Como todos los años, la Encuesta Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales entrega cifras sobre la apreciación ciudadana en materias como la economía, la desigualdad, participación electoral, intención de voto en primarias y elecciones presidenciales, además de la percepción sobre la confianza en instituciones del país. Este año una de las cifras que ha llamado la atención a los investigadores es la baja sostenida que ha sufrido Carabineros, una tendencia que se arrastra desde antes, pero que se ha acentuado.
A pesar de seguir siendo la institución con mayor percepción de confianza por parte de la ciudadanía, con un 40,8%, Carabineros ha ido experimentando un constante descenso en los últimos cinco años. Desde 2009, momento en que la confianza sobre la policía uniformada se elevaba a 59,1%, hasta ahora, ha descendido 18 puntos.
La percepción de confianza en la institución policial tiene matices, dependiendo del nivel socioeconómico, edad, y región. Como consigna la encuesta del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la UDP, en estratos más bajos (36,7 %) la confianza en carabineros es menor que en sectores altos (47,7%).
Así también lo entiende Claudio Fuentes, director de ICSO: “La policía funciona segmentadamente. Para los sectores medios-altos el control es preventivo de robos en casas particulares. Para los sectores populares los controles son los viernes en las calles por tráfico de drogas, operativos por control de delincuencia. En Chile hay dos policías, una asociada a la prevención y otra que es para lo punitivo, que son la que experimentan los sectores medios-bajos. Y eso tiene la repercusión en que la gente la percibe como una policía represiva”.
Respecto a los jóvenes, resulta revelador que en el grupo entre los 18 a 29 años sólo un tercio (33,1%) confía en carabineros. Mientras que en los mayores de 61 años, el 45% dice confiar en la institución. En regiones la confianza llega a un 37%, mientras que en Santiago la confianza asciende a 49%.
La fuerte baja que exhibe la confianza en Carabineros es sólo comparable con la crisis que en esta materia está viviendo la Iglesia Católica desde que se empezaran a conocer decenas de casos de abusos sexuales, sicológicos y de autoridad a menores y feligreses. Desde el 2009 hasta hoy la Iglesia Católica vio mermada la confianza de la ciudadanía en 23 puntos porcentuales, bajando desde 47,2% a 24%, prácticamente a la mitad.
Fuentes explica que “la sociedad requiere que ciertas instituciones sean materia de confianza, quiere confiar en el Estado o en instituciones permanentes que trascienden gobiernos”.
Estos resultados coinciden con las fuertes críticas que enfrenta la institución policial chilena por su forma de operar el jueves 13 de junio, a través de una polémica y violenta irrupción a la Casa Central de la Universidad de Chile y por la detención de un estudiante secundario quien tuvo que ser socorrido tras quedar inconsciente en el procedimiento. El operativo policial tuvo lugar durante la llamada “Marcha Nacional por la Educación”, en conmemoración de la jornada del 16 de junio del 2011, que contó con cerca de 100 mil personas y que marcó un hito en la respuesta a las demandas estudiantiles por ser una de las manifestaciones más masivas en democracia.
El ingreso de la policía a la casa central de la Universidad de Chile fue rechazado por el rector de dicho plantel, Víctor Pérez, quien sostuvo en radio Bío Bío que esa acción no fue autorizada por la rectoría: “Rechazamos esta invasión y solidarizamos con las demandas justas de nuestros estudiantes por una educación pública, equitativa, para todos los chilenos y chilenas”, señaló. Al mismo tiempo, rechazó la violencia de quienes agredieron con proyectiles y bombas molotov a los uniformados.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, respaldó el actuar de Carabineros y se comprometió a entregar un informe al rector Pérez por el proceder de la Fuerzas Especiales. Chadwick argumentó también que no era necesario pedir permiso para ingresar a la universidad, puesto que Carabineros se vio en la obligación de hacerlo ante la presencia de un delito flagrante. La situación, según el ministro, se originó cuando “la policía fue víctima de agresiones a través de el envío desde el interior (de la casa central) de artefactos explosivos y material para producir daño».
Al violento ingreso de la policía a la casa central de la U. de Chile se sumó la denuncia sobre una brutal detención de un alumno del Liceo Manuel Barros Borgoño, quien habría sido golpeado por personal de Fuerzas Especiales. El hecho quedó registrado en fotografías que exhibió El Dínamo y videos que circularon en las redes sociales, donde se aprecia que el estudiante queda inconsciente mientras es arrastrado por los policías, por lo que debió ser liberado y recibir atención médica en el lugar.
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
En su última edición, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012 (ver informe), elaborado desde hace 10 años por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, decidió abordar el tema de la “violencia policial” como un capítulo aparte (ver capítulo), debido al polémico contexto generado por la actuación policial durante las manifestaciones por la educación y derechos civiles de 2011.
Claudio Fuentes coincide en que “la ola de desconfianza que hay hacia la policía tiene mucha relación con los movimientos sociales emergentes que desde 2006 ha vivido nuestro país”. Y argumenta que es necesario modificar los procedimientos de Carabineros en las manifestaciones sociales y que el decreto de autorización para éstas debería dar paso a una reglamentación más acorde con el sistema democrático.
El capítulo menciona que, en los últimos años, diversos organismos internacionales le han recomendado al Estado de Chile implementar una agenda respecto a los abusos policiales. Desde la movilización de los “pingüinos” en 2006, el Comité de Derechos Humanos mostró su preocupación por los malos tratos al momento de realizarse detenciones a personas vulnerables. Las sugerencias vertidas se han hecho ante la violación en Chile de las normas establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigencia una década después.
En función del no cumplimiento de las normas que Chile se comprometió a respetar, el comité le propuso al Estado de Chile “tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables. El Estado parte debería hacer extensivos los cursos de derechos humanos a todos los integrantes de las fuerzas del orden”. Esas recomendaciones coincidieron con las realizadas por el Comité de Derechos del Niño (2007) (ver documento) y el Comité Contra la Tortura (2009), ambos ligados a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Una de las últimas evaluaciones a los estándares de derechos humanos de la realidad chilena se realizó en 2009 por el Examen Periódico Universal (EPU), un nuevo y único mecanismo de las Naciones Unidas que se inició en abril del 2008 y que consiste en examinar las prácticas en derechos humanos de todos los estados del mundo cada cuatro años y medio.
Como se explica el informe de la UDP, las recomendaciones entregadas al Estado de Chile respecto a aplicar mayor “preocupación por los abusos cometidos con ocasión de la detención, con la posibilidad de imponer sanciones ante los excesos y con la necesidad de fortalecer la formación en derechos humanos de las Fuerzas de Orden y Seguridad”, no han generado respuestas que den cuenta de avances significativos.
Un diagnóstico similar es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual expresó especial preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la manifestación del 4 de agosto de 2011, “que habrían significado la detención y uso desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes, entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”.
Las cifras que entregó en Informe Anual sobre Derechos Humanos 2012 permiten entender la baja en la percepción de confianza en la policía uniformada. “Al periodo enero-febrero de 2011, se tramitaban 1.777 casos de violencia innecesaria denunciados en el segundo juzgado militar de Santiago (cuya competencia cubre la mayor cantidad de casos vigentes en la justicia militar)”. En el mismo periodo del presente año, “se acumulan 2.657 casos, representando un aumento de aproximadamente un 50% en la carga de trabajo de este juzgado militar”.
Una arista reveladora de las cifras oficiales es la que incluye el Informe Anual de Derechos Humanos respecto a los casos que efectivamente llegan a la justicia militar: aquellos que incluyen pruebas evidentes de maltrato policial, como videos, certificados médicos, radiografías, etc. De allí que, se señale en el informe, “es muy plausible que la cifra real sea muy superior a las denuncias presentadas ante los tribunales o a las denuncias realizadas a nivel administrativo. Del mismo modo, el grado de desconfianza en relación al sistema institucional encargado de la persecución de estos delitos constituye un factor determinante de esta “cifra negra”.
Respecto a lo anterior, Claudio Fuentes explica que uno de los ejes para considerar en este tema es que tanto en Chile como en América Latina los casos de abusos policiales son vistos por la justicia militar, lo que incide directamente en la confianza que la ciudadanía tiene por Carabineros. “Chile es uno de los países que tiene más amplio nivel de cobertura de la justicia militar. Cuando un policía es acusado de violencia innecesaria, es juzgado y sentenciado por tribunales militares. Eso es una anomalía en América Latina y en el mundo. Esto es totalmente parcial y tiende a favorecer a la policía”, señala.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012, además, presenta sugerencias al Estado de Chile, tales como cumplir con las recomendaciones internacionales para el resguardo de los derechos y libertades individuales frente a la acción de carabineros, instalar los criterios que usa la fuerza policial en el debate público para revisar que se cumplan las normas legales y constitucionales, facilitar el acceso a documentación pública, reformar la estructura de la justicia militar o, mientras eso no ocurra, promover el debido proceso para que no sea tan engorroso para las víctimas probar los delitos cometidos por funcionarios policiales, mejorar el entrenamiento de la policía para que sean garantes de los derechos ciudadanos y optimizar las respuestas institucionales del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros.
Para Fuentes, las imágenes de carabineros entrando a las universidades y colegios, o del uso excesivo de la fuerza son determinantes en la confianza de los ciudadanos hacia la institución. “Ese tipo de acciones de Fuerzas Especiales, ya sea en el sur o en protestas sociales, generan una imagen de una autoridad que usa de manera excesiva la fuerza para controlar a los manifestantes. Y no es sólo la imagen de cinco policías arrastrando un joven que está inconsciente, sino que también incide el tipo de vestimenta que tienen y lo que pasa con esos jóvenes adentro del carro policial. Esas imágenes a la gente le generan asimetrías muy fuertes”.
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Se debe poner a carabineros en comparación con el índice de criminalidad de carabineros (robo, asaltos, violaciones, degollamiento, tortura, tráfico de drogas, tráfico de armas, montajes, encubrimientos, fraudes, maltrato de mujeres, y otros). No parece justo compararlas de igual a igual con otras instituciones como las radios, las universidades y otras similares. Las instituciones uniformadas gozan de un presupuesto para auto-propaganda, limpieza de imagen, e impunidad y de los medios, que no tienen otros. Por tanto, no parec justo meter en el mismo saco a todos en la encuesta. Más importante es que la opinión pública lleve el índice de criminalidad de esta institución policial, de manera periódica, igual que la delincuencia común. Es necesario y urgente.
luis héctor | 18.11.2018
Bien el trabajo de la UDP, sugiero que se empiece a llevar de una vez por todas una estadística periódica sobre el índice de la delincuencia policial en Chile: cantidad y tipo de delitos que comete carabineros de Chile (igual a como se lleva con la delincuencia común). Y mejor aún si se promueven tesis de posgrado en la universidad que vayan profundizando sobre este tema fundamental para la convivencia social (una policía corrupta es un grave peligro para todos). De no hacerlo, y no publicarlo periódicamente, pierde también cierto sentido de igualdad la evaluación entre instituciones dispares ante la opinión pública. Las instituciones uniformadas suelen no ser expuestas al escrutinio diario en la opinión pública respecto a sus faltas (y delitos ). En general son muy protegidas en su imagen por la prensa, la propaganda de las mismas, y la institucionalidad del Estado. A diferencia del resto de las instituciones, por tanto, ponerlas a la par ante una encuesta genera dudas.... Distorsiona. Los casos pacogate y el milico gate son ilustrativos al respecto. Cualquier otra casta institucionalizada estaría en el suelo. Pero, además, no se puede olvidad que son violadoras de DDHH y siguen sin cambios sustantivos. Sería bueno enfocar encuestas considerando las múltiples aristas....
Patricio Breskin | 17.07.2013
Carabineros son respetados por la mayoria.
No siempre sus informes son veridicos, dan palizas a los detenidos humildes en las comisarias, estas generalmente por oficiales.Cuando hacen reportes no veridicos y ven que el acusado tiene abogados, los carabineros se las ingenian para faltar a los tribunales.Cuando el acusado no tiene abogados no faltan a los tribunales.
El General Mendoza fue comparsa del dictador.
victor | 29.06.2013
Es importante el estudio realizado, pero hubiése sido mayor la importancia, en la medida de inmiscuirse profundamente en la búsqueda de la razón por la baja de credibilidad y confianza de la ciudadanía hacia Carabineros de Chile.
Existe una subsociedad al interior de todos los cuarteles, lugares fríos y plenos de ambiguedades en comportamientos y conductas, con sueños e ilusiones comprometidas entre jefes y subalternos, confianzas extraviadas en el temor de perder la fuente laboral. Estas son las causas que comprometen la conducta incontrolable de un carabinero en servicio.
Cuando desde el interior se hacen proyecciones citando a los altos mandos, los comportamientos inadecuados que han tenido los carabineros, son pocos quienes tienen una mirada seria ante tal proposición. Pero cuando se propone una idea desde la testera institucional, se validan las ideas como la mejor creación que ha existido. Hoy como ayer, existe un mal estar entre el personal, por cuanto las exigencias han ido creciendo al interior de los cuarteles, pero no así el bienestar. Se les exige en un cien por cien, pero no hay bienestar o tiempo de recuperación para volver a estar un cien por cien.
Este problema enferma día a día a Carabineros de Chile y los resultados los tenemos a la vista, conductas agresivas contra manifestantes o presuntos sospechosos de ilícitos, que a veces inclusive terminan en delitos con ensañamiento contra la ciudadanía, para luego tener que esconder las responsabilidades institucionales, por temor a perder la imagen de una institución proba. El temor a hablar es la peor de las enfermedades psicológicas en Carabineros de Chile, lo que con el tiempo se transforma en otros degolladores, asaltantes, corruptos, etc. Delitos cometidos por Carabineros de Chile, pero que al interior de los cuarteles no se comentan por temor a la sanción, cuando según mi criterio no hay mejor terapia que citar al yo y al super yo, es decir; quien es Carabineros de Chile y cual es la capa social económica que la compone, cuantos exámenes psicolígicos fueron adulterados porque se trataba del hijo de mi Coronel o de mi Sargento, ese es el grave problema que aqueja hoy y siempre a nuestra querida institución.
Desde una letanía testerística institucional se dirá que la institución no puede puede cambiar conductas que nacen en el hogar, pero si es muy importante el análisis psicológico previo y durante la estadía de un carabinero en la institución. Este debe ser realizado por una institución externa de salud, que indique los estados actuales, sin temor a mencionar la realidad de lo examinado. De esta manera tendremos resultados favorables a la credibilidad y posteriormente a la adhesión, de esta manera se es lider.
Luis Felipe | 28.06.2013
Que extraño que sólo analicen a Carabineros y no al resto de las instituciones. Carabineros se mantiene en el primer lugar con la máxima confianza.
El problema es una baja de confianza general en la institucionalidad, que está explicada por otros motivos.
Que lástima Ciper.
Juan Castro P | 27.06.2013
Siempre me ha llamado la atencion el comentario aquel que dice "cuando necesitan ayuda a quien recurren". Los funcionarios de Carabineros no son voluntarios, reciben un sueldo por hacer su trabajo. Dirian lo mismo respecto de los medicos "dejemos pasar las negligencias porque cuando estan enfermos a quien acuden". La UDP ha hecho un trabajo destacado en el ambito de los DDHH. A los comentaristas anteriores les recomiendo darse una vuelta por youtube y buscar "abuso de carabineros". El trabajo de la policia debe ser ajustado a la ley y eso lo que muchas veces no se cumple y es eso lo que se busca arreglar.
Franco Amigo | 26.06.2013
No se que pasa en Chile, se denosta a las instituciones que hacen el trabajo mas dificil. A los que arriesgan su integridad a cambio de salarios muy modestos. Pero se ensalsa y defiende al revoltoso, al agitador, al enajenado que no duda en destruir la propiedad de otros para demostrar su descontento y que no le tiembla la mano para cometer el criminal acto de quemar a un ser humano con acido o con una bomba molotov. Todo esto es culpa de la maquinaria propagandistica de sectores de izquierda, para los cuales importa poco ver a Chile arder, con tal de colocar en la palestra su añejo y jamas superado resentimiento. Y obviamente aprovechar de lucrar con esto.
Eric Rodrigo | 23.06.2013
Confio plenamente en Carabineros, soy de Provincia y veo la abnegada labor que dia a dia realizan. Ojala que el resto de las instituciones fueran un poco como ellos... Te aseguro que cuando la gente necesita ayuda no recurre al rector de la Chile, a los academicos, a los políticos ni a los universitarios...recurre al Paquito que tanto se esfuerzan en denostar. Por qué ese afán de los medios?...quizá sea materia de otro reportaje.
Así también lo entiende Claudio Fuentes, director de ICSO: “La policía funciona segmentadamente. Para los sectores medios-altos el control es preventivo de robos en casas particulares. Para los sectores populares los controles son los viernes en las calles por tráfico de drogas, operativos por control de delincuencia. En Chile hay dos policías, una asociada a la prevención y otra que es para lo punitivo, que son la que experimentan los sectores medios-bajos. Y eso tiene la repercusión en que la gente la percibe como una policía represiva”.
