Por una discusión urbana para el puerto de Valparaíso
19.03.2013
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19.03.2013
Ad portas del cierre de la licitación del Terminal 2 del puerto de Valparaíso y en respuesta a la carta del gerente general de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) publicada en El Mercurio en febrero pasado, escribo para exponer los puntos que inspiran mi participación en este diálogo, en un intento honesto por lograr condiciones apropiadas para un debate pendiente, que no pretende limitar la necesaria expansión portuaria, sino evitar equivocaciones que resultarán irreparables y lograr el mejor proyecto posible para la Ciudad-Puerto.
Citando el Plan EPV auto calificado como «sustentable”, cabe recordar que la definición de «sustentabilidad» implica el reconocimiento de a lo menos factibilidad económico-productiva; minimización de impactos en el medioambiente natural y construido e inclusión de la ciudadanía en los procesos de diseño, implementación y operación. Sin embargo, las bases de licitación han establecido un polígono inflexible, la ausencia de instancias participativas abiertas y una sorprendente declaración de que un Estudio de Impacto Ambiental solucionará los potenciales problemas del proyecto «después de adjudicado», ¿Cómo puede plantearse entonces, que el Plan EPV «responde a las expectativas de la comunidad»?
Es así, que un plan de 15 años de desarrollo, con interesantes lineamientos en su origen (hoy desdibujados y sin liderazgo político), carece de madurez auto validante, convirtiéndose en un proyecto obsoleto que refleja el subdesarrollo de antaño, mono-disciplinar y excluyente. Como dijera Cristian Warken: «Estamos llenos de horrores urbanos que no violaron ninguna ley ni reglamento, pero cuyo impacto es brutal» (Muelle Barón). Es sobre esto donde se funda la válida exigencia de evitar la construcción de un nuevo arrepentimiento.
Mientras termina de redactarse la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano en el Palacio de La Moneda y al tiempo que la OCDE anuncia nuestro triste récord mundial en segregación urbana, la ciudad sigue ausente en los argumentos para comprender los impactos del proyecto. Pese a que EPV manifiesta una «permanente disposición al diálogo», se han cerrado públicamente opciones para otras alternativas.
En definitiva, hacemos un llamado urgente para que se convoque cuanto antes, y sin las presiones inmediatistas, a una Mesa Técnica de Trabajo que, junto a los representantes locales, incorpore a los entes internacionales y neutrales de las que el Estado forma parte -OCDE y Unesco-, con el objetivo final de lograr un puerto más eficiente, que reconozca verdaderamente y por el próximo siglo la problemática urbana y patrimonial que le da soporte.
(*) Leopoldo Prat Vargas es decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU)