¿Qué ha hecho Chile para garantizar los derechos de las personas con discapacidad?

El 29 de julio de 2008 Chile ratificó la “Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad” junto al Protocolo Facultativo, como cuerpo normativo y operativo que rige para todos los países adherentes. La firma de ese tratado internacional representa un hecho histórico ya que involucra a un centenar de países del orbe que se comprometen a “…promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad”.

Más que un cambio paradigmático, dicha convención constituye un avance profundo en la concepción del ser humano y la responsabilidad que convoca a la comunidad internacional en la reconstrucción social, en donde prime la equidad y la no discriminación social en todas sus formas y con medidas concretas. Tal como se expresa en el tratado de la convención, los estados adheridos adoptarán y aplicarán las medidas necesarias en torno a las leyes y políticas para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad en cada país.

El cuerpo normativo que acompaña al convenio internacional (“Protocolo Facultativo”) cumple un rol fundamental: es un “libro abierto” que permite que las personas con discapacidad, o sus representantes, tengan la oportunidad de denunciar atropellos discriminatorios y hacerlos llegar a un Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dará validez jurídica a cada evidencia de mal trato y/o discriminación. A esto se apela, señales potentes y responsables frente a las personas con discapacidad para que estén en conocimiento de sus derechos, avalados por la comunidad internacional.

Para vuestro conocimiento, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), debió enviar al menos a fines de 2010 un informe evaluativo de las acciones realizadas en pro de las personas con discapacidad en el marco del convenio que Chile firmó, haciendo un recuento de lo efectuado.

La travesía de este documento evaluativo, exigido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha sido impresionante. El SENADIS envía tardíamente un borrador al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), y allí permanece y es corregido para que cumpla con los estándares internacionales y se hace llegar al Ministerio de Desarrollo Social el 11 de enero de 2012, donde actualmente se encuentra según informó el director de Derechos Humanos de la Cancillería.

Esta evaluación del desarrollo, aplicación e implementación de las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, debe volver al MINREL, entidad que tramitará su entrega oficial a la ONU. Estamos hablando de casi dos años de un vergonzoso atraso acompañado de la nefasta burocracia que aún caracteriza a nuestro país.

Estos son los hechos que la ciudadanía debe conocer y su real trascendencia. Los voceros de gobierno persisten en señalar con propiedad sobre el respeto a las diferencias, la igualdad de oportunidades, los derechos de las personas y un sin número de frases que sólo oscurecen una verdad innegable: el desamparo, la falta de conciencia social, la discriminación comprobada, la violencia, aún presente y absolutamente visible para quienes son considerados “diferentes”.

Hemos sido testigos de innumerables casos, en notas televisivas, que dan cuenta de la constate vulneración de los derechos de niños, jóvenes y adultos con discapacidad en torno al acceso a la educación, salud, rehabilitación, trabajo y accesibilidad a los espacios públicos.

Las organizaciones de y para las personas con discapacidad se encuentran esperando que se dé cuenta oportuna y pública de las acciones en torno al mandato de la Convención Internacional de la cual Chile, con su firma, adquirió responsabilidades y compromisos.

Entonces, ya tenemos un tratado internacional que cumplir como país y nada de ello es conocido tras dos años de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El atraso es evidente y aún la sociedad civil y las organizaciones que se preocupan de personas con discapacidad esperan sus resultados y lo fidedigno de este informe. Corresponde preguntarse: ¿qué nos señalará dicho reporte que exige la ONU? Esta respuesta sólo se conocerá cuando se haga público a la ciudadanía conforme a la bases de la convención internacional.

Es responsabilidad de Estado de Chile y más aún del Presidente cumplir lo prometido y respetar los tratados internacionales, cuestión que no se vislumbra hasta ahora. Este es un de los tantos llamados de atención a las autoridades de gobierno para que de una vez por todas cumplan con lo prometido. Y si hablan de eficiencia, se demuestre con hechos y no discursos engañosos.

(*) Gina Basso Basso es docente especialista de la Universidad de Chile, consultora de proyectos sociales y asesora profesional de organizaciones de y para personas con discapacidad.