Lapidario informe parlamentario: Mineduc lleva décadas sin fiscalizar la educación superior

Descargue el documento con las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora

No solo hay universidades que demostradamente lucran; tan importante como eso es que ese lucro se ha hecho y se hace gracias a que el aparato fiscal renunció a fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe. Estas son las dos principales acusaciones que contiene el informe que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el “Funcionamiento de la Educación Superior”, presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda, preparó luego de 24 sesiones y después de recibir –desde su creación en agosto de 2011– a más de 70 invitados entre los que no se contó ninguna universidad privada, no porque no las hayan invitado, sino que porque prefirieron no participar.

El informe, que será dado a conocer en las próximas horas y cuyas conclusiones CIPER adelanta en este artículo (ver conclusiones de los parlamentarios), recoge los casos de la venta a inversionistas internacionales de las universidades Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás y Uniacc. El documento también describe las estructuras societarias que hay detrás de la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar, explicando que se trata de una arquitectura de “sociedades espejo” a través de las cuales se puede trasgredir la prohibición expresa de que las universidades no deben lucrar.

Junto con eso, la Comisión acusa la indolencia con que ha actuado el Fisco frente al negocio de las instituciones de educación superior. Esta “industria”, como la llama el informe, funciona “cuasi totalmente desregulada” y tuvo en 2009 “un volumen de negocio del orden de 2,4% del PIB ($2,4 billones, de los cuales las familias financiaron $1,6 billones)”.

La desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe esencialmente a la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La Comisión precisa que durante los 30 años que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, ni el Ministerio de Educación ni la División Superior de Educación ni la Comisión Nacional de Acreditación han realizado “alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones que han lucrado con ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación”.

En ese punto el informe se refiere, entre otros casos, a dos ventas de universidades que se difundieron públicamente: la compra que hizo en 2000 la empresa norteamericana Sylvan International Universities que adquirió la Universidad de Las Américas (UDLA) en US$ 26 millones; y la compra que la misma Sylvan – hoy se llama Laureate International- hizo en 2003, al adquirir el 80% de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) en US$ 37 millones.

Ambas transacciones fueron comentadas en los medios de comunicación y Laureate las describió como “compras” y “adquisiciones” en sus informes ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, la agencia que tiene la responsabilidad principal de regular y hacer cumplir las leyes federales de valores (vea el reporte de Sylvan por la compra de UDLA en la página 17 y la compra de la UNAB en la página 49).

Ambos reportes han estado disponibles en la web, sin que el Ministerio de Educación, durante casi una década los haya mirado para pedir explicaciones respecto a cómo se vende y genera utilidades algo que según la ley no tiene lucro.

¿POR QUÉ NO INVESTIGARON?

En un reportaje de agosto de 2011 CIPER consultó a cuatro ex ministros de Educación de los gobiernos de la Concertación que estuvieron en ejercicio cuando estos balances estaban disponibles. ¿Por qué no investigaron?

Mariana Aylwin, ministra entre el año 2000 y 2003, señaló: “No es que no hayamos sabido que eso existió, yo creo que todos saben que existió, lo que pasa es que se ajustaba a la ley. Además, la información que llega al Ministerio se refiere a los cambios de estatutos, y aquí lo que hubo fue un cambio de socios. Y no hay en la legislación vigente la obligación de que se informe eso al ministerio. Es un tema muy difícil de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se hicieron cumplieron con la ley. No hubo retiro de excedentes sino que hubo cambio de socios, y la verdad es que en ese momento nuestra preocupación fundamental tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara la calidad”.

Sergio Bitar, jefe de la cartera entre el 2003 y 2005, afirmó: “En los análisis que hicimos no había forma legal de contener aquello. Hice varias denuncias públicas que había que detener esto porque estaba violando el espíritu de la ley. Incluso en un momento pensamos en hacer alguna acción judicial. Pero en ese tiempo la preocupación era la ley de acreditación de calidad y ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades”. Y concluye: “No había bases legales para poder actuar, no había mucho sustento si no cambiábamos las leyes.”

Martín Zilic, quien asumió el 11 de marzo de 2006 y solo estuvo cuatro meses en el cargo, dijo que se reunió con todos los rectores de las universidades privadas para explicarles que “había que hacer un cambio de la legislación, porque hoy se estaba torciendo y trasgrediendo la ley en una forma legal. Hoy día sigue así. Esto no sólo le compete al ministerio, cualquier persona podría haber ido a los tribunales de justicia y haber dicho ‘mire sabe que…’ El problema es que la forma como se hace está muy bien pensada para evadir la ley”.

Yasna Provoste, quien estuvo dos años en esa cartera desde 2006, comentó: “Lo más probable es que esto haya quedado radicado en la División de Educación Superior y por lo menos a mí en ese momento no se me comentó nada. Además, durante mi período nosotros estuvimos radicados una buena parte de nuestro tiempo a la reforma legislativa en el Parlamento, producto de la derogación de la LOCE, entonces yo por lo menos no tuve conocimiento. Ni el jefe de la División de Educación Superior ni la subsecretaria me informaron porque tú comprenderás que el ministro no está viendo por Internet las cosas. No son esos sus canales de información habituales”.

Las explicaciones de los ministros son enfrentadas y contradichas por el informe de la comisión parlamentaria que insiste en que existan normas para fiscalizar el lucro y que esa responsabilidad recaía sobre los ministros de educación. “En opinión de la Contraloría y del ministerio de Justicia y de esta comisión investigadora corresponde al Mineduc ejercer este control”, dice el informe.

Pero el reclamo parlamentario no se detiene ahí: también se afirma que el Mineduc falló en exigir antecedentes a las instituciones para la transparencia del sistema. “El Mineduc no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo, respecto a los conflictos de interés existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de la omisión de antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, de sus balances o de cuestiones relativas a publicidad engañosa”.

Los diputados agregan en su informe: “Esta Comisión Investigadora, una vez analizados los antecedentes y escuchados los planteamientos del Contralor General de la República, al Ministro de Justicia así como expertos en la materia, se formó la convicción que conforme a la ley y normativa vigente, es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas”.

LAS CRÍTICAS AL DISEÑO DEL SISTEMA

El abandono de las facultades fiscalizadoras produjo que se viera frustrada una gran oportunidad para el país. Según describe el informe, mientras se producía una “formidable expansión virtual de la universalización de la cobertura de la educación superior…” también creció el número de jóvenes endeudados “con títulos universitarios de muy bajo valor en el mercado laboral que no logran compensar el esfuerzo realizado hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y sus familias que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de frustración, impotencia y rabia”.

En las críticas al diseño general, la comisión repara también en una de las grandes paradojas del sistema chileno: a los jóvenes pobres el Estado no les dio una beca para estudiar, sino que optó por endeudarlos. “Las becas no son para los alumnos que más las necesitan, pues no cumplen con las exigencias de los 550 puntos en la PSU”. Por ello, el 14% del primer quintil (los más pobres) acceden a la PSU mientras que el 42% de los que tienen CAE son de ese quintil.

Esta constatación lleva a la comisión a sostener que la vía de solución pasa por hacer que el Estado haga su tarea. “El Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación”.

Aunque no están contenidas en el documento al que tuvo acceso CIPER, el informe de la Comisión incluye cerca de 50 propuestas para «modificar sustantivamente» el sistema de educación superior, «de modo tal que se le pueda garantizar a todos nuestros jóvenes una educación superior de calidad, a costos razonables de financiamiento mixto y dónde no haya joven en Chile con capacidad y deseos de estudiar que quede fuera del sistema por falta de recursos para ello». El detalle de esas propuestas debería conocerse en cuanto la Cámara haga público el informe íntegro en las próximas horas.

El texto cierra con una petición al gobierno que a la vez es un desafío: «Antes de seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley que el gobierno está enviando a este Congreso y, a la luz de 30 años de vigencia de un sistema de educación superior que está demostrando sus deficiencias, abusos e inequidades, solicitamos al gobierno que suspenda la tramitación de los proyectos de ley que están en el Congreso por un período de 60 días y que, en el mismo plazo, entregue su posición formal a cada una de estas propuestas y toda su batería de medidas y de proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de educación superior para el Chile del mañana».