Comprueban peritajes falsos de la PDI en juicios económicos de alto impacto

En el juicio que hoy tiene como protagonista a la Fundación Oscar y Elsa Braun, se busca demostrar el mal uso y apropiación indebida de más de $4.000 millones por parte de Juan Braun Llona y Juan Braun Lyon, ambos ex directivos de la fundación, actualmente en libertad previo pago de una fianza de $40 millones. Los dineros, destinados a otorgar becas para estudiantes de Medicina en el extranjero, provienen de una cuantiosa herencia dejada a mediados del siglo pasado por Elsa y Oscar Braun, quienes establecieron que un 80% de los dividendos de su fortuna debía destinarse a este propósito de beneficencia educativa y un aporte a la salud del país. En la práctica, los dineros no llegaron a los estudiantes de medicina más brillantes. Fueron utilizados por los directivos de la fundación actualmente imputados como una fuente de inversiones en empresas vinculadas a ellos mismos y a uno de sus nexos en negocios: el empresario Manuel Cruzat.

Las acusaciones contra Braun padre e hijo no son nuevas. Pero fue ahora, en el desarrollo de este juicio, que emergió una arista de enorme trascendencia y que explica en parte por qué anteriormente la justicia los dejó fuera de toda culpa. Esa arista involucra al Laboratorio de Criminalística de la PDI (Lacrim), un órgano técnico clave de apoyo a la justicia. El ex jefe de la Sección Contable de esa repartición, Juan Silva Lorca, fue condenado el 2011 –y expulsado de Investigaciones-, por falsificar las conclusiones de un peritaje contable que benefició en su minuto a los dos inculpados en el caso Braun, defendidos por el abogado Carlos Cortés Guzmán.

El hallazgo de los ilícitos cometidos por el perito cobra relevancia porque no se trata de un caso único y aislado. La Fiscalía Centro Norte investiga actualmente una segunda querella presentada en contra del perito Silva, también por falsificar un peritaje contable en otro juicio de alta repercusión mediática y que nuevamente involucra a una institución de beneficencia: el daño patrimonial al Patronato Nacional de la Infancia. Un proceso que terminó con el ex presidente del directorio y gerente general de esa institución, José María Balmaceda, preso y condenado en primera instancia por apropiación indebida de fondos.

La condena a Juan Silva Lorca dio las primeras luces de una práctica que pudo ser más extendida y que podría afectar otros juicios por delitos económicos donde se pidió peritajes al Lacrim de la PDI. Más aún, podría revelar casos de personas injustamente condenadas o sancionadas, producto de peritajes mañosamente acomodados; o por el contrario, personas que quedaron en libertad al ser beneficiados por una diligencia clave obtenida de manera irregular.

CIPER investigó la trayectoria de Juan Silva –ver listado de peritajes entregado por la PDI– como perito de la Sección Contable del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), departamento del que fue su jefe durante siete años (2002-2009). Entre 2006 y 2007 existen al menos otros tres peritajes –además del de la Fundación Braun- emitidos por ese departamento, donde hubo algún tipo de irregularidad objetada por las partes afectadas. Todos ellos llevan la firma del perito contador Juan Silva Lorca, y las conclusiones de los cuatro informes favorecen los intereses de los clientes de la oficina de un conocido abogado penalista: Carlos Cortés Guzmán. Tres de los cuatro peritajes cuestionados fueron pedidos por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, cuya titular era Blanca Rojas Arancibia, hoy jueza del Tercer Tribunal Oral en lo Penal.

Los delitos investigados y a los que se refieren estos informes son: contrato simulado, apropiación indebida, manipulación del precio de acciones de sociedades anónimas abiertas y asociación ilícita.

“FALSEDAD” DE UN PERITAJE

El juicio que tiene imputados a Juan Braun Lyon y Juan Braun Llona, está en pleno desarrollo. En él se repiten los protagonistas de los otros tres procesos bajo cuestionamiento: el abogado Carlos Cortés, el perito Juan Silva y el 32º Juzgado del Crimen. La historia se remonta a 2004, cuando la Fundación Braun se querelló contra Braun Lyon, Braun Llona y el conocido empresario Manuel Cruzat Infante, por asociación ilícita, estafa y apropiación indebida de los dineros de la fundación. En enero de 2007, la magistrada Blanca Rojas solicitó un informe pericial al Lacrim. Pidió que se determinara si los fondos de la fundación fueron destinados a un fin distinto al señalado en los estatutos y si los querellados obtuvieron beneficios personales.

Cuatro meses después ingresó al tribunal el informe pericial, firmado por el jefe de la Sección Contable de Lacrim, Juan Silva Lorca, la perito Marta Guerino y el jefe del Lacrim, Marco Aravena. En sus conclusiones, el informe estableció que “no es posible” determinar si los fondos se destinaron a un fin diferente a lo señalado en los estatutos, debido “a la falta de antecedentes de contabilidad” que permitan concluir ese punto. También se agregó que, tras revisar los libros de contabilidad de la fundación, no se puede advertir que existieran beneficios económicos personales por parte de los querellados “porque no se observan anotaciones que demuestran salidas de dinero de la fundación a cuentas personales de los querellados”. (ver informe pericial nº 104)

Las conclusiones del informe permitieron en ese momento liberar de inmediato de responsabilidad en los ilícitos investigados  a Juan Braun padre y a su hijo.

Llama la atención que la jueza Rojas recibió este peritaje el 16 de mayo de 2007 y el mismo día ordenó el cierre del sumario de la causa. ¿Puede revisarse exhaustivamente un informe pericial contable en horas e inmediatamente decretar el cierre del sumario judicial?

Otro dato. El abogado Carlos Cortés sostiene que él no tiene ninguna relación con este peritaje de Silva, porque no era el defensor de los Braun en ese momento, sino Eduardo Urrejola y Andrés Levine. Sin embargo, al día siguiente de que la jueza cerrara el sumario, el 17 de mayo, Carlos Cortés asumió el patrocinio de los dos querellados para todas las causas judiciales. Es bien sabido que un patrocinio no se asume de la noche a la mañana, y que el abogado debe conocer de antemano todos los elementos de la causa que va a asumir.

A esas alturas, el juicio avanzaba con viento a favor para los querellados por la fundación. Sin embargo, la parte querellante ya abrigaba sospechas sobre el trabajo de Silva. Por eso, un mes después de cerrado el sumario, el abogado de la fundación, Álvaro González, denunció ante el director de Investigaciones “conductas irregulares” del Lacrim en el peritaje sobre los manejos de dineros de la Fundación Braun. González pidió formalmente que se investigara “si existe alguna relación irregular” entre el perito Juan Silva y Carlos Cortés, abogado defensor de Juan Braun Llona y Braun Lyon. Esa petición, la que tuvo acogida inmediata, daría un giro radical a la investigación judicial. El sumario administrativo de la PDI concluyó con la expulsión de Juan Silva de la institución, en abril de 2009. Sobre su relación con el abogado Cortés, no se pronunció.

La expulsión de Silva de la PDI dio pie para que la Fundación Braun y el Consejo de Defensa del Estado presentaran una querella ante la Fiscalía contra Juan Silva Lorca, por el delito de “falsedad en un peritaje procesal”. Según se lee en la querella, Silva “no tuvo otra finalidad que la de entregar al tribunal antecedentes falsos e incompletos respecto a la consulta efectuada por éste, en un sentido notoriamente favorable a la defensa de los querellados en la causa en cuestión”. Lo que estaba por venir aportaría antecedentes elocuentes y aumentaría las dudas de los querellantes sobre la transparencia del proceso.

El testimonio más revelador fue el de la perito Marta Guerino, quien aparecía firmando el cuestionado informe pericial con Juan Silva. La funcionaria declaró que el borrador de informe que ella entregó a su jefe era diametralmente diferente en sus conclusiones al que llegó finalmente a manos de la magistrada. Afirmó, también, que ella se sintió “coaccionada” por su jefe a firmar y que, por lo mismo, guardó el borrador de su informe porque entendía que el accionar de Silva era “irregular”.

“Más de una vez pensé que el señor Silva estaba de acuerdo con los querellados, era una intuición, en especial su actuar en el sentido de, en primer lugar, estar de acuerdo en incluir ciertas cosas, y después con el resultado, que era contrario a los intereses de los querellados, sacarlas, lo que era como bien obvio”, declaró en la fiscalía la perito Marta Guerino Sáez el 1 de julio de 2008, en la causa contra Silva. Y agregó: “Al finalizar el peritaje me sentí que fui utilizada para sacar un informe a la medida”.

En ese borrador, elaborado por las peritos Guerino y Nancy Betancourt –al que tuvo acceso CIPER– se analizan con detalle los cambios de estatutos de la Fundación Braun y la situación financiera y contable de cada una de las empresas en las que invirtieron los fondos los querellados Braun Lyon y Braun Llona. Con toda claridad, concluyen que “no se cumplieron” los principios establecidos en los estatutos, porque invirtieron en empresas recién formadas, no registradas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y que no repartían dividendos, todas condiciones expresamente prohibidas en el testamento de los fundadores y en los estatutos de la fundación.

Luego, concluyen que existe “una clara intención de obtener dividendos personales” y conflicto de intereses por parte de Juan Braun Llona, porque  él es inversionista en dos de tres de las empresas en que invirtieron los fondos de la fundación  (presidente de Imactiva S.A. y gerente general y director de Explotadora Ferroviaria S.A., donde tiene un 65% de participación la fundación). Apuntan que su cargo de consejero y vicepresidente de la fundación le daban atribuciones para tomar decisiones “que iban en desmedro de la institución y apuntaban a incrementar el patrimonio” de las empresas mencionadas.

Las conclusiones que Silva entregó al tribunal fueron radicalmente diferentes. Lo grafica así la perito Nancy Betancourt: “Esta exclusión de antecedentes implicó un cambio en las conclusiones en 180 grados, ya que nuestro informe, que comprendía el análisis financiero, concluyó que los estatutos habían sido modificados y ello permitió invertir en otras empresas, lo que en el informe final no se dijo. En cuanto a los beneficios para los querellados, en nuestro informe no se concluye la existencia de beneficios para éstos, pero si se da a entender la existencia de conflictos de intereses. En cambio, el informe final indicó que no se podía advertir beneficios personales con los registros de contabilidad de la fundación”.

El perito Juan Silva se defendió argumentando que la razón para cambiar el informe fue que la jueza había pedido un peritaje contable y no “financiero”. Un punto que también fue refutado por sus subalternas.

Silva no sólo omitió conclusiones del análisis pericial de sus subalternas. También agregó una conclusión que nunca fue mencionado por ambas en ninguno de sus borradores. Tomando como referencia un informe elaborado a petición del tribunal por el economista  de la Universidad Católica, Fernando Le Fort, el perito de la PDI concluyó: “El informe determinó que bajo la administración de los querellados la fundación obtuvo un incremento en el valor de los bienes administrados, no generando perjuicio alguno”. Lo extraño es que esa frase no figura en el informe de Le Fort. El documento se limita a calcular que el patrimonio de la FOEB asciende a US$ 18,39 millones de dólares, sin emitir juicios de ninguna índole (Ver informe).

Cuando Le Fort fue citado a declarar sobre el uso que le dio el perito Silva a su informe, el economista de la UC ratificó que sólo realizó una valorización del patrimonio de la fundación, considerando sus activos y las inversiones realizadas, sin hacer comparación alguna. Que, por esa razón, no podía afirmar si hubo o no perjuicio para la Fundación Braun.

Hubo un último antecedente que entregó Le Fort que hizo ruido en el tribunal. Afirmó que el pago de honorarios por su estudio le fue hecho por Juan Braun Llona, “y debe haber estado en torno a los $8 millones”.

Un tercer testimonio terminó por afianzar la convicción de que Juan Silva había falsificado el peritaje que entregó al tribunal. El ingeniero comercial Ricardo Quintanilla Escobar, quien participó en el sumario que le hizo la PDI a Silva, comparando el borrador de las dos peritos con el informe final que se entregó al tribunal, dijo que éste último “cambia totalmente el sentido” de las conclusiones a las que arribaron las dos peritas subalternas de Silva.

Con todos estos antecedentes, el Tribunal resolvió condenar a Juan Silva Lorca por falsificar el peritaje, a “541 días de presidio en su grado medio, a la multa de 20 UTM y a las accesorias de suspensión para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, y suspensión de profesión titular mientras dura la condena”. Por ser esta la primera vez que era condenado, se le concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena. Silva no pasó ni un solo día en la cárcel.

Lo increíble es que, a pesar de que la sentencia incluye una prohibición expresa para ejercer su profesión mientras dure la condena, CIPER encontró el nombre de Juan Silva Lorca en la nómina oficial de peritos auditores para el bienio 2012- 2013 de la Corte de Apelaciones de Rancagua y Santiago (ver listado).

La explicación oficial que entregaron a CIPER en la Corte Suprema es que el concurso para los peritos que integrarían el listado 2012-2013 se resolvió en octubre de 2011 y el máximo tribunal aprobó los listados el 31 de enero de 2012. Si bien a esa fecha ya Silva había sido condenado, la sentencia no se dio por ejecutoriada sino hasta abril de 2012 debido a recursos pendientes. Es decir, la condena de Silva no figuró en su extracto de filiación al momento de ser ratificadas las nóminas de peritos.

Una vez que la Corte de Ap0elaciones de Santiago descubrió la omisión, el 19 de marzo recién pasado procedió a eliminar a Juan Silva del listado. No obstante, en la Corte de Apelaciones de Rancagua aún figura entre los peritos a los que se puede pedir diligencias oficiales.

Juan Silva se ha declarado inocente en todas las etapas del proceso que terminó con su condena. Y jamás se logró establecer qué motivó al perito a falsificar el informe técnico y qué beneficios obtuvo al entregar un informe tan favorable a los querellados. Ambas son preguntas aún abiertas en el juicio por los millones de la Fundación Braun en una de sus aristas más complejas para el sistema de administración de justicia. CIPER le pidió una entrevista al perito Silva, pero éste nunca respondió a nuestros requerimientos.

PATRONATO: PLATAS EN FUGA

Hay un segundo juicio donde figuran el perito Juan Silva, el abogado Carlos Cortés y el 32º Juzgado del Crimen. La diligencia en cuestión es la misma: el informe pericial firmado por Juan Silva y Nancy Betancourt omite antecedentes contables que estaban disponibles tras la incautación de documentos. Esta vez, en el contexto de una querella por apropiación indebida y administración fraudulenta, presentada por el Patronato Nacional de la Infancia (PNI) en contra de José María Balmaceda, ex gerente general y presidente de la fundación. El ingeniero comercial de 60 años trabajó 28 años en la institución que apoya con programas de alimentación y salud a lactantes en situación vulnerable. En febrero de 2006 fue demandado por los entonces socios de la institución sin fines de lucro: Felipe Larraín, Alfredo Moreno y Sergio Jarpa.

El abogado que representó a los querellantes fue Carlos Cortés Guzmán, quien interpuso la acción en el 32° Juzgado del Crimen. El domicilio del Patronato no correspondía a la jurisdicción de ese tribunal. Sin embargo, Cortés invocó que el “principio de ejecución” del delito se había dado en el domicilio de Balmaceda Montero, y por ende era Blanca Rojas, la jueza del 32°, quien tenía la competencia para conocer y fallar el caso.

La jueza Blanca Rojas aceptó la competencia y al día siguiente, el 3 de febrero de 2006, ordenó que se oficiara a Pedro Michaelsen para que realizara un peritaje contable de la administración del Patronato, “a fin de determinar la existencia de maniobras contables y financieras sospechosas o sin respaldo, que le hayan ocasionado perjuicio a dicha entidad”. Fue entonces que el abogado Carlos Cortés solicitó a la jueza Rojas que se cambiara a Michaelsen por el Departamento de Pericias Contables del Lacrim, a cargo del contador auditor Juan Silva Lorca. Blanca Rojas accedió y nueve meses después llegó el informe pericial al tribunal.

Las conclusiones suscritas por Juan Silva nuevamente favorecieron a los clientes de Cortés (ver informe pericial Nº 225) y fueron la prueba documental que la jueza Rojas usó para dictar el procesamiento de Balmaceda Montero y su orden de detención.

-Me vinieron a buscar como narcotraficante. Yo estaba en el hospital, me dijeron que me llevarían al Hospital de Gendarmería, pero terminé en la Penitenciaría. Patié, grité hasta que me cambiaron a la Capitán Yaber- cuenta Balmaceda.

José María Balmaceda acusa ahora que su detención y procesamiento fueron parte de una planificada estrategia que buscó dejarlo fuera del directorio del Patronato en los momentos en que se debía renovar su directorio.

La secuencia de hechos es la siguiente: el 29 de septiembre de 2006 llegó al tribunal el peritaje del Lacrim firmada por Juan Silva; el 6 de octubre la jueza Blanca Rojas dictó orden de procesamiento contra Balmaceda; el 10 de octubre fue la sesión para elegir a los directores del Patronato, a la que Balmaceda no asistió por temor a ser detenido en la misma sede con escándalo público. Al día siguiente, el 11 de octubre de 2006, fue efectivamente detenido y encarcelado.

Según explicó a CIPER el propio Balmaceda, la querella en su contra tuvo su origen en los problemas que se suscitaron al interior del Patronato con motivo de las acciones que esa entidad de beneficencia tenía en el Banco de Chile al momento de la gran crisis de 1982-1983. El Patronato tenía 7 millones de títulos tipo A del Banco de Chile. En esa calidad, le correspondía elegir dos directores del banco. “El año 87 fueron nombrados Alfredo Moreno (actual canciller) y Vicente Larraín Izquierdo, comisionados para recuperar algo de los fondos del Patronato invertidos en acciones y cuyo valor estaba por el suelo”, explica Balmaceda. Lo que ocurrió después fue que Balmaceda se convirtió al interior del Patronato, en el principal crítico de la gestión de Alfredo Moreno. Una crítica que habría llevado en febrero de 2006 a Felipe Larraín (actual ministro de Hacienda e hijo de Vicente Larraín) y Alfredo Moreno a querellarse en su contra por “apropiación indebida” de los dineros del Patronato.

Independiente de la veracidad de las acusaciones de Balmaceda, lo relevante en este caso es que, al igual como hizo la Fundación Braun en su momento, José María Balmaceda presentó una denuncia ante la PDI por irregularidades en el peritaje que lo llevó a la cárcel. En abril de 2009 se conoció el resultado a la auditoría del peritaje firmado también esta vez por Juan Silva. Y allí se estableció que el perito Silva no cumplió con los deberes de su cargo. Como ya había sido expulsado de la PDI a consecuencias de la falsificación en el juicio de la Fundación Braun, no se aplicó la sanción de “separación” de la institución, como lo recomendaba el sumario administrativo.

La acusación en contra de Juan Silva llegó a la fiscalía, donde se está a la espera del informe que se les pidió a peritos de la Universidad Católica de Valparaíso, los que deben evaluar si hubo falseamiento o irregularidades en el trabajo de Juan Silva sobre los dineros del Patronato.

Los peritos de la Universidad Católica tendrán a la vista el sumario de la PDI cuyo resultado motivó la máxima sanción para Silva. Allí, el perito Ricardo Quintanilla dejó constancia que uno de los antecedentes importantes que no se tomó en cuenta en el peritaje firmado por Juan Silva y entregado a la jueza Rojas, fue la auditoría de 2003 a los estados financieros del Patronato. Ella fue realizada por Humphrey y consigna préstamos a José María Balmaceda por un monto de $12 millones aproximados, los mismos que se le imputan como apropiación indebida de fondos (ver informe para sumario de la PDI).

A pesar de que en la auditoria de Humpfrey , que tuvo a la mano el perito Silva, se consigna el préstamo de $12 millones a Balmaceda, el peritaje de Silva concluyó que Balmaceda había ocultado dicho préstamo.

Otro de los puntos cuestionados al peritaje que hizo Juan Silva al manejo de dineros del Patronato, fue la forma en cómo calculó los ingresos de José María Balmaceda de acuerdo a los movimientos en su cuenta corriente. El procedimiento fue el siguiente: se sumaron todos sus depósitos y se compararon con los sueldos que percibía como presidente y gerente general del Patronato Nacional de la Infancia y como gerente general de sus corporaciones asociadas. La suma de sus depósitos en cuenta corriente dio un monto que superó en un 90% los sueldos declarados, por lo que en el peritaje se infirió que esos dineros provenían de una apropiación indebida. La revisión de ese peritaje concluyó que fue un error ya que no se consideraron los dineros percibidos por su empresa de venta de artículos de cuero, ni los pagos que Balmaceda recibió como socio del campo El Roble Guacho.

En sus conclusiones, el perito Ricardo Quintanilla  establece que no es “exacto” comparar los ingresos personales con depósitos en cuenta corriente “a menos que se disponga de los ingresos exactos, cosa que no ocurrió”. También concluye que “no existen antecedentes suficientes” para establecer que el Patronato ha sufrido un perjuicio patrimonial de al menos $343 millones producto de “maniobras contables sospechosas y cuestionables en las que ha intervenido, entre otros, para beneficio personal, José María Balmaceda”, como sostiene el peritaje firmado por Juan Silva.

El perito de la PDI que revisó el trabajo de Silva también consignó que hubo cheques girados a otros destinatarios distintos al imputado, los que debieran ser investigados. En ese sentido, resulta extraño que sólo haya sido procesado José María Balmaceda, en circunstancias que el manejo de las cuentas del Patronato era bipersonal, en conjunto con el vicepresidente Juan Eduardo Vicuña. Este último no fue procesado ni investigado.

Hoy, José María Balmaceda Montero está a la espera de la investigación que lleva adelante la Fiscalía en torno al peritaje de Silva y del recurso que presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la condena en primera instancia por apropiación indebida de $290 millones y administración fraudulenta del Patronato Nacional de la Infancia.

¿Qué pasa si la Fiscalía determina que hubo “falsedad” en ese peritaje de Juan Silva a los dineros del Patronato? ¿Podría modificarse la sentencia dictada por otro tribunal?

LA RUTA DE CARLOS CORTÉS

El abogado Carlos Cortés sostiene que así como hay cuatro peritajes de Juan Silva que han beneficiado casos en los que su oficina es patrocinante, “hay otros tantos ejemplos en que nos ha perjudicado”. Menciona como ejemplo el juicio de Inverlink, donde él fue abogado del Banco Central; el juicio por estafa en contra de la Cooperativa Promepart, donde presentó un reclamo por un “peritaje escandaloso” del Lacrim que “plantea conclusiones que el mismo informe dice no poder corroborar por falta de antecedentes”, y que perjudicaron a sus clientes.

Cortés es un abogado conocido en el mundo de los penalistas y vinculado a casos de alta connotación pública. Aunque tiene su estudio de abogados propio, suele ser recomendado por el estudio Barros & Errázuriz -fundado por el abogado Fernando Barros- para juicios que su propio estudio no puede tomar. Entre ellos, se puede citar el juicio contra AngloAmerican en el que Cortés asesoró a Mitsubishi. Carlos Cortés también actuó como defensor del sacerdote de la Congregación del Verbo Divino, Richard Aguinaldo, recién condenado por abusos sexuales en contra de un alumno del colegio; en una etapa inicial. En la vereda opuesta, fue abogado de las hermanas Prieto en la querella por abusos que cometió su padrastro. También, participó en el juicio por fraude en La Polar, como asesor de Southern Cross, el fondo de inversiones que controlaba la multitienda cuando comenzaron las repactaciones unilaterales.

La magistrada Blanca Rojas se desempeña actualmente en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, integrando una terna de jueces. Su hoja de vida no registra ninguna sanción disciplinaria. Inició su carrera en el Juzgado de Letras de Colina, siguió como relatora de la Corte de Apelaciones de Santiago, hasta llegar como titular al 32º Juzgado del Crimen en 2002, donde estuvo hasta diciembre de 2008.

El actuario René Pizarro, uno de los funcionarios de confianza de la jueza Blanca Rojas cuando era titular del 32º Juzgado del Crimen, y precisamente quien solicitó el peritaje al Lacrim en la querella del Patronato Nacional de la Infancia, fue condenado en diciembre de 2009 por asociación ilícita, a 541 días de presidio menor en su grado mínimo, con libertad vigilada por cinco años. La condena estableció que Pizarro colaboró como miembro activo de la red de corrupción encabezada por Margarita Quadros, “gestionando el envío de documentación judicial falsa desde el 32º Juzgado del Crimen”. En este ilícito estuvieron involucrados funcionarios de la PDI, Carabineros, Servicio Médico Legal y del Poder Judicial.

PERITO CONTRA PERITO

Hay un tercer informe pericial contable firmado por Juan Silva que CIPER rastreó y que también favorece a los clientes de la oficina de Carlos Cortés. Esta vez, fue el Tercer Juzgado del Crimen el que le pidió al Lacrim un peritaje contable que dilucidara si un contrato de compraventa de un terreno en Pirque era real o simulado. Para esto era necesario determinar si se habían concretado los pagos pactados en el contrato, si estos habían ingresado a las arcas de quien vendía el terreno y si los compradores tenían la capacidad patrimonial de adquirir la propiedad.

El peritaje era parte de un juicio que en 2004 llevó adelante la oficina de Carlos Cortés en contra de Gloria Siraqyan, una antigua clienta. Los abogados Carlos Cáceres y Juan Carlos Leva presentaron una querella argumentando que la mujer no había cumplido totalmente con el acuerdo económico pactado con el estudio de Cortés. La clienta había contratado a Carlos Cortés para que recuperara una propiedad que tenía en disputa con su marido. Y se pactaron honorarios por $2.300.000, monto que fue pagado. Pero los abogados reclamaron que adicionalmente se pactó un “premio” correspondiente al 10% del valor de la venta del terreno, en caso de que fuese recuperado. Condición acordada sólo de palabra.

De acuerdo a la querella, luego de recuperar el inmueble, el 21 de julio de 2000, su ex clienta decidió vender el terreno a su hermana y a su hijo, en lo que los querellantes calificaron de “contrato simulado”, ya que habría sido vendido a un precio muy inferior a su valor real, “con el objeto de no cancelar el premio pactado”.

El informe pericial contable N°118 fue firmado por Juan Silva Lorca, jefe de la sección de Pericias Contables de la PDI, y por el perito contador Luis Núñez Salgado, con el visto bueno del subprefecto Julio Ibáñez Burgos, entonces jefe del Lacrim. Tras analizar los ingresos de los compradores del terreno, Silva y Núñez concluyeron que efectivamente se trataba de un contrato simulado: los compradores no habían pagado la totalidad de las cuotas anuales pactadas, y no tienen capacidad de pago mensual.

Alma Sánchez González, abogada que defendió a Gloria Siraqyan, formuló observaciones a este peritaje, como omisiones de antecedentes, un factor que se repite en al menos tres de los cuatro peritajes investigados por CIPER y cuestionados por un tribunal.

La jueza aceptó la objeción y designó al contador auditor Domingo Fainé para un segundo peritaje. El nuevo informe pericial desestimó las conclusiones de Juan Silva y Luis Núñez, descartando de plano un contrato simulado. Por el contrario, estableció que los compradores sí tenían “capacidad patrimonial” para enfrentar los abonos anuales pactados. Y concluyó que existe un contrato de compraventa ante notario que da cuenta del pago del pie de la propiedad al contado, hecho que desconoció el peritaje de Juan Silva.

A partir de los nuevos elementos incorporados, el tribunal falló en contra de Cortés y desestimó el peritaje de Silva.

SILVA CONTRADICE SANCIONES DE LA SVS

Otro peritaje de Juan Silva golpeó al interior de la Bolsa de Comercio. Esta vez, el juicio se inició por una querella presentada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en contra de MBI Corredores de Bolsa S.A., por manipulación de precios de las acciones Volcán  y Pizarreño. Alberto Etchegaray, entonces superintendente de la SVS, presentó una denuncia diciendo que “se han detectado casos de manipulación de precios y operaciones ficticias que podrían ser constitutivas de delito”.

La causa se inició en el 32º Juzgado del Crimen y el abogado defensor de los querellados fue Carlos Cortés. Nuevamente, entró en escena Juan Silva Lorca, cuando la jueza encargó un peritaje al Lacrim.  El informe Nº 294, firmado por Juan Silva y Nancy Betancourt, concluyó que no hubo manipulación de precios, y que lo que hizo MBI Corredores fue “tomarle el pulso” al mercado, como argumentó la defensa de Cortés. Dos días después de recibir el informe, la jueza ordenó sobreseer definitivamente la causa (diciembre de 2006).

La sentencia de la jueza y las conclusiones del perito Silva fueron en línea opuesta al dictamen de la SVS, que antes del juicio había sancionado a la corredora con 10.000 UF de multa y suspensión de 20 días hábiles para transar acciones propias en la Bolsa de Valores. Lo mismo concluyó el directorio de la Bolsa de Comercio, multando a la corredora en 500 UF, argumentado que “aun cuando su intención no fuera la de manipular los precios del mercado, constituyó una actuación desprolija e irresponsable”, enviando “erróneas señales de precio” al mercado.

Los antecedentes aportados por la Superintendencia indican que, durante el año 2004, la corredora MBI, operando a través de Larraín Vial, realizó sucesivas operaciones  de compra sistemática de acciones de Volcán y Pizarreño en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa Electrónica, provocando un aumento sobre un 100% en el valor de las acciones de ambas compañías. Estas formaron parte de la cartera propia de MBI durante ese año y al término de 2004, liquidaron la mayor parte de las acciones. La investigación de la SVS concluyó que la acumulación de estas acciones fue para “provocar un alza en el precio de cierre de dichos instrumentos”, para luego venderlas obteniendo utilidades “fruto de un incremento en el precio de tales valores atribuible a las operaciones en las que participó como comprador y vendedor final”.

Juan Silva y la perito Betancourt concluyeron en un sentido diametralmente opuesto: “No existe un perjuicio económico producto de dichos movimientos bursátiles, pero sí se puede refutar de manera subjetiva la forma que utilizó MBI para ‘tomarle el pulso’ al mercado de este instrumento”. El informe concluye: “No existen antecedentes sustentatorios válidos que permitan calificar dichas imputaciones; lo anterior implica que no hay mérito para establecer que se hayan constituido los delitos descritos”. Y así quedó.

VEA DECLARACIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA Y RESPUESTA DE CIPER