Los detalles del fallo en EE.UU. contra el cambista que complica a Schaulsohn

Mauricio Mazza fue declarado culpable de delitos contra leyes que previenen el blanqueo de activos y sancionan el negocio de transferir dinero sin licencia estadounidense. Se estableció que las transacciones del dueño de la casa de cambio Turismo Costa Brava ascendieron a “cientos de millones de dólares” y se reveló cómo operaba en Estados Unidos. El cambista –investigado por la DEA por lavado de dinero- había contratado inicialmente en dicha causa al abogado Jorge Schaulsohn. Éste ya ha tenido que declarar en un caso que se sigue en Chile contra el mismo clan y se pesquisan sus transacciones de divisas, luego de que un primo de Mazza asegurara haberle pagado 125 mil dólares de dudoso origen. Él niega haber recibido el dinero.

“La acusación es sólo por transgresiones a la legislación cambiaria”, decía el abogado Jorge Schaulsohn a mediados de 2007, bajándole el perfil a las imputaciones de lavado de dinero que pesaban sobre su entonces defendido Mauricio Mazza Alaluf, preso en Estados Unidos. En parte tenía razón. Porque el 29 de enero pasado Mazza fue condenado por no tener licencia para dedicarse al negocio de “transmitir” dinero hacia y desde el país del norte. Pero no se trata de una simple infracción a la normativa cambiaria, sino de la violación de una ley federal contra el lavado de dinero. Ahora, Mazza arriesga una pena máxima de 10 años de prisión, que se fijará en una audiencia en mayo próximo.

Al igual que Schaulsohn, los abogados de los socios y familiares de Mazza que están procesados en Chile por lavado de dinero solían usar como argumento en sus alegatos que en Estados Unidos a Mauricio Mazza se le imputaban cargos administrativos menores y que saldría libre pronto. Según fuentes cercanas al Consejo de Defensa del Estado, querellante en el caso, el reciente fallo del juez Kevin Castel de Nueva York, desvirturaría dichas afirmaciones pues ya está claro que las figuras por las que se le acusó en Estados Unidos son graves.

La tipificación del delito había sido hecha días antes de que Mazza fuera detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, a las nueve de la mañana del 31 de marzo de 2007. Fue el primer arresto de la operación llamada “Cruz del Sur”, lograda tras una de las mayores investigaciones por blanqueamiento de dinero que sigue en la actualidad la Drug Enforcement Agency (DEA, agencia antidroga estadounidense) y que tiene conexiones en Chile, Perú y Colombia.

La máquina se echó a andar el 9 de marzo de 2007, cuando la agente especial de la DEA Julia Sáenz de Viteri consiguió que la Corte de Distrito del Sur de Nueva York emitiera una orden de arresto contra Mazza. El delito imputado: conspiración operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Por eso, apenas Mazza Alaluf pisó suelo estadounidense, los agentes de la DEA le cayeron encima. En su maleta llevaba US$ 2 millones en euros en efectivo, confirmando las sospechas de sus persecutores. El dueño de la casa de cambios Turismo Costa Brava terminaba así un negocio que, de acuerdo al tribunal, le permitió mover cientos de millones de dólares y lavarlos en Estados Unidos.

En sus declaraciones judiciales, Mazza describió a Costa Brava como una empresa “auxiliar al sistema bancario chileno” que realizaba múltiples funciones además de las tradicionales de una casa de cambio. Al explicar sus servicios, dijo que por ejemplo un comerciante que compraba mercancía en el exterior podía pagar a los vendedores extranjeros a través de Costa Brava, que también podía atender clientes que sólo querían que sus fondos fueran transferidos a cuentas en Estados Unidos. Sin embargo, no tenían ni oficinas, ni sociedades, ni empleados en dicho país, un argumento usado reiteradamente en la defensa judicial de Mazza.

La fiscalía detectó que Mazza y su gente realizó en promedio 4 viajes mensuales llevando dinero a Estados Unidos entre 2002 y 2007. Siempre aterrizaban en Los Ángeles. La defensa de Mazza arguyó que no pudo cometer delitos en Nueva York pues no pisaba esa ciudad desde 1998. Ahí fue juzgado y condenado, pues tenían una cuenta bancaria.

Según pudo determinar la fiscalía y avaló el juez de distrito Kevin Castel, Costa Brava tenía cuentas en el Israel Discount Bank (ISB) de Nueva York, en el Harris Trust and Savings Bank de Chicago, Illinois y en el Chase Maniatan Bank de Dearborn, Michigan. En esos tres estados se le imputan los delitos. Las transacciones bancarias y la apertura de cuentas eran facilitadas por Beacon Hill Service Corporation, empresa que Mazza identificó como su “agente de negocios internacional”.

De acuerdo al fallo del juez Castel, estas cuentas y las actividades que en ella se realizaban son “el corazón del caso”. Los empleados y dueños de Costa Brava viajaban a Los Ángeles cargando efectivo, normalmente euros u otras monedas europeas. Extrañamente, los “correos” declaraban el dinero en la aduana al llegar a Estados Unidos. Luego, entregaban los billetes a un servicio de autos blindados de la empresa Dunbar, que transportaba el dinero a AFEX (Associated Foreign Exchange), que era la entidad que depositaba el equivalente en dólares en las cuentas de Costa Brava.

El proceso judicial reveló que las autoridades estadounidenses se fijaron por primera vez en Mazza y su empresa durante un viaje que realizó el 5 de mayo de 2006, cuando fue retenido con US$ 1,8 millones en monedas europeas. En el Tom Bradley International Terminal de Los Ángeles fue interrogado por dos agentes de la DEA y uno del Internal Revenue Service (IRS, el servicio de impuestos internos estadounidense).

Mazza relató a los agentes que era el gerente y dueño de la mitad de Turismo Costa Brava y que venía de Santiago, luego de una parada en Lima en la que no descendió del avión. Viajaba solo. Dijo que el dinero venía de Europa, pero que él lo traía desde Chile, negando explícitamente haberlo recogido en algún otro país. Detalló además por primera vez la ruta del dinero en Estados Unidos: sería recogido en el aeropuerto por Dunbar para llevarlo a AFEX, que lo depositaría en una cuenta en el Harris Bank (cuyo número no tenía a mano pero que ofreció conseguir después). Ya convertido en dólares, el dinero volvería a Chile a través de una transferencia o cheques.

Los agentes se mostraron intrigados por el origen de la cuantiosa suma, lo que Mazza justificó diciendo que muchos europeos visitan Chile trayendo euros y que también muchos chilenos que viven en Europa envían remesas a sus familiares, quienes luego los cambian. El curso del interrogatorio se dirigía obviamente hacia el lavado de activos, pues Mazza tuvo que negar el estar cambiando billetes grandes por otros más pequeños y reconocer que viajaba a otros países de Sudamérica para comprar divisas. Dijo también que los colombianos y peruanos iban a Chile a hacer los negocios.

“Los agentes notaron que Mazza estaba comenzando a ponerse nervioso durante el interrogatorio y repetidamente preguntaba si había hecho algo malo y si era necesario que cambiara su forma de operar”, dice el informe de la DEA. Tras decirle que al parecer no violaba ninguna norma, lo dejaron ir. No tendría la misma suerte un año más tarde.

La conexión en Santiago

La detención de Mazza Alaluf aceleró las cosas en Santiago, donde en coordinación con la DEA la policía preparaba la Operación Suspiro Europeo. Rápidamente fueron detenidos tres de sus familiares: su primo Luis Mazza Olmos, su hermano José Mazza Alaluf y su hijo Daniel Mazza Jiménez, además de otras dos personas. Todos fueron procesados por lavado de dinero.

De acuerdo a la investigación que lleva el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago y en la que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es querellante, Costa Brava compraba euros a casas de cambio peruanas, los lavaba en Estados Unidos y se los volvía a vender como dólares. Luego repitió la figura con empresas colombianas. Las miradas de la policía chilena se posaron sobre ellos cuando detectaron a un correo humano con 500 mil euros en el aeropuerto de Santiago. Las sospechas apuntan a lavado de dinero de carteles colombianos que necesitan blanquear sus ingresos por droga vendida en Europa.

El caso se complicó aún más con la detención del abogado de los Mazza en Santiago, Yieninson Yapur, quien viajó a Lima a retirar US$ 500 mil que una casa de cambio adeudaba a los Mazza. Declaró que de ese monto, US$ 125 mil sirvieron para pagar en efectivo la labor de Jorge Schaulsohn, quien poco antes había aparecido como defensor de Mauricio Mazza en Estados Unidos. Al ser careado con Yapur, este negó haber recibido pago alguno, pero el CDE pidió investigar sus transacciones de divisas.

En su declaración judicial publicada por El Mostrador, Schaulsohn dice que le consiguió un abogado en Estados Unidos (lo que se frustró porque no había dinero para pagarle) y que él mismo cobraría el 10% de los bienes y dineros liberados tras el juicio. Relata que se reunió con la fiscalía para negociar un acuerdo extrajudicial y para ello se debía acreditar el origen limpio de los fondos, pero los informes solicitados no fueron satisfactorios. Luego le aconsejó a Mazza que aceptara declararse culpable para después lograr que lo extraditaran, pero éste se negó.

El ex diputado y ex presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jorge Schaulsohn, es actualmente secretario general del partido Chileprimero. Estudió derecho en Estados Unidos y puede litigar en ese país, pero si bien en su momento anunció que defendería a Mauricio Mazza, nunca asumió formalmente. Su nombre no aparece mencionado en el proceso al que tuvo acceso CIPER y en la fiscalía dijeron no recordar ninguna gestión suya. Según El Mercurio, Schaulsohn dijo que es amigo de la familia Mazza hace “varios años” y con ellos comparte la pertenencia a la comunidad judía en Chile.

Grave delito, baja pena

Tras el impasse por su declaración de culpabilidad, Mazza despidió a su antiguo abogado y se quedó con un defensor público. Esto, pese a que está involucrado en el centro de una de las investigaciones por lavado de dinero más grande que se lleva a cabo actualmente en Estados Unidos y América Latina.

Los delitos por los que fue condenado corresponden a las secciones 371 y 1960 de la ley penal estadounidense. En su sentencia, el juez Castel recalca que esta última norma, que sanciona el “conducir, controlar, gerencias, supervisar, dirigir o poseer un negocio de transmisión de dinero sin licencia”, es una ley antilavado que fue reforzada luego de los atentados del 11 septiembre de 2001 por la Patriot Act, norma que buscaba impedir los movimientos de dinero destinados al terrorismo.

El carácter de la sección 1960 es importante debido a que si bien el delito de conspirar y manejar un negocio de este tipo sin licencia no menciona la palabra “lavado de dinero”, sí está implícito. De hecho la fiscalía emitió un comunicado claro al respecto: “Dueño de una compañía chilena de servicios financieros fue hallado culpable de lavar cientos de millones de dólares a través de bancos de EE.UU”. Según la sentencia, Costa Brava debió tener licencia para operar en Nueva York, Illinois y Michigan. La fiscalía buscaba que también se le condenara por leyes ligadas al Departamento del Tesoro, lo que fue rechazado por el juez.

En recientes congresos sobre lavado de dinero, este caso ha sido mencionado como uno de los más importantes del momento, debido a la enorme cantidad de dinero que se movió entre Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, y porque estaría ligado a grandes carteles de la droga. Es por eso que abogados expertos en la materia opinan que o se trata de un primer paso para acusaciones mayores, o bien este fallo sugiere algún acuerdo entre la fiscalía o la DEA y el imputado. Si Estados Unidos hubiera querido, dicen, podría haber multiplicado los delitos por la cantidad de transacciones efectuadas, aumentando notablemente la condena. Sin embargo, son sólo dos delitos imputados, con una pena máxima de 5 años cada uno, algo menor para este tipo de redes de lavado.

Otro indicador de que pudo haber un acuerdo es que Mazza renunció a la posibilidad de ser juzgado por un jurado, algo que podría haber sido beneficioso para él y haber alargado el proceso. A cambio, optó por un procedimiento muy rápido. En su contacto con las personas ligadas a la causa en Chile, la fiscal nunca ha mencionado ningún tipo de acuerdo. Si bien este fallo no la inhibe de presentar nuevos cargos por otros delitos asociados al lavado de dinero, fuentes que conocen el caso creen que no habrá nuevas imputaciones.

En los documentos públicos del juicio no hay constancia de que se haya intentado probar el origen ilícito de los fondos o de vínculos con el narcotráfico. Según fuentes cercanas a la causa, la fiscal Sarah Lai desechó la idea de imputarle a Mazza delitos con penas mayores justamente porque habría necesitado probar el origen de los dineros, lo que se habría traducido en un proceso largo y costoso.

En su presentación ante el juez Castel, la fiscalía sí puso énfasis en que las casas de cambio para las cuales cambió y transmitió dinero eran en muchos casos colombianas, como Cordillera, Inter Cambio, Fimesa, Cambio Exacta, Inter Valores y Federal de Valores. No hay una cuantificación exacta del dinero que circuló, pero la fiscalía estima que fueron más de US$ 246 millones, mayoritariamente en monedas europeas.

La investigación fue llevada a cabo en conjunto por la DEA (antidrogas) y la IRS (impuestos internos), como parte de la fuerza de tareas antidroga de Nueva York, en el que participan también el departamento de policía de esa ciudad, el FBI, el Servicio Secreto de Estados Unidos, el Servicio de Alguaciles Federales, el Departamento de Seguridad Interior e Inmigración y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos.