Se ha arraigado profundamente en nuestra cultura republicana que el Estado establezca derechos mucho antes de que los sistemas estén preparados para hacerlos cumplir. Este actuar irremediablemente conlleva a que se genere una profunda contradicción entre lo escrito en las leyes y la realidad que enfrentan las personas, factor que, hoy por hoy, hace tambalear nuestra institucionalidad.
Mientras los medicamentos originales tienen un valor promedio de US$ 12 la caja, las copias con marca cuestan la mitad y los genéricos sin marca son notablemente más baratos, ya que alcanzan valores medios de US$ 1 por unidad. Los genéricos sin marca representan un 30% del volumen total vendido, pero solo dan cuenta del 6% del dinero recaudado. Por tanto, comercialmente no son interesantes para las farmacias de cadenas
La implementación de políticas sociales teniendo como precepto “arreglar la carga en el camino”, resulta riesgosa en extremo. Necesariamente obliga a correcciones y ajustes; modificaciones que a la postre se traducen en un incremento en los costos proyectados. Sin embargo, lo más preocupante de este método de trabajo es que con una frecuencia mayor a la deseada los errores de diseño terminan siendo financiados por aquellos sujetos que la ley dice defender.
Un buen ejemplo de lo anterior es el proceso que se ocupa de certificar la bioequivalencia de los medicamentos genéricos, análisis que resulta imprescindible para asegurar la eficacia de la mayoría de los tratamientos médicos realizados en el país.
Se considera que un medicamento genérico es bioequivalente cuando este puede demostrar que obtiene idéntica biodisponibilidad que su par original. Es decir, que ambas formulaciones -la original y la copia- alcanzan las mismas concentraciones del principio activo en los tejidos.
Recién en marzo del 2009 el primer genérico nacional obtuvo calidad de bioequivalente. Esto fue más de cuatro años después de que se instaurara un ordenamiento sanitario donde la salud se transformó en un derecho jurídicamente exigible por las personas, ocasión en que el Estado asumió un rol protagónico. Supuestamente se convirtió en el garante universal de la calidad, oportunidad y asequibilidad financiera de los tratamientos médicos más relevantes (Reforma GES/2005). Dicho en otras palabras, el Estado nos garantizó una salud de calidad certificada mucho antes de preocuparse por la efectividad de los medicamentos que consumimos a diario. Al finalizar el año 2012, solo 107 medicamentos genéricos, de los alrededor de 3.500 existentes, contaban con una resolución sanitaria que avale su bioequivalencia.
Más de la mitad de lo que los chilenos gastamos en salud es destinado a financiar medicamentos. Este importante egreso -solo superado por el ítem alimentación- por lo general no cuenta con ayuda del sistema de seguridad social y tiene como principal intermediador comercial a las farmacias, sector que hace dos décadas fue monopolizado por tres grandes cadenas.
Uno de cada cinco fármacos vendidos en el país es original. Es decir, fue elaborado de acuerdo a estándares internacionales de manufactura y cuenta con estudios que demuestran su eficacia clínica. El 80% restante lo componen medicamentos genéricos, los que en Chile pueden o no tener marca de fantasía.
Mientras los medicamentos originales tienen un valor promedio de US$ 12 la caja, las copias con marca cuestan la mitad y los genéricos sin marca son notablemente más baratos, ya que alcanzan valores medios de US$ 1 por unidad. Los genéricos sin marca representan un 30% del volumen total vendido, pero solo dan cuenta del 6% del dinero recaudado. Por tanto, comercialmente no son interesantes para las farmacias de cadenas.
De lo anterior se desprende que los principales consumidores de medicinas genéricas sin marca son los segmentos de mayor vulnerabilidad social, como asimismo el sector público de salud.
Según un reciente muestreo del SERNAC, tan solo una tercera parte de los genéricos bioequivalentes se encuentran a la venta en las farmacias de cadenas, razón por la cual, a partir de marzo del 2013, será obligatorio que estos comercios dispongan de todos los medicamentos que cuenten con una resolución de bioequivalencia vigente.
A diferencia de otras organizaciones de salud que asumen directamente la certificación de calidad de los medicamentos que consume la población, la política de bioequivalencia implementada por nuestra Autoridad Sanitaria reedita una clásica fórmula nacional, donde el Estado representado por el ISP (próximamente por la Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED), desempeña un rol de coordinador administrativo, externalizando los análisis de calidad a una infinidad de laboratorios nacionales y extranjeros. Estos últimos, contratados por los mismos interesados.
Los análisis de bioequivalencia se demoran alrededor de 14 meses y tienen un valor promedio de US$ 110 mil por medicamento. Esto, sin considerar que el nuevo marco regulador obliga a los laboratorios farmacéuticos a homologar los estándares de manufactura (Acreditación GMT), lo que también contribuye a incrementar los costos productivos. Así, la ordenanza de bioequivalencia obligatoria hará económicamente inviable a una parte importante de la farmacopea nacional, que tendrá costos de fabricación muy superiores a las ventas.
Resulta indiscutible que la certificación de calidad aumentará el valor de los fármacos genéricos, cuyos nuevos costos productivos serán traspasados a los enfermos. Asimismo, las farmacias obligadas a ofrecer bioequivalentes tenderán a subir los precios para mantener los márgenes, amparadas en un marco regulador que establece libertad tarifaria para las medicinas. Los cálculos más optimistas (Ministerio de Salud) pronostican alzas de un 10%, en tanto la industria farmacéutica (Asilfa) afirma que los incrementos tarifarios podrían bordear el 80%.
Sea como fuere, cualquier aumento en los precios de las medicinas genéricas castigará de preferencia a los sectores de menores ingresos, principales consumidores del producto. Como contrapartida, es muy probable que la oferta obligatoria de genéricos bioequivalentes arrastre a la baja a los medicamentos originales, disminución tarifaria que ciertamente beneficiará a los sectores acomodados.
Un acceso oportuno a medicamentos de calidad certificada, sin que la capacidad económica de las personas sea una limitante, condiciona la eficiencia y legitimidad moral de todo sistema de salud. En este sentido, hace largo rato que el Estado de Chile extravió el rumbo.
La certificación de calidad aumentará el valor de los fármacos genéricos, cuyos nuevos costos productivos serán traspasados a los enfermos. Asimismo, las farmacias obligadas a ofrecer bioequivalentes tenderán a subir los precios para mantener los márgenes (…). Los cálculos más optimistas (Minsal) pronostican alzas de un 10%, en tanto la industria farmacéutica (Asilfa) afirma que podrían bordear el 80%
Durante la dictadura militar, las farmacias fueron desvinculadas de la organización sanitaria, sometiéndolas a un ordenamiento de tipo económico-comercial. Se estableció libertad tarifaria para los medicamentos a los que se les dio la categoría de bienes ordinarios de consumo. La fiebre privatizadora de la época también contagió al Laboratorio Chile, perdiendo la Autoridad Sanitaria una eficaz herramienta que por largo tiempo aseguró un abasto de remedios de calidad a precios razonables.
Con la venia del Estado y en tiempos de democracia, se afianzó un oligopolio comercializador que manipuló en forma concertada los precios de más de dos centenares de fármacos de primera necesidad, provocando un enorme perjuicio sanitario social que, por lógica, afectó con mayor rudeza a la población vulnerable.
Hoy nuestra Autoridad Sanitaria pretende dar un gran salto a la modernidad: intentará homologarse a sus restantes socios del club de naciones neo liberales OCDE. Por fin, podrá asegurar que todos los medicamentos comercializados en el país son bioequivalentes, aunque esto implique traspasar los costos a los que menos tienen, a los mismos que el Estado garantizó el acceso a una salud digna.
COMPARTIR
CONTENIDO DESTACADO
Caso Convenios en La Araucanía: director de Fundación Local reconoció a la fiscalía que la ONG fue creada por estrecho asesor del gobernador Rivas
Con razón mi médico me dijo riendo que los genéricos contienen sólo tiza; y yo comprobé la diferencia en el efecto y en el precio, es enorme!
Valeria | 21.10.2013
Gracias por la información, me
Rodrigo Lópéz | 16.01.2013
Para todos quienes trabajan con fármacos, sin duda la bioequivalencia es una buena herramienta para mejorar el acceso a medicinas comprobadamente eficaces, pero no es la única. El tema tiene demasiadas aristas y no puede ser analizado sólo bajo el prisma del costo del estudio y su traspaso al consumidor.  Algunos puntos interesantes de agregar a la discusión son:
i) La exigencia de bioequivalencia puede tener gran valor en el sistema de comprar públicas, donde la inclusión de este parámetro puede asegurar la eficacia de los medicamentos de la gran cantidad de Chilenos que acceden a sus medicamentos en el sistema público de Salud.
ii) Existen varias herramientas para regular los precios de los fármacos (no solamente la fijación, que por marco "teórico" no será impulsada por este Gobierno). En ese sentido, por ej. la impresión de un "precio sugerido de venta" en la propia caja de cada medicamento, controla a cada farmacia a elevar los precios, ya que permite a los pacientes evaluar la magnitud del margen que se está agregando en los pasos sucesivos luego de la producción del fármaco.
iii) El punto central es la transparencia del mercado. La bioequivalencia no impide que ocurran casos de colusión, que afin de cuentas fue el principal desencadenante de esta atención que ahora se presta al mercado de los medicamentos.  La FNE, en su investigación sobre colusión de farmacias indicó que la "integración vertical" entre farmacias y laboratorios (es, decir,que ambas tengan los mismos dueños) era el principal factor que permitía la colusión.  Hace unos días, la FNE volvió a alertar del tema, ahora respecto a la "integración vertical" entre isapres y prestadores de Salud. Lo curioso, es que en el nuevo proyecto de le de fármacos (actualmente en discusión en el congreso) el artículo que prohibía expresamente la integración vertical fue eliminado por "inconstitucional", por tanto, si se quiere implementar la exigencia de bioequivalencia como el salvador de los problemas de precios de los medicamentos y eventos como la colusión,están muy equivocados.
iv) Finalmente, la campaña comunicacional del gobierno es atroz, se está homologando el término bioequivalencia con genérico, cosa que en Chile no está ni cerca de serlo, se está confundiendo a la gente, y el pato lo pagan los trabajadores de farmacias.  Me han comentado que llega gente pidiendo bioequivalentes de "celebra" (celecoxib) un fármaco que aún está protegido por patente, por tanto ni siquiera existe alternativa de dicho fármaco. Por lo tanto, queda la sensación de "negación" del fármaco, cuando en la realidad, de 107 bioequivalentes, el 47% son fármacos contra cáncer, VIH o inmunosupresores, que son ampliamente consumidos en farmacias.
Lo más importante es que se necesita una discusión seria, integral, multidisciplinaria, y sin intereses corporativos de por medio. Sólo así llegaremos a buen puerto.
Saludos CIPER.
Patricio | 14.01.2013
Trabajo en un laboratorio de Producción Farmacéutica hace ya más de 5 años. Lo que expone Juan Carlos en un comentario anterior es lo más grave del tema.
Es verdad, hoy los laboratorios están optando por dejar de fabricar algunos productos porque sus volúmenes de venta son muy pequeños y el gasto en realizar el estudio de Bioequivalencia es muy alto como para pagarlo en el corto plazo. Â
¿Qué va a pasar con esos productos? Que por lo demás son muchos. ¿Qué va a pasar cuando solo el medicamento innovador y, con suerte, uno más quede en el mercado? Lo que sucede con sucede cuando desaparece la competencia. Precios altos y poca accesibilidad.Â
Es más, colegas y amigos que trabajan en laboratorios que tienen las licencias para comercializar el innovador, me comentan que no habrá stock para suplir a nuestro mercado, incluso a largo plazo.Â
Estoy de acuerdo en regularizar en tema de calidad y precios de los medicamentos, pero no me parece que una medida tan populista y menos sin medir las posibles consecuencias.
Mis saludos a la gente de Ciper.Â
Marcelo Robbiano | 13.01.2013
Me parece que el "encarecimiento"  al que hace mención el articulo es abordable por la gran mayoría de los  que consumimos genéricos, ya que si nos vamos al piso de la probable alza en los precios, el producto que nos costaba 500, subiría a 550. Mas importante que el alza  de dicho medicamento, es importante que este cumpla con el fin terapéutico por el cual se está haciendo el gasto.
Claudio R. | 12.01.2013
Independiente de quien pague, sólo se enriquece la industria, puesto que una vez obtenida la certificación a un medicamento X de Y laboratorio, esto agregará un plus al producto, entonces el alza de precio no será solamente el costo del estudio. Finalmente, para que estos estudios no salgan del bolsillo de los más pobres, lo más probable es que los pague el estado, es decir, con el dinero de todos, el que irá a dar al bolsillo de unos pocos, los que hacen el estudio y los que venden el medicamento. Excelente solución...una vez más para la industria, avalado por un gobierno de "todos".
Roberto | 11.01.2013
Esta claro. El lobby de las cadenas de farmacias hizo blanco en el Minsal donde el Sr. Ministro reparte los beneficios del proyecto a los poderosos que respaldan su gobierno y gestión.
Juan Carlos | 11.01.2013
No necesariamente se traspasa el costo del estudio a las personas... si un fármaco generico X tiene un buen volumen de venta, el costo del estudio se puede recuperar en un plazo de 1 o 2 años, el problema surge con aquellos farmacos cuyos volumenes de venta son bajos y que pagarían el costo de la inversión en un periodo de 10 o mas años... para el laboratorio es mas fácil dejar de comercializar el farmaco y no realizar estudio alguno, lo que deja a los pacientes en un desabastecimiento demasiado peligroso. En fin, como siempre los gobiernos haciendo las cosas a medias y arreglando los condoros sobre la marcha... Â
Igal Magendzo | 10.01.2013
Cómo se controla que el medicamento que está dentro de la caja es el bioequivalente? Aún obtenida la certificación, qué impide que nos vendan los mismos genéricos, especialmente en el caso de los medicamentos importados? Obviamente no hay capacidad de fiscalizar eso de manera continua. En ese caso, el resultado es un aumento de precio del mismo genérico.
BBR | 10.01.2013
Otro error más: No todos los genéricos son bioequivalentes, se trata de una categoría distinta. Lo único que dice la ley es que si hay bioequivalentes, ellos deben estar en las farmacias, pero NO HAY OBLIGACION de obtener la bioequivalencia d etodos los genéricos (por lo demás, ello implicaría acabar con los genéricos)
Rodrigo Martínez Peric | 10.01.2013
Los costos de los análisis de bioequivalencia son asumidos por los laboratorios farmaceúticos, y luego traspasados a las personas, teniendo como intemediador al oligopolio comercializador existente (farmacias de cadena)
El Estado establece la normativa. Tampoco realiza los estudios directamente (a diferencia de la FDA).
El sistema planteado en Chile podría ser comparado con las plantas de revisión técnica de vehículos.
Saludos
Rodrigo Llanos | 10.01.2013
Una consulta por que dices que el valor del estudio de la bioequivalencia se transmitira a valor del farmaco? no es el estado quien determina eso y por ende los costos del estudio?
