Terremoto negro en el sur de Chile: los desaciertos de los gobiernos centrales

El problema de la contaminación en la capital de la Región de la Araucanía, Temuco, ha tenido relevancia nacional esta última semana. Siendo trending topic en Twitter bajo el rótulo de “terremoto negro”, el fenómeno generó una interesante discusión entre agrupaciones ciudadanas, autoridades de gobierno regional, académicos del área y técnicos de organismos estatales. La información atrajo la atención de los medios haciendo que el tema apareciera en noticias, reportajes de televisión, en diarios y radios de alcance nacional, lo que ha hecho público un problema local al que los ciudadanos de Temuco ya estamos, tristemente, prácticamente acostumbrados.

Si bien hemos sido críticos de la autoridad respecto a cómo se ha abordado el problema de la contaminación, también hemos entregado fórmulas y propuestas que apuntan a resolver en el corto, mediano y largo plazo, esta grave situación. Sin embargo, nos encontramos con un muro de burocracia, centralismo y falta de voluntad política, que preocupa y que nos indica que las regiones no son prioridad de los gobiernos de turno y que las decisiones, por importantes que sean en esta materia, se toman a 600 kilómetros de distancia, desconociendo la realidad local, el desarrollo de las regiones y la necesidad de las familias del sur de utilizar el combustible más barato que tienen a su alcance. Todo esto en una de las regiones más pobres del país a la que, de paso, se le aumentó el precio de la electricidad en un 4% para el período 2012-2016.

Hablamos de falta de voluntad política, negligencia e incluso desidia de parte de la autoridad ejecutiva. No puede entenderse de otra forma que la seremi de Medio Ambiente de la Región de la Araucanía, Andrea Flies, se negara en un principio a entregar al público el detalle horario de los índices de contaminación proporcionados en línea por el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA) a través de las estaciones de monitoreo del aire en Temuco. El (des)criterio  esgrimido por la autoridad se remitió a señalar que esta idea era “para no asustar a la población”. Evidentemente, esta idea de restringir el acceso a la información no fue llevada finalmente a cabo, pero la sola idea generó amplio rechazo por parte de organizaciones ciudadanas.

Tampoco puede entenderse el hecho de que el representante del Presidente, intendente Andrés Molina, señalara en la mentada discusión de Twitter que la contaminación en la zona no es un problema de gobierno y que los responsables eran los ciudadanos que utilizan leña para calefaccionarse y cocinar.  Ante esto, el gobernador Miguel Mellado señaló en la misma red social, y posteriormente en un medio local: “Este es un tema de gobierno”. La descoordinación política en este sentido se manifiesta a través de declaraciones contradictorias, nulo o muy poco trabajo conjunto entre las distintas instituciones del Ejecutivo, además de muy poca inversión en combustibles y calefactores eficientes, etc.

Los consumidores estamos conscientes de que somos parte del problema, pero no de todo el problema. Es necesario abordar la discusión de manera integral con el sector comercial,  industrial e inmobiliario, actores tanto o más importantes que los mismos consumidores. Sin embargo, se opta por insistir en golpear una y otra vez a las familias en donde la clase media, para variar, saca la peor parte. Esta es la lectura que hacemos como organización ciudadana de la prohibición de utilizar leña que se concretó, por primera vez en la historia, desde el martes 18 de junio en Temuco, donde 40 mil familias no pudieron utilizar leña para calefaccionarse entre las 18:00 y las 23:59 hrs. Esta medida afectó a familias que, siguiendo las sugerencias del gobierno, compraron anticipadamente leña seca (menos contaminante), con un mayor costo para las arcas familiares.

Si abordamos las cifras duras se sabe que 600 mil metros cúbicos de leña se consumen en promedio entre Temuco y la comuna colindante de Padre las Casas. De estos, solo un 10% tiene garantía de calidad (que la certifica como menos contaminante) por parte de las instituciones de gobierno, del resto no se sabe o no hay garantía tanto de calidad como del origen. Hay 70 mil viviendas en promedio en el gran Temuco y solo se recambiarán 2.500 estufas en el periodo 2010-2013, de manera que a este ritmo el recambio total tardaría 60 años, siendo generosos con el cálculo, ya que del recambio comprometido para el periodo aún en curso sólo se ha concretado cerca del 10%.

En otras de estas malas decisiones, la autoridad dispuso que a contar de 2012 las estufas deben cumplir con norma de emisión, pero no hay laboratorios que las certifiquen aún y a la fecha se siguen vendiendo estufas en el mercado que no cumplen esta norma. Por otra parte, un estudio realizado por nuestra entidad y la Universidad de La Frontera concluyó que más del 90% de las viviendas entregadas a contar de 2007, tanto por parte de privados como por parte del Estado, no cumple con estándares mínimos de exigencia para aislación térmica, según lo exige la normativa imperante.

Atendiendo a todo lo expuesto, nos preguntamos: ¿somos los consumidores y ciudadanos los que debemos aceptar estas medidas mediocres para mejorar la calidad del aire? ¿Dónde está la autocrítica del gobierno -del actual y del anterior- respecto a la poca coordinación en las acciones para combatir un problema de salud pública y que afecta la economía y el desarrollo local?

No es aceptable que una autoridad señale que el problema es únicamente de los consumidores cuando esta autoridad ha sido ineficiente, indolente y reaccionaria, sin propuestas de fondo que den cuenta de un trabajo serio, profundo y concertado. Tanto esta como otras organizaciones ciudadanas, profesionales y expertos, ya llevamos diez años proponiendo soluciones al problema de contaminación en el sur de Chile, para terminar con una alerta sanitaria.