Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha II: El Imperio de la U. del Mar

Vea la primera parte de este reportaje: «Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato».

A comienzos de esta semana la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), recibió una noticia dura para sus alumnos, pero sobre todo para sus propias arcas: la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) decidió rechazar en una segunda instancia la acreditación de esa universidad. Cualitativamente eso significa que la UNIACC no cumple con los estándares que ese organismo exige a las casas de estudio. Cuantitativamente implica que los alumnos que ingresen este año, el próximo y los siguientes (hasta que la universidad logre pasar la barrera), no tendrán acceso al Crédito con Aval del Estado, el CAE. Eso implica dejar de recibir mucho dinero. La UNIACC estuvo acreditada entre 2005 y 2010 y en ese periodo se les concedieron a sus alumnos cerca de mil créditos, por un monto total de $ 1.666 millones.

El dictamen de la CNA es durísimo en varios aspectos y por eso muchos piensan que aunque la UNIACC apeló ante el Consejo Nacional de Educación (CNED), es poco probable que la decisión cambie. Académicamente la CNA le criticó que tiene importantes niveles de deserción y bajos niveles de titulación: que carece de una política de admisión selectiva y tiene una alta “permanencia de estudiantes en programas de estudios», léase repitencia. Repara también en un aumento de la oferta de cursos de e-learning sin que se tenga “claridad de que la institución cuenta con capacidad suficiente para desarrollar programa de calidad bajo esa modalidad”.

La parte medular del dictamen tiene que ver con los dineros y la estructura societaria de la UNIACC, temas en los que la CNA no se mete normalmente. Tras revisar los estados financieros de 2008, 2009 y 2010, el ente fiscalizador afirma que la situación económica y financiera de la UNIACC “es riesgosa”. Detecta que el patrimonio de la UNIACC sufrió un fuerte descenso pasando de $ 8.037 millones a $ 3.938 millones, lo que implica una baja de un 51%. Esta pérdida llama la atención pues la UNIACC hizo traspasos de dinero por un monto similar ($5.507 millones) a una sociedad anónima relacionada con la universidad: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC). La CNA entiende este traspaso como una deuda del instituto con la universidad, dinero que fue entregado en condiciones perjudiciales para esta última pues no genera intereses y no tiene plazos para la devolución.

Dice la CNA: «La deuda del instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)» Y reitera: Las condiciones del préstamo «significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor».

Según especialistas consultados por CIPER, el escenario descrito por la CNA responde a una de las formas clásicas a través de las cuales las universidades esquivan la prohibición que tienen de lucrar: si bien la ley les impide tener beneficios económicos, no les impide realizar malos negocios con empresas relacionadas que sí pueden lucrar.

Lo llamativo del dictamen es que por primera vez una práctica como esa es descrita en detalle y usada por la CNA como argumento para no otorgar la acreditación e impedir el acceso a los dineros del sistema CAE.

Al contrario, en 2010, cuando su presidente era Eugenio Díaz Corvalán la CNA acreditó a todas las instituciones que se pusieron frente a su ojo avizor: 16 universidades, 5 Centros de Formación Técnica y 10 Institutos Profesionales. Cada una de estas instituciones recibió al menos un año de acreditación. Los casos más llamativos fueron los de las universidades Tecnológica Metropolitana (UTEM), Arcis, Pedro de Valdivia y la Universidad del Mar, las cuales nunca habían logrado antes pasar esta prueba.

Un consejero de la CNA que prefiere no identificarse, recuerda que en esa ola de 2010, Eugenio Díaz, presionaba en las sesiones para acreditar a las instituciones.

-Cuando algunos nos oponíamos a una acreditación, Díaz nos acusaba de que desconfiábamos de las universidades privadas -dice el consejero.

¿El dictamen de la UNIACC marca un cambio en la línea de la CNA?
Algunos lo creen así y lo atribuyen al efecto del escrutinio público. Lo que antes decidían sin que nadie reparara en ello, tras el movimiento estudiantil del 2011 empezó a ser mirado con mucha más atención. “Acreditaciones como la de la UPV no podrían repetirse hoy”, dice un ex consejero. Otro afirma que también puede haber influido la llegada de Íñigo Díaz a la presidencia de la CNA.

Si este cambio es cierto, muchas casas de estudio deben estar muy complicadas en estos momentos. Entre ellas la misma UPV que debe iniciar su proceso de reacreditación este año.

También, como se verá enseguida, la Universidad del Mar.

INTERESES NO DECLARADOS

El citado Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la CNA y actual consejero del mismo organismo, sabe mucho de la Universidad del Mar. Pero no por la fiscalización que debe hacerle sino por la asesoría que brindó a esa entidad durante casi todo 2011.

En la primera parte de este reportaje CIPER dio a conocer un contrato entre Eugenio Díaz y la U. del Mar que se firmó casi dos meses después de que dicha casa de estudio lograra su sorpresiva acreditación. En ese contrato Díaz, a través de su empresa, se comprometía a logra reacreditar a la U. del Mar por un pago de $ 60 millones. Mientras más años de acreditación lograra, más dinero extra le darían (Ver reportaje “Sistema de acreditación universitaria bajo sospecha por polémico contrato”)

Desde hace un mes la Contraloría lleva adelante una investigación en la CNA y que incluye ese contrato y es ese organismo el que deberá determinar si el acuerdo vulnera alguna norma. Sin embargo, hay un aspecto desconocido hasta ahora y que agrava la posición de Díaz: no informó de su relación contractual en las tres declaraciones de intereses que hizo en 2011 y que Ciper obtuvo acudiendo a la Ley de Transparencia.

La declaración de intereses es un documento al que los miembros de la CNA están obligados por ley y en el que deben informar si tienen alguna relación con los fiscalizados que les impida ejercer su función. Específicamente se habla de relaciones laborales remuneradas con instituciones de educación superior. En su declaración de marzo de 2011 Eugenio Díaz admitió que trabajaba para la Universidad Andrés Bello, como asesor de la Vicerrectoría de Calidad y que su trabajo era por dos años.

En su declaración de abril de 2011, dijo que no tenía ninguna inhabilidad. En la que hizo en octubre de 2011 señaló que estaba asesorando a la Universidad Bernardo O’Higgins en una política de vinculación con el medio. Esa es la que se puede ver hoy en la página web de la CNA.

La omisión del contrato en este vital documento de transparencia funcionaria complicará a Díaz en la investigación de la Contraloría.

El caso de Díaz, sin embargo, excede su actuación y pone de relieve lo vulnerable que puede ser la CNA frente a universidades que se juegan fortunas con lo que se decide ahí adentro. La ley que regula la CNA deja convenientes áreas grises que pueden permitir fiscalizar y asesorar al fiscalizado. Por otra parte, la mitad de los miembros de la CNA es elegida por los establecimientos de educación superior que la CNA debe fiscalizar.

La Universidad del Mar, con la que Díaz firmó el contrato, es una de las tres privadas más grandes del país. Y su historia muestra como el negocio de la educación superior se ha construido precisamente desde zonas grises como las que hacen débil el trabajo de la CNA.

LOS DUEÑOS DE LA DEL MAR

La semilla del coloso que es hoy la U. del Mar se plantó en mayo de 1988, cuando un grupo heterogéneo de socios fundó el “Instituto Profesional de Valparaíso” con apenas $ 2 millones. Los socios eran Héctor Zúñiga Salinas, contador auditor; Raúl Jorge Baeza Aspée, ingeniero comercial; Luis Enrique Molina Vallejo, capitán de fragata (R); Juan Carlos Galdámez, abogado; Sergio Vera Muñoz, ingeniero naval y actual presidente de la Junta Directiva y Mauricio Eduardo Villaseñor, de profesión administrador de empresas y actual vicepresidente de la Junta Directiva de la universidad.

Los socios se demoraron un año de intentos en decidir que lo que debían hacer era una universidad. El 31 de mayo de 1989, inscribieron la corporación “Universidad del Mar”.

El verdadero corazón del negocio, sin embargo, no era el Instituto sino un enjambre de inmobiliarias que los socios formaron poco después de echar a andar la universidad y cuyos recursos no han parado de crecer.

Por ejemplo, en septiembre de 1989, meses después de creado el instituto, Héctor Zúñiga (el rector que contrató a Eugenio Díaz) junto a Baeza Aspée, Molina Vallejo, Vera Muñoz y Eduardo Villaseñor, constituyeron “Inmobiliaria del Mar S.A.” con un capital de $ 17 millones. 22 años después, en abril de 2011, esa inmobiliaria aumentó su capital a $1.800 millones.

Otro ejemplo de 1997: los socios fundadores crearon “Inmobiliaria e Inversiones Rancagua S.A.” con cerca de 200 millones. En 2011 el capital registrado en esa sociedad era de $ 2.466 millones.

Varios ex empleados de la universidad, señalan que esta red de inmobiliarias absorbe los recursos que genera la universidad con sus 20 mil alumnos. Rodrigo Muñoz, ex profesor de Macroeconomía de la sede de La Serena, afirma: «A los docentes de la U. del Mar se nos dejó de pagar durante meses, pero nunca se dejó de pagar el arriendo de los edificios, que son de los mismos dueños de la universidad».

Similar acusación hace el presidente del sindicato de trabajadores de esa misma sede, César Guisado: “Todo podía fallar en la universidad pero el pago del arriendo jamás”, explica. El arriendo se cancelaba a Inversiones La Serena, de propiedad de los mismos socios que aparecen en la corporación que controla la universidad.

Guisado acusa que desde julio de 2011 la universidad dejó de pagar la AFP y los contratos de salud de varios de sus trabajadores, pese a haber hecho los descuentos respectivos. Por eso en diciembre del año pasado el sindicato presentó una querella “por delito de apropiación indebida y contrato simulado en contra de los socios y directores de la Universidad del Mar”, según se lee en el documento al que accedió CIPER.

Guisado sostiene que los dineros que se les han descontado han ido a parar a la red de sociedades e inmobiliarias.

Con sospechas similares el diputado de la zona Marcelo Díaz (PS) solicitó al Ministerio de Educación que investigue el uso de los dineros del Crédito con Aval del Estado, entregados a la universidad. El documento del diputado explica: “existe la percepción de que puede haber una administración irregular de los recursos del CAE que recibe la Universidad del Mar, particularmente la sede de La Serena pues dichos recursos son trasladados a la casa central, ubicada en Viña del Mar”.

Otra actividad realizada por la universidad sin duda llamará la atención de la Contraloría en su investigación. Se trata de la petición de 20 permisos para realizar Pesca de investigación y que la U. del Mar ha obtenido en los últimos 14 años.

Dos ejemplos: el 6 de julio de 2011, la Subsecretaría de Pesca le otorgó permiso para extraer 5 mil toneladas de Sardina Austral en aguas interiores de la XI Región por el periodo de un año. La universidad designó a Héctor Zúñiga como responsable de la investigación. En septiembre de 2007, la Universidad del Mar obtuvo dos permisos para extraer 5 mil toneladas de Anchoveta por tres meses, y 3 mil y 1.500 toneladas de Anchoveta y Sardina Austral por cinco meses. La primera extracción en la IV Región y la segunda en la V Región.

La lista suma y sigue con cantidades que son similares a las cuotas de pesca de las faenadoras industriales. Un investigador consultado por CIPER, que solicita reserva de su identidad, niega que tales volúmenes sean para investigación.

“Para pesca de investigación se necesitan unos pocos kilos. Cuando hablamos de 1.000 toneladas eso no es una pesca de investigación, es un negocio”.

Similar opinión tiene el investigador en recursos marinos y profesor de la Universidad de Los Lagos Edwin Niklitschek: “Estas cantidades no corresponden a lo que se necesita para una investigación científica. Una muestra de 5.000 toneladas para hacer una investigación no tiene sentido. Estas cifras corresponden probablemente a cuotas de pesca, las que se entregan a los pescadores mediante el mecanismo de «pescas de investigación», un mecanismo del que, estimo, se ha abusado bastante desde el año 1991”, afirmó.

Fuentes consultadas por CIPER aluden a que bajo el paraguas de “pesca de investigación” la U. del Mar podría estar accediendo a las escasas cuotas de captura disponibles y luego traspasándola a pescadores artesanales o industriales.

Dos datos corroboran esta hipótesis. El primero es que, pese a sus esfuerzos, la U. del Mar sólo ha conseguido acreditarse en el ítem “Docencia”, pero no en el de “Investigación”. Por otra parte CIPER comparó las solicitudes hechas a la Subsecretaría de Pesca con las investigaciones publicadas por la U. del Mar en la base internacional de investigaciones ISI (Institute for Scientific Information) que es donde quedan registrados los trabajos académicos que tienen realmente carácter científico y que pueden ser debatidos por los pares. En ese catálogo la U. del Mar tiene solo tres investigaciones relacionadas con pesquería marítima y ninguna de ellas se puede vincular con las 20 solicitudes de pesca de investigación publicadas en el diario Oficial.

Con todo, es posible que las citadas “pescas de investigación” hayan redundado en algún tipo de documento, pero más bien administrativo, hecho para justificar la captura. El profesor Niklitschek llama a esas investigaciones “trabajo de consultoría”. Explica: «La diferencia entre un trabajo de consultoría y un trabajo científico, es que este último lo publicas en una revista científica reconocida por las base internacional ISI. El resultado de la investigación de una consultoría es un informe, que nosotros le llamamos “literatura gris” porque es un informe que queda en un archivador que no es necesariamente público y que no es revisado por pares. Un trabajo científico es revisado por pares una y otra vez. Los colegas te pueden hacer pedazos una investigación. Por eso si la investigación no es sólida simplemente no se publica. Esa es la vara que nosotros tenemos para decir si un estudio es científico o es sólo una consultoría».

SE SUPENDIÓ LA FIESTA

El éxito en los negocios que parecen haber gozado los socios de la U. del Mar no ha ido acompañado de un buen desempeño ante los organismos fiscalizadores del sistema educativo. Por el contrario, la gran mayoría de las veces que fue examinada, fue mal evaluada, con excepción de dos ocasiones, una de ellas, la cuestionada acreditación de 2010.

En 1993 la Del Mar inició su primer proceso para lograr ser “autónoma”. Es necesario explicar aquí que hoy muchos especialistas consideran el proceso de autonomía como uno de los grandes errores que se cometieron respecto de la educación superior en Chile. La idea de la autonomía era acompañar y guiar a las nacientes universidades para convertirse en entidades sólidas. Muchas surgían como una casa adaptada para recibir alumnos y poco más. Se pensó entonces en un controlador que fuera estricto pero que no destruyera los proyectos en barbecho. Si pasaban esa etapa las universidades eran autónomas, es decir libres para hacer lo que quisieran, sin tener ningún tipo de control público. Un ex funcionario del Ministerio de Educación de esos años recuerda el desastre que empezó a producirse cuando se entregaron las primeras autonomías a fines de los años 90:

-Cuando las universidades consiguieron la autonomía, pudieron abrir todas las carreras y todas las sedes que quisieron sin consultarle ni al Ministerio ni a nadie. Como la oportunidad de negocio era enorme, la universidad que había sido de buena calidad los primeros años, tenía el incentivo para transformarse en mercenaria. Si era autónoma, ahora podía abrir la carrera de Medicina; si impartía Periodismo en Santiago, ahora podía abrir la carrera en Arica. Además, podía despedir a los profesores contratados y reemplazarlos por “profesores taxis” que hacen clases por hora.

La U. del Mar era tan precaria en tantos ámbitos que sólo logró la autonomía en 2002 después de casi 9 años de informes críticos y correcciones en aspectos centrales. Hay que puntualizar además que si en ese momento no lograba pasar la prueba, el único camino que le quedaba a la autoridad era cerrar la universidad, decisión que no estaba en línea con el signo de los tiempos que era aumentar las instituciones privadas.

Como era esperable la autonomía tuvo en la U. del Mar el efecto de una levadura. En 2004 abrió una sede en Quillota. En junio de 2006 puso la primera de su sede en San Fernando. En 2007 abrió otra sede en Reñaca con una inversión de 20 millones de dólares y con capacidad para 1.500 alumnos. Luego vinieron, Temuco, La Serena, Arica y Punta Arenas.

La expansión inmobiliaria fue acompañada de una expansión de la matrícula. La prueba de sus ambiciones también se registró en que en 2003 inauguró la carrera de Medicina –de altísima inversión- en dos sedes: Viña del Mar e Iquique.

Para hacer frente al caos de carreras y sedes abiertas sin ningún control los gobiernos de la Concertación diseñaron una estrategia: ofrecieron una enorme cantidad de recursos a la instituciones de educación superior (el CAE), a cambio de que se sometieran a un proceso de acreditación, a través de un organismo autónomo: la CNA.

En vez del garrote se optó por el incentivo.

Fue como ofrecerle un bistec a un león a cambio de una pirueta.

Las universidades terminaron tomando el control de la CNA en muchos aspectos. La U. del mar es una muestra de eso.

En 2005 la U. del Mar hizo su primer intento por acreditarse. La CNA la rechazó entre otras cosas porque la “dispersión de oferta de carreras” que ofrece, no cuentan “con los estándares necesarios para asegurar calidad”. La CNA cuestionó la multiplicación de las sedes: “La creación de sedes se ha fundamentado en diversas consideraciones que priorizan los aspectos externos por encima de las condiciones académicas e institucionales para su mantención. Los mecanismos institucionales de aseguramiento de la calidad no se aplican de manera eficiente y eficaz en las diversas sedes y no existen mecanismos claros y permanentes para evaluar la gestión de las sedes. El desarrollo de éstas es disímil y verifican carencias evidentes en infraestructura, biblioteca, laboratorios y equipamiento”.

En 2007 lo volvió a intentar. El rechazo se explicó entonces porque otra vez se detectaron niveles dispares de calidad entres sus distintas sedes. En esa ocasión la institución apeló dos veces y en ambas le dijeron que no.

Luego vino la, a estas alturas, famosa acreditación de 2010. El efecto de conseguirla fue que a partir de 2011, el 10% de su matrícula (2.091 estudiantes, de distintos cursos), pudo empezar a pagar sus carreras con el CAE. Este crédito le garantizó ingresos por $ 3.560 millones a la universidad, según los datos de la Comisión Ingresa, que administra el CAE. Tan importante como eso es que tras la acreditación, cualquiera de sus 20 mil alumnos que pase por una apretura económica podrá solicitar un préstamo para seguir estudiando.

Para entonces la U. del Mar era ya una de las tres más grandes del negocio y su futuro parecía auspicioso pues se había enfocado en capturar las ambiciones académicas de los sectores medios y medios bajos, donde el interés por la educación superior ha explotado. Con el CAE en la mano, la U. del Mar se volvió un negocio muy interesante precisamente para una empresa que había hecho fortuna en ese mismo nicho económico: el fondo Southern Cross Group (SCG), del empresario Norberto Morita, socio mayoritario de La Polar hasta 2006.

En 1998 Morita invirtió US$ 25 millones para comprar La Polar, entonces quebrada. Ocho años después, en 2006, vendió la mayor parte de su tajada en el negocio obteniendo US$ 200 millones. Sus socios decían que la clave del éxito de La Polar era que habían «democratizado» el crédito. Tras el estallido del escándalo se descubrió que esa democratización consistió, muchas veces en endeudar a los clientes de la multitienda –fundamentalmente de estratos bajos y medios bajos-, sin su consentimiento. (Ver reportaje: “Las huellas de Morita en La Polar: La fórmula que convirtió a los gerentes en socios del negocio”)

En este punto estamos en el momento más alto y brillante de la U. del Mar. Todos los pasos se dan en orden como en un estudiado baile. En diciembre de 2010 la U. del Mar consigue la acreditación; en enero de 2011 firman contrato con Eugenio Díaz para asegurar la acreditación del año siguiente; en abril Southern Cross anuncia que está interesada en esta pujante institución.

El fondo de inversión de Morita no da cifras, pero se puede tener una idea del dinero involucrado pensando que en 2009 el fondo de inversión Halcón vendió sólo el 15% de la Santo Tomás S.A, (que tiene 22 mil alumnos) en $10.640 millones.

Con el anuncio hecho los socios de U del Mar inician una serie de movimientos accionarios en la intrincada red de inmobiliarias que han formado en 20 años. El 11 de abril es un día clave, en el que parecen ordenar las cuentas preparándose para la inspección de Morita. Es una danza de millones. Aumentaron el capital de la “Inmobiliaria del Mar S.A.” de $ 77 millones a más de $ 1.800 millones. Crearon “Inversiones del Mar S.A.” con un capital de $ 474 millones. Aumentaron el capital de Inversiones Rancagua de $ 190 millones a $ 2.466 millones. Y crearon la sociedad “Inversiones Omega S.A.” con $248 millones de capital inicial.

Los acontecimientos aguaron la fiesta que estaba lista para empezar. Las marchas de los estudiantes, con la insistente crítica de en que las universidades no pueden lucrar, deben haber generado inquietud en los inversionistas. Por otra parte, La Polar estalló en pedazos gracias al sistema de endeudamiento forzado de sus clientes y generó desconfianza sobre Southern Cross. Por último, es probable que pese a la danza de millones que se describió, la universidad no haya sido todo lo brillante que parecía. De hecho, la crisis se evidenció apenas se anunció que el 23 de agosto Southern Cross no compraría. En septiembre le suspendieron el contrato a Díaz. En octubre, en varias sedes había profesores impagos y la sensación de que la U. del Mar se dirigía a la quiebra.

OTRA ZONA GRIS

La crisis afectó muy fuertemente a la joya del sistema: Medicina. Así lo recuerda el doctor Álvaro Retamal, ex director de desarrollo académico de la U. del Mar (sede Viña):

-Después de que se anunció que Southern Cross no llegaría, se generó una enorme presión para que la carrera de Medicina no sólo se autofinanciara sino que además generara ganancias.

Néstor Irribarra, el ex decano de la facultad, dice, en todo caso, que Medicina no contó nunca con nada más que lo estrictamente necesario. Cita como ejemplo lo que ocurrió con la prueba Eunacom, que deben rendir los egresados de esa carrera. El examen mide los conocimientos mínimos que deben tener los alumnos que egresan de Medicina y los que la superan con éxito pueden trabajar en el sistema público.

En 2009 la primera camada de egresados de la U. del Mar la rindió con resultados aceptables: de 45 alumnos, sólo tres la reprobaron. Pero al año siguiente la U. del Mar empezó a ocupar el último lugar entre las instituciones que se someten a la prueba. En 2010 de los 50 alumnos que dieron el examen, 24 lo reprobaron (48%)

Irribarra explica que en 2010 le pidió al rector de la universidad y socio de la misma, Héctor Zúñiga, recursos para apoyar a los alumnos en la preparación de esa prueba. «Zúñiga me contestó que no autorizaría esos recursos porque estimaba que el Eunacom era un asunto que solo interesaba a los alumnos. Dijo que la universidad cumplía con los jóvenes entregándoles la formación médica universitaria, y era responsabilidad de ellos aprobar el examen. Su idea era que si salen bien es una ganancia para ellos y si salen mal es una pérdida para ellos- cuenta Irribarra.

Los últimos resultados del Eunacom 2011 volvieron a ubicar a la U. del Mar como la universidad que peor rinde esa prueba. De 51 alumnos, el 20% la reprobó (10 alumnos).

-Esa fue la gran razón por la cual terminé saliendo de la universidad- dice el doctor Irribarra. Agrega que los recursos que no se le dieron estaban comprometidos por la universidad en la acreditación de la carrera (que ocurrió poco antes de la acreditación de la institución de la que se ha hablado en este reportaje): «No se me entregaron los recursos que permitían cumplir con los compromisos que habíamos adquirido durante el proceso de acreditación de la carrera frente a la CNA. En ese proceso dijimos que habría recursos para preparar el EUNACOM. Pero no se cumplió».

Lo descrito por Irribarra aterriza el eterno debate sobre si el lucro afecta o no la calidad de la educación. El eje de esa discusión está muy bien planteado en un texto del director del CEP Arturo Fontaine: «Entre hacer un laboratorio de física o hacerse una casa en el lago, ¿qué escogerá nuestro empresario, dueño de universidad? Entre tener una proporción razonable de alumnos por profesor y aumentar los alumnos al máximo para aprovechar economías de escala, ¿no escogerá lo último? Entre pagar arriendos y servicios necesarios y a un costo de mercado y multiplicar servicios innecesarios y pagar más arriendo del de mercado siendo dueño de las empresas que prestan dichos servicios y de los edificios que se arrienda él mismo, ¿no tenderá a escoger lo último?” (Ver columna «El lucro sí importa»)

Si esas preguntas eran válidas para momentos que parecían ser de bonanza económica en la U. del Mar, con mayor razón lo fueron cuando la opción de compra de Southern Cross desapareció del horizonte. El doctor Retamal explica: «Al interior de la universidad el lucro se maneja con toda transparencia, ese es el objetivo de la U. del Mar. Lo reconocen y lo dicen abiertamente. Cuando vas a conversar con los directivos te dicen que esto es un negocio, hay que generar ganancia para los dueños». Agrega que después de Southern Cross ese razonamiento se llevó al extremo: «La universidad empezó a tratar de lucrar a costa del deterioro del proceso académico. La universidad pretendía disminuir la calidad y aumentar el lucro. Esa idea era deliberada”.

A fin de 2011, que se había iniciado tan auspiciosamente con la acreditación, se anunció a los alumnos de Iquique que la carrera de Medicina se cerraría. Según relata un estudiante que participó en una reunión con Sergio Vera, presidente de la junta directiva de la universidad, este justificó el cierre de una manera sorprendente. «Nos dijo que en la zona no había suficientes profesionales docentes y que por lo tanto nosotros no nos íbamos a poder formar de una buena manera. Por supuesto, eso nos llamó la atención porque nos decía eso a alumnos que llevan varios años estudiando ahí, en una sede que ya tenía dos generaciones de egresados».

A los alumnos de Iquique se les ofreció trasladarse a la sede de Viña (donde la mensualidad es 600 mil pesos más cara). Para costear la vida a 1.800 kilómetros de casa, se les prometió un bono de $125 mil por concepto de alojamiento y $50 mil por concepto de alimentación.

Datos reunidos por CIPER indican que la crisis de la U. del Mar estaría afectando a la mayoría de las sedes con sueldo impagos como en La Serena y cambios de directivos como en Medicina.

Respecto de este escenario el ente fiscalizador, la CNA, que al acreditar a la universidad envió la señal a los alumnos y a las familias que este era un lugar donde podían realizar adecuadamente estudios universitarios, no puede hacer nada. Porque entre acreditación y acreditación las universidades son entes autónomos.

-No tengo muchos antecedentes sobre lo que está pasando en la U. del Mar. Lo que sé y que es oficial es que la universidad cambió sus autoridades y que está en un proceso de reestructuración. Aparentemente cambiaron el rector y algunas otras personas. No sé si es todo o no -dice Íñigo Diaz, actual presidente de la CNA.

-¿Está al tanto de los problemas económicos y académicos de la U. del Mar? Eso es materia de la CNA…
-Solo cuando la Universidad del Mar solicita acreditación nosotros conocemos su situación. Toda la acreditación es voluntaria, salvo los programas de pedagogías y de Medicina. En el caso de la acreditación institucional, el proceso se inicia con la manifestación de voluntad de la institución, ya sea de acreditarse o reacreditarse. En ese momento se firman los contratos y se echa a andar el proceso del comité de pares evaluadores… Esta universidad que usted menciona no ha presentado su intención de reacreditarse… Lo único que sé es que la acreditación de la U. del Mar vence en diciembre de este año. Y por lo tanto, dentro de la programación que nosotros tenemos la consideramos como una tarea.

Los socios fundadores tienen una decena de inmobiliarias y los funcionarios de la universidad dicen que lucran a través de ellas.
-Toda esa información va a ser materia de observación y de análisis y de evaluación por parte de la CNA una vez que la universidad solicite la acreditación. Ahora, todo ese tipo de cosas cabe más bien en el ámbito de la fiscalización que debe hacer el ministerio o alguna superintendencia o finalmente la justicia.

Un último dato sobre la crisis actual en la U. del Mar. En octubre de 2011, los alumnos de la carrera de Medicina de la sede de Iquique organizaron un paro. No alegaban, como el resto de los estudiantes movilizados en Chile, por acceso a educación pública gratuita. Pedían, según relatan alumnos de esa universidad, cosas básicas como tener horarios de clases y, para alumnos de cuarto año, al menos una hora de clases a la semana.

-Pasaba mucho que como los profesores no estaban contratados, uno tenía que andar persiguiéndolos por los hospitales para resolver dudas y adaptándose a sus horarios para tener clases- dice un alumno. Añade que luego de firmar un acuerdo con la universidad y volver a las aulas, «ninguno de esos acuerdos se respetó».

Esas situaciones se vivían en la U. del Mar, acreditada bajo la gestión de Eugenio Díaz. No deja de ser llamativo lo poco que la CNA conoce de lo que pasó con esta institución apenas un año después de su acreditación.