educadores que reciben un sueldo de $250.000, con una subvención por niño del Estado de $130.000 al mes, no nos da para trabajar esta problemática. Y las duplas psico-sociales, que las componen un psicólogo y un asistente social que atienden cada caso, y que además tienen muy poca especialización, tampoco nos da para trabajar en la intervención directa. Eso mismo es lo que le enrostramos a las autoridades para que el Ministerio de Salud se meta en este tema.

-¿Puede precisar qué problemas vieron en el informe de la Comisión?
AR: Hicimos dos observaciones: sobre los niños, pedimos que se aclarara qué era lo que se entendía por abuso sexual. Porque la mayor parte de los casos son como los que le mencioné recién. Efectivamente tuvimos un par de casos en los últimos tres años en que niños imputables, de 14 años o mayores, han abusado de niños más pequeños. En esos casos se han hecho las denuncias en tribunales y desgraciadamente los niños que cometieron el abuso, que sí es constitutivo de delito, se han tenido que ir. Y entran al sistema de menores infractores de ley o se quedan en la calle, porque no hay más oferta para ellos.

Álvaro Vásquez: En las reuniones nos interesaba también concordar y aunar criterios sobre cómo hacían sus mediciones, porque la cantidad de abusos que ellos señalaban no correspondía a nuestros registros, es decir, alguien está fallando.

-¿Qué cantidad de abusos aparecen en sus registros internos?
AR: En el último año tenemos identificados 56 casos de abusos intraresidenciales, no de delitos. Sólo uno de ellos fue de un niño imputable que debió irse de la residencia y fue denunciado a la fiscalía. El resto son casos como los que mencioné anteriormente, entre niños pequeños, y por eso mismo hemos realizado todos los cambios internos con el trabajo de las duplas psico-sociales.

-¿Qué ocurre en el caso de abusos intraresidenciales que involucran adultos y que se mencionan en la investigación?
AR: En ese caso les pedimos que nos ampliaran la información, ya que nosotros tenemos un registro de lo que pasa en cada una de nuestras residencias, y si se produce cualquier tipo de situación de abuso, ya sea entre los niños y de un adulto con un niño, tenemos que saberlo. Contamos con un protocolo interno que es súper riguroso y que es el mismo que ocupa el SENAME. Le pedimos a la comisión que nos dijeran cuándo ocurrieron los casos que ellos mencionan, qué se hizo, dónde se hizo la denuncia; que ampliaran la información porque hay dos situaciones: o la comisión se equivocó con la pregunta y no corresponde o nuestro equipo técnico en los lugares donde se detectó el supuesto abuso nos está mintiendo y tenemos que echarlos a todos. La respuesta que nos dieron fue que, en realidad, la pregunta era muy abierta.

-¿Qué decía la pregunta?
AR: La pregunta era sobre si el abuso se produjo mientras el niño se encontraba al cuidado de la residencia. Pero el gráfico del informe dice “en la residencia”, pero no necesariamente al interior de ella. Se refería a un criterio de tiempo y no de espacio. Para nosotros, entonces, es muy distinto. Aunque es cierto que no nos puede pasar que un niño a nuestro cuidado sea abusado, ya sea al interior o afuera de nuestras residencias, es muy distinto a que un profesional contratado por nosotros no sólo atienda al niño, sino que además abuse de él. Eso tiene una doble connotación. Por eso le pedí a Carolina Bascuñán que me lo aclarara porque era gravísimo, y fue entonces que me dijo que la pregunta se refería a abusos cometidos mientras el niño estaba al cuidado de Aldeas Infantiles S.O.S. y no necesariamente al interior de ella. Luego le pedí que me aclarara caso por caso, porque debía dar una respuesta interna. Son siete los casos que aparecen en el informe. Uno de ellos decía que el hermano de una niña habría tenido conductas sexuales abusivas con ella en visitas. Otro decía que un niño, durante el período de salidas con su abuela materna ordenado por el tribunal, habría sufrido abuso sexual. Me explicó cada uno de los casos detectados en el informe y son todos de la misma línea. Pero el gráfico dice: “Niños abusados en residencias”. Cualquiera que lea el informe pensaría que abusamos de los niños al interior de las residencias. No quiero decir con esto que por este motivo se deba invalidar el informe de la comisión, sino que me refiero a preguntas específicas.

-Una vez que recibieron el informe, ¿qué medidas tomaron?
AR: Cuando se nos entrega la información, hicimos una revisión al interior de nuestra organización. Aldeas Infantiles es una organización internacional, por lo tanto, mover la superestructura no es fácil. Ya contábamos con todas las autorizaciones para modernizar la institución desde hace dos años. Entonces, cuando nos llegó el informe ya teníamos conciencia de las cosas que debíamos mejorar, y en las cuales ya estábamos trabajando. No fue una sorpresa.

AV: El mismo informe dice que Aldeas Infantiles se encuentra en un proceso de reforma y de mejora y por eso no entrega algunos indicadores que ya teníamos contemplados en nuestro proceso interno.

-¿En qué consiste ese proceso?
AV: Tiene que ver con cómo la organización instala un concepto de mejoramiento de la calidad de los servicios. No es menor que dentro del sistema residencial en su conjunto, Aldeas Infantiles genere un aporte extraordinario. Dado el nivel de complejidad que presentan los niños y los procesos que tienen que intervenir para generar su reparación, lo que obtenemos de nuestra contraparte no alcanza para dar esa atención. En ese sentido, implementamos cambios para mejorar la calidad y cantidad de profesionales que están trabajando con los niños, sistemas de capacitación para las cuidadoras, sistemas de registro y monitoreo, diagnósticos y planes de intervención. Se estableció además una mesa de trabajo con la institucionalidad pública y la prevención caso a caso con monitoreo compartido. Establecimos también una disminución de los niños que estábamos atendiendo para privilegiar esa mejor atención y no disgregarla en una cantidad que, a lo mejor, era muy alta y que nos impedía entregar el servicio que nosotros mismos esperábamos otorgar por la enorme cantidad de niños versus el número limitado de cuidadoras. Había una serie de gestiones que se estaban haciendo y que se estaban trabajando con el SENAME.

AR: Hay muchos nudos críticos, pero los dos principales que comparte todo el sistema es que son muchos niños para ser atendidos por muy pocas personas y con muy pocos recursos. Y esas personas no tienen la especialización y profesionalización que se requiere porque es muy caro y el sistema no lo paga. La subvención del SENAME es como de $130.000 al mes, mientras que a nosotros cada niño nos cuesta cerca de $300.000 y aún así quedamos muy por debajo de lo que un niño requiere. Porque el otro nudo crítico es el perfil de los niños. Cuando se habla de los abusos intraresidenciales, no se hace un análisis de por qué pasa eso. El perfil de los niños que llegan es de una tremenda complejidad: ya no son sólo los niños huérfanos los que llegan al sistema residencial, sino que estamos hablando de niños tremendamente vulnerados y con una historia importante de victimización, que por lo general son de tres o cuatro años como víctimas de vulneración por parte de sus familias, que tienen conductas sexualizadas arraigadas y que, de cierta forma, tienes que resetear. Mientras eso ocurre, con profesionales que no tienen la especialización suficiente porque el sistema no puede pagarlos, estamos invirtiendo más recursos, pero aún así siguen siendo insuficientes.

-Al recibir el informe, ¿hicieron algo además de lo que ya estaban haciendo?
AR: Se amplió el equipo de protección porque el déficit de profesionales era evidente. Contratamos a una persona que ya trabajaba de forma externa con nosotros, una experta en abuso sexual infantil. Esa fue una decisión estratégica que tomamos a partir del informe, para que forme parte de nuestro staff y apoye sistemáticamente a los equipos técnicos. Con ella fuimos a reforzar el trabajo en las residencias que el informe detectó donde ocurrían estos problemas, sobre todo en las conductas sexualizadas. Además, tenemos una alta rotación de personal, por los bajos sueldos y porque son profesionales que recién vienen saliendo de la universidad, sin las competencias de especialización que se requieren. Por lo tanto, el trabajo con los niños, sus familias y nuestro personal se ha intensificado a propósito de las cifras, pero el trabajo venía de antes. Y chequeamos todos los casos que la comisión identificó como de abuso por parte de un adulto, pero quedamos tranquilos al corroborar que no se trataba de funcionarios nuestros.