El fin del lucro y las razones para dudar de la promesa de Bachelet
08.04.2013
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08.04.2013
Para ser honesto, no creo que vaya perdonar alguna vez a Michelle Bachelet la aprobación de la LGE y la imagen de los presidentes de la Concertación y la derecha con las manos arriba celebrando su acuerdo. Señalo esto porque en el debate político no sólo pesan los argumentos y las razones, sino también la experiencia, la confianza… la guata.
Si producto de la presión social ha sido un gobierno de derecha el que ha propuesto sacar a la banca privada del sistema universitario, por cierto que es posible terminar con el lucro en un gobierno de la Concertación
Pienso que así como otras generaciones ven en Bachelet a la mujer valiente de compromiso y lucha contra la dictadura, muchos de mi generación vemos en ella la personificación de un sector político que tuvo agallas para enfrentar a la dictadura, pero que, con el tiempo, perdió la vocación transformadora. Tratando de ser justo, creo que ambas generaciones tienen el derecho de anclar sus expectativas en las experiencias que han marcado su vida política.
Hecha esta aclaración, este artículo está dirigido al lector indeciso, a quien tibiamente le entusiasman los últimos anuncios de la ex presidenta. El propósito es convencerlo de que hay buenas razones para dudar. Para ello, discuto momentos del gobierno de Bachelet en su reacción al movimiento pingüino del 2006, los que a mi juicio dan cuenta de los riesgos de depositar en su nuevo gobierno las esperanzas de transformación.
El 21 de mayo del 2006, cuando las movilizaciones de los secundarios ya levantaban las demandas de desmunicipalización, fin a la LOCE y fin al lucro; el discurso de la presidenta no hizo mención a tales demandas. En cambio, se centró en los episodios de violencia, señalando:
«Quiero ciudadanos críticos, conscientes, que planteen sus ideas y sus reivindicaciones. Pero esa crítica debe hacerse con un espíritu constructivo, con propuestas sobre la mesa y, lo más importante, a cara descubierta y sin violencia. Quiero ser muy clara: lo que hemos visto en semanas recientes es inaceptable. ¡No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas! Aplicaré todo el rigor de la ley. La democracia la ganamos con la cara descubierta y debemos continuar con la cara descubierta”. (Lea el discurso completo).
Mi lectura de estas palabras es que fueron un intento por deslegitimar las movilizaciones, polemizando en torno a sus formas y no a su fondo (práctica común en los gobiernos concertacionistas). Quitando la discutible alusión a la forma cómo se derrotó a la dictadura, este párrafo bien podría ocuparse para argumentar a favor de la «Ley Hinzpeter».
Las preguntas que surgen de este evento son: ¿cómo es posible que un gobierno de centro izquierda haya tenido esa estrategia comunicacional frente a un movimiento estudiantil inédito y esperanzador, cuyas demandas buscaban una mayor igualdad educacional? ¿Qué hubiera pasado si la estrategia de poner el acento en la violencia hubiese dado sus frutos?
Por suerte el movimiento pingüino ganó la pelea comunicacional y el gobierno cambió su estrategia: escuchó las demandas y -en lo que fue una valiosa apuesta del gobierno de la ex presidenta- convocó a un innovador consejo para discutirlas: el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. Lamentablemente, después Bachelet mudó nuevamente su estrategia y finalmente llegó a un acuerdo «entre cuatro paredes» con la derecha.
El informe del Consejo de Educación fue un reflejo de lo dividida que estaba y está la sociedad chilena respecto a qué hacer con la educación. Por un lado, la derecha junto con el sector liberal de la Concertación y, por el otro, el mundo social se sumó con sectores progresistas de la Concertación.
La apuesta de las fuerzas transformadoras con arraigo en el mundo social debe ser articular un frente político-electoral que tensione a la Concertación desde fuera y que sea una real amenaza electoral frente a los otrora exitosos intentos de moderación, que de seguro se expresarán con fuerza en el nuevo gobierno de Bachelet
Frente a un informe que exigía dirimir posturas, Bachelet en una primera instancia apostó por el segundo grupo. En efecto, su texto inicial proponía para todos los establecimientos escolares que recibieran financiamiento público, el término de la selección hasta sexto básico por cualquier motivo y el fin al lucro. La propuesta fue duramente atacada, entre otros actores, por la Iglesia Católica, lo que llevó a Bachelet a retirarla y a configurar un grupo de negociación que ya no incluía al mundo social. (Un texto que resume la postura católica es esta columna del cardenal Errázuriz en la que alega en contra del fin del lucro y a favor de la posibilidad de seleccionar por proyecto educativo.
Así nació la LGE, en la que no sólo se borró lo relativo al lucro, sino que además se mantuvo la selección por «proyecto educativo», lo que implicaba que colegios religiosos que recibían financiamiento del Estado, podían seleccionar estudiantes de acuerdo a las características de sus padres (e.g. si estaban casados).
Por estos días la ex presidenta ha señalado que ella siempre se jugó por mayores transformaciones (e.g. contra el lucro) y que fue la derecha quien no se lo permitió. Hay tres hechos que cuestionan aquello.
Primero, el problema no era sólo la derecha. Fue pública la disputa que existió en la DC pues destacados dirigentes de ese partido criticaron la propuesta de fin al lucro, mientras los militantes que estaban a favor de ella alegaban que tal medida era un acuerdo del congreso ideológico recién acontecido.
Segundo, si enfrentada al rechazo de la derecha y de parte de la Concertación Bachelet hubiese querido dar una señal clara contra el lucro, bastaba con pedir a su ministra de Educación que lo fiscalizara en la Educación Superior (era un fenómeno conocido al menos desde el gobierno de Lagos). Como en aquel nivel educacional el lucro era ilegal, no se necesitaban de los votos de nadie para tal decisión, sólo era un asunto de voluntad (así han argumentado los diputados concertacionistas al votar en la acusación al ministro Beyer).
La presidenta ya mostró cómo frente a la presión puede pasar de las banderas anti-lucro al envío de proyectos que sólo convencen y alegran a la derecha
Tercero, en la votación final de la LGE, mientras toda la derecha votó a favor, entre la Concertación y los independientes hubo 12 votos en contra y 7 abstenciones. En palabras simples, el segundo proyecto enviado por Bachelet fue visto por sus propios parlamentarios como conservador y nadie de la derecha lo vio como una amenaza a su visión educacional. Fue público como uno de los diputados más respetados de la Concertación y cercano a Bachelet, Carlos Montes, tuvo una postura contraria a la LGE y sólo luego de múltiples presiones el gobierno logró que se abstuviera.
En esta misma línea, la diputada Clemira Pacheco (socialista), señaló: “Este es mi gobierno. Yo soy concertación. Pero también soy crítica. Por eso voté que no a la LGE”.
El golpe que significó la LGE a toda esperanza de cambio se vio reforzado por una decisión que, más allá de las negociaciones propias del ejercicio del cargo, era de exclusiva responsabilidad de la presidenta. El 18 de abril del 2008, luego de la destitución de Yasna Provoste, Mónica Jiménez fue nombrada ministra de Educación.
Si el gobierno y la presidenta tenían aún alguna intención de aprovechar el tremendo impulso transformador de la revolución pingüina, ¿por qué nombrar en el cargo a la que seguramente era hasta la fecha la ministra más conservadora desde la vuelta a la democracia?
Con todo, no se trata de discutir qué es lo que realmente quiere o quería Bachelet (difícil sería cuestionar su militancia y trayectoria de izquierda), sino de pensar cuáles son las reales posibilidades de transformación con Bachelet y cuál es la mejor estrategia para que ello suceda. Después de todo, si producto de la presión social ha sido un gobierno de derecha el que ha propuesto sacar a la banca privada del sistema universitario, por cierto que es posible terminar con el lucro en un gobierno de la Concertación.
En mi opinión, la apuesta de las fuerzas transformadoras con arraigo en el mundo social debe ser articular un frente político-electoral que tensione a la Concertación desde fuera, que politice a la juventud movilizada (dejando de lado cierto purismo) y que sea una real amenaza electoral frente a los otrora exitosos intentos de moderación, que de seguro se expresarán con fuerza en el nuevo gobierno de Bachelet. La presidenta ya mostró cómo frente a esa presión puede pasar de las banderas anti-lucro al envío de proyectos que sólo convencen y alegran a la derecha.
Como muchos ya han señalado, esta estrategia no implica cerrarse a posibles acuerdos electorales focalizados en los distritos en que se pueda doblar, ya que en cualquier escenario es importante «tener los votos» en el Parlamento. Pero la moraleja de toda esta historia es que lo peor que podrían hacer las fuerzas transformadoras es sumarse al llamado a conformar un «Parlamento para Bachelet».
Bachelet será la próxima presidenta de Chile, de eso poca duda cabe, pero la historia nos susurra al oído: esta vez las transformaciones no dependan de ella.