Donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción por el 27/F solo suman 25% del total que espera Hacienda

El 23 de febrero de 2011 el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, presentó el plan del gobierno para financiar la reconstrucción después del terremoto de 2010. Faltaban apenas cuatro días para que se conmemorara el primer aniversario de la tragedia cuando Larraín, apoyado en las láminas de un Power Point (vea ese documento), mostró las cifras que se requerían para poner en pie al país. Según esas cuentas, el esfuerzo significaría un desembolso de US$ 8.431 millones entre 2010 y 2013.

En la lámina Nº 10 de esa exposición, el secretario de Estado entregó el detalle de las fuentes que financiarían el plan en esos tres años. Allí se lee que las donaciones al Fondo Nacional de Reconstrucción (FNR) aportarían US$ 308 millones. A tres años de ocurrido el terremoto ese fondo apenas suma US$ 40,2 millones en donaciones efectivas, a las que se suman otros US$ 34,8 millones “comprometidos y en tramitación”, según la información difundida recientemente por Hacienda. En total, US$ 75 millones. Cerca del 25% de los US$ 308 millones que esperaba recaudar Larraín.

Una nota publicada el pasado miércoles 27 en la web de Hacienda ([shorturl url=»http://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/ministro-felipe-larrain-logramos.html» title=»» fuente_url=»http://rwww.hacienda.cl» fuente_nombre=»Ministerio de Hacienda»]vea esa información[/shorturl]) da cuenta de los aportes que ha recibido el FNR entre 2010 y 2013. El propio ministro Larraín presentó los resultados en esa nota, cuyo texto resalta “el decisivo aporte que en esta línea ha desempeñado la Ley de Donaciones (Ley N° 20.444), impulsada por Hacienda y promulgada en mayo de 2010, que crea el Fondo Nacional de Reconstrucción e incentiva a las empresas y personas a donar recursos accediendo a beneficios tributarios”.

Efectivamente, en 2010 Hacienda defendió con vehemencia la decisión de crear el FNR, asignando, de esta manera, un rol clave a las empresas privadas en el financiamiento de la reconstrucción. La oposición criticó esta medida porque, a su juicio, Hacienda incluía en sus cálculos un aporte que no era seguro de conseguir, pues se corría el riesgo de que las empresas no respondieran con la generosidad esperada por el gobierno.

En la discusión parlamentaria del proyecto de ley que dio origen al FNR en 2010, el diputado Alberto Cardemil (RN) fue uno de los que se hizo cargo de las críticas opositoras: “No puede quedar la sensación de que el Gobierno a través de este proyecto de ley esté abdicando de sus funciones y de sus atribuciones, al confiar que las donaciones que haga el sector privado puedan contribuir a recuperar las zonas y comunidades (…). Por el contrario, el Gobierno está definiendo una política pública que tiene un significado extraordinariamente profundo en materia de solidaridad y está cumpliendo sus imperativos y obligaciones de bien común”. Lo mismo hizo el diputado Ernesto Silva (UDI): “Se da un paso importante hacia el sector privado al estimular y generar por la vía de las donaciones un rol relevante no sólo en la reconstrucción actual, sino que en el desarrollo del país a futuro. Eso queremos celebrarlo, valorarlo y promoverlo”.

Una vez que el FNR se puso en marcha, rápidamente quedó en evidencia que sería muy difícil alcanzar la meta y que la respuesta de las empresas no estaría a la altura de lo que esperaba el gobierno. En el reportaje de CIPER “El primer año de la reconstrucción no se financió”, publicado en mayo de 2011, el entonces subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, reconoció que las donaciones estaban bajo el nivel previsto: “Uno previó, con una mirada del espíritu humano muy generosa de La Moneda, que íbamos a obtener US$ 150 millones por año. Creo que vamos a estar finalmente bastante cerca (…). Pero, no sé cómo vamos a hacer malabarismos para el segundo año”.

Uno de los principales problemas fue la escasa experiencia de los entonces debutantes equipos del nuevo gobierno. El engorroso sistema de donaciones que crearon, según admitió el subsecretario Álvarez, conspiró contra el incremento de los aportes. El procedimiento requería la firma de tres decretos, y en algunos casos de hasta cuatro, cada uno con la consiguiente “toma de razón” en Contraloría, lo que prolongaba el trámite por meses y ponía en riesgo que la empresa donante accediera al descuento de sus impuestos dentro de los plazos del año tributario.

Debido a la complejidad del sistema, muchas empresas optaron por hacer aportes directamente a los ministerios sectoriales o municipios, mediante leyes de donaciones antiguas. En el primer año de funcionamiento del FNR, a la altura de marzo de 2010, los aportes que recibió sumaron US$ 15,2 millones (solo un 10% de lo que esperaba el subsecretario Álvarez). En tanto, los aportes privados hechos mediante otras leyes sumaban US$ 14,4 millones, casi lo mismo que el FNR.

Hoy, de acuerdo con las cifras difundida por el ministro Larraín el miércoles 27, frente a los US$ 40,2 millones que suma el FNR en donaciones efectivas (sin contar las “comprometidas”), los aportes hechos mediante otras leyes distintas a ese fondo suman US$ 24,1 millones. En todo caso, la suma de ambos montos sigue lejos de los US$ 308 millones originalmente contemplados en los cálculos de Larraín.