Ley de Pesca: juicio por cohecho amenaza con quitar anonimato de aportes privados de campaña

Vea también:
– Así votaron los 107 diputados que definieron el articulado de la Ley de Pesca
– Ex asesor de diputada Marta Isasi revela pagos de Corpesca para financiar campañas políticas

El martes 14 de mayo, cuatro días después de que CIPER publicara la entrevista al gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en la que reconoce que su empresa financió la campaña de la diputada Marta Isasi, como la de “muchos más”, el directorio de Corpesca se reunió en sesión extraordinaria. Como habitualmente lo hace cada mes, la cita tuvo lugar en el piso 15 de Avenida El Golf 150. Nadie se pudo sustraer de la gravedad del momento. Cuando la puerta se abrió, un escueto comunicado resumió el difícil acuerdo: Francisco Mujica Ortúzar, quien fue gerente general por 14 años de la empresa pesquera del grupo Angelini, dejaba la empresa (Ver comunicado).
Fue el primer movimiento del directorio de la principal empresa pesquera del país para intentar mitigar los daños por el escándalo que se desató luego de que Mujica corroborara que había pagado $25 millones al que fuera el principal asesor de la diputada Isasi, por un informe sobre el “impacto” de la nueva ley de Pesca en el sector. El polémico pago se hizo público el jueves 9 de mayo, en una audiencia en el tribunal de garantía de Valparaíso  (ver reportaje)

El directorio de Corpesca desconocía que a 1.803 kilómetros, en Iquique, el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, ya había decidido abrir de oficio una investigación por cohecho y soborno.

La decisión la adoptó apenas el fiscal Guerra conoció el detalle de las declaraciones del periodista Georgio Carrillo, en las que acusa a su ex jefa, la diputada Isasi, de haberle instruido realizar papers a Corpesca a cambio de dineros para su campaña electoral. Uno de los primeros documentos que ingresarían a su expediente fue el audio de Carrillo en la audiencia de formalización por malversación de asignaciones parlamentarias (Ver Recuadro).

Cuando el comunicado de Corpesca llegó a los medios de comunicación, el fiscal de Iquique ya había tomado contacto con la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (BRIDEC), para iniciar la investigación. Así el expediente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, de la cual la diputada Isasi es una de sus miembros, se volió a abrir. Esa comisión la integran además, Alejandro Santana (RN), quien la preside; Gabriel Ascencio (DC), Sergio Bobadilla (UDI), Cristian Campos (PPD), Fidel Espinoza (PS), Patricio Melero (UDI), Carlos Recondo (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Jorge Ulloa (UDI), Orlando Vargas (PPD), Matías Walker (DC) y Clemira Pacheco (PS).

TRIANGULACIÓN DE LOS DINEROS

Cohecho es el delito en el que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo. Esa es precisamente la hebra que el fiscal de Tarapacá comenzó a investigar en Iquique y que abre una puerta al financiamiento privado de las campañas políticas, a cambio del voto de los parlamentarios a favor de los intereses del donante. En este caso, la investigación buscará identificar la relación directa entre el pago de Corpesca a Isasi y su voto en la polémica Ley de Pesca, en julio de 2012.

Si el objeto de la investigación es ése, el paso lógico sería que el fiscal Guerra solicite al Servicio Electoral, levantar el anonimato de las  donaciones entregadas por Corpesca a Marta Isasi, y a todos los parlamentarios –diputados y senadores- cuyas campañas Francisco Mujica reconoció que la empresa pesquera financió.

Los aportes a través del Servicio Electoral no son el blanco principal de la fiscalía. Porque, obviamente, esas platas deben corresponder a los máximos que indica la ley. Lo que le interesa al Ministerio Público es detectar los dineros negros que se habrían traspasado -o triangulado- desde Corpesca a los parlamentarios, pesquisa que posiblemente deberá realizar la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UAF).

Una nueva herramienta con la que cuenta la fiscalía para poder investigar la responsabilidad que tiene Corpesca en el supuesto soborno a Isasi -y eventualmente a otros parlamentarios- es la Ley N° 20.393, publicada en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009.

Esta norma regula un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas aplicable a los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos, precisando que no sólo pueden cometer estos ilícitos personas naturales, sino que también las personas jurídicas. En este caso, de comprobarse el delito, la responsabilidad recaería en Corpesca.

Una pieza clave con la que cuenta la fiscalía de Iquique para investigar el supuesto soborno, es la minuta de 21 páginas que le envió el gerente de Corpesca a Marta Isasi, el 14 de junio de 2011. Una especie de instructivo de cómo se debía defender “el derecho de propiedad” de las pesqueras sobre los recursos y que lleva por título: “Nueva Ley de Pesca: Propuestas de Industriales Pesqueros del Norte” (Ver minuta).

“RECOMENDACIONES” DE CORPESCA

El mail de Mujica a Marta Isasi dice lo siguiente: (ver correo):

–Martita, te adjunto lo prometido para la futura Ley de Pesca en reemplazo
de la 19.713 LMCA. Muy bueno tu boletín informativo.

En la minuta, argumentando por qué había que oponerse a las licitaciones, se dice:

“No incluir eventuales licitaciones de cuotas, dado su carácter expropiatorio considerando que las autorizaciones de pesca vigentes constituyen un derecho de extracción indefinido. Además al tener inversiones históricas ya efectuadas, un proceso de licitaciones atenta contra el patrimonio y sustentabilidad de las empresas y no sólo su potencial rentabilidad. Por lo tanto, si se insiste en licitar las cuotas de pesca, previamente se deberán expropiar los permisos vigentes para luego licitar en igualdad de condiciones para todos los actores”.

CIPER revisó el voto de la diputada Marta Isasi en el principal inciso de la Ley de Pesca relativo a la propiedad del Estado sobre los recursos. Isasi votó en contra del inciso que establecía que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos existentes y sobre el cual establece permisos o autorizaciones de extracción. Rechazó también la indicación que fijaba cuotas anuales de captura por especie en un área determinada, o cuotas globales de captura y que, además, establecía una rebaja de la cuota por imprevistos. Lo mismo hizo Isasi al votar en todas las indicaciones que tenían impacto en la industria pesquera.

CIPER revisó qué diputados tuvieron una posición similar a la de Isasi en esa relevante votación que se llevó a cabo el miércoles 18 de julio de 2012, en la Cámara de Diputados. En esa larga jornada, en la que se definieron 34 indicaciones de la nueva Ley de Pesca, destacó la disciplina de la mayoría de los diputados UDI y RN para votar en bloque a favor de las indicaciones que beneficiaban a la industria. En cambio, la oposición no logró alinearse para lograr contrarrestar el peso de la industria.

¿QUÉ LE PASÓ A LA OPOSICIÓN?

Antes de emitir esa votación, quizás una de las más importantes que ese miércoles 18 de julio de 2012 debían dirimir los diputados para acabar con el primer trámite constitucional de la nueva Ley de Pesca, el diputado Marcelo Díaz (PS), que representa a La Serena y otras cuatro localidades de la Región de Coquimbo, pidió la palabra. En pocos minutos decidirían si los recursos marinos pertenecen o no al Estado chileno. De aprobarse esa moción, cambiaría por completo el concepto sobre la propiedad de los peces, mariscos y crustáceos, entre otros recursos presentes en el mar jurisdiccional, que según la normativa vigente a esa fecha eran res nullius, o sea, de todos y de nadie a la vez. Quien los capturara pasaba a ser su legítimo dueño.

Díaz pidió que antes de la votación indicada, la sala se pronunciara sobre la decisión adoptada por la Comisión de Pesca de la Cámara, de establecer un quórum calificado para esa norma. Díaz refutó la decisión. Invocando la Constitución (Artículo 19, número 23, que establece que para toda ley que restringa la libertad de dominio del Estado sobre los recursos naturales, se requiere quórum calificado, ver nota (*1)), afirmó que los recursos ya eran propiedad del Estado, por lo tanto la norma era improcedente. La mesa aceptó su solicitud y los 107 diputados presentes –había cuatro que no votaron por estar pareados- emitieron su voto (ver acta de la sesión).

Todos los parlamentarios UDI y RN votaron en bloque a favor de calificar la norma como de quórum calificado. Fue una de las tantas muestras de disciplina que la derecha mostró esa jornada. En cambio, la oposición no logró alinearse. El diputado Enrique Jaramillo (PPD), representante en el Congreso de uno de los dos distritos de la Región de Los Ríos, a diferencia de la mayoría de los parlamentarios de la Concertación, votó a favor. Lo mismo hicieron José Miguel Ortiz (DC) y Jorge Sabag (DC), además de los independientes Roberto Delmastro, Miodrag Marinovic y Marta Isasi. Con 57 votos a favor y 50 en contra, la norma se calificó como de quórum calificado. La votación resultó clave, porque implicaba que para que el cambio legal sobre la propiedad de los recursos pesqueros sea aprobado, luego requeriría del voto favorable de 59 diputados. Como era previsible, después no se logró el quórum para aprobar la modificación.

Inmediatamente después, los parlamentarios votaron la indicación propuesta por la Comisión de Pesca que apuntaba a establecer que el Estado tendría “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de los recursos hidrobiológicos presentes en aguas chilenas. La indicación también establecía que el objetivo de la ley sería propender a la conservación y uso sustentable de esos mismos recursos, los cuales quedaban expresamente catalogados como propiedad del Estado (ver votación).

Nuevamente los partidos oficialistas se alinearon, esta vez en contra de la moción, aunque hubo excepciones: los diputados René Manuel García, Joaquín Godoy, Alejandro Santana y Frank Sauerbaum –los cuatro de Renovación Nacional– votaron a favor de la propuesta. Si la oposición y los independientes se hubieran alineado, habrían obtenido los votos necesarios para aprobar la normativa. Pero no fue así: Jorge Sabag (DC) de nuevo votó a contracorriente de su colectividad. También Delmastro, Isasi y Marinovic votaron en contra. Si dos de ellos hubieran votado a favor, la modificación se habría aprobado y los recursos del mar chileno serían propiedad de todos. Pero los 57 votos a favor y 50 en contra, no fueron suficientes para que la indicación fuera incluida en la ley.

Esa fue sólo una de las 19 indicaciones más importantes de las 34 que ese día votaron los parlamentarios para aprobar o rechazar el articulado de la nueva Ley de Pesca. En ese escenario, salen a la luz varios “disidentes” de ambos bloques políticos. Uno de ellos es René García (RN), uno de los 10 representantes en la Cámara de la Región de Los Ríos y quien más veces votó distinto respecto a los demás parlamentarios de su sector. Por otro lado, la mayoría de los votos de Jorge Sabag (DC) y José Miguel Ortiz (DC) corrieron por un carril distinto al del resto de la oposición. Aunque en menor medida, lo mismo pasó con el diputado por la Región de Biobío Cristián Campos (PPD), quien en al menos tres votaciones clave para los intereses de la industria votó en la misma línea que lo hizo la derecha.

LAS BATALLA POR LA LICITACIÓN DE LAS CUOTAS

La Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), antes de que sufriera modificaciones, ya contemplaba un sistema de licitaciones de cuotas. Así estaba estipulado en su artículo 27, donde establecía un sistema de subastas en pesquerías en plena explotación de hasta el 5% de la cuota global anual por un plazo fijo de 10 años. Pero la nueva ley iba a cambiar ese aspecto. El sistema de licitaciones que proponía el gobierno fue uno de los puntos más polémicos del debate en torno a la nueva Ley de Pesca. La industria completa se oponía, ya que advertían en las licitaciones una amenaza a su participación en la explotación de los recursos, lo que a su juicio era un “derecho histórico” que equivalía a un derecho de propiedad.

A pesar de las reuniones y el lobby que hicieron las principales pesqueras para eliminar las licitaciones, La Moneda siguió adelante con su propuesta. Por eso, ese miércoles 18 de julio de 2012, los legisladores debieron votar la indicación que instauraba el nuevo sistema de subastas. En términos simples, el proyecto establecía tres clases de licencias de pesca (A, B y C), de las cuales dos serían producto de las licitaciones. Si el estado de un pesquería en plena explotación era lo suficientemente saludable como para estar igual o por sobre su rendimiento máximo sostenible (RMS, un concepto que introduce la nueva ley y que marca el tope de cuánto se puede pescar sin que se afecte la sustentabilidad del recurso), los excedentes serían subastados dando origen a las licencias clase C, que durarían un año. Si esa situación se mantenía por tres años, se le quitaría a las pesqueras con licencia clase A el 15% de su parte del negocio en relación al RMS, y se licitaría por un tiempo indefinido. Quienes se adjudicaran esas licitaciones obtendrían licencias clase B.

Esa propuesta, que era claramente desfavorable a los intereses de las grandes pesqueras, contó con el rechazo de casi toda la derecha, salvo de los diputados Alberto Cardemil (RN) y Joaquín Godoy (RN), que se abstuvieron. Isasi también se opuso, al igual que Delmastro.

Sin embargo, y aunque la oposición se había manifestado a favor de la medida, lo que ocurrió en la votación fue, a lo menos, interesante. Entre los independientes, René Alinco y Pedro Velásquez rechazaron la indicación, mientras que Sergio Aguiló no marcó ninguna preferencia. Además, 20 diputados de la Concertación también votaron en contra: Clemira Pacheco (PS); Pepe Auth, Cristian Campos, Guillermo Ceroni, Ramón Farías, Rodrigo González, Patricio Hales, Enrique Jaramillo, Marco Antonio Núñez, María Antonieta Saá, Joaquín Tuma, Orlando Vargas, todos PPD. Lo mismo hicieron José Miguel Ortiz, Jorge Sabag, René Saffirio y Víctor Torres de la Democracia Cristiana; y Marcos Espinosa, Alberto Robles del PRSD; además de Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda (PRI). Otros cuatro se abstuvieron y cuatro de ellos simplemente no votaron.

La propuesta fue rechazada. La norma que se incluyó finalmente en la nueva ley establece el límite a partir del 90% del RMS para que se abra un proceso de licitación gradual. Al final, solo existen licencias clase A y B. Las licencias de clase C no fueron incluidas en la ley que se promulgó a comienzos de este año.

OTRAS INDICACIONES QUE BENEFICIAN A LA INDUSTRIA

Cuando a los diputados les correspondió votar sobre la duración que tendrían las licencias transables de pesca clase A –aquellas que se les otorga a todos los armadores industriales que ya operan un porcentaje establecido de la cuota global de captura–, el diputado Matías Walker (DC) propuso una indicación que no le gustó nada a la industria pesquera: que fueran vigentes por sólo 20 años y que su porcentaje de participación disminuyera a medida que se fueran licitando las cuotas.

La indicación, como la mayoría de las que se votaron ese día y que afectaban los intereses de la industria, tenía carácter de quórum calificado. Si no hubiera sido porque los diputados David Sandoval (UDI), José Manuel Edwards (RN) y Alejandro Santana (RN) se abstuvieron, toda la derecha habría mostrado una postura clara: rechazar la indicación en bloque. Algo que también hizo Marta Isasi. Pero si la propuesta de Walker terminó siendo rechazada, la responsabilidad recayó no tanto en los parlamentarios de la UDI y RN, sino que en los de oposición.

Entre los socialistas hubo cuatro que no apoyaron la moción de Walker: Alfonso de Urresti, que votó en contra, y Marcelo Díaz, Luis Lemus y Clemira Pacheco, que ni siquiera votaron. En la bancada PPD fueron cuatro los que rechazaron la indicación: Cristián Campos, Guillermo Ceroni, Enrique Jaramillo y Orlando Vargas, mientras que Adriana Muñoz se abstuvo. Entre los que se opusieron a la moción de Walker, figuran  los democratacristianos Jorge Sabag, José Miguel Ortiz, Roberto León y Pablo Lorenzini. De los radicales, el rechazo vino de la mano de Marcos Espinosa y Alberto Robles, mientras que Carlos Jarpa optó por abstenerse. Y en el caso de los tres diputados comunistas, sólo Hugo Gutiérrez se manifestó a favor de establecer un plazo fijo para las licencias de pesca. Guillermo Teillier y Lautaro Carmona no lo aprobaron ni lo rechazaron ni se abstuvieron: simplemente no votaron.

Esa fue la tónica en las 19 indicaciones más importantes que se votaron durante esa jornada, aquellas donde los intereses de la industria pesquera se veían afectados. Cristián Campos (PPD) también rechazó una segunda propuesta para restringir la vigencia de las licencias de pesca, otra que proponía la creación de un Fondo de Estabilización para los trabajadores de la industria y una tercera que reservaba un 5% de la cuota global de captura licitable para pequeñas empresas. Esa última indicación también fue rechazada por Alberto Robles (PRSD), Patricio Vallespín (DC), José Miguel Ortiz (DC) y el diputado Pedro Araya (PRI). Pepe Auth (PPD) y Cristián Campos (PPD) se abstuvieron en las dos votaciones que pretendían mantener la excepción que tienen las naves industriales en el norte del país para ingresar a pescar a la zona de cinco millas exclusiva para la pesca artesanal. Ambas indicaciones benefician directamente los intereses de Corpesca y el Grupo Angelini, y ambas contaron con el voto a favor de Jorge Sabag.

(*1) 23°. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes;