Justicia belga investiga a sacerdote por abusos sexuales contra menores pehuenche

“Yo lo iba a matar”. La confesión brota ensombrecida por la angustia y el dolor en la voz del hombre que la pronuncia. Una angustia que lo ha acompañado desde hace más de 20 años, el mismo lapso en que ha intentado olvidar. Y en ese esfuerzo por burlar la memoria ni siquiera le ha contado a su mujer los abusos sexuales a los que fue sometido por quien tenía el deber de prodigarle amparo cuando él sólo era un niño. Pero ahora que un periodista lo pone de frente a esos recuerdos, el dique que ha construido termina cediendo. Y lo cuenta todo, incluyendo el plan que ideó para vengarse del sacerdote al que acusa.

Cuando supo que el cura belga Alfonso Gielis Nulens había sido trasladado a la diócesis de San Bernardo sin pasar un día en la cárcel, se obsesionó con hacer justicia. Después que hizo el Servicio Militar en Los Ángeles y de trabajar un tiempo en Chillán, fue tentado con una oportunidad laboral en Santiago. La tomó de inmediato. Criado en los verdes cajones cordilleranos del río Biobío, no lo entusiasmaban las modernidades de la capital. Lo que realmente deseaba era encontrar la parroquia en la que Gielis ejercía su ministerio. Y la encontró.

-Le hice guardia tres días. Era un domingo cuando lo encontré. Quería preguntarle por qué hizo lo que hizo. Quería encararlo. Me asomé por la puerta de la iglesia y lo vi dirigiendo la misa. Estábamos sólo a unos metros. Había muchas personas. No sé si él me vio. Pero me di media vuelta. Nunca más lo vi.

Tampoco volvió a pensar en darle muerte. Quería dejar ese pedazo de su historia atrás. Pero no ha podido. Por eso, hoy, cuando se entera por CIPER que el año pasado el cura Alfonso Gielis no pudo volver a Chile, que fue retenido en Bélgica y que la justicia de ese país investiga los abusos que habría cometido contra menores de un internado para niños pehuenche en la localidad de Santa Bárbara, vuelca sus recuerdos a condición de mantener bajo reserva su identidad.

Él es uno de los cuatro chiquillos que en 1992 escribieron cartas denunciando los vejámenes sexuales que hoy le cobran la cuenta a Gielis. Los abusos fueron investigados ese mismo año por el entonces juez del Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles, Erasmo Sepúlveda, quien sobreseyó la causa a los seis meses porque estimó que no había antecedentes que acreditaran ilícitos. Eso, a pesar de que, tal como lo comprobó CIPER, en el expediente que acumuló Sepúlveda constan careos en los que Gielis reconoce que “acariciaba” los genitales de los menores con sus manos y su boca. El magistrado Sepúlveda -hoy integrante del Tribunal Oral Penal de Temuco- no concedió entrevista a CIPER para explicar por qué resolvió de esa manera.

Gielis no recibió sanción judicial y sólo fue trasladado a San Bernardo por intercesión del entonces obispo de esa diócesis, Orozimbo Fuenzalida, ex obispo de Los Ángeles, quien había entregado al cura belga la dirección del hogar de menores. En cambio, los jóvenes denunciantes fueron objeto del desprecio de gran parte de la comunidad católica local y de burlas por parte de otros vecinos. Las agresiones sexuales que acusaron se convirtieron en marcas de vergüenza para sus familias. Y aún sufren el reproche de algunos parientes.

-Yo, por ejemplo, hasta hoy no me hablo con una hermana -dice el hombre que buscó al cura hasta encontrarlo en San Bernardo.

Otros de los acusadores, también contactado por CIPER, se queja del desamparo en que quedaron. Él cuenta que llegó al internado siendo un preadolescente que sólo hablaba la lengua de su comunidad -el chedungun- y que en su soledad quedó a merced de Gielis. Dice que al formular la denuncia les ofrecieron apoyo sicológico y ayuda de asistentes sociales, pero al cabo no hubo nada más que vergüenza y aislamiento. Al final, tuvo que irse a otro hogar de estudiantes para rehacer su vida lejos de su familia:

-¿Quién nos iba a creer? Nosotros éramos sólo niños y él era un sacerdote, alguien que supuestamente no debía mentir ni mucho menos hacernos daño -cuenta.

Casi 19 años después, la justicia belga les creyó. A fines de julio del año pasado, Gielis viajó a su país de vacaciones. No pudo volver. Allá se encontró con una denuncia por los mismos hechos que la justicia chilena desestimó. El Ministerio Publico del Rey de la ciudad de Hasselt envió en febrero pasado un exhorto a la justicia chilena, solicitando que se interrogará a posibles víctimas y testigos. El documento fue remitido por la Corte Suprema al Segundo Juzgado de Letras de Los Ángeles donde el expediente cerrado en 1992 acumulaba polvo.

La causa fue reabierta y el exhorto aterrizó a fines de abril en el escritorio del subcomisario Wladimir Vega, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI de Los Ángeles, unidad que ya ha tomado declaración a una treintena de personas.

DENUNCIA PREVIA EN EL SENAME

Alfonso Gielis nació en 1944 en Heusden, una localidad de la zona flamenca de Bélgica. Se ordenó sacerdote en 1970 en la diócesis de Hasselt, provincia de Limburgo. En 1975 llegó a Chile y ocho años después, en 1983, le fue confiada la dirección del Hogar Indígena Padre Remigio Gúbaro, institución católica perteneciente a la diócesis de Los Ángeles y colaboradora del Servicio Nacional de Menores (Sename). El hogar acoge principalmente a niños y jóvenes de las comunidades pehuenche que habitan el Alto Biobío y que permanecen en régimen de internado.

La primera denuncia contra Gielis la formularon las “tías” que atendían a los niños. En 1988, cuando el sacerdote estaba de vacaciones en Bélgica, un grupo de funcionarias aprovechó su ausencia para informar al Sename sobre lo que juzgaban un comportamiento impropio del presbítero. Así quedó consignado en la declaración judicial que prestó, en la causa abierta en 1992, la ex funcionaria Betty Sandoval Pizani.

La “tía” Betty señaló al tribunal que ella, junto a una sicóloga y una profesora, expusieron al Sename que Gielis entraba a los dormitorios en la noche, abrazaba y daba besos en la boca a algunos niños o los buscaba en lugares oscuros para “manosearlos”. También relata que los “preferidos” del presbítero eran sacados a menudo del hogar para que le ayudaran en la parroquia. Y testificó que ante la angustia que les provocaba que el cura se quedara a solas con los niños en la parroquia, le decían que no podían autorizar las salidas de los menores porque tenían malas notas.

Las tres funcionarias pidieron al Sename que fiscalizara el internado. El oficio reservado Nº 5/88 de ese servicio, del 19 de agosto de 1988, adjuntado al proceso judicial de 1992, ratificó la existencia de esa denuncia: “Las tres personas que me han confiado estas situaciones, están dispuestas a declarar antes las autoridades religiosas que lo soliciten”, dice el oficio. Lo curioso es que en el expediente no hay ninguna huella de que el Sename haya investigado administrativamente ni derivado la denuncia a la justicia, sino que remitió los antecedentes al Obispado de Los Ángeles, en su condición de entidad administradora del hogar.

Adolfo Rodríguez, el primer obispo del Opus Dei en Chile, admitió en el proceso de 1992 haber recibido la denuncia del Sename en 1988. Recién había asumido a la cabeza de la diócesis, en reemplazo de Orozimbo Fuenzalida, cuando enfrentó el problema y lo resolvió con particular presteza: conversó con Gielis y eso le bastó para desestimar la denuncia.

-Haciendo fe en las explicaciones que me había dado el padre Alfonso Gielis, rechacé las acusaciones que el documento señalaba. La señora directora regional del Sename (María Graciela Araneda), aceptó mis afirmaciones y no adoptó, que yo sepa, ninguna medida -señaló el obispo Rodríguez en su oficio de respuesta al tribunal.

Orozimbo Fuenzalida también fue consultado por esa denuncia: “En verdad, la información (del Sename) no me dio argumentos objetivos para tomar decisiones drásticas. Solamente hice observaciones personales, recomendando al padre Alfonso mayor prudencia en su manifestación afectiva para con los niños”, respondió al tribunal.

EL CUÑADO BELGA

Santa Bárbara está a los pies de los contrafuertes cordilleranos, en la orilla norte del serpenteante Biobío. Hacia 1992, unos 7 mil habitantes vivían en la localidad, marcada por un fuerte acento rural y la influencia de las comunidades pehuenche que llegan allí como primera escala para transar chivos y corderos, y aprovisionarse de fideos, arroz, azúcar y mate para encarar el rigor de la montaña.

En ese tiempo, la bucólica tranquilidad daba paso al trajín incesante de camiones y maquinaria debido al inicio de la represa Pangue que levantaba Endesa en el curso superior del Biobío. Decenas de personas pasaban a diario por la localidad en busca de empleo. Pero ese no era el único factor que alteraba el sosiego habitual de Santa Bárbara en esos días. Varias veces los lugareños vieron en las calles del pueblo una escena tan inusual como incómoda: el padre Gielis discutiendo a gritos con su cuñado en la ininteligible lengua flamenca.

Joseph Vincent Schaeken llegó a Santa Bárbara junto a su esposa María, hermana del sacerdote Gielis, para ayudar en el internado. Schaeken llevaba tres años radicado en la zona cuando el 6 de mayo de 1992 detonó una verdadera bomba en la entonces Tenencia de Carabineros del pueblo. Ese día a la unidad policial llegó un sobre cuyo remitente era el cuñado del cura. En su interior había cuatro cartas escritas a mano por jóvenes que relataban los abusos a que habían sido sometidos por el presbítero mientras vivieron en el hogar indígena (vea tres de estos documentos). Los cuatro denunciantes habían sido acólitos del sacerdote.

Tras un extenso careo entre los cuñados, en julio de 1992, Schaeken declaró al tribunal que sus sospechas comenzaron cuando “escucho a uno de los niños decir que es el pololo del padre Alfonso”. Desde entonces, aseguró, su preocupación se fue acrecentando debido a las excesivas muestras de cariño físico de parte del cura hacia los niños, a quienes abrazaba y besaba de manera efusiva.

Schaeken declaró que varias veces le enrostró lo anómalo de esta situación al sacerdote y aseguró que días antes de presentar la denuncia se reunió con Gielis para advertirle que si no se iba del hogar, haría llegar los antecedentes a Carabineros, pues ya tenía testimonios que lo inculpaban.

“UN CARIÑO ESPECIAL”

Fue el teniente Juan Claudio Sandoval Toledo quien remitió los antecedentes al juzgado y tomó las primeras declaraciones a los jóvenes. Según el expediente de 1992, el informe policial concluyó “que el cura párroco mantenía una actitud poco varonil hacia los niños (…) hechos que no todos tipifican la figura delictiva de abusos deshonestos, como sería un simple beso, teniendo en consideración las explicaciones del cura Vielis (sic), en el sentido de su cariño especial hacia los niños. No existen medios probatorios suficientes para acreditar su responsabilidad penal en calidad de abusos”.

Carabineros desestimó por falta de testigos la imputación de uno de los afectados que declaró a los policías que el sacerdote “le había dado un beso en la boca y que otra vez éste mismo, a viva fuerza, le había hecho tocaciones (…), situación delictiva de la cual no existen testigos”.

A pesar del exculpatorio informe de Carabineros, la investigación judicial siguió su curso. El 18 de mayo de 1992, el religioso rebatió las acusaciones de los jóvenes asegurando que “sus declaraciones han sido inducidas e incluso incentivadas con dinero por el señor Joseph Vincent Schaeken, persona que siente un gran odio hacia mi persona, derivado de problemas personales”. Sobre uno de sus denunciantes, sostuvo que “(se trata) también de una venganza ya que en algunas oportunidades en el Hogar Indígena se le negó el permiso para concurrir al nguillatún”. En relación a lo declarado por otra víctima, admitió que “siempre he tenido un cariño especial hacia el menor (…) pero enmarcado en el respeto mutuo, sano y sin mala intención”.

En su declaración judicial, a fojas 22 del expediente, Gielis explicó las tocaciones que hizo a uno de los menores: “Recuerdo haberle dado explicaciones en relación al crecimiento, porque este joven se encontraba en una etapa de cambio de la infancia a la pubertad y al ver su pene, me percaté que ya tenía que haber tenido alguna pérdida de semen, ante lo cual le expliqué cómo se debe hacer una higiene corporal. Esto mismo se repite en alguna otra ocasión, pues voy viendo su crecimiento y desarrollo y puede ser que en algunas de estas oportunidades me haya excedido en el cariño hacia esta persona, pero sin mala intención y menos hacer daño. No me acuerdo de los detalles pero puede haber sido una caricia con las manos y con la cara hacia sus genitales. (…) Pudo haber ocurrido esto que indica el menor de poner su pene en mi boca”.

Algo similar indicó para responder a la acusación de otro menor: “Seguramente en alguna oportunidad me excedí en el cariño hacia él y, por consiguiente, en las caricias a sus genitales con mis manos”.

Pero fue en los careos con los jóvenes denunciantes donde el propio presbítero hizo las confesiones más elocuentes. El 24 de julio, admitió: “En febrero de 1992, en Malla Mall, sí le hice caricias en sus genitales con las manos y bucalmente” (a fojas 58). Una situación idéntica reconoció con otro de los niños pehuenche.

Pese a los testimonios de las víctimas y del propio sacerdote en los careos, el juez Sepúlveda dictaminó el 31 de octubre de 1992, que “no se encuentra legalmente justificada en autos la existencia del delito de abusos deshonestos” (a fojas 104). El 4 de enero de 1993, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones ratificó el dictamen de primera instancia que sobreseyó la causa de manera temporal.

No hubo otras apelaciones. En el expediente no aparecen peritajes de especialistas ni informes sociales o sicológicos de las víctimas ni del sacerdote. Tampoco hubo algún organismo del Estado, como el Sename, que representara a los denunciantes o que les prestara asesoría.

El relato aportado al tribunal por un joven que estuvo en el hogar y que en esa época residía en Estados Unidos -que redactó una extensa carta dirigida al sacerdote donde entregó al menos media docena de nombres de posibles víctimas-, tampoco fue tomado en cuenta, al menos para ubicar su paradero y efectuarle un interrogatorio vía exhorto.

Cuando Gielis fue interrogado por la fiscalía belga a fines del año pasado -documento consignado en el exhorto enviado a Chile al que tuvo acceso CIPER -, volvió a relatar las conductas que declaró en 1992. Pero esta vez la justicia belga sí considero que podían constituir delito y siguió adelante con la investigación.

LA PROTECCION DE LA IGLESIA

Gielis cayó en manos del Ministerio Público belga en agosto de 2010. Y la investigación de los abusos que habría cometido el presbítero se conoció a inicios de septiembre del año pasado, cuando ese país recibía con estupor las conclusiones de la Comisión para el Tratamiento de Denuncias por Abusos Sexuales en una Relación Pastoral, que informó un total de 475 acusaciones contra sacerdotes, religiosos y educadores católicos, por abusos cometidos entre los años 50 y 90 en Bélgica.

En ese contexto no extraña que los agentes pastorales de las parroquias en la que Gielis colaboraba durante sus vacaciones y que recolectaban dinero para apoyar su obra misionera en Chile, hayan difundido una dura declaración de condena a los abusos que habría cometido el presbítero. La declaración, leída en todas las parroquias de la zona de Peer, provincia de Limburgo, en las misas del fin de semana del 4 y 5 de septiembre de 2010, señala que debe esperarse el resultado de la investigación judicial, pero en primer lugar manifiesta su preocupación por las víctimas y anuncia la suspensión de Gielis:

-Condenamos con severidad los hechos de violencia y los autores deben ser castigados (…). En relación al padre Alfonso, primero su suspensión como pastor y misionero. Debe estar a disposición de la justicia y debe aceptar una sanción ejemplar (…).Nosotros, responsables locales de la pastoral, no estábamos al tanto de las denuncias en contra del padre Gielis. Nos enteramos por los diarios, la radio y la televisión de la dolorosa información. Estábamos llenos de confianza cuando colectamos dinero en la parroquia para él, como misionero. Este dinero tendrá otro destino y un buen objetivo -dice el comunicado.

La actitud de condena pública y sometimiento a los tribunales civiles de la iglesia belga contrasta con la que tuvo su par chilena en los años 90. El obispo Adolfo Rodríguez, por ejemplo, aportó al tribunal en 1992 un testimonio exculpatorio en el que, a lo menos, omitió información clave. El prelado, en un oficio respuesta fechado el 6 de julio de ese año y consignado a fojas 29, sostuvo que “ningún feligrés como tampoco personas vinculadas a la parroquia me informan de alguna irregularidad en la moral de este sacerdote”.

Rodríguez no dijo que un mes antes, en junio de 1992, un grupo de cuatro laicos de la parroquia de Santa Bárbara, ante la ola de rumores que sacudían al pueblo tras la carta que Schaeken envió a la Tenencia, investigó por cuenta propia. Uno de los integrantes de esa comisión fue el arquitecto Luis Riquelme, quien señaló a CIPER que hablaron con los jóvenes denunciantes, le otorgaron veracidad a sus acusaciones y le enviaron una carta informativa al obispo Rodríguez.

Pero el obispo ofició una misa en el pueblo el 14 de junio, según declaró Schaeken en el juicio: “En la prédica dice que la gente tiene que tener fe en Dios, en el Papa de Roma, en el obispo y los sacerdotes y no tiene que escuchar rumores”. Riquelme lo ratifica: “El obispo vino a defender al cura, diciendo que eran sólo rumores”.

El arquitecto recuerda que poco después el mismo prelado se reunió con el grupo de laicos que había hecho la investigación:

-El obispo Adolfo Rodríguez nos dijo: “A pesar de que yo sé que es verdad, no puedo desmentir lo que dije en la comunidad”. Me acuerdo que también dijo: “Corresponde a ustedes no permitir que ese cura se acerque a la iglesia” –cuenta Riquelme, quien admite que ese episodio fue el punto de partida de su paulatino alejamiento de la Iglesia Católica.

Dos semanas después de la misa en que el obispo Rodríguez defendió a Gielis, los rumores se convirtieron en noticia: La Tercera y La Cuarta destaparon el caso el 27 de junio. Las notas de ambos diarios fueron redactadas por el corresponsal Jaime Tapia Salamanca. Al día siguiente, La Tercera llevó nuevamente el tema, citando a la inspectora general del hogar indígena y al cuñado de Gielis. Al tercer día, el mismo matutino incluyó una extensa nota con testimonio favorables al presbítero. Finalmente, el juez Sepúlveda prohibió informar debido a que divulgar los antecedentes podía “dañar y atentar contra la investidura de las personas involucradas”, lo que fue consignado por La Tercera del 2 de julio.

Cuando el caso ya estaba vedado para la prensa, el obispo Orozimbo Fuenzalida, en un oficio al tribunal fechado el 25 de agosto de 1992 e incluido a fojas 94, anunció que Gielis sería trasladado a la diócesis de San Bernardo: “Previo acuerdo con el obispo de Los Ángeles, me atrevo a sugerir (pro bono pacis) por el bien de la paz en esta casa, responsabilizarme directamente de la persona del sacerdote Alfonso Gielis, trayéndolo a la Diócesis de San Bernardo para apoyarlo y orientarlo adecuadamente”.

En el expediente de 1992 también destaca una nómina con cien firmas de católicos residentes de Santa Bárbara que defendieron al presbítero. Además, quedó consignado que varios funcionarios del hogar que inicialmente declararon haber visto un comportamiento inadecuado de Gielis, se quejaron de que fueron malinterpretados.

CATEQUISTAS CON “BUENOS RECUERDOS”

Tras una corta escala en Laja, Gielis llegó en la diócesis de San Bernardo. Inicialmente desarrolló su ministerio en la zona rural de Laguna de Aculeo hasta que en 2005 asumió como párroco de Nuestra Señora de Lourdes, en la villa Nocedal. Y a pesar de sus antecedentes, el actual obispo y miembro del Opus Dei, Juan Ignacio González, emitió un decreto en agosto de 2009 que lo nominó como capellán del colegio Manuel Balmaceda.

El canciller de la diócesis, presbítero Eric González, indicó a CIPER que se le entregó esa capellanía a Gielis porque “actuamos bajo el entendido de que el proceso que se le siguió a comienzos de los años 90 fue sobreseído y la justicia desestimó la denuncia, por lo que no había nada formal que le impidiera ejercer de manera plena. Además, ni el obispo ni yo, desde que estoy en este cargo, escuchamos denuncias, acusaciones o quejas contra el padre Gielis”.

Las catequistas de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en la Villa El Nocedal, donde Gieles ofició durante cinco años, lo recuerdan como una persona seria y de escasas muestras de afecto físico.

-No era de andar abrazando. Incluso algunas personas se distanciaron de la parroquia porque lo encontraban poco acogedor. Él siempre tuvo el cuidado de poner a otras personas a cargo del trabajo con niños y jóvenes. Por ejemplo, la catequesis siempre la hicieron mamás. Yo tengo sólo buenos recuerdos de él, porque me ayudó mucho en un momento muy duro para mí -dice Sara Rivera.

La catequista Irene Zamora dice que mientras Gielis estuvo a cargo de la parroquia de El Nocedal nunca se quedaba a solas con menores y rigurosamente dejaba en manos de otras personas el trabajo pastoral con niños y jóvenes: “Era muy reservado y a la casa parroquial, donde él vivía, no entraba nadie. Yo, que trabajé con él los cinco años, entré a su casa sólo en un par de ocasiones. Nunca vi algo extraño. Por el contrario, tengo buenos recuerdos de él. Incluso, la primera vez que viajó de vacaciones a Bélgica fuimos con un grupo de la parroquia a dejarlo al aeropuerto porque era muy querido”.

En diciembre de 2009 el obispo González envió a Gielis como vicario parroquial a la iglesia La Ascensión del Señor, en La Pintana. Esa fue su última destinación en la diócesis. Sólo completó siete meses en ese puesto, pues a fines de julio del año pasado inició sus vacaciones en Bélgica y ya no volvió. El canciller González señala que el obispado no tiene información oficial sobre la situación legal en que se encuentra el sacerdote:

-Él nunca estuvo incardinado (vinculado jerárquicamente) en San Bernardo. Siempre dependió de su obispo en Bélgica y estuvo, por decirlo de alguna manera, a “préstamo” todo el tiempo que pasó en Chile (35 años). Entonces, es su obispo belga el que decide si vuelve acá o no. Y la única comunicación formal que nosotros recibimos de parte de su obispo fue que decidió que el padre Gielis no volvería. Informalmente, supimos que no había podido salir de Bélgica por este problema legal, pero no sé si actualmente sigue impedido de dejar su país o simplemente no sale por orden de su obispo -indica el canciller González.

CIPER intentó obtener información en el Ministerio Público belga acerca de la situación legal en que se encuentra actualmente Gielis y si lo afecta algún impedimento para dejar ese país. La respuesta fue que no entregan datos antes del juicio, salvo a las partes interesadas. Asimismo, en la parroquia de Limburgo donde colaboró en sus vacaciones hasta que fue requerido por la justicia, tampoco entregaron información sobre su paradero y condición legal. Por último, Alfonso Gielis no respondió los mensajes que le envío CIPER por correo electrónico.

Independiente de lo que suceda en Bélgica, la investigación encargada por el tribunal de Los Ángeles a la Brisexme sigue su curso. Un preinforme con las pesquisas policiales fue entregado a la jueza Norma Elgueta el pasado martes 20 de septiembre. En ese documento la PDI solicitó más tiempo para completar diligencias que incluyen contactar a casi 70 personas, todas posibles víctimas o testigos de hechos ocurridos entre 1986 y 1992 en el hogar.

(*) Este reportaje contó con la colaboración de Florencia Martini desde Bruselas.