Caso Karadima: un abuso acreditado y un abusador sin condena

Al tomar conocimiento del resultado de la resolución de la justicia civil en el caso Karadima, siento la necesidad de reaccionar, compartiendo una reflexión posicionada sobre los abusos cometidos por este sacerdote, sus particularidades y en especial sus efectos para nuestra sociedad.

Quiero antes que todo señalar que si bien esta decisión me parece muy relevante, no quiero en ningún caso dar la sensación de un aire de triunfo. En estos casos tan graves y complejos, con todos los costos asociados, no hay victorias ni ganadores. Estos hechos jamás tendrían que haber sucedido y no hay ningún proceso ni resolución que pueda reparar todo el daño ocasionado por el abuso, los silencios y el tiempo transcurrido. Ese mismo tiempo que ahora es argumento para no poder aplicar una sanción penal.

La resolución en este caso ha sido histórica, ya que ha llegado hasta un punto mucho más avanzado de lo que se veía posible. Muchos de antemano creyeron que no tenía sentido insistir en perseguir penalmente un hecho que se sabía estaba prescrito. Afortunadamente hubo personas que estuvieron dispuestas a seguir adelante: los denunciantes, el querellante y los actores judiciales que sostuvieron esta investigación hasta este resultado.

Lo primero que me interesa destacar es que esta resolución establece con claridad que los hechos abusivos por los cuales se denunció al sacerdote Fernando Karadima efectivamente ocurrieron. ¿Por qué esto es tan importante? Pareciera absurdo tener que demostrar que las víctimas estuvieron expuestas a las situaciones abusivas. Ellos lo saben, porque lo vivenciaron. Sin embargo, es necesario que hechos como estos reciban el reconocimiento claro y sólido desde una autoridad como la judicial. Es un modo de nombrar lo ocurrido como lo que es: un hecho delictivo. Es una prueba de una investigación prolija y acuciosa, que permitió que una Jueza de la República se formara la convicción sobre los hechos.

Es un logro importante respecto del derecho a la Verdad que tienen las víctimas. El esclarecimiento y la reconstrucción de la memoria histórica, permiten que se den a conocer los hechos ocurridos y sean reconocidos por la comunidad como graves e inaceptables. Esto se suma a la verdad ya instalada a nivel mediático y por la resolución del Vaticano.

Por otra parte, otra de las funciones que tiene la justicia penal es poder centrar las responsabilidades en quien corresponde y aplicar sanciones por los delitos cometidos. En este caso esto no es posible por estar ante un hecho prescrito. Es decir, el paso del tiempo en un sistema como el actual, puede transformarse en un factor de impunidad: se establecen los hechos, incluso se puede determinar la participación del autor, pero éste no puede ser penalizado.

Este resultado entonces, junto con ser un gesto de justicia, tiene una contracara que puede ser leída como profundamente injusta y dar lugar a gran indignación en la ciudadanía. ¿Cómo es posible cometer delitos de esta naturaleza y salir sin ninguna sanción?

Esta reflexión debe dar pie a una revisión de los plazos de la prescripción de los delitos sexuales por parte de los legisladores, analizando si es válido y justo darle como mensaje a las víctimas -cuando se atreven y pueden denunciar su abuso- que ya es tarde para buscar la justicia.

El anhelo de justicia que en este caso no ha sido solamente de los denunciantes, sino de una parte importante de la ciudadanía, incluyéndome, ante la indignación que hoy genera saber que el señor Karadima no será sancionado, puede ser una fuerza importante para reducir en algo el sentimiento de traición que pueden haber sentido las víctimas. Esto al ofrecer una visión alternativa de personas que rechazan el abuso de poder y la violencia sexual en cualquiera de sus manifestaciones. Al existir un reproche manifiesto hacia el autor, se legitima a las víctimas como tales y se reconoce su dignidad.

Desde este reproche debe surgir un compromiso de no reiteración de los hechos, un “no más” genuino, y mucho más que una declaración de buenas intenciones, debe activar mecanismos concretos para que este tipo de hechos no se generen y si se llegan a generar, no se sostengan en el tiempo, puedan ser visibilizados, denunciados y detenidos. No queremos más figuras que como Karadima, lleguen a tener un poder tal, discrecional y sin contrapesos, que dé lugar a este tipo de prácticas de abuso de conciencias y abusos sexuales. No queremos contextos institucionales que no ofrezcan suficientes condiciones de resguardo a sus miembros, sean laicas o religiosas, públicas o privadas.

No se aceptan abusos de poder y si se detectan, se investigan y sancionan, tanto administrativamente como penalmente. De lo contrario, estamos frente a negligencias inexcusables. Ya es hora que las instituciones también asuman sus responsabilidades y puedan visualizar cómo reparar el daño causado, lo cual no solamente exige “gestos” de disculpas, sino también -¿por qué no?- indemnizaciones y/o compensaciones por los daños y perjuicios ocasionados.

Más allá de tener opinión o tomar posición en un caso “emblemático” como este, estamos interpelados como sociedad. Es importante analizar cómo este tema nos abre la pregunta acerca de qué hemos hecho –o no hecho- para que estas situaciones sean posibles y tan cerca nuestro, por tanto tiempo. También, qué estamos dispuestos a hacer para que no se vuelvan a generar. Como nos comprometemos con la prevención, con la detección, con el control de la condiciones de protección y con la denuncia de eventuales casos.

Esta es la señal más importante, que las personas sepan que de llegar a ser víctimas, hay un sistema que las ampara, las protege y adopta medidas para resarcir el daño. Esto ayuda a recuperar confianzas, a creer en que hay salidas y a que las personas den los pasos necesarios en sus procesos de justicia, reconocimiento y reparación.