Conflictos de interés en el Congreso: ¿El gato a cargo de la carnicería?

Aumentar la transparencia en la relación entre el dinero, la política y las políticas públicas exige un aumento de conciencia, regulación, sanción y, por sobre todo, asegurar que las sanciones se cumplan ante la toma de decisiones en presencia de conflictos de interés. No basta con crear leyes ya que una cosa es que la ley diga algo y otra muy distinta es que se cumpla, como lo muestra el comportamiento de nuestro Congreso en este tema.

A pesar de que inicialmente fue voluntario, desde 1999 la Ley 18.918 estableció, primero, la obligatoriedad para los parlamentarios de realizar declaraciones de patrimonio e intereses al asumir su investidura. Segundo, que declarasen la existencia de conflictos de interés a la hora de emitir juicios y promover proyectos de ley en el hemiciclo. Y tercero, la prohibición de votar en temas en que el parlamentario tenga conflictos de interés.

“Hasta noviembre del 2011, 25 honorables no declaraban completamente sus intereses. ¿Cuántos han recibido alguna sanción? Ninguno.”

Sin embargo, no basta con crear una normativa para que ésta se cumpla. Deben existir, por un lado, sanciones que generen algún costo por no cumplirla y, en segundo lugar, mecanismos que aseguren que las sanciones se hagan efectivas. El problema es que en Chile esta ley no sólo no es lo suficientemente clara y fuerte en sus sanciones, sino que las pocas prohibiciones no se cumplen. La pregunta es ¿por qué? Porque la normativa tiene incentivos mal puestos: tiene al gato a cargo de la carnicería.

¿Quién vela porque se cumpla la ley y se apliquen las sanciones en el Congreso ante conflictos de interés de sus miembros? ¿Los tribunales de justicia? ¿Algún ente externo e independiente? No: la Comisión de Ética de cada corporación. ¿Y quién conforma esa comisión? Alguien independiente creerá usted. No, los mismos parlamentarios. Bueno, creerá usted que al menos serán parlamentarios intachables desde el punto de vista de la declaración de intereses. Lamentablemente NO. De hecho, según el trabajo del sitio web inspectordeintereses.cl, a noviembre de 2011 en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados ¡tres de sus ocho miembros no habían declarado completamente sus intereses!

¿Qué autoridad va a tener una comisión para sancionar a quienes no declaren bien intereses si sus propios miembros no lo hacen? Y aunque todos tuvieran completamente declarados sus intereses, ¿qué incentivo tiene un comité formado por parlamentarios de sancionar a sus pares? Muy pocos. Esto es literalmente que el gato esté a cargo de la carnicería.

Más aun, hasta noviembre del 2011, 25 honorables no declaraban completamente sus intereses. ¿Cuántos han recibido alguna sanción? Ninguno.

“La ley dice que “los parlamentarios no podrán votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”. De acuerdo a inspectordeintereses.cl, sólo desde 2010 se han escrutado 418 votos con potenciales conflictos de interés.”

Lamentablemente el tema más grave no es éste. Es la falta de conciencia y sanción para quienes, habiendo declarado sus intereses, influyen e igual votan en proyectos en los que tienen conflictos, sin sanción alguna. Esto es grave pues nuestras leyes y políticas públicas pueden terminar creándose y aplicándose influenciadas por intereses particulares y no por la búsqueda del bien común, cuando los parlamentarios que las votan lo hacen pensando en su bolsillo.

La ley dice que “los parlamentarios no podrán votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos”. Sin embargo, no se establecen sanciones por votar teniendo intereses, y obviamente por ello a la fecha no ha habido una sola sanción por votar teniendo conflictos de interés. Y no es que haya pocos casos: de acuerdo a inspectordeintereses.cl, sólo desde 2010 se han escrutado 418 votos con potenciales conflictos de interés. A nuestro juicio, una ley que prohíbe algo, pero que no establece sanciones si no se cumple, es peor que no tener ley, ya que “lava las manos” a quienes la promovieron y desvía la atención a otros temas cuando el problema sigue igual de latente.

¿Cómo mejorar este problema? Se requiere con urgencia, una institucionalidad que obligue efectivamente a los parlamentarios a declarar cabalmente sus intereses, y a inhabilitarse de tener conflictos, con penalidades claras y disuasorias. Que exista fiscalización y sanción por parte de un ente independiente al Congreso. Finalmente, que la comunidad se informe y empodere, denunciando situaciones de conflictos y empujando para que existan sanciones reales por votar e influir en leyes y políticas teniendo conflictos de interés.

A pesar de haber logrado avances en la regulación de los conflictos de interés en el papel, un mal diseño de incentivos, inexistencia o insuficiencia de sanciones y una falta total de lograr que las reglas se cumplan, dejan los avances legales en letra muerta. No basta con hacer leyes y reglamentos, hay que hacerlos respetar.