Punta Peuco I: La fallida operación de inteligencia de Álvaro Corbalán

Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña «Documentos asociados».

En mayo del año pasado, personal de Gendarmería detectó una operación de inteligencia en la cárcel de Punta Peuco. Estaba diseñada por el oficial de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y ex integrante del Comando Conjunto, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en la dictadura de Augusto Pinochet.

El hecho fue relatado a CIPER por funcionarios de la institución que pidieron reserva de su identidad. La operación tenía como pieza central un documento que fue incautado en la celda de Corbalán, en el Módulo 1 del penal, y cuyo destinatario era el Presidente Sebastián Piñera.

En el memorando de 10 páginas, al que CIPER tuvo acceso, Corbalán le expresaba al Mandatario la intención de colaborar con su gobierno desde la cárcel para evitar que regresara nuevamente la Concertación al poder. «El voluntario apoyo que progresivamente se propone, será entregado a partir de esta fecha (mayo 2011) y tiene como único objetivo hacer llegar un aporte en beneficio que a este gobierno le vaya lo mejor posible y que no volvamos a caer en las manos de la Concertación», escribió.

Corbalán sugirió en su escrito vías para neutralizar políticamente a Michelle Bachelet y esbozó estrategias para detener “la acción subversiva” en La Araucanía y de los grupos anárquicos. Aunque no explicitó esas vías en su escrito, no es un misterio cuál es su estilo en materia de inteligencia. Quedó estampado como una marca de fábrica en la Operación Albania (junio de 1987) donde 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron detenidos por la CNI en distintos lugares, luego fueron asesinados y trasladados a un sitio donde se hizo creer que habían muerto combatiendo contra los CNI.

Disfrazar como una batalla lo que fue una masacre: esa era su rúbrica.

Junto con el general (r) Manuel Contreras y otros miembros de la DINA, como los oficiales de Ejército, Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza, Corbalán es uno de los militares con más condenas por violaciones a los derechos humanos. Tiene cadena perpetua por el homicidio calificado del carpintero Juan Alegría Mundaca (asesinado el 11 de julio de 1983 y cuya muerte fue presentada como el suicidio del homicida del líder sindical Tucapel Jiménez), además de las condenas por el homicidio calificado de la joven militante del MIR Paulina Aguirre (asesinada el 29 de marzo de 1985, la misma noche en que mataron a los hermanos Vergara Toledo en Villa Francia); por la muerte del periodista y dirigente del MIR José Carrasco Tapia (asesinado el 8 de septiembre de 1986) y por los 12 homicidios de la Operación Albania.

Según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a la fecha Corbalán suma además una condena en primera instancia como autor de cuatro homicidios calificados, tres acusaciones por homicidios y secuestros calificados y cuatro procesamientos, entre ellos, uno por torturas en contra del diputado Sergio Aguiló (diciembre de 1981).

Un aspecto muy delicado del documento que le incautaron a Corbalán, son los detalles que el ex agente menciona sobre las vidas privadas y profesionales de los funcionarios de Gendarmería que lo custodian en Punta Peuco. Corbalán da pruebas de conocer la vida íntima de oficiales de alto rango en Gendarmería e incluso del director nacional, Luis Masferrer, datos que son presentados tal como se hacía en los dossier de quienes eran objeto de seguimiento por las brigadas de la CNI.

Corbalán se apoya en estos antecedentes para sugerir que se destine en puestos estratégicos a funcionarios de lealtad confirmada con el nuevo gobierno. Uno de ellos es Eduardo Muñoz Bravo, alcaide de Punta Peuco en 2009 y actual asesor del subdirector operativo de Gendarmería. Corbalán lo retrata como «el mejor elemento de la institución», propone que sea reclutado por la Agencia Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior (ANI) y que además trabaje cerca del director nacional Masferrer, informándole de lo que pasa al interior del servicio.

Los funcionarios que denunciaron la existencia de esta operación de Corbalán a CIPER, sostienen que mientras Muñoz Bravo estuvo a cargo de Punta Peuco tuvo muy buenas relaciones con el ex agente de la CNI. Por eso, no les resultan extraños estos elogios y tampoco los que le prodiga a Emilio Alfaro -primo de Muñoz Bravo y actual asesor de Masferrer- a quien Corbalán califica como “alguien indispensable y de total confiabilidad”.

Dentro de los funcionarios mal catalogados por el prisionero de Punta Peuco, está el coronel Heriberto Muñoz Díaz, ex jefe del Departamento de Seguridad de Gendarmería. Según las fuentes consultadas por CIPER, mientras el coronel Muñoz estuvo en ese cargo, ordenó que los militares presos fueran esposados a sus controles médicos en el Hospital Militar, tal como lo fija el procedimiento de Gendarmería para el traslado de todos los presos comunes. La medida fue rechazada por los ex militares y en 2011, durante la visita que hicieron ministros de la Corte de Apelaciones a Punta Peuco, alegaron que se trataba de un trato “innecesario y humillante”.

Corbalán le escribió a Piñera que el coronel Heriberto Muñoz no reunía las condiciones necesarias para el puesto de jefe del Departamento de Seguridad. Meses después de la incautación del documento, el funcionario fue desvinculado de Gendarmería.

Los miembros de la institución que hablaron con CIPER creen que la sugerencia de Corbalán fue uno de los motivos de su salida. CIPER solicitó en reiteradas oportunidades una entrevista con Luis Masferrer, pero la Dirección de Comunicaciones de la institución indicó que el director no se referiría al tema.

VOCES DEL PASADO

No está claro qué efectos tuvo al interior de Gendarmería el documento de Álvaro Corbalán. Pero algo debió pasar. Sobretodo por la cantidad de información altamente privada sobre el propio director (Masferrer) y altos mandos de la institución. Pero también debieron haber leído la parte del documento en que Corbalán señala que un senador de la alianza oficialista debía servir de correo para comunicaciones futuras. Consultado por este medio, dicho parlamentario negó tener conocimiento del documento como asimismo cualquier interés del gobierno de recibir esta asesoría: «Decir que el Presidente Piñera esté interesado en algún informe de inteligencia del señor Corbalán, es falso».

Lo que sí es un hecho es que éste no fue ni el primero ni el último intento de los presos de Punta Peuco por volcar a su favor las decisiones del gobierno de Piñera. Para ellos, es durante esta administración que se les presentan las mayores opciones de obtener beneficios, los que, según insisten, les fueron negados en los gobiernos de la Concertación.

A esta última estrategia de Corbalán hay que sumarle otras iniciativas fallidas, como fue el intento de obtener el indulto presidencial durante el Bicentenario, ofensiva en la que contaron con el respaldo de la Iglesia Católica y que incluyó un comunicado donde ex oficiales de Ejército anunciaron una huelga de hambre en Punta Peuco, la que finalmente nunca se concretó.

Tras ese fracaso, los presos y uniformados pinochetistas y nacionalistas, agrupados en la Corporación 11 de Septiembre – fundada por el propio Álvaro Corbalán en 1999- instauraron el “Día del Preso Político Militar”. La idea fue azuzada desde la cárcel por Corbalán, quien- según señalan funcionarios de Gendarmería y otras personas que visitan con cierta regularidad Punta Peuco- recibe constantemente la visita del presidente y vicepresidente de la Corporación 11 Septiembre: los oficiales en retiro Juan González Fernández (ex integrante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, BIE) y Gastón Frez (ex ministro de ODEPLAN de Pinochet), respectivamente.

Las reuniones «estratégicas» Corbalán las realiza allí y en el Hospital Militar, establecimiento al que llega frecuentemente y que se ha convertido para el ex jefe operativo de la CNI en un espacio de cierta libertad que le ofrece las regalías que no tiene en la cárcel: recibe visitas todos los días y a cualquier hora (en Punta Peuco sólo miércoles y fines de semana) y tiene libre disposición del teléfono.

CIPER fue testigo de ello el pasado 14 de diciembre, cuando el ex agente de la CNI celebró su cumpleaños 61 en el pensionado del hospital. Lo visitaron algunos amigos y su esposa, una modelo argentina con la que se casó en Punta Peuco en 2009 y con quien tiene hijos. Corbalán se pasó el día riendo, festejando y tocando guitarra mientras dos gendarmes armados custodiaban desde el hall del pasillo.

Desde la cárcel y el hospital, Corbalán coordinó en 2011 el documental “Pinochet” que fue estrenado en Miami el 10 de marzo pasado en el Festival Internacional del Gran Cine Hispanoamericano (FIGCH), organizado por la Federación de Editores Hispanos integrada en su mayoría por cubanos anticastristas. La película, respaldada por la Corporación 11 de Septiembre y la Unión de Oficiales en Retiro de la Defensa Nacional (Unofar), ganó el premio “Hispania de Oro” al mejor documental 2012 y es una oda a una de las dictaduras más condenadas de Latinoamérica.

Esta mirada complaciente e interesada sobre el pasado no es una característica sólo de Punta Peuco y del mundo del pinochetismo. Basta recordar que a fines del año pasado, el Ministerio de Educación se involucró en una polémica que parecía extemporánea: se decidió oficialmente usar en los textos escolares la expresión «gobierno militar» en vez de la palabra «dictadura», para referirse al periodo de Pinochet. La decisión, que terminó siendo reconsiderada, da cuenta de una de las almas de la coalición que gobierna y que tiene en el alcalde de Providencia Cristián Labbé, a su más desembozado defensor. Poco antes de ese episodio, Labbé organizó en su comuna un homenaje a Miguel Krassnoff, otro ex agente de la DINA, recluido en el Penal Cordillera, y que debe cumplir más de 100 años de encierro por delitos de lesa humanidad.

A esa alma lo que dice Álvaro Corbalán le produce nostalgia.

CÁRCEL PARA UNOS POCOS

Según la última actualización de la Base de Datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en septiembre de 2011 había 249 agentes de la dictadura condenados en última instancia por violaciones a los Derechos Humanos. De ellos, 177 gozan de libertad vigilada o remisión condicional de la pena, tres de libertad condicional y sólo 64 cumplen presidio efectivo. De los 64 uniformados condenados, 49 están en el penal especial de Punta Peuco, nueve en el Penal Cordillera y los seis restantes cumplen condena en cárceles comunes fuera de Santiago (donde han sido trasladados a petición de ellos para estar cerca de sus familias).

De los 49 represores que actualmente cumplen condena en Punta Peuco, 25 son miembros del Ejército, 20 pertenecen a Carabineros, uno a la Marina y tres forman en las filas de los agentes civiles de los organismos de seguridad (Vea las fichas de todo los condenados en Punta Peuco en la pestaña «Documentos asociados»). Si bien durante el actual gobierno ninguno de ellos ha conseguido el indulto ni tampoco la amnistía, sí lograron mejorar su situación obteniendo beneficios intrapenitenciarios en los últimos dos años.

CIPER accedió a través de la Ley de Transparencia a las solicitudes de salida dominical realizada por los internos de Punta Peuco durante 2010 y 2011. En 2010 los ex militares solicitaron en 36 oportunidades la salida dominical y dos veces la salida de fin de semana, mientras que el 2011 las solicitudes dominicales se elevaron a 100, las de fin de semana a cinco y se agregaron dos peticiones de salidas controladas al medio libre.

Los informes del Consejo Técnico entregados por Gendarmería a CIPER (ver Consejo Técnico 2010 y 2011) dan cuenta que entre febrero y diciembre de 2010 se otorgó la salida dominical a cuatro internos mientras que de enero a octubre de 2011, nueve uniformados condenados fueron beneficiados con la salida dominical y tres con la de fin de semana.

En la mayoría de las peticiones los presos esgrimen solo argumentos legales, pero hay algunos que reflexionan sobre el pasado y en un tono que está lejos de los homenajes del alcalde Labbé. Así se lee, por ejemplo, en la solicitud hecha el 1 de marzo del 2011 por Alejandro Sáez Mardones, uno de los carabineros presos por el Caso Degollados.

“Cuando en el año `85 ocurrieron los hechos que he lamentado desde el momento mismo de su ocurrencia, el país vivía una etapa de conflictos políticos y sociales que no me permitió visualizar la diferencia entre opositores políticos y enemigos del régimen militar del cual yo serví como miembro de Carabineros de Chile. A su vez, el grado de cabo que tenía en la institución no me permitía desmarcarme de las órdenes que se me daban. Evidentemente es cierto que un cabo de Carabineros no tenía ninguna posibilidad de representar una orden a un superior jerárquico, y lo más posible es que si así lo hubiese hecho, me habría costado la vida. No obstante, señor Alcaide, no hay que olvidar que también el paso del tiempo ha permitido que pague mi condena en su totalidad. No he visto crecer a mis hijos, ni hoy a mis nietos”.

Pese a la influencia que aún poseen algunos de estos presos, es indudable que el encierro ha mellado el ánimo de los hombres que creyeron que serían recordados como héroes. Los que más se resisten a aceptar su situación son los que se vanaglorian de haber sido leales a Pinochet pese a que éste jamás reconoció las órdenes que le dio a los aparatos represivos que él controlaba.

Álvaro Corbalán es uno de ellos. Lloró la muerte del general en Punta Peuco en diciembre de 2006 y escribió un libro sobre las anécdotas que vivió con él. Pese a su prontuario, Corbalán sigue pensando que fue un gran soldado. Tal vez incluso un héroe. En el libro que escribió sobre sus encuentros con Pinochet, el ex jefe operativo de la CNI habla de sí mismo en estos términos:

“Corbalán fue el Agente Secreto con mayor cantidad de cursos y especializaciones, hizo toda su carrera militar en el área de inteligencia, cumplió delicadas misiones de Seguridad Nacional en el extranjero y el día que se conozcan los detalles de ella, será admirado y respetado por todos los chilenos, sin distinciones políticas”.

El ex subdirector de la PDI, Luis Henríquez -que en los inicios de los ’90 investigaba las primeras causas de derechos humanos- recuerda que durante los interrogatorios, Corbalán en vez de dar su nombre entregaba su número de matrícula militar: “Así trataba de decirnos que él era un prisionero de guerra”. Ahora, cuando los jueces van a la cárcel a interrogarlo, da su nombre y les lanza una que otra frase altanera mientras los recibe vestido de impecable terno, colleras y una piocha del Ejército en la solapa de su chaqueta.

Al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza le ha dicho que a él le debe sus ascensos en el Poder Judicial. Y a otro de los integrantes de esa misma corte, el ministro Joaquín Billard, le dijo en Punta Peuco que la próxima vez que viniera a tomarle declaración iba a haber una alfombra roja en la entrada “pero no para recibirlo a usted, sino porque yo me voy a retirar”.

Desde que está preso, Corbalán adquirió la costumbre de enviar costosas tarjetas navideñas al exterior, las que manda a confeccionar especialmente y en las que vierte algunas de sus frases para la historia. Destinatario principal de éstas fue el propio Pinochet, además de militares y amigos del espectáculo, del Poder Judicial, políticos y sacerdotes. En la que envió en diciembre del 2011, el ex agente de 61 años se muestra debilitado:

“No he podido estar peor, pero es el único tiempo con que cuento y sabiendo sufrir, se sufre menos. Me han lastimado, pero nunca pudieron usarme para herir a mis subalternos y con decepción, he comprobado en los hechos, que una gran mayoría de mis superiores decidieron no optar por la valentía. Nos ordenaron combatir a gente que no conocíamos, y nos adjudicaron responsabilidades individuales que no se asumieron por las cúpulas que dieron la orden. Con ningún otro ser humano he tenido más problemas que conmigo mismo. Vivo en la insurrección permanente de mis cinco sentidos y soy dueño de tan poco… cada día menos. Cuesta conocer la palabra tragedia, pero Punta Peuco facilita las cosas, este Punta Peuco que uno no sabe si es origen o fin”.

Tras el fracaso de su intento de conseguir el indulto Bicentenario, Corbalán debió tener claro que Punta Peuco es el fin. Al menos el suyo. Es probable, entonces, que su operación de 2011 solo pretendiera garantizar una custodia de Gendarmería de confianza que le permitiera alivianar sus días. Aunque también pudo querer dejar sobre la mesa presidencial la oferta de una «experticia» que no pasa de moda; entreabrir la puerta de ese sótano que es Punta Peuco y mostrar los métodos y las convicciones que están encerrados ahí, por si la historia los convoca de nuevo. Una rendija que se abre cuando la Alianza gobernante no está del todo convencida sobre cómo llamar a la dictadura ni cuestiona decididamente el homenaje que hizo el alcalde Labbé a Krassnoff.

Pero el sótano de Punta Peuco no se puede entreabrir sin que de inmediato se asomen los habitantes de esa cárcel. En sus rostros envejecidos se ocultan las atrocidades que cometieron. CIPER investigó durante varios meses la vida de los hombres encerrados en Punta Peuco y de sus familias. Ellos no son los que se beneficiaron con la violencia de esos años, sino los pocos que pagaron: los más brutos y violentos. Los que actuaron por miedo, por obediencia o por sus sicopatías, pero sin saber el plan global donde las atrocidades que cometían eran sólo un engranaje más. Tal vez el mejor ejemplo de eso es Osvaldo Guatón Romo.

Próximo reportaje: Los diarios del Guatón Romo

* Esta investigación fue financiada por el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS – PERÚ).