Funcionarios y familiares del Fosis reclaman desprotección y abandono tras grave accidente en cuesta La Dormida

El 21 de enero de 2009 finalizaba una jornada de trabajo nacional en Olmué, organizada por Fosis Central. A esta jornada asistieron funcionarios de todo el país debido a que se trataba de reflexionar sobre las líneas programáticas futuras de la institución.

Ese día uno de los dos buses que trasladaba a los funcionarios de la institución se volcó en la Cuesta La Dormida camino a Santiago, resultando de ello cuatro funcionarios fallecidos, además del chofer del bus, y una veintena de funcionarios accidentados de diversa consideración, entre ellos mi esposa, los cuales debieron trasladarse a diversas instituciones hospitalarias de Santiago.

El Director de Fosis en aquella época era Pablo Coloma, hermano del senador Juan Antonio Coloma, quien se trasladó al lugar del accidente a constatar las lesiones y a prestar la ayuda necesaria disponiendo la solicitud de ayuda del personal de emergencia de distintas comunas. Pasada la emergencia inicial, se derivó a algunos funcionarios a la Posta Central en Santiago y a otros al Hospital San José.

Dado que mi familia es de Talca, viajé esa noche del accidente en compañía de otros familiares de accidentados, recibiendo en el trayecto diversa información, entre ella que «me preparara para lo peor». En la Posta Central, comenzaron los «dilemas» políticos pues llegó una cantidad de diputados y senadores a saber el estado de los accidentados; fue en ese momento donde nos enteramos del fallecimiento de Sergio Dini, agente de Desarrollo Local y concejal, quien representaba a la I Región y que era funcionario de la institución desde su fundación.

Gracias a esas gestiones, y en los días siguientes, se dispuso el traslado de los pacientes al Hospital de Trabajador.

Sin embargo, ahí comenzó una historia que se extiende hasta el día de hoy, sin que se hayan podido esclarecer los hechos, y que es lo que motiva esta publicación.

En primer lugar, al momento de realizado el viaje, durante toda la estadía en el encuentro y al momento del accidente, la gran mayoría de los «funcionarios» (luego explicaré por qué lo pongo entre comillas) viajaron sin su contrato de trabajo firmado, especialmente quienes se desempeñaban como trabajadores «a honorarios» pues por diferentes causas administrativas, la orden de viajar se impuso y debieron concurrir a esta jornada nacional sin el resguardo previo de tener el contrato firmado y remitido a Contraloría para su visación, lo que constituye la primera irregularidad.

Segundo, la misma noche en que se trasladó a los pacientes al Hospital del Trabajador, se solicitó a los familiares (entre ellos quien escribe) que «por favor firmaran los contratos» que -mágicamente- aparecieron listos para firma y con fecha 01 de enero de 2009, en circunstancias que siendo 21 días de enero todavía no habían sido firmados por muchos de los colegas de mi esposa, y por ella misma. Se trataba -según se dijo- que lo hicieran rápido para así acelerar el pago de los honorarios correspondientes a enero.

Fue difícil y denigrante pedirle a mi esposa – con fracturas y un tec cerrado- y mientras lloraba de dolor, que firmara un contrato apenas levantando uno de sus brazos en presencia de enfermeras, doctores y otras personas que pasaban por allí. Seguramente muchos habrán pensado que yo estaría forzándola a firmar un testamento o cesión de derechos, por las circunstancias en que esto ocurrió. Posterior a ello y con la calma del tiempo nos dimos cuenta de que la firma apresurada de ese contrato fue solamente una «movida política» pues con ello salvamos a la ministra de Planificación de aquella época, dado que se autorizó un viaje de una institución pública sin la debida protección de sus trabajadores mediante el contrato respectivo. Es decir, técnicamente, durante el momento del accidente, las personas que viajaban en ese bus simplemente no pertenecían a la institución pues no existía vínculo contractual alguno, encontrándose participando en una jornada nacional y oficial, exigida por la institución. La primera pregunta al respecto es: ¿la ministra de aquél entonces sabíade esta situación?, ¿el director  de la institución firmó la autorización de traslado de los trabajadores a su cargo a sabiendas de que no existía vínculo contractual actualizado?

Tercero, y quizás más importante, comprobamos en carne propia que en Chile existen clases de trabajadores diferenciados según el tipo de contrato que poseen: planta, contrata y honorarios. Estos últimos no están cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo, dejándolos en el más absoluto abandono al momento de sufrir un accidente, cualquiera sea éste y cualquiera sea la gravedad y secuelas que de esa situación se generen. Más aún, podemos afirmar que los trabajadores a honorarios NO SON funcionarios del Estado en circunstancias en que se define como tal a trabajadores con contrato de planta o contrata según el actual Estatuto Administrativo. El resto son personas no reconocidas como parte de la institución, y por lo tanto sin cobertura de ningún tipo, pues de la definición legal contenida en el Estatuto señalado se deriva que el trabajador a honorarios sólo desempeñará funciones “temporales” sin ningún tipo de sujeción horaria o contractual más allá de las funciones específicas que le competan en su rol. Por ende, visto de esa forma, si este trabajador “a honorarios” se accidenta (como fue el caso de los “funcionarios” Fosis), simplemente no procede la cobertura contra accidentes del trabajo, como efectivamente lo comprobamos en esta situación que nos aqueja.

Piense usted, ¿qué sentiría si cuando va a solicitar una hora al médico tratante especialista, la recepcionista le pregunta si el paciente es “Ley” o “Extra-Ley”?. Esa misma desazón vivimos quienes no comprendíamos la profundidad simbólica de esa subdivisión entre trabajadores dependientes de una misma institución y más aún del Estado. Ser “Ley” implica que el contrato que lo vincula a la institución es de Planta o Contrata, situación casi milagrosa en el actual y jibarizado Estado chileno, mientras que tener contrato “a Honorarios” se califica como “paciente Extra- Ley” pues no se considera funcionario público, y por ende no procede la protección del seguro, lo que significa en buenos términos que el propio trabajador debe hacerse responsable de sus gastos médicos y estadías en la clínica.

Lo anecdótico –si se quiere- de esta situación es que tanto un trabajador “Ley” como uno “Extra-Ley” desempeñan exactamente el mismo trabajo, con el mismo sueldo, la misma carga horaria, y las mismas funciones administrativas, por lo que la distinción además de odiosa es absolutamente arbitraria. Agregando más elementos a este análisis, resulta curioso que durante los últimos gobiernos, la tasa de sindicalización y de trabajadores traspasados a Planta o Contrata, haya disminuido, y se verifiquen situaciones tan desfavorables para los trabajadores que día a día ponen en riesgo sus vidas sin contar con una debida protección en su salud y bienestar. Es esta situación una constante desde que nace el concepto de funcionario público a la actualidad, en donde la legislación a favor del trabajador, la protección hacia el trabajo y estabilidad laboral no han variado, y es más, en algunos casos ha disminuido, lo que es inconsistente con el discurso político que tan fervientemente se defiende en épocas de elección.

¿Es posible pensar que ningún mandatario durante su gobierno haya realizado transformaciones profundas desde el punto de vista de protección a los trabajadores y a la ciudadanía? No hay registro de ello, sino que peor aún, se ha verificado un retroceso que desemboca en una simple constatación de que en Chile el poder se reparte entre “dos derechas” como lo escribió Sergio Aguiló hace unos años atrás.

Este ha sido el comienzo de un largo camino. Cada uno de nosotros ha debido endeudarse de forma particular para solventar los inmensos gastos que demanda un accidente de esta naturaleza. En algunas familias esta situación ha provocado quiebres, al no poder encontrar herramientas de autocuidado que les permitan afrontar de forma conjunta el episodio traumático. Eso, en el caso de las personas que lograron sobrevivir al accidente. En el caso de los familiares de los fallecidos la situación es aún peor. Como los trabajadores estaban sujetos a un régimen contractual de honorarios, recibieron un pago por un seguro que estaba vigente y que alcanzó los $12 millones (es decir, un promedio de $600.000 por año de servicio aproximadamente), suma insuficiente e irrisoria considerando que muchas de esas personas llevaban casi 20 años en la institución bajo el mismo tipo de contrato y su sueldo era el único ingreso para sus familias.

Gracias a esta desprotección se puede afirmar que el Estado de Chile empujó a las familias de sus propios trabajadores a una indefensión económica y social contra la cual los mismos funcionarios luchaban diariamente, en circunstancias de que la función de Fosis, Fondo de Solidaridad e Inversión Social, es contribuir a mejorar la calidad de vida de personas en vulnerabilidad social.

En términos investigativos, la institución realizó un sumario interno que desencadenó en el despido de una de las personas que en ese entonces estaba a cargo de las licitaciones, pero muchos de nosotros consideramos que las responsabilidades deben escalarse a los altos puestos de aquél entonces, tanto en la figura de Pablo Coloma como director de la institución en aquella época, como de la ministra de Planificación, Paula Quintana, cartera de la cual depende Fosis.

Durante este periodo, hemos sido testigo de una serie de irregularidades en torno la investigación del accidente. Por ejemplo, en un primer momento no se dejó periciar el bus accidentado, y según los antecedentes que hemos podido recabar, gracias a los abogados que están encabezando varias demandas de forma particular, la máquina estaba en pésimas condiciones para trasladar a los trabajadores de la institución. Esto reveló que hubo una subcontratación pese a que los requerimientos en el sistema de compras públicas especificaban otros requisitos, lo cual es también materia de investigación y del sumario realizado.

Actualmente, hay dos demandas civiles de funcionarios lesionados y una de los que fallecieron en los tribunales, las cuales siguen su curso normal solicitando antecedentes para definir culpabilidades respecto de esta grave desprotección en la que aún nos encontramos, y en la cual se encuentran muchos compatriotas, trabajadores del Estado, pero con contrato de tercera categoría: trabajadores a honorarios.

También se está impulsando un proyecto de ley que asimila a los trabajadores a honorarios de las instituciones del Estado para estar cubiertos por la Ley de Accidentes del Trabajo, impulsado por Sergio Aguiló y que actualmente está en el Congreso tramitándose. Cabe destacar que esta iniciativa encabezada por el diputado Aguiló solamente se presenta al Parlamento de la República el año 2012, y es motivada por una conversación que a título personal se realiza, lo que revela el abandono de los sectores políticos referente a esta situación; ¿es que acaso ningún parlamentario sabía o conocía de la ocurrencia de este accidente?, ¿o es que estos trabajadores no son importantes como para legislar medidas de protección que aseguren la vida de ellos y sus familias?

Todas las acciones que actualmente se desarrollan van más allá de la búsqueda de una retribución económica en función de la situación traumática derivada del accidente; estas acciones representan la necesidad de mirar la forma en la que el Estado tiene a sus trabajadores, y fijar la atención en el hecho de que en Chile, país desarrollado según las ilusorias autocomplacencias de los más diversos sectores políticos, existen trabajadores de primera, segunda y tercera categoría. Estas acciones van en memoria de las personas fallecidas y sus familias, funcionarios que dieron su vida en búsqueda de mejorar las condiciones de vida de un sector de la población que ve muy lejano los frutos del desarrollo y de las cifras macroeconómicas que los altos personeros de gobierno muestran sonrientemente cada día.