El oscuro legado del ex director del Registro Civil en la “Tía Rica”
17.04.2008
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17.04.2008
Una década antes de ser nombrado director del Registro Civil, Guillermo Arenas se puso a la cabeza de la Dirección General del Crédito Prendario, Dicrep. Ahí conoció al abogado Jorge Lobos, a quien llevó al Registro Civil como su jefe de gabinete, e instaló a Juan Guillermo Hurtado como segundo de a bordo. Ambos fueron clave en la puesta en marcha del crédito con garantía de prenda industrial sin desplazamiento para personas de escasos recursos. El programa, que continuó su sucesor, Óscar Santelices, arrojó pérdidas por más de $1.000 millones. Entre los beneficiados figuran familiares de Lobos y de Arenas. En momentos en que ambos abogados son investigados por el escándalo de la anulada licitación por US $ 80 millones a la empresa Tata, el hoyo financiero de la prenda industrial ha vuelto a convulsionar a la Tía Rica.
Poco después de ser nombrado a la cabeza de la Dirección General del Crédito Prendario, Dicrep, cargo que ocupó entre 1994 y 1997, el destituido director del Registro Civil, Guillermo Arenas Escudero, tuvo la idea de reflotar un antiguo programa de ayuda social. Creado en 1935, el préstamo de la prenda industrial sin desplazamiento había sido derogado por última vez en 1983, bajo el régimen militar, y ya entonces, de acuerdo al relato de antiguos funcionarios, la recuperación del dinero presentaba serias dificultades. Pese a ello, con el aterrizaje del abogado PPD a la también llamada Tía Rica el programa resucitó con resultados desastrosos. Las pérdidas se incrementaron en la administración de su correligionario Óscar Santelices Altamirano (1997-2000), sucesor de Arenas en la Dicrep y actual director del Servicio Nacional de Turismo.
Un informe interno de la Dicrep de octubre de 2004, al que tuvo acceso CIPER, confirmó que más de la mitad de los préstamos otorgados por el programa de la prenda industrial sin desplazamiento no pudieron ser cobrados por la institución. Las pérdidas comprenden el periodo 1994 a 2000 y suponen un daño patrimonial por más de mil millones de pesos.
Las irregularidades con el plan de la prenda industrial son múltiples. Algunos de los nombres de los beneficiados no tienen existencia legal. Además, la gran mayoría de los objetos presentados en prenda por los más de mil deudores del programa, de un total aproximado de 2.700, no pudieron ser embargados por su inexistencia o mal estado. Entre esos objetos hay camiones, máquinas industriales, herramientas, vacas, ovejas y cabras.
A diferencia del crédito pignoraticio, que tiene un tope de $ 50 mil y opera con joyas y otras especies de valor, el crédito de la prenda industrial tiene un tope de un millón de pesos y fue ideado para fomentar la actividad productiva de microempresarios y gente de escasos recursos. Esa es precisamente la función de la Tía Rica, originalmente llamada Caja de Crédito Popular, creada en 1920 con el propósito de otorgar créditos a personas que no tenían posibilidad de acceder a la banca.
Eso último no fue la norma en la administración de mediados de los ’90. De acuerdo con un informe de Contraloría que en febrero de 1998 señaló transgresiones al estatuto administrativo por la prenda industrial, entre las personas que pidieron créditos por un millón de pesos figuran parientes sanguíneos y políticos de Guillermo Arenas y de su ex jefe de gabinete en el Registro Civil, Jorge Lobos Díaz, entonces funcionario de la Dicrep.
Pese a que la investigación corroboró las anomalías, éstas no pudieron ser sancionadas debido a que -según se lee en el sumario administrativo que derivó del informe y visó el contralor subrogante, Jorge Reyes Riveros– “la correspondiente acción administrativa ya se encontraba prescrita”.
Fue precisamente en la Tía Rica que Lobos y Arenas se conocieron e hicieron buenas migas, pese a no compartir ideología política. Muy por el contrario. Lobos ingresó a la Dicrep a mediados de los ’80 donde todavía recuerdan su adhesión al general Pinochet. Arenas, en cambio, en los mismos ‘80 era un militante radical que destacó en el frente opositor a la dictadura.
Las diferencias políticas se disiparían rápidamente en la Dicrep. Una década después, cuando Arenas convirtió a Lobos en su jefe de gabinete en el Registro Civil, ambos se verían directamente involucrados en las irregularidades en dicho servicio que actualmente investiga la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Centro Norte.
A un mes de iniciada la investigación, la fiscal Alejandra Godoy dio el primer golpe al formalizar esta semana al experto informático Andrés Contardo Santibáñez, quien asesoró al destituido director del Registro Civil para un proyecto de plataforma tecnológica, comunicaciones e informática, al tiempo que hacía lo propio en Tata Consultancy Services, empresa que resultó favorecida con la anulada licitación por US $ 80 millones. El jueves quedó además en prisión preventiva, convirtiéndose en el primer detenido de la causa.
Contardo es acusado de cohecho y revelación de secreto con grave daño para la causa pública. La acción judicial se basa en evidencias recogidas por la fiscalía y testimonios de cinco testigos protegidos, entre ellos la jefa del departamento de Informática del Registro Civil, María Isabel Moya, quien también ha inculpado a Arenas y Lobos de presionarla para favorecer a la empresa Tata.
La suerte judicial de ambos se definirá en los próximos doce meses, plazo establecido por el juez de garantía Ponciano Sallés para el desarrollo de la investigación de la fiscal Godoy. Mientras tanto, en la dirección de la Tía Rica concluyen una investigación que apunta a definir con exactitud las millonarias pérdidas que arrojó el programa de la prenda industrial iniciado por Guillermo Arenas, además de la responsabilidad que le cabría a Jorge Lobos, quien sigue siendo funcionario de la Dicrep.
La Tía Rica fue la segunda destinación de Guillermo Arenas en los gobiernos de la Concertación. La primera fue la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, más conocida como La Oficina, a la que llegó en 1993 como jefe de la división de Administración y Finanzas. Ahí compartió funciones con su amigo y ex correligionario Isidro Solís, quien en 2006 sería nombrado ministro de Justicia y bregó porque se nombrara a su amigo -ahora PPD- al frente del Registro Civil.
En abril de 1994, recién llegado a la dirección de la Dicrep, Arenas derogó la resolución N° 31 de junio de 1983, que ordenó suspender los préstamos garantizados con prenda industrial. Entre los argumentos esgrimidos por el director estuvo el “que en los sectores de más escasos recursos se encuentran personas con conocimiento y capacitación técnica suficiente para desarrollar la actividad industrial, careciendo de medios para materializarla”. Un segundo elemento, desvirtuado en la práctica, apunta a que la Dirección General del Crédito Prendario contaba “con estudios técnicos y de base suficiente para implementar dichos préstamos”.
En paralelo, Arenas realizó una serie de cambios en la institución (ver recuadro). A su ex correligionario radical Juan Guillermo Hurtado, lo puso al frente del departamento Jurídico. Otros dos cargos de importancia fueron ocupados por Sergio de los Reyes, ex concejal PPD por El Bosque, en la jefatura del departamento de Crédito; y el también PPD Daniel Riveros, a la cabeza de Contabilidad. Los dos primeros, Hurtado y De Los Reyes, formaron parte de la comisión designada por Arenas (mediante resolución exenta N°1.051) para la selección y aprobación de los créditos. La decisión definitiva estaba en manos del director, quien llegó a otorgar cerca de 600 préstamos de un millón de pesos.
La primera alerta sobre irregularidades en la entrega de los créditos garantizados con prenda industrial surgió de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección Nacional del Crédito Prendario, ANECREP. En julio de 1997, un mes después de que Guillermo Arenas abandonara el servicio para lanzar su candidatura a diputado por el distrito 28 (Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel), dejando en la jefatura a Juan Guillermo Hurtado, la directiva de ANECREP presentó una denuncia formal a Contraloría.
Entre otras cosas, los funcionarios acusaron que parientes de Arenas, Hurtado y Lobos fueron favorecidos con créditos de la prenda industrial. Los hechos fueron ratificados por el fiscal de Contraloría Jaime Gallegos Aguilar, quien se constituyó en el servicio y en febrero de 1998 elaboró un primer informe.
Ese informe establece que “el 31 de mayo de 1996, Dicrep dio en mutuo a don Juan Francisco Escudero Ramos (su verdadero nombre es Jaime Francisco), agricultor y cuñado de don Juan Guillermo Hurtado Neira, la suma de $ 1.000.000”. Junto con señalar que “la Reglamentación Interna y Procedimiento sobre Préstamos Garantizados dispone en su artículo 2° que los citados préstamos están dirigidos a personas naturales de escasos recursos y que tengan o se inicien en una actividad económica de carácter industrial o comercial”, el documento cita el Estatuto Administrativo para señalar que funcionarios como Hurtado, a cargo de asignar créditos, tienen prohibición de “intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos que tengan interés en él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el tercer grado inclusive o por afinidad hasta el segundo grado”.
A modo de atenuante, el funcionario de Contraloría expone que “al 30 de octubre de 1997, el señor Escudero tenía pagada la totalidad de su deuda”.
El informe también se hace cargo de las imputaciones contra Jorge Lobos, corroborando que en enero de 1996 éste autorizó un préstamo por un millón de pesos a Erika Henríquez González, secretaria y madre de su hijo, quien terminará trabajando en la oficina de Dicrep en Temuco. Además confirma que el auto que Erika González presentó como garantía estaba inscrito a nombre de Lobos, en circunstancia que la mujer lo declaró como propio.
Junto con lo anterior, el fiscal de Contraloría consignó que al momento de realizar la investigación “el contrato de prenda mencionado no se encuentra en la carpeta de la señorita Henríquez, no obstante que dicho documento fue remitido el 6 de febrero de 1996 por el jefe del departamento de Contabilidad (s) al jefe de la oficina de Prenda Industrial”.
“Por tanto, como consecuencia de estos hechos –concluye el informe respecto de Jorge Lobos-, se estaría en presencia de una trasgresión al principio de probidad administrativo, establecido en el artículo 55, letra g), de la Ley 18.834”.
Tres meses después, en abril de 1998, el mismo funcionario de Contraloría despachó un sumario administrativo que concluye: “En relación a los hechos expuestos, y no obstante estar debidamente acreditados, no es procedente formular cargos por cuanto la acción para hacer efectiva su responsabilidad administrativa se encuentra prescrita”.
En julio del mismo año, Jorge Reyes Riveros, contralor subrogante, aprobó el sumario y propuso “sobreseer en esta causa, únicamente por haber operado la prescripción”.
La llegada de Óscar Santelices a la dirección de la Tía Rica no supuso demasiados cambios en la Dicrep. Militante PPD como Arenas, el actual director del Servicio Nacional de Turismo asumió en septiembre de 1997 y mantuvo de fiscal a Juan Guillermo Hurtado y a Jorge Lobos como su segundo en el departamento Jurídico. Pese a las serias deficiencias que ya presentaba el crédito de la prenda industrial, el nuevo director no sólo dio continuidad al programa sino que lo incrementó.
Si en el periodo de Arenas se otorgaron cerca de 600 créditos de esta especie, en el de Santelices éstos se alzaron por sobre los 2.100. Las pérdidas también fueron proporcionales entre una y otra gestión. Los préstamos entregados en el periodo de Arenas arrojaron casi $ 180 millones en pérdidas; los de Santelices alrededor de $ 850 millones.
Desde su oficina en la dirección nacional de Sernatur, cargo que ocupa desde marzo de 2000, Óscar Santelices admite que desde un comienzo supo que el programa presentaba una alta tasa de morosidad:
-Sí, había dificultades de cobranza, un riesgo que asumimos desde el comienzo, pero eso no lo invalidaba para el momento que se vivía por el inicio de la crisis asiática. Para mucha gente era una manera de obtener créditos a los que jamás podría acceder por la vía regular. Había muchos pequeños y chicos emprendedores que requerían este tipo de créditos (…) A mí me parecía que era un buen programa, cumplía una función social y estaba bien concebido.
Santelices dice no recordar el monto aproximado de las pérdidas que arrojó el programa bajo su administración. Tampoco recuerda siquiera haber escuchado acerca del sumario administrativo de Contraloría que en junio de 1998 señaló las faltas cometidas por Juan Guillermo Hurtado y Jorge Lobos. Ese sumario, que acumulaba polvo en el archivo de Contraloría, ha vuelto a cobrar vigencia para la actual administración de la Dicrep, a raíz de los sucesos descubiertos recientemente en el Registro Civil.
A partir de marzo de 2000, al asumir la dirección de la Dicrep en reemplazo de Óscar Santelices, el militante radical Domingo Fuenzalida limitó los créditos con garantía de prenda industrial sin desplazamiento hasta interrumpirlos por completo a fines de ese año. Gran parte de su gestión estuvo cruzada por ese problema.
Al evaluar el desempeño de la Dicrep entre 1998 y 2001, un informe de 2002 elaborado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda señala una visión crítica del programa. Entre otros aspectos, destaca que “en este sistema de crédito hay una baja cobertura y una deficiente focalización, la que se constata por la alta morosidad que presenta (…) La medición del mes de octubre de 2001 arroja un 51% de morosidad”.
A Fuenzalida le fue imposible sanear la deuda arrastrada desde 1994. En 2001, tras oficiar a la subsecretaría del Trabajo para castigar la deuda histórica, ésta se negó a un perdonazo y obligó al director a iniciar un nuevo proceso de cobros que derivó en 2004 en la presentación de demandas masivas. Aunque entonces los deudores se calculaban en 1.368, el departamento Jurídico del servicio, atendiendo a sus recursos limitados, optó por presentar 689 demandas que en su gran mayoría terminaron archivadas.
Para entonces varias cosas habían cambiado en la Dicrep. A la interrupción definitiva del programa de la prenda industrial se sumó la salida de buena parte de los funcionarios de la época de Guillermo Arenas. Entre ellos, los abogados Juan Guillermo Hurtado y Jorge Lobos, quienes abandonaron la Dicrep en 2000 y 2001 respectivamente, pero volverían a encontrarse en la subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones en cargos relevantes.
Lobos llegó a ser titular subrogante del departamento de Administración del ministerio. Hurtado fue jefe de gabinete del subsecretario de la cartera, Patricio Tombolini, con quien se vería involucrado en el escándalo del caso Coimas que instruyó el juez Carlos Aránguiz y del que fue sobreseído. Hurtado, según reconoció él mismo, recibió tres cheques por un total de tres millones de pesos de manos de Carlos Filippi, dueño de una planta de revisión técnica en Rancagua. La entrega fue realizada en las oficinas del ministerio y supuso una donación al candidato a senador del Partido Radical, Ernesto Velasco.
Desde entonces Juan Guillermo Hurtado no ha vuelto a ocupar cargos públicos. Pero su esposa, la abogada Verónica Escudero, fue contratada a honorarios por Guillermo Arenas en el Registro Civil entre agosto de 2006 y diciembre de 2007 para “asesorar en materia de contratos tecnológicos especialmente informáticos, en el marco de la licitación de los servicios integrales de computación del servicio”.
Con Guillermo Arenas también llegó Jorge Lobos al Registro Civil y otro de los hombres de su confianza en la Dicrep, el destituido administrador de ese servicio, Luis Durán Abarzúa, quien desde mayo de 2006 y hasta hoy presta servicios a honorarios en materias de informática y computación.
De la era Arenas en la Tía Rica aún permanece Alejandra Zúñiga Pérez, militante PPD, quien llegó en 1995 a un puesto menor y hoy ocupa la jefatura del departamento de Crédito, el segundo en importancia en el servicio, y está a cargo de la deuda de la prenda industrial.
Zúñiga es reconocida al interior de la Dicrep como la funcionaria más incondicional a Arenas y por una historia familiar de relieve en su partido. La mamá de Alejandra Zúñiga es Nora Pérez, la ex secretaria del PPD que a fines de 2006, en el contexto del caso Publicam, denunció a Guido Girardi de haberla presionado para que validara un falso contrato de arriendo de una casa que fue presentado ante el Servicio Electoral como rendición de gastos de campaña. Girardi a la vez denunció que la secretaria había sido manipulada por Fernando Flores y Jorge Schaulsohn, uno de los grandes amigos de Arenas.
En 1997, cuando Arenas fue candidato a diputado por el distrito 28, éste imprimió en su díptico de campaña la siguiente frase firmada por Schaulsohn: “Con Guillermo trabajamos desde los 14 años. Hemos estado en muchas jornadas de lucha. Tiene opiniones claras y firmes principios”.
Una década después, la denuncia de Nora Pérez provocó la más grave crisis en la historia del PPD y derivó en la salida de Flores y Schaulsohn del partido.
Pablo Núñez Soto es uno de los pocos directores de un servicio de Estado elegido por concurso público. En enero de 2008 asumió en la Dicrep en reemplazo de Rodrigo Keterer Yavar, militante PPD a quien se le pidió la renuncia en junio de 2007. Una de las primeras tareas de Núñez tuvo que ver con la prenda industrial. El asunto tampoco le ha resultado fácil.
La mañana del martes 1 de abril, a través de su jefe de gabinete, el director comprometió para el día siguiente una entrevista con CIPER. El compromiso era hablar sobre la deuda histórica de la prenda industrial, además de entregar cifras y nombres de las personas beneficiadas con los créditos. Nada de eso se concretó.
La tarde del mismo martes, por medio de la jefatura de comunicaciones del Ministerio del Trabajo, la entrevista con Pablo Núñez fue cancelada. Núñez no hablaría por un problema de agenda y porque el tema no compete a su gestión, se argumentó en el ministerio.
A casi tres semanas de la solicitud, y habiendo reiterado la petición de entrevista, la agenda del director de Dicrep sigue ocupada. Lo que es un hecho cierto es que muchas cosas han ocurrido en esas tres semanas en la Tía Rica.
Por orden expresa del director, la primera semana de abril se formó un equipo especial que ha trabajado casi exclusivamente en la revisión de los cerca de 2.700 casos de beneficiados con el crédito de la prenda industrial.
Aunque en la Dicrep han asegurado que esta semana finalmente entregarán los antecedentes solicitados desde el 1 de abril, fuentes del servicio sostienen que existen serias dudas acerca del manejo del problema. La duda se fundan en que una de las personas a cargo de la prenda industrial es Alejandra Zúñiga, la mujer de confianza de Arenas y Santelices en la Tía Rica. Las mismas fuentes aseguran que la revisión ha arrojado inconsistencias con los datos originales y que entre los beneficiados figuran no pocos militantes y candidatos a concejales de la Concertación y también de la Alianza.
Los resultados que arroje la investigación en curso no servirá sólo para la historia. Con ellos la Dicrep podrá solicitar al Ministerio de Hacienda el castigo definitivo de la millonaria deuda que arrastra la institución desde los años de Guillermo Arenas. De paso, además, Jorge Lobos con seguridad no podrá regresar a la institución de la que sigue siendo funcionario.
Una de las curiosidades de la gestión de Guillermo Arenas en Dicrep, fue la velocidad con la que rotaba a quienes desempeñaban los cargos más importantes dentro del organismo. Funcionarios de la época aseguran fue una forma de subir las pensiones con que se retirarían de la administración pública las personas de su confianza. Según esta versión, Arenas los nombraba directores justo antes de jubilarse y luego les pedía la renuncia. Así, dejaban el servicio con el sueldo tope del escalafón.
La legalidad de la verdadera silla musical instalada por Arenas en la plana directiva de Dicrep, preocupó en algún momento al director. Y buscó zanjar el tema pidiéndole al entonces contralor Arturo Aylwin, un pronunciamiento que determinara el tiempo mínimo necesario que deben desempeñarse los cargos de exclusiva confianza para poder liquidar sus pensiones sobre la base de la última remuneración imponible. La respuesta la recibió el 23 de mayo de 1996, cuando Arenas ya había hecho decenas de cambios en las jefaturas de Dicrep.
En su dictamen, Aylwin explica que quienes están adscritos a la ex Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas y ya estaban en actividades el 23 de septiembre de 1989, no requieren estar un año en el cargo –exigencia para todos los otros empleados públicos- para jubilarse sobre la base del sueldo que recibían al momento de solicitárseles la renuncia.
Como sea, es un hecho que la rotación durante la gestión de Arenas batió record y hubo directores que no alcanzaron a instalarse en sus oficinas antes de ser reemplazados un par de semanas más tarde.
No es exageración. De acuerdo a los registros de Contraloría, la muestra más evidente está en el Departamento de Tasaciones: entre mayo de 1996 y junio de 1997 tuvo ¡28! jefes. En promedio, los directivos estuvieron dos semanas en sus puestos.
Si se observa más atentamente, se aprecia que sólo durante marzo de 1996 el puesto tuvo cinco ocupantes: Víctor Villar Calderón, Néstor Latrach Barrios, María Inés Vallejos Varas, René Maillanca Maillanca y Héctor Rodríguez Lagos. En mayo del mismo año, la jefatura de Tasaciones estuvo sucesivamente en manos de Enrique Zúñiga Pérez, Oscar Vidal Bravo, Andrés Castro Castillo, Ricardo Díaz Quezada y Jorge Palape Morales.
Pero la silla musical de Tasaciones se expandió hacia otras divisiones de la Dicrep. El 2 de mayo de 1995, Arenas le aceptó la renuncia a Teresa de Jesús Rodríguez, jefa del Departamento de Tasaciones y la nombró jefa de Contabilidad. En paralelo, Daniel Riveros Ríos, jefe de Contabilidad, pasó a encabezar Tasaciones. Poco duró Teresa de Jesús Rodríguez en su nuevo cargo porque sólo 21 días más tarde, Arenas ejecutó un segundo trueque: ella pasó a ocupar la jefatura del Departamento de Administración, reemplazando a Enrique Ortiz Schindel, quien obviamente ocupó la vacante que ella dejaba.
Con Daniel Riveros y Luis Parada se repitió la silla pero la música fue distinta. Riveros había sido contratado por Arenas apenas asumió en la Dicrep, el 30 de marzo de 1994, y era considerado uno de sus cercanos en el organismo. Había reemplazado en la jefatura de Contabilidad a Luis Parada Salas, quien un año y medio más tarde volvería a ocupar el cargo. En efecto, una resolución de octubre de 1996 señala que Riveros renunció al Departamento de Contabilidad para asumir como jefe del Departamento de Crédito, donde reemplazó a… Luis Parada Salas, quien fue designado nuevamente en Contabilidad.
En otro extraño movimiento, una resolución del 7 de noviembre registra la renuncia de Parada Salas y un día después y en virtud de otra resolución, lo vuelve a nombrar en el mismo cargo, el que deja definitivamente el 10 julio de 1997.
Por esos días también abandona la Dicrep Guillermo Arenas para postularse como candidato a diputado por el PPD. Su sucesor, Juan Guillermo Hurtado, le pidió la renuncia a Riveros. En vista de que éste no la presentaba y a que tenía licencia médica, Hurtado declaró vacante el cargo.
Las resoluciones que dan cuenta de los extraños movimientos que realizó Arenas en las jefaturas de la Dicrep se encuentran archivadas en la Contraloría. Lo increíble es que el permanente cruce de nombres sin explicación aparente no fue objeto de ninguna observación en la toma de razón.
De hecho recién en 2001 el ente contralor impartió directrices para frenar la práctica de nombrar cargos de exclusiva confianza para subir jubilaciones en diversos organismos públicos. Desde entonces la jurisprudencia considera que se trata de “desviación de poder” y el acto administrativo está viciado.
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