Ante una guerra que se pierde en la región: ¿legalizar o no las drogas?

En México lo tienen claro: después de cinco años dando pelea, el Estado no ha dado con la fórmula para ganar, o al menos tener algún grado mínimo de control, en su guerra contra el narco. Para enero de este año, las cifras oficiales contabilizaban más de 47.500 muertos, una cifra que incluye a traficantes, policías, militares, periodistas y civiles que nada tienen que ver con las drogas. Son los cuerpos que aparecen en fosas clandestinas, colgados de puentes, descuartizados en cajas o baleados en las calles de Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Monterrey, Guadalajara, Veracruz o cualquier otra ciudad donde esta guerra se ha desatado. Desde entonces, el contador no ha hecho más que seguir aumentando. Y eso que no considera a los más de 5.000 desaparecidos. Lo peor, es que a pesar de que se sabe que la estrategia del gobierno mexicano ha sido fallida, que los narcos han penetrado en lo más profundo de la estructura social y política sin encontrar oposición, ninguno de los tres candidatos a la presidencia ha presentado propuestas para acabar con la violencia. Gane quien gane las elecciones de este domingo, todo seguirá igual.

En Centroamérica la cosa no es tan distinta. Sólo en 2011, se habló de más de 20.000 muertos, la mayoría en El Salvador y Guatemala. El año pasado, El Faro reveló cómo opera el Cártel de Texis, una de las tantas megabandas del crimen organizado que operan en El Salvador y que extienden su área de operaciones desde Sudamérica para hacer llegar la droga a Estados Unidos. En su sección Sala Negra , el mismo medio da cuenta de que en Honduras, Guatemala o Nicaragua ocurre lo mismo. El millonario y redondo negocio de producir y traficar sustancias ilícitas sigue creciendo sin freno y con el acelerador a fondo. Y si se sigue bajando en el mapa, el problema de la narco-violencia se encuentra, aunque en distintos niveles de intensidad, en Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina y –por qué iba a ser la excepción– en Chile. Un ejemplo de eso es lo que ha ocurrido en La Legua Emergencia. Y como ese, hay varios.

¿Existe una solución? No está claro aún y el debate está abierto. Algunos estados creen que endurecer las políticas y la persecución contra las drogas es la respuesta. Venezuela es uno de ellos. Otros consideran que hay que virar en la estrategia: despenalizar las drogas. Una propuesta que ha ido ganando fuerza y que llevó incluso a que los mandatarios centroamericanos, por iniciativa del presidente guatemalteco Otto Pérez, se reunieran a discutir en marzo las posibilidades de una eventual legalización y buscar alternativas. Todos coincidieron en que las medidas adoptadas durante los últimos 30 años han sido un fracaso, pero la despenalización estuvo lejos de ser un consenso.

Aun así, la idea se expandió por Latinoamérica y varios países han dado pasos que parecieran ir por esa vía. Por supuesto, en medio de grandes polémicas. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional descriminalizó el consumo de marihuana y cocaína. En Argentina, el Congreso ya inició la discusión para modificar la legislación y permitir el consumo personal y el autocultivo de cannabis. Esta misma semana, la Comisión Global de Políticas de Drogas lanzó en Londres un informe que destaca el rotundo fracaso de las medidas implementadas hasta el momento, vincula la prohibición con la explosiva expansión del SIDA y recomienda reformas inmediatas y drásticas del régimen de prohibición mundial.

El Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, aseguró que «por el camino que vamos (la represión), a lo que nos va a conducir es a que toda América Latina sea lo que hoy día es México». Y agregó que si no se quiere llegar a eso, los países de la región deben legalizar al menos las drogas blandas.

En medio del debate, Uruguay optó por tomar la iniciativa y llevar su política de drogas a otro nivel. Aunque el porte y consumo personal de marihuana en ese país no es penalizado, la semana pasada la administración de José Mujica optó por aplicar un modelo que pretende controlar el mercado y reducir la violencia y los efectos nocivos para la sociedad del consumo de drogas duras. Por eso, ya encaminó su proyecto para legalizar la marihuana.

-Alguien tiene que ser el primero –dijo Mujica al diario O Globo de Brasil.

El modelo que pretende aplicar el Ejecutivo uruguayo es distinto a cualquier otro que se haya planteado en la región: plantea la existencia de un registro de consumidores y la puesta en marcha de puntos de distribución administrados por el mismo Estado. Para Mujica, es una forma de “blanquear” el mercado de estupefacientes, quitarle un importante margen de ganancia a los traficantes, frenar la violencia generada por la prohibición y disminuir el consumo problemático de drogas duras e indiscutidamente más nocivas, como la pasta base. El proyecto resulta rupturista porque asume el problema del narco no sólo como un tema de seguridad, sino que también como uno de salud pública.

El debate en Uruguay está más encendido que nunca y, para que el proyecto sea realidad, deber tener el vamos del legislativo. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ya le advirtió que seguir adelante con ese plan implicaría la violación de su convención sobre el control de estupefacientes.

No está claro aún si la respuesta a los problemas del narcotráfico en Latinoamérica es la legalización. Si llegase a aplicarse la medida en Uruguay, su experiencia podría ser analizada y considerada por los demás países de la región. Lo interesante es que el debate se ha instalado en América Latina. En Chile, todos los intentos que han apuntado a la despenalización han fracasado, aun cuando es el segundo país del cono sur en el ranking de consumo per cápita de marihuana y cocaína.