FECHA DE CIERRE SERÁ EL 28 DE FEBRERO DE 2015
Ministerio de Educación pone la lápida sobre la Universidad del Mar
01.02.2013
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FECHA DE CIERRE SERÁ EL 28 DE FEBRERO DE 2015
01.02.2013
El jueves 31 de enero, la Contraloría General de la República dictó sentencia definitiva sobre la suerte de las más de 16 mil familias afectadas con el cierre de la Universidad del Mar (UDM). Ese día, el organismo fiscalizador hizo toma de razón del decreto Nº 17 del Ministerio de Educación (ver documento), a través del cual se hace oficial la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica a la universidad privada que llegó a tener más sedes de Chile. El timbre que puso la Contraloría en el documento es el tiro gracia que pone fecha de término a la crisis que se desató a fines de mayo de 2012, cuando el recién renunciado rector de la U. del Mar, Raúl Urrutia, acusó a los dueños del plantel de pagar arriendos a inmobiliarias de su propiedad aún debiendo $550 millones a sus trabajadores y profesores. Tras esa denuncia, el ministerio ordenó una auditoría para determinar si hubo o no irregularidades en el funcionamiento de la UDM y que, cinco meses después, culminó con la solicitud de su cierre definitivo al Consejo Nacional de Educación (CNED), entidad que aprobó la petición el 26 de diciembre pasado.
Con el decreto ya aprobado por la Contraloría, la revocación del reconocimiento oficial y la cancelación de la personalidad jurídica de la UDM ya tiene una fecha establecida: el 28 de febrero de 2015. Sin embargo, y tal como explica el documento, el Mineduc podría extender ese plazo por un máximo de 18 meses en aquellas sedes o carreras que requieran seguir funcionando, aunque sólo con alumnos antiguos, ya que queda impedida de “admitir nuevos alumnos en ninguno de los programas y carreras que imparta, para los años 2013 y siguientes”.
Antes materializar el cierre, la UDM deberá hacer entrega al ministerio de los antecedentes académicos de todos los alumnos que hayan estado matriculados en la institución, además de una nómina de las autoridades académicas facultadas para emitir certificados y diplomas y copia de todos sus reglamentos institucionales. Además, uno o más funcionarios del ministerio serán nombrados por el subsecretario de Educación para administrar el proceso. Una vez que la universidad deje de existir, “los bienes que resten una vez cumplidos los compromisos tributarios, bancarios, previsionales, laborales y otros que hubiere tenido pendiente la institución serán destinados a una universidad del Estado o privada o a un Instituto Profesional vinculado a los intereses marítimos nacionales, de conformidad a lo establecido en los estatutos de la Corporación Universidad del Mar”.
Como el documento ya es oficial –sólo falta su publicación en el Diario Oficial–, el CNED quedó liberado para publicar esta tarde en su sitio web su acuerdo N°106 del 26 de diciembre de 2012 (ver documento), fecha en que el organismo aprobó en sesión extraordinaria la revocación del reconocimiento oficial de la universidad y la cancelación de su personalidad jurídica. El documento detalla y ratifica los cuatro argumentos esgrimidos por el Ministerio de Educación (Mineduc) para el cierre definitivo de la casa de estudios: abandono del proyecto universitario, fragmentación de la universidad, problemas de gestión en las carreras del área de salud e impugnación de la actual Junta Directiva.
En el caso del abandono al proyecto universitario, el CNED concordó con los argumentos esgrimidos por el Mineduc, destacando que la labor de la UDM se desarrolló únicamente con miras “al beneficio de los intereses propios de los socios fundadores y sus entidades relacionadas”. En efecto, el documento destaca que a diciembre de 2011, del total de gastos de arriendo de inmuebles e infraestructura, un 75% corresponde a pagos a empresas relacionadas con los socios fundadores.
Entre estas sociedades relacionadas, el CNED destaca la inmobiliaria a la cual se le pagaba el arriendo de la sede Iquique, Inmobiliaria Doña Teresa Ltda., de propiedad de los socios fundadores Héctor Zúñiga y Raúl Baeza, una de las 85 empresas que forman parte de la red que formaron los controladores de la UDM y que durante años se alimentó de la casa de estudios.
Según el Mineduc, el mismo día que Inmobiliaria Doña Teresa arrendó el inmueble donde funcionaría la sede universitaria de Iquique, la subarrendó a la UDM por un valor mayor. Para el CNED, “no se entiende cuál es la necesidad de la Universidad de arrendar el inmueble con intermediación de la inmobiliaria -con el mayor costo que eso significa- considerando que no se trataba de un bien del que ésta previamente dispusiera”. Algo que se haría aún más incomprensible cuando, más adelante, Inmobiliaria Doña Teresa modificó el contrato con la UDM a su favor, aumentando el valor del arriendo de 12.240 UF anuales a 21.348 UF, es decir, en más de un 70%. El documento también dice que en 2012 la Junta Directiva acordó presentar una querella por asociación ilícita contra Inmobiliaria Doña Teresa por el no reconocimiento de pagos que la universidad hizo a la empresa, acción que de acuerdo al CNED aún no se materializa.
Otra de las irregularidades consideradas por el Consejo en este punto alude a contrataciones y pagos sin justificación que beneficiaron a los socios fundadores y perjudicaron a la UDM. Tal es el caso de Héctor Zúñiga, quien tras su desvinculación del cargo de rector de la universidad, en noviembre de 2011, recibió un finiquito por $141 millones y una pensión por 342 UF mensuales. Otro de los aludidos es Mauricio Villaseñor, quien en agosto de 2006 fue contratado como vicepresidente ejecutivo de la UDM, recibiendo un sueldo mensual por sobre los $6 millones más gastos de representación por 200 UF, sin rendición de cuentas. El problema es que ese cargo ni siquiera existía en los estatutos de la universidad.
Otro punto destacado por el CNED alude a la calidad académica entregada por la UDM, la que a juicio del Consejo se desentendió de asegurar “un mínimo nivel de calidad de su oferta académica y dejó de proveer los servicios educacionales comprometidos con los estudiantes que le han confiado su formación”. Ello, tras conocer los antecedentes entregados por el Mineduc que destacan las graves irregularidades en las carreras del área de salud, como la insuficiencia de campus clínicos, recursos docentes, laboratorios, bibliografía básicas y los magros resultados de la prueba INICIA para egresados de Pedagogía y el Examen único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), en los que Universidad del Mar obtuvo los peores resultados del país.
En el acuerdo del CNED también se destaca la fragmentación de la universidad, a causa de la expansión iniciada en 2002 con la creación de sedes en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, San Fernando, Curicó, Talca, Temuco, Punta Arenas y Quillota.
El texto indica que la expansión desmedida de la universidad desencadenó una estructura de administración dividida en áreas controladas por los cuatro socios fundadores –Héctor Zúñiga, Mauricio Villaseñor, Raúl Baeza y Sergio Vera–, quienes se distribuyeron las sedes y carreras de la universidad a lo largo del país. Así, Viña del Mar, La Serena y Antofagasta, quedaron a cargo de los cuatro fundadores; Temuco y la carrera de Ingeniería Civil de Viña del Mar, en manos de Vera; San Fernando, Curicó, Talca, la Escuela de Comunicaciones y las carreras de Ingeniería en Administración y Contador Auditor de la Casa Central, eran terreno de Villaseñor; y las sedes de Iquique, Calama, Copiapó, Maipú y Punta Arenas, la compartían Zúñiga y Baeza. Según el CNED, y tal como CIPER constató en la serie de reportajes sobre cómo lucraron los dueños de la UDM (ver capítulo I, capítulo II y capítulo III de la serie), la distribución de las sedes entre sus controladores generó “parcelas” administradas individualmente y no por los órganos de la universidad, como establecían sus estatutos.
Considerando estos antecedentes, el CNED fue lapidario:
“La magnitud del desorden y descontrol de la fragmentación ha llevado a proveer un servicio educacional deficiente, a paralizaciones de estudiantes y docentes por falta de campus clínicos y no pago de remuneraciones, a la necesidad de cerrar carreras por no contar con la debida matrícula y a la inviabilidad financiera de la corporación”, dice el acuerdo.
Otra de las irregularidades comprobadas por el CNED alude a la impugnación de la Junta Directiva elegida el 29 de junio de 2012, tras la salida del ex Rector Raúl Urrutia. El consejo determinó que la designación se realizó mediante votaciones individuales y sucesivas de los socios fundadores, hecho que para el Consejo constituye una infracción grave a los estatutos de la UDM, en los que se exige la elección de la Junta Directiva en un solo acto. Además, se concluye que los directores de la Junta que entonces presidía Patricio Galleguillos no cumplieron la exigencia estatutaria de tener la calidad de socios fundadores o activos de la universidad, un requisito que los cuatro controladores habían incluido en los estatutos para así mantener el dominio total de la UDM.
Adicionalmente a los antecedentes entregados por el Mineduc, el CNED agregó otra falta. El documento señala que el conjunto de irregularidades cometidas por la UDM constituyen actividades contrarias al orden público, que han producido un daño grave a la fe pública, entendida como la confianza de la comunidad en las instituciones de educación superior como entidades educacionales facultadas para entregar títulos y grados habilitantes para ejercer profesiones que comprometen el bienestar social, y han afectado la reputación del sistema de educación superior.
El Consejo determinó que la U. del Mar incurrió en una serie de infracciones legales, entre las que destacan la infracción a la prohibición de lucro que afecta a las corporaciones, estipulada en el Código Civil, incumplimiento de normas laborales y previsionales por el no pago de sueldos a sus trabajadores, e incumplimiento de los contratos de prestación de servicios con los estudiantes debido a la falta de recursos para la docencia. Incluso, se concluye que es posible que la UDM haya incurrido también en ilícitos penales y tributarios, que serán reportados a las autoridades competentes y que podrían desencadenar nuevas investigaciones judiciales en contra de los socios fundadores de la universidad privada que se convirtió en el emblema de la crisis del sistema educacional chileno.