La dramática experiencia de un abogado con virus VIH que no fue notificado por el Hospital del Salvador

En los mismos momentos en que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunciaba ante la prensa que la nueva campaña de prevención del Sida se centraría en llamar a los ciudadanos a hacerse el examen que detecta el virus VIH, reservadamente su cartera investigaba las irregularidades cometidas en el sistema público al no informar a una persona que se hizo el test respectivo hace cuatro años del resultado positivo de la prueba. La misma situación, de acuerdo con los antecedentes recabados por CIPER, podría afectar a otras 19 personas.

Las 20 personas se hicieron el examen del Sida en el Hospital del Salvador en 2007. Sus resultados fueron registrados por el Instituto de Salud Pública (ISP) en el mismo “legajo” y lo grave es que, al menos en uno de esos casos, se pudo comprobar que no se notificó al paciente que sí tenía el virus. Por esa razón, se sospecha que todo el legajo, guardado en un mismo sobre, pudo haberse extraviado y que los otros 19 pacientes tampoco recibieron sus resultados.

A pesar de todos los intentos desplegados por CIPER ante las autoridades del Ministerio de Salud y del Hospital del Salvador, ninguna de esas entidades aclararon qué ocurrió con los exámenes de los 19 restantes.

La situación es delicada. Se trata de una veintena de potenciales portadores de VIH que, desinformados de su condición de seropositivos, pueden haber transmitido el virus a otras personas en estos cuatro años. En los hechos, es una alarma de salud pública. Con el agravante de que surge precisamente cuando el Estado presenta una campaña en que llama a la población a confiar en su red de atención para hacerse este mismo examen.

Ya en 2008 la entonces ministra de Salud, María Soledad Barría, debió abandonar su cargo tras conocerse que 25 personas no fueron notificadas de los resultados positivos de los exámenes de Sida que se practicaron en el Hospital de Iquique. En esa oportunidad, la muerte de una dueña de casa y de su marido -que al fallecer dejaron a dos hijas- porque no recibieron tratamiento a tiempo, agudizó la crisis.

A esto se suman otros dos casos de abierta irregularidad en la notificación, ambos del Hospital de Talca, de mujeres embarazadas que fueron informadas erróneamente como portadoras del virus. Uno de estos episodios ocurrió en 2006 y el otro en 2007. En el primero, la Corte de Apelaciones de Talca ordenó pagar una indemnización de $20 millones a la afectada; y en el segundo, un fallo de primera instancia estimó que debe repararse a la víctima con $30 millones.

CIPER consultó al Ministerio de Salud y al Hospital del Salvador por la suerte que corrió el legajo con los resultados de los 20 pacientes que se hicieron el examen en 2007, pero no recibió respuesta. Desde el ministerio se informó que no se referirán al tema porque están en medio de la investigación. En tanto, la directora del hospital, María Luisa Sepúlveda, se comprometió a entregar a CIPER una respuesta formal el lunes 21, pero eso no se cumplió.

LA DENUNCIA DE M.G.

El lunes 14 el ministro Mañalich formalizó el lanzamiento de la nueva campaña, cuyos spots son protagonizados por personajes del espectáculo y la TV, entre ellos el cantante Leo Rey, vocalista del grupo tropical La Noche, quien paradójicamente el año pasado se vio envuelto en un escándalo por la adulteración de su examen de sangre para realizar una alcoholemia. Los spots serán transmitidos desde diciembre a febrero bajo el eslogan “Yo me hice el examen del Sida. Sea positivo o negativo, siempre gano”.

El que resultó siendo un neto perdedor fue M.G., un joven abogado que se hizo el examen respectivo en 2007 en el Hospital del Salvador (HDS) y al que no le comunicaron que el resultado fue “positivo”, es decir, que era portador del virus y que si no se sometía a tratamiento desarrollaría la enfermedad. M.G. lo descubrió casi tres años después, cuando decidió volver a hacerse el test por su propia iniciativa, debido al complicado estado de salud que lo afectaba. Y se entiende, sus datos clínicos indican que a esa fecha el silencioso avance del Sida le había hecho perder 15 kilos, además de provocarle diarreas crónicas y de tener el cuerpo inundado de extrañas manchas en su piel.

M.G. se hizo el examen en el mismo Hospital del Salvador en octubre de 2007 debido a una derivación calificada como “urgente” por el médico Raúl Novoa tras haber examinado al paciente. En esa ocasión, M.G. firmó la carta de consentimiento que exige la normativa y la ficha de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), con todos sus datos, incluyendo los de su pareja, para que en caso de ser positivo el resultado pudiesen comunicárselo a la brevedad.

Después de tres semanas sin tener información del resultado por parte del recinto hospitalario, M.G. concurrió a la Unidad de Dermatología del hospital donde recibió una respuesta verbal:

-Me dijeron que no debía preocuparme, pues no había ningún resultado positivo con mis datos y que atendido al tiempo pasado –tres semanas- era seguro un resultado negativo, pero que en todo caso, tenían todos mis antecedentes para localizarme ante un resultado desfavorable -cuenta el afectado.

El abogado confió en el sistema de salud y siguió con su vida normal, tanto laboral como afectiva. Exactamente un año después, en octubre de 2008, debido a un evidente desgaste físico y mental, se practicó un nuevo examen, esta vez en el laboratorio privado Medicenter, que tenía convenio con su isapre. Una semana más tarde fue notificado por el laboratorio de que el resultado de su examen era negativo: no tenía el virus (vea el documento).

A pesar de la tranquilizadora respuesta de Medicenter, a fines de 2009, M.G. volvió a sufrir un grave desgaste físico. Convencido de que no tenía Sida y que sólo podía ser un cuadro de estrés por razones laborales, el profesional tomó otras medidas y no puso como prioridad realizarse un nuevo examen para detectar el virus VIH.

Poco después, a principios de marzo de 2010, M.G. sufrió un deterioro grave y evidente de su estado de salud. Visitó varios médicos y se realizó una serie de exámenes de laboratorio. Los especialistas le explicaron –cuenta- “que se trataba de un cuadro por estrés producto del terremoto y las pérdidas materiales de mi familia en Talca”.

Pero la salud de M.G. seguía empeorando. A mediados de abril de 2010, decidió junto a su pareja asistir a la Red de Salud de Conchalí, donde se sometieron nuevamente al examen de Sida. En apenas una hora les informaron que ambos resultados eran positivos y que se enviarían muestras al laboratorio del ISP para confirmarlo. Una semana después M.G concurrió personalmente al ISP a pedir los resultados. Si ya estaba estresado por la situación de salud que lo aquejaba, la respuesta que recibió lo golpeó duramente:

-Me informaron que fue innecesario confirmar en el ISP la última muestra (la de abril de 2010), porque fue considerada confirmación del resultado positivo del examen que me había hecho en octubre de 2007 en el Hospital del Salvador. Es decir, el ISP me tenía registrado con VIH positivo hacía dos años y medio, desde que el hospital les envió la primera muestra que me tomaron -dice M.G.

DISCRIMINACIÓN LABORAL

 La noticia desestabilizó a M.G. Los datos proporcionados por el ISP le indicaban no sólo que estaba afectado por el virus VIH, sino también que él era responsable del contagio de su pareja. El cuadro de estrés agudo y de ansiedad que desarrolló a partir de ese momento fue inevitable. Eso se sumó a su creciente pérdida de peso, a la colitis crónica y a la agudización de sus problemas dermatológicos. M.G. estuvo a las puertas de la muerte:

-Por no ser informado y no recibir la terapia a tiempo, desarrollé hasta la tercera fase de la enfermedad, que tiene cuatro. Yo estuve grave, con toxoplasmosis, a punto de pasar a la cuarta fase.

La dramática experiencia que vivió este joven abogado no terminó ahí. Desde que fue notificado como seropositivo, M.G. presentó licencias médicas en su trabajo. En ese momento ocupaba una plaza de abogado en una institución del aparato público. Al tramitar una cuarta licencia la encargada de Recursos Humanos de la entidad le advirtió que había dudas acerca de la veracidad de sus enfermedades y le señaló que serían rechazadas. En esa situación extrema, M.G. decidió sincerarse y contarle su situación. Todo esto bajo el entendido de que se trataba de antecedentes cuya reserva está amparada por ley. Dos semanas después fue notificado de su despido por “necesidades del Servicio”. (vea el documento)

El escritor y presidente de la Fundación Iguales, Pablo Simonetti, que ha brindado apoyo a M.G., señala que éste fue derechamente discriminado en su empleo por su condición de salud:

-Si tuviéramos una ley antidiscriminación, podría haber una demanda. Si hay un lugar donde debemos respetar el principio de igualdad y no discriminación, es en el aparato público. Esta nueva campaña del Ministerio de Salud llama a hacerse el examen (de Sida), pero después que la gente lo hace, la despiden del trabajo -señala Simonetti.

Por esta misma razón, Simonetti rechazó este año ser uno de los “rostros” de la campaña porque concordó con las críticas de las ONG dedicadas a defender a la población afectada por el virus y a prevenir su expansión. Los principales cuestionamientos apuntan a que el contenido de la campaña no fue consultado con las organizaciones civiles (como lo establece la ley) y a que nuevamente se incurrió en el error de no poner el acento en conductas preventivas de autocuidado, como el uso del preservativo. (Ver recuadro)

La senadora Ximena Rincón (DC) fue contactada por Simonetti, quien le expuso la dramática experiencia de M.G. La parlamentaria envió un oficio al ministro de Salud por intermedio de la presidencia del Senado, para que Mañalich le informe “qué gestiones y/o soluciones en su oportunidad se dieron al interesado, qué gestiones y/o soluciones se entregarán a futuro en estos casos y, además, entregar una respuesta en detalle a mi persona”. A más de un mes de enviado el oficio, la senadora Rincón confirmó a CIPER que hasta hoy no tiene respuesta.

LA BATALLA LEGAL

A mediados de agosto de 2010, a casi tres años desde que el ISP lo registró como portador del virus VIH, M.G. recién estaba iniciando su tratamiento. Una vez estabilizada su condición física y asimilado el golpe inicial, recién el joven abogado comenzó a razonar sobre las implicancias legales de lo que había sucedido.

Lo primero que hizo fue concurrir al ISP a pedir explicaciones. Ahí le entregaron una serie de documentos que demuestran que el resultado de su examen fue enviado a tiempo por ese instituto al Hospital del Salvador. El más importante de ellos es una planilla donde figura el legajo con 20 resultados individualizados con códigos -para proteger la identidad de los pacientes-, entre los cuales está el suyo. La planilla lleva al margen del legajo la firma del estafeta del hospital que retiró los 20 resultados el 24 de octubre de 2007. Con ese documento, el ISP acredita que efectivamente envió la información al Hospital del Salvador y que fue en el hospital donde, por las razones que ahora se investigan en el Ministerio de Salud, no se notificó a M.G.

Lo preocupante es que mientras el hospital y el ministerio no entreguen los resultados de su indagatoria, persiste la posibilidad de que ninguno de los 20 resultados haya sido notificado. Y es altamente probable que dentro del legajo hubiese otros resultados positivos, toda vez que los hospitales y consultorios envían al ISP las muestras que dieron positivo en sus propios laboratorios para que sean rechequeadas.

Con estos antecedentes, M.G. presentó ante la Unidad de Mediaciones del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la denuncia y una solicitud de mediación, como paso previo a una posible demanda de indemnización. La mediadora designada por el CDE fue María Elena Piñeiro Ruiz de Gamboa.

-Mis pretensiones de indemnizaciones económicas por daño emergente, lucro cesante y daño moral, ascendían a $308 millones. En la primera reunión de la mediación, el hospital me ofreció $22 millones. Yo les respondí que mi piso era $77 millones, pero con la posibilidad de llegar a un punto medio -dice M.G.

La postura inicial del hospital, cuenta el abogado, cambió en las siguientes sesiones de la mediación. El representante del Hospital del Salvador, el abogado Mauricio Morales Bertetti, no volvió a ofrecer una indemnización e intentó traspasar la responsabilidad primero al ISP, luego al Servicio de Salud Metropolitano Oriente (SSMO) y por último a la empresa de Correos. Pero M.G. exhibe documentos que exculpan a estas entidades.

-El representante del Hospital del Salvador me dice que ellos no son responsables y que no tienen por qué indemnizarme, porque los responsables serían del SSMO. Hice las consultas por Ley de Transparencia al SSMO y me responden que el responsable siempre es el establecimiento hospitalario. En la misma audiencia me dicen que lo pensaron bien y que el responsable era el ISP, porque ellos son los encargados de remitir el resultado positivo y no lo hicieron. Pero el ISP tiene documentos que demuestran que el estafeta del hospital retiró los resultados -cuenta M.G.

Respecto de una posible falla de correos, M.G. dice que en la audiencia de mediación los abogados del hospital indicaron que él se había cambiado del domicilio que registró cuando se hizo el examen y que por eso no pudo ser notificado. Pero el joven abogado demuestra, con certificados extendidos por su corredora de propiedades, que mantuvo la misma residencia durante todo el periodo en que debió ser informado.

Fracasada la mediación lo que viene es una demanda contra el Hospital del Salvador y otra contra el laboratorio Medicenter, que le notificó un resultado negativo cuando él, según los registros del ISP, ya figuraba como seropositivo. Medicenter rehusó someterse a una mediación y comunicó a la Superintendencia de Salud que, de darse el caso, ejercería las defensas legales que considerara pertinentes (ver respuesta del laboratorio).

Material clave para estos juicios será el resultado de la investigación que lleva a cabo en estos días el Ministerio de Salud. Pero los avances de esa pesquisa y, en particular, qué pasó con los otros 19 pacientes que debieron ser notificados del resultado de sus exámenes de Sida junto con M.G., son antecedentes que la cartera, de acuerdo con lo informado por sus encargados de comunicaciones, mantiene bajo estricta reserva. Y ello, a pesar de que se cometió un error que podría acarrear consecuencias nefastas –incluso letales- para muchas personas.