Por qué es necesario un Ministerio de Ciencia

Han transcurrido varias semanas desde que el Gobierno anunció la creación de una comisión asesora presidencial cuya misión es proponer una institucionalidad para la ciencia en Chile. Poco o nada se ha conocido de su avance y hoy, con la carrera presidencial desatada, se despiertan serias dudas de si el gobierno contará con la iniciativa y apoyo político para llevar a cabo las reformas que de allí salgan.

Trabajando entre cuatro paredes, la comisión no ha dejado saber siquiera en qué líneas concentra su esfuerzo. ¿Se dedicará a elaborar otro “nuevo diagnóstico”, pese a que en los últimos 10 ó 15 años se han elaborado varios, por diversos expertos u organismos?

Trabajando entre cuatro paredes, la comisión no ha dejado saber siquiera en qué líneas concentra su esfuerzo. ¿Se dedicará a elaborar otro “nuevo diagnóstico”, pese a que en los últimos 10 ó 15 años se han elaborado varios, por diversos expertos u organismos? ¿Cómo se conciliarán las diferentes posturas que pueden existir dentro de la comisión? Y si sus miembros deciden ir un paso más allá, ¿qué espacio tendrán las propuestas que repetidamente ha hecho la comunidad académica y científica y que han sido marginadas de esta instancia? Es evidente que el trabajo de la comisión, mientras deje afuera a la comunidad académica y científica, generará múltiples dudas y sospechas.

Sin embargo, seamos optimistas por un momento y supongamos que, en este año en que el gobierno nos ha invitado a “Imaginar Chile”, se produce un grado relativo de acuerdo respecto a cuáles son los problemas que la propuesta de institucionalidad debe solucionar. Tendríamos entonces un consenso básico que no debería ser muy distinto del que ya ha sido formulado en reiteradas ocasiones por diversos actores de la comunidad.

La actual institucionalidad para la ciencia, creada hace más de 40 años en otro contexto histórico y con una comunidad científica incipiente, está obsoleta. Esta institucionalidad ha derivado en múltiples agencias de fomento a la I+D (Investigación y Desarrollo) con ciertos grados de duplicidad, bajo la administración de ministerios sectoriales, cada uno con sus particulares prioridades políticas. Esos ministerios tienen escaso nivel de coordinación  lo que redunda en la falta de coherencia entre diversos programas. Tal vez el ejemplo más elocuente de ello es el del programa Becas Chile y los programas nacionales de fomento a la formación de capital humano, que no fueron acompañados por programas de reinserción laboral.

Además, el sistema carece de un responsable global de los éxitos o fracasos en la políticas de I+D (accountability); y de una mirada integral de largo plazo en esta materia. Tan importante como eso, el sistema excluye a los científicos y académicos respecto a la formulación de esas políticas. Algunos argumentan que así funciona la democracia representativa: “usted me eligió, déjeme hacer mi trabajo”. Sin embargo, también es de sentido común que la formulación de cualquier política pública debe incluir a los actores que participarán de la misma. Las demandas de espacios de participación por parte de distintos movimientos sociales y ciudadanos evidencia elocuentemente esa mirada.

¿Cuál es el mejor camino para solucionar estos problemas? Algunos defienden la idea de que las instituciones son las que importan. Pero más allá del “organigrama”, las instituciones per se, tienen escaso margen de aporte si no cuentan con políticas públicas adecuadas que ejecutar, elaboradas considerando a los actores pertinentes. A esta combinación, de instituciones más políticas públicas, es lo que llamamos “institucionalidad”: la combinación de planes de largo plazo, y organismos de gobierno, que está llamada a implementar y ejecutar una política pública (no planes dispersos y sin coherencia), con un alto grado de coordinación y eficiencia, evitando duplicidad de esfuerzos, incorporando en su evaluación la opinión de los actores que participan de ella (científicos, universidades, empresas, agencias de la sociedad civil, etc.).

Mientras que para algunos la respuesta está en un organismo completamente autónomo, similar al “Banco Central”, o en un Comité Interministerial (figura que ha sido duramente criticada por expertos), pareciera que la respuesta del propio gobierno es clara.  El ministro Cristián Larroulet,  en su reciente libro Chile camino al Desarrollo: avanzando en tiempos difíciles, justificó la creación del Ministerio de Desarrollo Social en la necesidad de resolver los problemas de diseño, coherencia, coordinación y evaluación de la política social y sus programas. Más aún, el diagnóstico entregado respecto a la política social por parte del ministro se centra en la heterogeneidad de los programas sociales, la falta de coherencia entre ellos, y su dependencia de distintas reparticiones públicas con insuficiente coordinación entre ellas, además de existir una evaluación insatisfactoria y sin rigurosidad, del diseño y la implementación de los programas respectivos. Un impactante parecido con el diagnóstico que se ha hecho respecto a la institucionalidad científica. Los mismos argumentos fueron utilizados por el ministro para justificar el renovado Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Los decretos y bases que rigen las becas de formación y apoyo al postgrado en Chile y el extranjero, continúan precarizando y menoscabando la vida de nuestros jóvenes científicos, precisamente en una etapa clave de su formación personal y profesiona

Por otra parte, algunos medios de prensa se han encargado de hacer una favorable  cobertura pro-ministerio, en el caso del Deporte, de la Cultura y en otros casos, como a la propuesta de un Ministerio de Ciudades y Planificación Territorial. ¿Por qué una solución, que parece compartida y defendida para problemas muy similares no se aplica al caso de la ciencia? ¿Por qué algunos medios han silenciado casi completamente este debate, incluso llegando a la censura de aquellos que proponemos un Ministerio de Ciencia para Chile? La única explicación que se oye a veces suena extemporánea: supuestamente se desearía un Ministerio de Ciencia para «que el Estado diga qué es lo que hay que investigar» y se acabe con el sistema de revisión por pares y el apoyo a la investigación por excelencia.

Considerando los diagnósticos, cualquier propuesta que formule el comité presidencial debiera concentrar sus esfuerzos en al menos dos aspectos. Primero, el diseño de un esquema administrativo que resuelva temas de coordinación y accountability político; segundo, el diseño de política de largo plazo, así como de su correcta implementación, aspecto fundamental en el plano jurídico-administrativo, en particular con los programas de fomento a la formación de «capital humano avanzado» que presentan constantemente deficiencias, como aquellas que presentan los decretos y bases que rigen las becas de formación y apoyo al postgrado en Chile y el extranjero, y que continúan precarizando y menoscabando la vida de nuestros jóvenes científicos, precisamente en una etapa clave de su formación personal y profesional (véase esta reciente carta publicada en El Mostrador).

Parece razonable reunir en una sola figura administrativa a las diversas agencias de fomento a la investigación científica, dispersas hoy en ministerios con otras labores sectoriales, como un primer paso. Sin embargo, la forma que adopte esta institucionalidad (un nuevo ministerio, o la modificación de uno ya existente que a través de una subsecretaría reúna las agencias que hoy están dispersas) sólo podrá tener alguna viabilidad si se cumple dos requisitos. El primero es asegurar el diseño de una política que no esté restringida a las autoridades de turno o a actores cuya única o principal visión sea la de la «ciencia vinculada al desarrollo económico» o “ciencia vinculada al quehacer universitario”. En otras palabras, da lo mismo tener un Ministerio de Ciencia independiente si quienes diseñan la política científica lo hacen pensando únicamente en el desarrollo económico o el PIB per cápita, descuidando el valor social y cultural de la ciencia, o sólo en obtener mayor financiamiento para instituciones de Educación Superior, negando la relación de la investigación científica con el desarrollo económico.

Da lo mismo tener un Ministerio de Ciencia independiente si quienes diseñan la política científica lo hacen pensando únicamente en el desarrollo económico o el PIB per cápita, descuidando el valor social y cultural de la ciencia, o sólo en obtener mayor financiamiento para instituciones de Educación Superior, negando la relación de la investigación científica con el desarrollo económico

El segundo requisito es que debe asegurarse que el fomento a la investigación científica sea una actividad sectorial del ministerio en cuestión, lo que se logra de facto en la denominación del ministerio respectivo. Aunque no asegura gestión de calidad, al menos asegura la posibilidad de exigir responsabilidades políticas en caso de descuidarse dicha actividad sectorial. Es así como sólo se podría aceptar hablar de un «Ministerio de Economía y Ciencia», o un «Ministerio de Desarrollo Social y Ciencia» y no, por ejemplo, de una Subsecretaría de Ciencia dentro del Ministerio de Economía o dentro del Ministerio de Educación. No obstante los requisitos anteriores, la creación de una Subsecretaría de Ciencia en un ministerio con otras prioridades políticas y sectoriales, podría no significar mejoras sustanciales. Es por ello que es deseable que la «importancia que el gobierno da a la política» científica, se refleje al máximo nivel de la administración, con un ministro que ofrezca un nivel de accountability político necesario, y que de paso haga visible la existencia de la ciencia como quehacer fundamental para el desarrollo del país.

El problema del diseño de la política es fundamental. Una manera de asegurar que cualquier gobierno vaya a dar una importancia decisiva a una gestión científica apropiada sería que cada agencia (como Conicyt y la Iniciativa Milenio) cuente con sólidos consejos asesores, y que éstos formen a su vez parte de un Consejo Nacional de Ciencia (o un “Consejo de Política Científica”). De esta manera, las propias agencias (junto a otros actores) participarían del diseño de una política de largo plazo, la que a su vez definiría y facilitaría la labor del ministro respectivo, evitando personalismos imprudentes y problemas de consistencia de la política cada vez que ocurren cambios en la coalición gobernante. Sería también idóneo, como algunos han propuesto, que los académicos y científicos, en especial aquellos con un cierto grado de experiencia y trayectoria, tengan la voluntad de participar de estos consejos, como una retribución adicional al esfuerzo que el Estado hace en financiar la investigación científica, y que dichos consejos sean liderados por personas elegidas a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Estos conceptos no son, por cierto, originales. Han sido esbozados, parcial o completamente, por diversos expertos y actores del sistema, a lo largo de varias conversaciones, intercambios epistolares y debates, y que distan de la visión que unos pocos intentan imponer a punta de lobby o «editoriales» en medios que se rehúsan a dar cabida a la opinión de quienes vienen por más tiempo trabajando en este tema.

A solo semanas de la entrega de la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial en materia de institucionalidad para la ciencia en Chile, esperamos que ésta tome en cuenta el diagnóstico, la experiencia y las propuestas realizadas por la comunidad académica y científica del país durante las últimas décadas.