Subvención para la clase media: un retroceso para la calidad y equidad de la educación

No hay razón alguna para aprobar una ley como esta sin darle un giro sustantivo en las condiciones que la misma impone a los sostenedores y escuelas para el uso de estos recursos

El programa de gobierno de Piñera comprometió avanzar progresivamente hacia la duplicación de la subvención educacional, el principal instrumento de financiamiento de la educación escolar en Chile. Dicho compromiso ha sido abordado durante esta administración mejorando marginalmente la subvención regular (excepto en el caso de la educación parvularia, que sí experimentó un aumento significativo desde el 2012) y sobre todo fortaleciendo y ampliando a la educación secundaria la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que en el presupuesto 2013 alcanza un no despreciable monto total de casi US$ 1.000 millones.

Durante el mes de enero, el gobierno puso suma urgencia a un proyecto complementario a estos aumentos, proponiendo ahora la creación de una nueva subvención, focalizada en los niños de familias del tercer quintil de ingresos (la SEP favorece a los dos primeros quintiles). Se le ha llamado, con poca rigurosidad, la “subvención para la clase media” (SCM), y su tramitación ya pasó la fase de aprobación en la comisión de educación de la Cámara Baja.

La SCM entrega a los establecimientos y sus sostenedores un monto adicional de recursos para los estudiantes del tercer quintil de educación parvularia a cuarto medio que oscila entre los $ 14.000 y $ 9.000 mensuales. Con ello, se profundiza en la lógica acertada de la SEP, reconociendo que el costo de educar es distinto según el capital cultural de los niños y sus familias (en el caso de los dos primeros quintiles los montos oscilan entre $ 32.000 y $ 21.000 por niño) y que el esfuerzo financiero de la Sociedad y el Estado deben ser mayores en los contextos más desaventajados.

La evidencia en Chile es incontrarrestable: el financiamiento compartido ha contribuido sustantivamente a la segregación escolar (obvio, pues el sistema se organiza en función de la capacidad de pago de las familias) y esta ley no hace otra cosa que fortalecer dicho instrumento

Sin embargo, más allá de esta primera reacción positiva inicial –¡nadie podría estar en contra de entregar más recursos para la educación!– esta subvención en la práctica representa un retroceso en las políticas que apuntan a la equidad educacional y más bien ofrece todas las condiciones para seguir profundizando la segregación social de nuestro sistema educativo.

¿Cuáles son los retrocesos que este proyecto trae consigo?

El primero es que esta subvención –a diferencia de la SEP– no va acompañada de la eliminación del financiamiento compartido (copago de las familias) para los niños que son sujetos de este beneficio. Con ello, los sostenedores –sobre todo privados– seguirán manteniendo el cobro a las familias, recibiendo ahora un importante monto extra de recursos. La evidencia en Chile es incontrarrestable: el financiamiento compartido ha contribuido sustantivamente a la segregación escolar (obvio, pues el sistema se organiza en función de la capacidad de pago de las familias) y esta ley no hace otra cosa que fortalecer dicho instrumento. No por nada el texto argumentativo del proyecto de ley (¡no dejen de revisarlo!) es más una defensa del financiamiento compartido que de la subvención misma para el tercer quintil.

El segundo es que estos recursos –también en la dirección contraria al camino ganado con la SEP– son entregados sin ninguna exigencia de calidad ni equidad. Uno de los grandes valores de la Subvención Escolar Preferencial es que los sostenedores deben comprometerse con un conjunto de condiciones pro calidad y equidad, dentro de las cuales destaca el uso exclusivo de los recursos adicionales en planes de mejoramiento escolar que van en directo beneficio de los estudiantes. La SCM, en su estado actual, no considera exigencia alguna para los sostenedores y mediante esa vía fomenta el lucro (permitido todavía en la educación regular y rechazado por la inmensa mayoría de los chilenos, según los estudios de opinión pública).

El tercer retroceso, tanto o más grave que los anteriores, es que la SCM es un atentado, contradictorio por cierto, contra la bien evaluada SEP. Sólo leyendo con detención el proyecto de ley en discusión se entiende finalmente que estos nuevos recursos no son solamente para los niños del tercer quintil, sino que también para todos los niños de los tres primeros quintiles que estudien en establecimientos cuyos sostenedores decidieron no ingresar a la SEP e hicieron el quite a las responsabilidades de calidad y equidad que esa política les exigía. La Subvención Escolar Preferencial es, en opinión de distintos actores y niveles del sistema escolar, una de las políticas educacionales más acertadas de los últimos años. Inexplicablemente –pues el gobierno ha recopilado evidencia sobre sus logros y se ha hecho parte de los mismos– hoy se propone implementar una ley que no solo va en una dirección distinta, sino que derechamente la ataca y debilita.

Como país debiéramos aprovechar la oportunidad que ofrecen las elecciones 2013 para tomarnos en serio la discusión sobre cuál es el sistema de financiamiento que nuestra educación requiere para los próximos 20 años

No hay razón alguna para aprobar una ley como esta sin darle un giro sustantivo en las condiciones que la misma impone a los sostenedores y escuelas para el uso de estos recursos, ganando así en consistencia con lo que se ha venido haciendo en los últimos años en materia de financiamiento escolar. Un escenario posible es incorporar estos recursos adicionales derechamente a la ley SEP, llegando ahora a los tres primeros quintiles con montos diferenciados.

Con todo, como país debiéramos también aprovechar la oportunidad que ofrece esta coyuntura y la de las elecciones 2013 para tomarnos en serio la discusión sobre cuál es el sistema de financiamiento que nuestra educación requiere para los próximos 20 años. Esto implica estimar el costo real de una educación de calidad en Chile, revisar críticamente la subvención por asistencia y también pensar en mecanismos de financiamiento complementarios –no vía subvención– para desafíos complejos y de largo plazo como el fortalecimiento de la educación pública.

Los recursos son solo el piso de un sistema educativo que entrega oportunidades equivalentes y de calidad para todos. Una buena política de financiamiento, sin embargo, puede contribuir sustantivamente a estos objetivos si es que de ella se derivan los instrumentos adecuados. La subvención para la clase media debiera ser evaluada exigentemente bajo estos criterios.