Crisis de legitimidad en la educación superior: tiempo de interrogantes

Chile es un país que olvida rápido. Así lo demuestra la experiencia. El escándalo de las acreditaciones, que terminó con el ex presidente de la CNA en prisión preventiva y un listado nada despreciable de instituciones acusadas de cohecho, se encuentra en franca retirada del tapete noticioso. Poco a poco los nombres de las personas y de los establecimientos involucrados han dejado de sonar. Y para qué hablar de los cambios que urge hacer. Nada concreto se sabe sobre ello, aparte de un decálogo de buenas intenciones. Como es costumbre, ya estamos en proceso de dar vuelta la página y pasar a lo siguiente.

Lo acontecido con la Universidad del Mar, en tanto, aún resuena, pero probablemente dejará de hacerlo apenas se termine de reubicar en otros establecimientos a los estudiantes, que vieron por un momento sus destinos y expectativas completamente eclipsados.

Lo grave es que en esta capacidad de “olvido fugaz” nos quedamos con todos los procesos a medio camino: con las interrogantes a medio responder, con las reflexiones a medio hacer, con los procesos de aprendizaje a medio madurar, con los cambios radicales y profundos a medio plantear.

Como fundación abocada a la integración sistematizada de la ética en el mundo del trabajo, sentimos que nuestra sociedad debe hacerse todavía muchas preguntas y revisar seriamente en qué hemos fallado; tanto el Estado como la sociedad civil, las empresas y las personas. Los juicios son materia de los tribunales, es cierto, pero más allá de las responsabilidades penales, urge hacerse cargo del tema y sentarse a pensar un segundo. Y es que en el campo de la educación superior, como en otros, claro está, lo que ponen en jaque los ilícitos y fallas éticas no es otra cosa que el bien común. No olvidemos que hoy son cerca de 16 mil los alumnos que se ven afectados por el cierre de la Universidad del Mar, muchos de ellos endeudados por concepto de crédito con aval del Estado.

Con el manto de duda extendido tanto sobre la calidad de la educación superior como sobre la institucionalidad en este ámbito y su capacidad de fiscalización, queda claro que aprender de los errores no implica solo cerrar instituciones y castigar a los responsables. Bien merece el destino de muchos jóvenes que nos detengamos a sacar conclusiones y resolver de raíz problemas que han estado rondando por años y que hasta ahora no han obtenido más que medidas de parche.

Humildemente, nos limitamos a dejar algunas preguntas dando vueltas: ¿existen normativas que garanticen la integridad del sistema de educación superior, en materias como calidad, infraestructura, financiamiento, aportes del Estado, entre otros? ¿Cuenta dicho sistema con una institucionalidad que vele de manera eficaz por la calidad de sus establecimientos y de lo que en ellos se enseña?

Si en el sector privado a estas alturas es una tendencia contar con sistemas de prevención y detección oportuna de malas prácticas y/o ilícitos, ¿será, entonces, fundamental generar una cultura de ética y cumplimiento a nivel de instituciones educacionales y de órganos de gobierno? Tan descabellada no debe ser la idea, ya que el nuevo presidente de la CNA, Matko Koljatic, sugirió implementar un Código de Conducta que rija a los comisionados y aseguró estar estudiando la puesta en marcha de canales de denuncia que ayuden a prevenir irregularidades. Quizás sea materia del próximo gobierno ocuparse de que la cultura ética permee no solo el sector privado, sino también establecimientos educacionales, ministerios y organizaciones afines.

Dejamos planteadas estas interrogantes, esperando que la discusión no se desvanezca en paralelo a la cobertura mediática, sino que siga siendo un tema de conversación y debate del que surjan luces de hacia dónde y cómo avanzar con los ojos puestos en el bienestar de todos.

Por último, si bien el comportamiento virtuoso o ético tiene su sentido más profundo en la existencia plena de una comunidad, descubrir ese sentido y llevarlo a cabo es tarea de cada individuo. No es posible ni conveniente convertir en ley todos los principios que conducen nuestras relaciones ni socialmente saludable esperar a verlos estampados en un código para actuar de acuerdo a ellos y hacer lo correcto. Basta comprender que, al final del día, el bien de todos es también el propio bien.

(*) El directorio de la Fundación Generación Empresarial (www.generacionempresarial.cl) está compuesto por Ademir Domic, Bruno Krumenaker, Daniel Daccaret, Eduardo Pooley, Felipe Abogabir, Jorge Marín, Juan Cristóbal Sánchez, Philippe Morizon y Soledad Onetto.